23 febrero, 2024

22 de Febrero del 24

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 531 de 2023

EMITIR DECISION CONTRARIA A UN PRECEDENTE JUDICIAL REQUIERE MOTIVOS SUFICIENTES Y RACIONABLES.

Correspondió a la Sala Tercera de Revisión pronunciarse sobre la acción de tutela incoada por Patricia y sus hijos contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, por la presunta afectación de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, al haber incurrido en violación directa de la Constitución Política, defecto fáctico por indebida valoración probatoria, defecto sustantivo por falta de motivación y defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.  Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la Corte delimitó el objeto de estudio al análisis del defecto por desconocimiento del precedente judicial horizontal y del defecto fáctico por indebida valoración probatoria, tras considerar que los argumentos formulados frente al cargo por violación directa de la Constitución Política denotaban un posible desconocimiento del precedente y que los demás cargos guardaban una relación intrínseca con la indebida valoración probatoria.  La Corte consideró que el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en causal específica de procedibilidad por desconocimiento del precedente judicial, al fallar de forma distinta casos idénticos, sin proveer razón suficiente y razonable para ello; transgrediendo así el derecho a la igualdad de Patricia y de sus hijos, en el marco del proceso de reparación directa con radicado No.18001-33-33-002-2013-00117-01. Además, concluyó que se configuró una indebida valoración probatoria, en la medida en que el Tribunal no tuvo en cuenta el expediente del proceso incoado por el señor Felipe, el cual fue allegado como parte del material probatorio y en el que se demostró que para la fecha y lugar de los hechos hubo presencia militar y que el artefacto explosivo que acabó con la vida del señor Gonzalo tuvo el propósito de afectar a la Fuerza Pública.

 

Sentencia T 558 de 2023

LA SALA REITERA SU JURISPRUDENCIA RESPECTO AL DERECHO A LA SALUD DE LOS MENORES DE EDAD Y EL SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS EN SALUD, Y A LA FIGURA DEL TRATAMIENTO INTEGRAL

La Corte Constitucional conoció la acción de tutela promovida por un menor de edad (sujeto de especial protección) a través de su representante legal, que vive con una enfermedad ruinosa y catastrófica (artritis reumatoidea) que le produce dolores en sus articulaciones y limitaciones en su movilidad. El niño requiere una cita con la especialidad de reumatología pediátrica y un medicamento denominado «Inyección o infusión de modificador de respuesta biológica (cantidad: 2)», tratamiento prescrito por médico tratante, esencial para brindar unas condiciones dignas para poder sobrellevar los síntomas. Luego de superar el examen de procedencia de la acción de tutela, la Sala estableció como problemas jurídicos a analizar: i) si se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, y; ii) determinar si la EPS accionada vulneró los derechos fundamentales a la salud y vida de un menor de edad, perteneciente al régimen subsidiado, con una enfermedad diagnosticada en su primer año de existencia, la cual requiere de un tratamiento constante y oportuno, al no programar oportunamente cita con la especialidad requerida ni entregar el medicamento ordenado en la forma adecuada, en razón a que las órdenes médicas perdieron vigencia.  Con el fin de dar solución al interrogante, la Sala se ocupó de reiterar la jurisprudencia concerniente a: i) el derecho a la salud de los menores de edad; ii) el suministro de servicios y medicamentos en salud, y a la figura del tratamiento integral; iii) la carencia actual de objeto y sus diferentes modalidades; por último, decidió sobre el caso en concreto.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 97901 de 2023

TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL > INEFICACIA > EFECTOS

Cuando se trata de afiliación inicial al sistema general de pensiones, no resulta razonable declarar la ineficacia del traslado y disponer que las cosas retornen a su estado natural, como si el acto jurídico no se hubiese efectuado, pues esto implicaría que el afiliado pierda dicha calidad, no cuente con ninguna vinculación al sistema y pueda afiliarse nuevamente, sin la posibilidad de que las cotizaciones efectuadas previo a dicha declaratoria se remitan al otro regimen. – El examen del acto del cambio de régimen pensional, por incumplimiento del deber de información, debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales -la ineficacia no procede en la afiliación inicial al sistema-

