23 enero, 2024

22 de Enero de 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia Su 297 de 2023

 CORTE RECUERDA QUE AUTORIDADES DEBEN APLICAR ENFOQUE DE GÉNERO EN CASOS QUE INVOLUCREN MUJERES VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA

La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó la acción de tutela presentada por María con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que, a su vez, envuelve los derechos a la verdad, justicia y reparación. El hijo de la demandante desapareció el 6 de julio de 1989 mientras ejercía sus labores como agente de policía en la Estación 5 de Siloé, ubicada en la ciudad de Cali y aproximadamente 34 años después de los hechos no se ha esclarecido la verdad de lo ocurrido, el paradero de la víctima, ni la identidad de los presuntos responsables para, de ser el caso, juzgarlos y sancionarlos. En este contexto, la acción de tutela tuvo fundamento en las presuntas omisiones y falta de diligencia en las que habría incurrido la Fiscalía General de la Nación al conducir la investigación, en la consecuente mora judicial y las respuestas meramente formales y tardías a las peticiones presentadas por la demandante y su apoderado.       Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Corte identificó que le correspondía determinar si, en la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de desaparición forzada presuntamente cometido, se configuró una mora judicial injustificada que conllevó a la vulneración de los derechos de petición, al debido proceso, al acceso de la administración de justicia que, a su vez, involucra los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de la madre en su condición de víctima indirecta del delito de desaparición forzada. Para resolver el problema jurídico, la Sala Plena se refirió a: (i) los derechos de las víctimas de desaparición forzada; (ii) los efectos diferenciados que pueden padecer las mujeres víctimas de ese delito y a la obligación de los funcionarios judiciales de efectuar las acciones afirmativas que sean necesarias para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, así como de administrar justicia con perspectiva de género; (iii) la descripción de las funciones que cumple la Fiscalía General de la Nación como órgano integrante de la Rama Judicial del poder público. Seguidamente, la Corte determinó que el caso exigía ser analizado y decidido con una perspectiva de género que tuviera en cuenta la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la demandante, así como las barreras y asimetrías de poder a las que ha tenido que enfrentarse durante los años para tener acceso a la justicia y promover la garantía de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

 

Sentencia T 549 de 2023

RECUERDAN CUANDO UNA EPS PUEDE CUBRIR UN PROCEDIMIENTO ESTÉTICO CON FINES RECONSTRUCTIVOS O FUNCIONALES.

La Sala Primera de Revisión de tutelas resolvió el caso de una mujer de 54 años, con discapacidad auditiva y diagnosticada con “abdomen con ptosis, diástasis de rectos, asimetría abdominal y obesidad”. La accionante indicó que, antes de esta acción de tutela, tuvo que acudir a otro amparo constitucional con el propósito de que la Nueva EPS le programara y garantizara la valoración con especialista en cirugía plástica que le había sido ordenada por el médico tratante. Los derechos fundamentales de la accionante se ampararon en ese primer fallo de tutela y la EPS cumplió con la realización de la valoración por la especialidad de cirugía plástica. Sin embargo, el cirujano plástico le prescribió la realización de una cirugía no cubierta por el PBS. La accionante señaló que la Nueva EPS se negó a realizarle el procedimiento bajo el argumento de que se trataba de un procedimiento estético. En sede de revisión, la Corte pudo constatar que, de acuerdo con el criterio del médico tratante, el procedimiento ordenado tenía un carácter funcional y reconstructivo, aunque no es cierto que no se encuentra previsto dentro del PBS. Con todo, en respuesta a los requerimientos probatorios de la Corte, la EPS accionada precisó que existía un procedimiento sustituto al ordenado que sí hace parte del PBS e, incluso, afirmó que su realización ya había sido ordenada. En este sentido, la Sala concluyó que la EPS accionada vulneró los derechos fundamentales de la accionante como consecuencia de la dilación injustificada en la realización del procedimiento. Como remedio judicial a esa situación, la Sala ordenó a la Nueva EPS garantizar la materialización inmediata del procedimiento. Adicionalmente, la Sala evidenció la importancia de ordenar el tratamiento integral por el diagnóstico al que se refirió esta acción de tutela dado que el actuar de la EPS accionada ha constituido barreras de acceso al derecho a la salud de la accionante.

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 02714 de 2023

INCREMENTOS O REAJUSTES PENSIONALES » INCREMENTOS POR PERSONAS A CARGO

× Los jueces no pueden conceder los incrementos por cónyuge a cargo previstos en el Acuerdo 049 de  1990, aprobado por el Decreto 758 de  1990, sin tener en cuenta el régimen anterior que cobije al demandante, pues cuando por virtud de la transición de la Ley 100 de 1993, es el de la Ley 33 de 1985 dichos incrementos no son aplicables al no haber sido precisados en la norma

 

Expediente 02871 de 2023

PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJOS INVÁLIDOS, LEY 797 DE 2003

× El deber de cuidado personal y atención de los hijos, en especial, de quienes padecen una invalidez, constituye una obligación que se asigna a padre y madre sin distinción alguna, se trata de una responsabilidad conjunta, solidaria y compartida -la obligación no recae solamente en la madre cuando se dedica de forma exclusiva a las labores del hogar-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00504 de 2023

APRECIACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA – RELACIONADA CON LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL JUEZ

En lo relacionado con los testimonios y documentos que no acreditan los daños morales y patrimoniales de los convocantes, en el contexto de las condiciones uniformes. El error cuestionado por la vía indirecta en la apreciación de los medios de convicción debe ser manifiesto, sin mayor esfuerzo demostrativo.

