21 febrero, 2024

20 Febrero del 2024

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 555 de 2023

RECUERDAN QUE ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN CÁRCELES SE EXTIENDE A CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA.

Como se ha dicho, la problemática estructural que se presenta en las estaciones de policía vinculadas a estos trámites de tutela no es diferente a la detectada por la Sala Plena en la citada sentencia de unificación, pues también se constata el hacinamiento, la ausencia de personal para la custodia, la deficiente infraestructura necesaria para garantizar a la población privada de la libertad el acceso efectivo a los servicios de agua potable, alimentación, salud o los atinentes al aseo personal, la ausencia de espacios para que los  condenados reciban visitas de sus familiares, íntimas o se reúnan con sus abogados, así como para estudiar y trabajar para obtener la correspondiente rebaja de pena, y para recibir luz solar o realizar actividades físicas y de esparcimiento. Por último, en dichos espacios, el tratamiento penitenciario y la resocialización de los penados -asunto trascendental dentro del sistema penal colombiano- tampoco resulta posible. Así, contrariamente a la lectura dada por los jueces de tutela, la SU-122 de 2022 no justifica la continuidad en la vulneración de derechos fundamentales de los condenados privados de la libertad recluidos en los centros de detención transitoria sino, por el contrario, busca solucionar de manera inmediata su ubicación y sus condiciones al ordenar su traslado a los establecimientos carcelarios y penitenciarios. De manera que ante la evidente vulneración de derechos fundamentales descrita en los casos bajo revisión, era procedente el amparo solicitado, así como la orden de traslado pretendida, a cargo del INPEC, en la medida en que se trata de personas efectivamente condenadas.

 

Sentencia Su 428 de 2023

DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

Le correspondió a la Sala revisar las decisiones de tutela en el proceso promovido por Marcela Lopera Londoño en contra de la Sala de Descongestión n.° 3 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que casó la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario laboral que había accedido a las pretensiones de la demandante y, por tanto, ordenado el reintegro y pago de emolumentos laborales dejados de percibir.  Los jueces de tutela de primera y segunda instancia negaron el amparo, por considerar que la Sala de Descongestión n.° 3 dictó una decisión razonable y ajustada al precedente de la jurisdicción ordinaria laboral sobre la estabilidad laboral reforzada de personas en situación de debilidad manifiesta por razones de salud y, por tanto, que la Sentencia SL2517-2022 no incurría en los defectos por desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Sala examinó si, como lo concluyeron los jueces de instancia, la solicitud de tutela debía negarse.  En su análisis, constató que la demanda satisface los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial en relación con la configuración de los defectos por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución. Al estudiar el fondo del asunto, evidenció que la Sala de Descongestión n.° 3, de un lado, incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente constitucional, dado que (i) aplicó de manera automática e irrestricta el criterio porcentual del 15 % de pérdida de capacidad laboral para determinar la titularidad de la protección, y (ii) no cumplió con las cargas de transparencia y suficiencia requeridas para apartarse del precedente de la Corte Constitucional. Y, de otro lado, incurrió en el defecto por violación directa de la Constitución, ya que mediante la Sentencia SL2517-2022 desconoció el alcance que esta corporación ha fijado en relación con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, por tanto, vulneró la garantía a la estabilidad laboral reforzada en favor de las personas en situación de debilidad manifiesta por razones de salud prevista, en los artículos 13 y 53 superiores.   Por lo tanto, revoca los fallos objeto de revisión y, en su lugar, ampara los derechos fundamentales de la accionante. En consecuencia, deja sin efectos la Sentencia SL2517-2022 y, en su lugar, deja en firme la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso ordinario laboral por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 Expediente 90421 de 2023

PENSIÓN DE JUBILACIÓN, LEY 171 DE 1961

La pensión restringida de jubilación y la pensión sanción son susceptibles de transmisión por causa de muerte a las personas definidas en la ley, incluso, en aquellos casos en los que el afiliado cuenta con el tiempo de servicio, pero no logra satisfacer la edad antes del momento de su muerte -el carácter de transmisible lo da el hecho de que la sustitución pensional no constituye un derecho originario sino derivado, y es un elemento arraigado del derecho principal.  Una vez cumplidos los requisitos de tiempo de servicios, retiro voluntario y produciéndose el despido sin justa causa, según el caso, la pensión restringida deja de ser una mera expectativa para convertirse en una situación jurídica concreta que puede sustituirse

CAUSACIÓN Y DISFRUTE – La pensión restringida de jubilación del artículo 8 de la Ley 171 de 1961 nace a la vida jurídica por el retiro voluntario del trabajador o el despido sin justa causa y el tiempo de servicio exigido en la ley, pues la edad es un requisito de exigibilidad, mas no de causación.  La causación de la pensión restringida de jubilación puede estructurarse hasta antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, con la observancia del tiempo mínimo de servicios y de la causa del retiro conforme lo prevé la Ley 171 de 1961

 

Expediente 89797 de 2023

SENTENCIA HITO: SEMANAS DE COTIZACIÓN A PENSIÓN SE DEBEN CONTABILIZAR CON DÍAS CALENDARIO, NO CON MESES DE 30 DÍAS.

