22 febrero, 2024

21 de Febrero del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 563 de 2023

CORTE REITERA SU JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL REFERIDO AL PAGO DE LAS INCAPACIDADES Y A LA CALIFICACIÓN DE LA PCL

El señor Jaime instauró acción de tutela contra Famisanar EPS, Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, buscando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo vital, la dignidad humana y de petición, al considerar que dichas entidades transgredieron sus garantías fundamentales porque no le han pagado algunas incapacidades y no se ha emitido el dictamen de PCL de segundo grado por parte de la correspondiente junta regional. 140.       Tras encontrar que la acción de tutela cumplía con los presupuestos generales de procedencia y que no se configuraba una situación de cosa juzgada o temeridad, la Sala se propuso determinar si Colpensiones, Famisanar EPS y la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, el mínimo vital, el debido proceso y de petición del señor Jaime, por las siguientes circunstancias: (i) haberse sustraído del pago de las incapacidades otorgadas a partir del 21 de septiembre de 2022; y (ii) no haberse emitido dictamen de pérdida de capacidad laboral en segundo grado por parte de la junta regional respecto la calificación efectuada por Colpensiones.   Con tal objeto, la Sala reiteró su jurisprudencia sobre el derecho de petición y el derecho a la seguridad social referido al pago de las incapacidades y a la calificación de la PCL, a partir de lo preceptuado en los artículos 48 y 49 superiores. De la normatividad aplicable, así como de pronunciamientos de esta corporación, precisó cuáles son las entidades responsables del pago de las incapacidades de origen común en función de su duración, describió el trámite de calificación de PCL y estableció las relaciones entre las distintas prestaciones del sistema, entre otros aspectos.   Posteriormente, la Sala se refirió al derecho al debido proceso administrativo (art. 29 CP), con especial énfasis en la garantía de que no ocurran dilaciones injustificadas, entendidas como aquellas que superan los plazos legales o reglamentarios de forma irrazonable y sin una explicación plausible. También se hizo referencia a los términos con los que cuenta la administración para adelantar el trámite de PCL.

 

Sentencia T 547 de 2023

CORTE RECUERDA QUE MALAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESCOLAR VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES DE EDAD

la Sala Novena de Revisión le correspondió revisar los fallos de tutela proferidos en los expedientes T-9.348.340 y T-9.384.835. La Corte evidenció que la situación de la infraestructura educativa deficiente en las instituciones sobre las que se adelantó la acción de amparo genera la vulneración de varios derechos constitucionales (educación y dignidad humana). Tal situación, también afecta a un número significativo de niñas y niños. Asimismo, el tribunal comprobó una omisión prolongada de las autoridades para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales para asegurar el derecho a la educación. A través de las acciones de tutela, se logró iniciar el procedimiento para garantizar los derechos conculcados. En efecto, la Sala constató que, a pesar de las reiteradas solicitudes en ambos expedientes para superar las deficiencias de infraestructura, no se habían expedido las medidas administrativas y presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos de las niñas y los niños.    La Corte Constitucional evidenció que para la solución de la problemática expuesta se requiere de la participación y coordinación de los entes territoriales y el MEN; la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones, y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal importante. Se trata de una inversión alta debido a las graves deficiencias en materia de infraestructura educativa a nivel nacional. Por último, el tribunal ha conocido al menos veinte expedientes en los que se reclama la protección de los derechos fundamentales de las niñas y los niños por las deficiencias en la infraestructura educativa. Esto permite inferir que en caso de que las niñas y los niños afectados por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 97221 de 2023

REQUISITOS DE LA DEMANDA > VÍA INDIRECTA > ERROR DE HECHO

En el recurso de casación para que se configure el yerro fáctico es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran y que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta -el censor sólo alude al acto administrativo en el que se liquidó su pensión, para sostener que hubo error en el IBL, pero ello lo sustenta en una liquidación que él mismo anexa, por ende, de las pruebas valoradas por el ad quem no se deduce yerro, menos con el carácter de manifiesto, ni podría inferirse un error a partir de una documental que aporta en sede de casación-

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LA EMPRESA MATRIZ O CONTROLANTE, ARTÍCULO 148 DE LA LEY 222 DE 1995 > PROCEDENCIA