 

Expediente 98252 de 2023

SALARIOS > PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

Lo que recibe el trabajador como directa contraprestación del servicio, sea en dinero o en especie, no deja de ser salario por la simple denominación que le den las partes. Por regla general todos los pagos que recibe el trabajador por su actividad subordinada son salario a menos que se trate de los siguientes: i) Prestaciones sociales, ii) Sumas recibidas en dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus funciones, iii) Sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador y iv) Pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no poseen una propósito remunerative.  El criterio conclusivo o de cierre de si un pago es o no salario, consiste en determinar si se ha recibido como contraprestación o retribución del trabajo -el salario se define por su destino-. – El acuerdo entre las partes orientado a especificar qué beneficios o auxilios extralegales no tienen incidencia salarial debe ser expreso, claro, preciso y detallado en los rubros que cobija, por ello la duda sobre si un emolumento es o no salario debe resolverse en favor de la regla general, esto es, que para todos los efectos es retributivo

Expediente 95961 de 2023

SALARIOS > VIÁTICOS PERMANENTES > REQUISITOS

Los viáticos que se causan de forma permanente constituyen salario en la parte destinada a proporcionar manutención y alojamiento al trabajador, que no los accidentales y aquellos permanentes que solo tengan por finalidad proporcionar medios de transporte o gastos de representación Los viáticos que se causan de forma permanente constituyen salario en la parte destinada a proporcionar manutención y alojamiento al trabajador, que no los accidentales y aquellos permanentes que solo tengan por finalidad proporcionar medios de transporte o gastos de representación. Siempre que se paguen los viáticos debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos, obligación que recae en el empleador que es quien los suministra -las sumas pagadas por este concepto, en particular para manutención y alojamiento, serán consideradas salario; cuando no se haga la discriminación respectiva se tendrá como salario todo lo recibido –

PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA > APLICACIÓN – Si bien el trabajador tiene la carga de demostrar la causación regular de viáticos, esto es, que durante la relación de trabajo los devengó habitualmente, es el empleador quien debe correr con la carga de acreditar su cuantía y destinación específica -manutención, alojamiento, transporte o gastos de representación-

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00395 de 2024

DERECHO DE CONSUMO – APLICACIÓN DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA REAL POR DEFICIENCIAS EN PROYECTO INMOBILIARIO.

Definición doctrinal. Derechos y deberes de los consumidores. Concepto de consumidor. Sujeto de protección es el consumidor. Legitimación en la causa por activa.

 

Expediente 00437 de 2024

ERROR DE DERECHO – EL PLANTEAMIENTO DEL ERROR DE HECHO NO TIENE LA VIRTUALIDAD PARA REABRIR EL DEBATE PROBATORIO.

Está vinculado al defecto en la contemplación, existencia y percepción de determinado medio convictivo, se trata de un cuestionamiento de la percepción material de las probanzas, en el error de hecho en la apreciación de las pruebas, el sentenciador parte de premisas fácticas equivocadas. Se materializa (i) en la desacertada inferencia de la existencia del medio de prueba -tanto para reputarlo como para negarlo-; y (ii) cuando concibe su existencia, de cara la realidad del proceso, pero desfigura su contenido. Fundamentación del cargo. Debe poner de presente -en forma clara y precisa- los errores fácticos en que incurrió el juzgador de segunda instancia al apreciar los elementos de convicción que obren en el proceso. Ataque es incompleto.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

Expediente 00509 de 2024

LA FISCALÍA DEBE DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA QUE LE PERMITA RECAUDAR LA INFORMACIÓN NECESARIA CON LA CONCURRENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO, PUES ES EL ÓRGANO ACUSADOR QUIEN DEBE DEMOSTRAR LOS FINES LUCRATIVOS DEL PORTE DE ESTUPEFACIENTE