 

Expediente 00503 de 2023

BUENA FE – CONTRACTUAL. FUNCIÓN NOTARIAL.

No le corresponde verificar la capacidad o aptitud legal de los otorgantes para celebrar el acto o contrato respectivo.

 

Expediente 00469 de 2023

CONDONACIÓN – MODO DE EXTINGUIR UNA OBLIGACIÓN.

Deducción parcial sobre la totalidad de la prestación cuando la obligación es solidaria frente al deudor que se ha condonado. No se puede confundir con la renuncia de la solidaridad.

 

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00073 de 2023

LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL SEÑALA QUÉ FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE REALIZAN EN SU CALIDAD DE JEFE DE ESTADO, DE JEFE DE GOBIERNO Y COMO SUPREMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

El Gobierno nacional, por intermedio del Departamento Administrativo de la Función Pública, consulta a la Sala acerca del alcance del artículo 189 de la Constitución Política. En particular, frente al ejercicio de las funciones del presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2018 0003 de 2023

SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 002975 DE 2017 POR LA CUAL CONVOCA A PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA DISTINCIÓN DE DRAGONEANTES  A DISTINGUIDOS EN EL CUERPO DE CUSTODIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES 003349 DE 2017 Y 003732 DE 2017, QUE LA ADICIONAN Y MODIFICAN, EN CUANTO AL CARGO OFERTADO DE DRAGONEANTE DISTINGUIDO, CÓDIGO 4112, GRADO 12 DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, POR EXPEDIRSE SIN COMPETENCIA Y CON DESVIACIÓN DE PODER DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD.

El demandante considera que el Director General del Instituto Nacional Penitenciario – INPEC – al expedir los actos administrativos cuestionados, pretende proveer directamente el cargo de Distinguido, código 4112, grado 12, sin tener en cuenta que se trata de un empleo público de carrera de la planta de personal de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 125 y 130 de la Constitución Política, los artículos 3, 4 y 11 literales a) y c) de la Ley 909 de 2004, en concordancia con la sentencia C-1230 de 2005, razón por la cual debe ser provisto mediante concurso de méritos, realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, y no directamente por la accionada, de lo que se deriva su afectación por la falta de competencia y desviación de poder

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 68001 23 31 000 2008 00578 de 2023

¿PROCEDE LA DECLARATORIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD SAM SERVICIOS AMBIENTALES LTDA POR MUERTE DE MENOR DE EDAD EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO PRODUCIDO POR CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD?

Si, El Tribunal Administrativo de Santander centró su atención en la falta de la prueba de la velocidad en la que transitaba el vehículo o en la ausencia de acreditación de la violación de una norma de tránsito. Esto lo llevó a concluir que no existía “información que permit[iera] establecer, con claridad meridiana, la forma en la cual ocurrió el hecho”. Sin embargo, a diferencia de las conclusiones del Tribunal, con fundamento en el análisis probatorio, esta Sala tiene por acreditado que el daño ocurrió mientras que el vehículo conducido por D. R. R. A., de propiedad de la sociedad Sam Servicios Ambientales Ltda., atropelló a J. D. A. P. (…) Ahora bien, como se advirtió, dado el régimen de imputación que se estudia, no resultaba necesario probar la infracción a las normas de tránsito, como lo echó de menos el juez de primera instancia, pues ello no era indispensable, ni debía exigirse. De conformidad con el régimen objetivo de responsabilidad que se analiza, resultaba irrelevante demostrar si el vehículo transitaba excediendo la velocidad permitida o si se infringieron otras normas de tránsito. Bastaba con que estuviera acreditada la actividad peligrosa y que el daño (que también debe probarse) hubiera sido causado en su desarrollo y fuera el resultado del ejercicio de esa precisa actividad; esto es, bastaba con probar que la parte demandada, en ejercicio de una actividad peligrosa, causó un daño a la parte actora, lo cual se acreditó en el presente caso.

 

Expediente  25000 23 26 000 2003 02219 de 2023

¿PROCEDE LA VALORACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES COMO PRUEBAS DOCUMENTALES QUE ACREDITEN LA DECISIÓN DEL JUEZ Y LAS ACTUACIONES PROCESALES?

Si, Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En cada proceso el juez debe fundarse en las pruebas allegadas al mismo (art. 174 CPC) y las partes deberán tener la oportunidad para contradecirlas. El artículo 252 CPC dispone que un documento es auténtico cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Conforme al artículo 257 CPC, cuando una parte presente o pida copia parcial de un documento, las demás tendrán derecho para que a su costa se adicione con lo que estime conducente del mismo, siempre que lo solicite dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que admita la copia presentada o decrete la expedición de la pedida. (…) La copia simple y parcial de la primera copia de la parte resolutiva no acredita el contenido íntegro del laudo ni las consideraciones del tribunal arbitral. Conforme a las pruebas, no están acreditados los argumentos de hecho y de derecho que sustentaron la condena en costas. Además, la parte demandante no solicitó que se adicionara los folios restantes del laudo arbitral.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las providencias judiciales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.