De acuerdo con el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 se aplica la presunción legal o «iuris tantum» de responsabilidad subsidiaria a la empresa matriz respecto de las obligaciones insolutas a cargo de la sociedad intervenida, siempre que esta haya sido sometida a concordato o liquidación obligatoria con ocasión al ejercicio de la potestad de control por parte de aquella. ALCANCE – De conformidad con la sentencia SU-1023 de 2001 de la Corte Constitucional, la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros respecto de los créditos laborales o pensionales insolutos a cargo de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., no está limitada al tope de sus acciones o aportes en esta sociedad

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00504 de 2023

ACCIÓN DE GRUPO – RESPONSABILIDAD DE LA EPS FRENTE A LA PRESTACIÓN DEFICIENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD.

Falta de probanza y acreditación de las condiciones uniformes del grupo y el presupuesto propio de la acción: el daño. Cargos incompletos y desenfocados.

 

Expediente 00469 de 2023

CONTRATO DE TRANSACCIÓN – SE PUEDE ENTENDER COMO UN MODO DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES.

Definición. Elementos. Sus efectos solo se producen entre los contratantes. Carece de efectos novatorios. Novación en obligaciones solidarias. Posibilidad de renunciar parcialmente a la solidaridad de forma expresa o tácita.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 13529 de 2023

LA MORA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES NO SE CONFIGURA POR EL SIMPLE PASO DEL TIEMPO, SINO QUE EXIGE REALIZAR UN ANÁLISIS COMPLETO DE LA SITUACIÓN

 De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, toda persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. En el mismo sentido, su artículo 228 ordena que los términos procesales deben ser observados con diligencia, y que su incumplimiento debe ser sancionado. A su vez, la Ley 270 de 1996 establece como principios de la administración de justicia los de acceso, celeridad y eficiencia (artículos 2, 4 y 7). Es así como el ordenamiento jurídico protege a las personas de los excesos de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, imponiéndoles a estos la obligación de respetar los términos judiciales establecidos por el Legislador. No obstante, la mora de las autoridades judiciales no se configura por el simple paso del tiempo, sino que exige realizar un análisis completo de la situación. Para determinar cuándo se presentan dilaciones injustificadas.

 

Expediente 06464 de 2023

FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LA FORMA DE RESOLVER EL LITIGIO COMO «SE CONSIDERE MÁS JUSTA PARA LAS PARTES, SEGÚN LO PROBADO EN EL PROCESO» DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, NO OTORGA A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FACULTAD DE EMITIR FALLOS EN JUSTICIA, NI PERMITE ESTRUCTURAR UNA CONDENA EN FAVOR DEL CONSUMIDOR

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 28 000 2022 00258 de 2023

¿SE DEBE NEGAR LA SOLICITUD DE ADICIÓN RESPECTO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD RADICADA POR LA PARTE DEMANDANTE, HABIDA CUENTA DE QUE NO EXISTEN PUNTOS QUE DEBAN SER OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO Y QUE SE HAYA OMITIDO RESOLVER?

Si, [L]a Sala debe precisar que, si bien el señor Alexander López presentó solicitud de aclaración y de adición, esta se dirige únicamente a que se defina la solicitud de nulidad radicada el 27 de noviembre de 2023, como si en la providencia materia de la misma, se hubiere omitido pronunciamiento alguno sobre dicha nulidad. En consecuencia, la figura procesal procedente para tramitar esta petición es la de adición de providencias, como se expondrá a continuación. […] la Sala considera que en el auto citado no se omitió la resolución de ningún aspecto que, de conformidad con la ley, fuese objeto de pronunciamiento. En efecto, el numeral 4° del artículo 132 del CPACA señala que: “[…] Si la recusación comprende a toda la sección o subsección del Consejo de Estado o del tribunal, se presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación. El expediente se enviará a la sección o subsección que le siga en turno, para que decida de plano sobre la recusación; si la declara fundada, avocará el conocimiento del proceso, en caso contrario, devolverá el expediente para que la misma sección o subsección continúe el trámite del mismo […]”. Asimismo, se resalta que el problema jurídico expuesto en la providencia de 30 de noviembre de 2023 se contrajo a determinar si se configuraban o no las causales de recusación formuladas por el apoderado judicial del señor Alexander López Maya en contra de los magistrados de la Sección Quinta de la Corporación, concretamente, si estos se encontraban “[…] incursos en las causales de recusación previstas en el numeral 11 del artículo 11 del CPACA y en el numeral 12 del artículo 141 del CGP, en razón a que presuntamente se filtró el contenido de la sentencia de 9 de noviembre de 2023 a los medios de comunicación, sin haberse notificado esta decisión a las partes

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 26 000 20007 00237 de 2024

SE NIEGAN PRETENSIONES DE DEMANDAS ACUMULADAS QUE BUSCABAN INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS POR LA INCLUSIÓN DE PREDIOS DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DEL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.