En un principio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ubicó el problema del porte de drogas en una cantidad ligeramente superior al límite permitido en la categoría dogmática de la antijuridicidad de la conducta punible. Consideró que el porte de estupefacientes, en estos niveles, dejaba la conducta en una posición intermedia, de tal forma que, por superar levemente el tope autorizado, el comportamiento no representaba lesividad meritoria de intervención penal y, en esa medida, la conducta no cumplía con los presupuestos del juicio analítico de la antijuridicidad material. La Corte sostuvo que los excesos ligeros en la dosis de aprovisionamiento no tenían la entidad suficiente para afectar materialmente el bien jurídico de la salud pública5. En ese momento, la jurisprudencia estableció que el consumo individual de sustancias alucinógenas como acto consciente gobernado por la facultad de autodeterminación del consumidor no trasgredía los intereses de la sociedad, pues el daño personal derivado del consumo no traspasa las fronteras naturales y ontológicas inherentes a la persona que ingiere el estupefaciente.

 

Expediente 09504 de 2023

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

El concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en contra de Francisco Javier Montaño Ortiz, quien fue admitido por el resguardo indígena Nasa del Pueblo Nuevo Ceral como integrante de la comunidad Nasa, durante el trámite de extradición, no vulnera los derechos fundamentales alegados por los representantes de la comunidad indígena

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 20001 23 33 003 2014 00127 de 2023

¿EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ES PROCEDENTE CUANDO EL DAÑO SE DERIVA DEL ACTO PRECONTRACTUAL, EN UN CONTRATO CON UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, REGULADO POR EL DERECHO PRIVADO?

No, [L]a parte actora, realmente, acumuló los medios de control de controversias contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuyo marco pretendió, en primer lugar, la nulidad del acto de adjudicación de la solicitud pública de ofertas SPO-0015-GENSA-12, que entendió era un acto administrativo; con fundamento en ello, pretendió también la nulidad absoluta del contrato que, a la postre, fue suscrito entre GENSA y el Consorcio I.A. & Tamayo La Paz. Gestión Energética GENSA S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos mixta constituida como una sociedad anónima. Según los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, el régimen de los actos y de los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios es el derecho privado. Las consecuencias jurídicas de esta regulación no se circunscriben solamente al ámbito de la celebración y ejecución del contrato, sino que, también, influyen en los actos de las partes encaminados a su formación. (…) Sobre la naturaleza jurídica de los actos precontractuales proferidos por las entidades sometidas al derecho privado, particularmente de las empresas de servicios públicos domiciliarios, esta Corporación unificó su jurisprudencia, en el sentido de que estos no tienen el carácter de actos administrativos, por cuanto son actos jurídicos de carácter privado. En consecuencia, la acción (o medio de control) procedente para controvertirlos es la de reparación directa. (…) En ese sentido, y de acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia de unificación, esta Sala procede a realizar la adecuación de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho por la de reparación directa, dado que el acto previo que se cuestiona no tiene el ropaje de un acto administrativo, sino que es un acto jurídico de carácter privado.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la naturaleza de los actos precontractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2022, rad. 55731, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la adecuación del medio de control en lo contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata.

 

 Expediente 25000 23 26 000 2005 00451 de 2023

¿LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO QUE DETERMINA QUE ESTE DEBE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE DAÑOS SOLO SURGE CUANDO SE DEMUESTRA QUE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS HAN INTERVENIDO EN SU CAUSACIÓN?

Si, [E]n las demandas se afirmó que el Estado era responsable por omisión en la medida en que no había tomado las medidas necesarias para evitar el atentado. Y se le imputó responsabilidad por acción en la medida en que las instalaciones del Club […] eran utilizadas por funcionarios públicos amenazados y esto fue lo que motivó el atentado. Y teniendo en cuenta que lo anterior no fue acreditado, las pretensiones de la demanda deben ser rechazadas. Como también lo precisó la jurisprudencia, el deber de solidaridad constitucional se desarrolla por el legislador mediante el apoyo a las víctimas de atentados terroristas, con base en las posibilidades presupuestales del Estado. La responsabilidad patrimonial al Estado que determina que este deba reparar a las víctimas de tales daños solo surge cuando se demuestra que las autoridades públicas […] han intervenido en su causación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