Sala Laboral  determinó que, mientras para la facturación y el pago de los aportes para pensión el mes tiene un periodo de 30 días, esto cambia a la hora de establecer el número de semanas que un ciudadano cotizó para su pensión, pues en ese cálculo las semanas se deben contabilizar en días calendario.  “De esa forma, la cotización se calcula en relación con el salario mensual o el ingreso percibido en el mismo período, sin perjuicio de que el período mensual de trabajo que cubre la cotización se contabilice en 28, 30 o 31 días, según corresponda, para ser transformados en semanas cotizadas mediante la división por siete, es decir, para efectos de establecer el número de semanas cotizadas el año debe tomarse según el calendario, esto es, 365 o 366 días, según corresponda”, aclara la sentencia de la Sala de Casación Laboral.  Al hacer esta precisión, la Corte recogió su anterior jurisprudencia e hizo una nueva lectura sobre el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este cambio es significativo pues garantiza que en el cálculo de las semanas cotizadas para pensión se tengan en cuenta todos los días laborados y cotizados, para lo cual el mes ya no se contabiliza con 30 días, ni el año con 360 días, sino con los días que en realidad tuvo. Este cambio puede hacer la diferencia a la hora de reconocer o no una prestación pues, bajo la nueva óptica de la Sala de Casación Laboral, “todo día cotizado se suma para ser transformado en semanas mediante la división por siete, arrojando así el número de cotizaciones a tener en cuenta”.  Esta nueva postura tiene un impacto en casos como el que le correspondió estudiar a la Sala de Casación Laboral para hacer este pronunciamiento. Se trata del proceso de una mujer que, a nombre propio y de sus dos hijos menores de edad, le solicitó a Colpensiones que les reconociera la pensión de sobrevivientes de su esposo fallecido.

En segunda instancia el Tribunal Superior de Bucaramanga les negó esa prestación, pues consideró que el causante de la pensión –el esposo fallecido-, no cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su deceso.  A la Sala de Casación Laboral le correspondió determinar si, en efecto, no sumó las semanas necesarias para la pensión.  Si la contabilización se hacía con 30 días calendario (360 días al año), el causante alcanzaba a sumar 344 días, es decir, 49,14 semanas, cifra que no puede ser aproximada a 50, ya que solo puede redondearse cuando las semanas superan las 49,5. En consecuencia, esa cifra les impedía a sus beneficiarios recibir su pensión. Pero, con el nuevo criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según el cual se deben tener en cuenta los días calendario que cotizó, el causante sumó 348 días que, al ser divididos por 7, dan un total de 49,71 semanas según su calendario laboral. Esas semanas sí pueden redondearse a 50 y, por lo tanto, le dan derecho a su esposa y sus dos hijos a la pensión de sobreviviente solicitada.  Bajo estas consideraciones, la Corte condenó a Colpensiones, ordenándole pagar a los beneficiarios la pensión de sobreviviente reclamada, más el retroactivo pensional desde la fecha en que murió su ser querido, y la indexación de ese dinero para actualizarlo a valores presentes.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00470 de 2023

PRUEBA EXTRAPROCESO

La existencia de esta no habilita al sentenciador para restarle eficacia probatoria al testimonio rendido en audiencia.

 

Expediente 00396 de 2023

SENTENCIA

× El lapso de tres días regulado en el inciso 2º del numeral 3º del precepto 322 del Código General del Proceso, para presentar reparos concretos por escrito contra el fallo del juzgador a-quo también resulta aplicable para el apelante que los presentó oralmente en audiencia, en tanto comporta oportunidad adicional para tal propósito.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 55241 de 2023

CONCUSIÓN – BIEN JURÍDICO TUTELADO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Corte Suprema de Justicia decidió los recursos de casación interpuestos por el apoderado de AFBG y el Procurador 177 Penal Judicial de Valledupar, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de la referida ciudad, confirmatoria de la decisión de primera instancia que condenó al procesado como autor del delito de concusión. La Sala declaró desistido el recurso de casación invocado por el Procurador 177 de Valledupar y no casó el fallo impugnado, al considerar que, a través del material probatorio legalmente aportado en el juicio, existe conocimiento, más allá de toda duda, acerca de la comisión del delito de concusión que le fue atribuido a AFBG y de la consiguiente responsabilidad penal por el mismo. Al respecto, estableció que, los cargos aducidos por la defensa carecen de prosperidad, ya que no se presentó ningún error en la valoración probatoria efectuada por los jueces de instancia, en tanto se demostró que, AFBG activó el contacto con el Juez EG, condujo al abogado y cerró la puerta de dicha oficina en donde permanecieron por varios minutos. Además, concluyó que, riñe con la prueba allegada, considerar que AFBG pudo solicitar dinero a la manera de una estratagema dirigida a establecer los actos corruptos del Juez, cuando obra que su actuar fue inequívoco en la mancomunada realización de la conducta punible en plena connivencia con el Juez EG.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 04250 de 2023