Se trata de tres demandas que se formularon y cuyas pretensiones estaban encaminadas a que se declarara la responsabilidad administrativa, civil y patrimonial de las entidades públicas demandadas, por el daño antijurídico, consistente en la afectación de sus predios por haber sido incluidos dentro de la reserva forestal protectora del Bosque Oriental de Bogotá. Los demandantes solicitaban que se indemnizaran los perjuicios al considerar que se presentaba un desequilibrio frente a las cargas públicas que dañaban de manera especial en el uso, disfrute y disposición del derecho de dominio y propiedad de que son titulares.

 

 Expediente 19001 23 33 000 2014 00434 de 2023

¿EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA RESULTA PROCEDENTE PARA PRETENDER LA REPARACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES MATERIALES DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS?

Si, La acción de reparación directa es el medio idóneo para pretender la reparación de daños derivados de las actividades materiales de ejecución de órdenes de erradicación de cultivos ilícitos —operación administrativa para la materialización de un acto administrativo— o, en ausencia de la orden de operación, por tratarse de un hecho administrativo. En atención a la causa del daño, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo adecuado para solicitar la reparación de este tipo de daños, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme de las tres subsecciones de la Sección Tercera de esta corporación.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del medio de control de reparación directa para pretender la reparación de daños derivados de las actividades materiales de ejecución de órdenes de erradicación de cultivos ilícitos, consultar providencias de 23 de abril de 2021, Exp. 52001-23-33-000-2014-00209-01(AG), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 28 de abril de 2021, Exp. 52001-23-31-000-2011-00193-01(53465), C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 4 de junio de 2021, Exp. 50001-23-31-000-2006-01036-01(48352), C.P. María Adriana Marín; de 9 de julio de 2021, Exp. 52001-23-31-000-2010-00511-01(43590), C.P. Alberto Montaña Plata; de 29 de julio de 2021, Exp. 19001-23-31-000-2002-01149-01(40809), C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 27 de agosto de 2021, Exp. 54001-23-31-000-2012-00034-01(54316), C.P. María Adriana Marín; de 8 de noviembre de 2021, Exp. 68001-23-31-000-2012-00107-02(62022), C.P. María Adriana Marín; de 19 de noviembre de 2021, Exp. 52001-23-31-000- 2010-00514-01(51279), C.P. Guillermo Sánchez Luque.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 24 000 2022 00093 de 2023

CONSEJO DE ESTADO APRUEBA OFICIOS DE LA DIAN QUE DETERMINARON CUÁLES FONDOS PARAFISCALES ERAN CONTRIBUYENTES DE RENTA

Habida consideración que la parte demandada no propuso excepciones previas contra la demanda de la referencia, el despacho verificará si se cumple alguna causal para prescindir de la audiencia inicial y proferir sentencia anticipada. Para estos efectos, se observa que la parte demandante propone cargos de nulidad que corresponden a asuntos de puro derecho, y además de solicitar como pruebas los documentos anexados a la demanda , pidió que se requiera a la DIAN para que aportara al proceso la constancia de notificación de los actos demandados y los antecedentes administrativos; documentos que fueron aportados por el ente fiscal con la contestación de la demanda. Por su parte, la demandada no solicitó la práctica de pruebas. Debido a lo anterior, en el asunto de la referencia se configuran las causales para prescindir de la audiencia inicial de los literales a), b) y c) del numeral 1° del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puesto que el litigio propuesto es un asunto de puro derecho, no es necesario practicar pruebas, y solo se tendrán como tales los documentos aportados por las partes, con el valor probatorio que les asigne la ley, lo que será analizado al momento del fallo. En consecuencia, se expedirá una sentencia anticipada en el asunto de la referencia