 Expediente 08001 23 33 000 2019 00145 de 2023

RECUERDA QUE ICA EN OBTENCIÓN DE DIVIDENDOS REQUIERE QUE LA ACTIVIDAD COMERCIAL SE REALICE CON CARÁCTER EMPRESARIAL

En la apelación, la parte demandada sostiene que los dividendos fueron obtenidos por el contribuyente por realizar un acto de comercio con carácter empresarial, puesto que los documentos contables dan cuenta que los rendimientos por inversión de sociedades constituyen la mayoría de los ingresos declarados en el año 2015 y que, además, registra erogaciones asociadas. De manera que, la carga de la prueba recaía en el demandante a fin de desvirtuar que la operación estaba gravada. Para resolver el problema jurídico, debe tenerse en cuenta que, respecto de los dividendos obtenidos por las personas jurídicas para efectos del ICA, la Sección se pronunció en la sentencia de unificación 2021CE-SUJ-4-002 del 2 de diciembre de 2021, exp. 23424, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. En esa providencia se aclaró el concepto de “actividad comercial” gravada con ICA por la participación en el capital de sociedades comerciales y se fijó la regla jurídica aplicable, así: “La tipificación de la «actividad comercial» implica que el hecho generador no se realiza por cuenta de un «acto de comercio» aislado, sino que requiere que el contribuyente asuma con carácter empresarial su participación en el mercado. En este punto, adquiere relevancia el concepto de empresa, como forma de organización de los participantes en el mercado reconocida en el artículo 25 del CCo, sea que esa organización se concrete en la ordenación de los elementos reales destinados al ejercicio de la actividad (i.e. establecimiento de comercio, al tenor de los artículos 515 y 516 del CCo) o en la estructuración de los elementos humanos que la hacen posible (i.e. del factor trabajo). Así, los reconocidos «actos de comercio aislados», como es el caso del previsto en el ordinal 5.º del artículo 20 ejusdem, solo constituirán una actividad comercial gravada con el ICA cuando sean desarrollados en forma organizada. Al efecto son indicativos de la existencia de una organización empresarial: la afectación de un capital determinado a la actividad de inversión en sociedades comerciales, la uniformidad en el desarrollo de esa operación, la importancia relativa que la ejecución de esa actividad tenga para el contribuyente (en términos de proporción del patrimonio destinado a dicha actividad), la contratación de personal destinado a llevarla a cabo, la realización de gastos vinculados a esa actividad, la conexión del negocio mercantil con otros actos de igual naturaleza y la utilización de uno o varios establecimientos de comercio, aunque ellos no estén registrados en la jurisdicción de la entidad territorial (artículos 32 del Decreto Distrital 352 de 2002 y 195 del Decreto Ley 1333 de 1986).

 

 Expediente 25000 23 37 000 2018 00739 de 2023

 CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA /  ¿ES PROCEDENTE REALIZAR LA CORRECCIÓN OFICIOSA DE LA SENTENCIA CONFIRME EL ARTÍCULO 286 DE LA LEY 1564 DE 2012?

Si, Ante la falta de concordancia entre las expresiones de la parte motiva y la decisoria de la sentencia, estima la Sala procedente ejercitar sus potestades correctivas del artículo 286 del CGP, en salvaguarda de la integridad de la sentencia y en garantía de los derechos fundamentales de las partes en cuanto se refuerza la coherencia y claridad de esta. Sobre el instrumento de la corrección de las sentencias, la jurisprudencia constitucional ha precisado: «[e]ste remedio procesal es limitado y excepcional, concebido únicamente para enmendar las falencias de las providencias judiciales en las que, estando claro el contenido y alcance de la voluntad del órgano jurisdiccional, la fórmula decisional falla en su materialización (…) Por tanto, este mecanismo no puede ser empleado para reconsiderar o modificar el contenido o alcance de la decisión judicial, sino únicamente para precisar yerros formales involuntarios que no implican una alteración en la voluntad del cuerpo jurisdiccional» (Auto 424 del 12 de noviembre de 2020, MP: Jorge Enrique Ibáñez Najar, que resuelve la solicitud de corrección de la sentencia del C-473 de 2019). En ese orden, de conformidad con las atribuciones del artículo 286 del CGP, resulta procedente corregir de oficio el numeral 1.° de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia del 05 de octubre de 2023, en el sentido de que se confirma el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.