RECUERDAN QUE MODIFICACIÓN TEMPORAL DEL ESCUDO Y BANDERA DE COLOMBIA CON COLORES DE COMUNIDAD LGTBIQ+ NO VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES

La Sala considera que la actora no presentó medio de prueba alguno que acreditara una transgresión efectiva y real de sus derechos fundamentales, puesto que no se advierte de qué manera se le impidió el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de conciencia, ni mucho menos se probó que hubiera sido víctima de discriminación por la autoridad accionada. La Sala advierte que se trata del desacuerdo de la actora frente a la utilización de la plantilla de colores que se empleó de manera simbólica sobre el escudo y la bandera de Colombia, lo cual, cabe mencionar, se interpreta como una acción afirmativa en favor de un grupo históricamente discriminado e invisibilizado. (…) La Sala considera que la modificación que, de manera temporal, realizó la autoridad demandada frente al escudo y la bandera de Colombia, corresponde con el deber que tiene el Estado de garantizar un entorno inclusivo y respetuoso para todos los ciudadanos y, en esa medida, eliminar cualquier forma de discriminación. (…) [L]a Sala confirmará la sentencia de tutela de 31 de agosto de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de tutela.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 66001 23 33 000 2014 00051 de 2023

¿DE MANERA GENERA, EL CONTRATO ESTATAL SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES COMERCIALES Y CIVILES Y SE INSPIRA EN EL POSTULADO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD?

Si, El principio de normatividad (Código Civil, artículo 1602) y el deber de las partes de actuar de buena fe (Código Civil, artículo 1603; Código de Comercio, artículo 871) se aplica a los contratos de las entidades estatales, estén o no sometidos a la Ley 80 de 1993. […] Conforme a los artículos 1618 y siguientes del Código Civil, los tratos preliminares no son intrascendentes, dado que, formado el contrato, lo integran y orientan su interpretación. Los tratos y conversaciones preliminares encaminados a la producción del consentimiento son parte integral de este y su importancia se traduce en servir de medios para desentrañar la intención de las partes. […] El artículo 13 de la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades sometidas a sus disposiciones se regirán por las normas comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles y se inspira en el postulado de la autonomía de la voluntad, salvo lo regulado por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones. El artículo 1494 del Código Civil dispone que el concurso real de las voluntades de dos o más personas es fuente de obligaciones. En esta misma línea, el artículo 864 del Código de Comercio establece que el contrato también puede tener como efecto regularlas o extinguirlas. Por ello, los acuerdos posteriores de las partes,

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 50001 23 33 000 2014 00218 de 2023

RECUERDAN QUE FALTA DE CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES DENTRO DE LA OPORTUNIDAD LEGAL CONDUCE A SU FIRMEZA

Para la actora, el pago efectuado es indebido por no existir causa legal que hiciera exigible su cumplimiento, lo que implicaba que no debía corregir la declaración tributaria, tesis avalada por el Tribunal. En contraste, la DIAN afirma que, comoquiera que la contribuyente declaró y pagó los montos que reclama como indebidos, debió corregir la declaración dentro del término de firmeza para disminuir el saldo a pagar, y así justificar la devolución pretendida. Sobre el tema, la Sala fijó su criterio de decisión, entre otras, en la sentencia del 3 de marzo de 2022 , sobre un asunto con similitud fáctica y jurídica que, en lo pertinente, se reiterará. Se observa que la contribuyente presentó declaración por el periodo discutido el 13 de julio de 2009, en la cual liquidó el total retenciones a título de renta ($130.354.000), IVA ($39.203.000), timbre nacional ($306.992.000), para un total retenciones de $476.549.000. Posteriormente, corrigió las declaraciones (para aumentar el valor a pagar), en específico, de las retenciones practicadas a título de renta. Al verificar el expediente, constan los pagos efectuados por la Empresa, así: el 13 de julio de 2009, canceló $130.354.000 (retenciones por renta), $39.203.000 (retenciones por IVA), y $29.124.000 (retenciones por timbre nacional); posteriormente, el 26 de abril de 2010, pagó los restantes $277.868.000 por concepto de timbre nacional, junto con los intereses moratorios por $51.411.000. El 4 de diciembre de 2012, EDESA SA, solicitó a la demandada la devolución por pago de lo no debido del efectuado el 26 de abril de 2010, por concepto de retenciones a título de impuesto timbre nacional por $277.868.000, junto con los intereses moratorios pagados por $51.411.000 , con fundamento en que, al tratarse de dineros que provienen del anticipo de un contrato de obra que erróneamente se había registrado en la cuenta del impuesto de timbre, no es susceptible de retención y, por tanto, no existe causa legal que haga exigible su pago.