23 junio, 2023

22 de Junio del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia C 014 de 2023

 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 4, 5, 7 (PARCIAL), 11, 13, 16.1, 20, 21.8, 25 Y 30 DE LA LEY 2197 DE 2022, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Sala Plena de la Corte Constitucional estudió diez (10) cargos de inconstitucionalidad formulados en contra de varias disposiciones de la Ley 2197 de 2022 “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”. Estos se resumen así: (i) cargo primero contra el artículo 4 por presunta vulneración del principio de protección de la diversidad étnica y cultural; (ii) cargo segundo contra el artículo 5 (parcial) por presunta vulneración del principio de dignidad humana en materia punitiva; (iii) cargo tercero contra el artículo 7 (parcial) por presunta vulneración del principio de dignidad humana de las personas en situación de discapacidad; (iv) cargo quinto contra el artículo 13 por presunta vulneración de los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación pública y pacífica; (v) cargos cuarto, sexto y séptimo contra los artículos 11, 16.1 y 20 por presunta vulneración del principio de legalidad; (vi) cargo octavo contra el artículo 21 por presunta vulneración del principio de presunción de inocencia, y (vii) cargos noveno y décimo contra los parágrafos 1º y 2º del artículo 25 y el artículo 30 (parcial) por presunta vulneración del monopolio de las armas. Tras el respectivo estudio, la Sala concluyó lo siguiente.

 

SENTENCIA T-150 DE 2023

ACCIÓN DE TUTELA INTERPUESTA POR ……  CONTRA LA SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS (SDSJ) DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ –JEP

Correspondió a Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, analizar el caso del señor José Luis Rincón Sanabria, quien solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, en punto de los derechos de defensa y contradicción. Según sostuvo el actor, estos derechos habrían sido violados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, al rechazar por extemporáneos los recursos que presentó en contra de la resolución que negó su acogimiento a ducha jurisdicción, sin considerar que está privado de la libertad y que ello le impidió presentar el documento con los recursos ante las autoridades penitenciarias en los términos previstos para ello.  En primer lugar, dado que en este caso se trata de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala empezó por reiterar su doctrina al respecto y por establecer que, dadas las circunstancias del caso, aplicaría el principio iuria novit curia, para determinar, a partir de los hechos debidamente probados y de los argumentos del actor, cuáles serían los defectos que en los que él considera habría incurrido la providencia objeto de la tutela. En segundo lugar, la Sala reiteró su doctrina sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en especial los derechos al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a acceder a la justicia, su ejercicio y la especial relación de sujeción entre estas personas y el Estado. En tercer lugar, se dio cuenta de la doctrina de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, acerca de la forma en que debe contabilizarse el término para interponer y sustentar los recursos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley 1922 de 2018, así como de las consideraciones especiales que deben tomarse en cuenta cuando quien interpone el recurso es una PPL y no hay certeza sobre la fecha de presentación del recurso.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 01171 de 2023

 RECURSO DE REPOSICIÓN > TÉRMINO PARA INTERPONERLO – Conforme al artículo 63 del CPTSS el recurso de reposición debe presentarse dentro de los dos días siguientes a la notificación del auto que se pretende atacar. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – La viabilidad del recurso extraordinario de casación se produce cuando se reúnen los siguientes requisitos: i) Que el recurso haya sido interpuesto dentro del término legal, ii) Que se trate de una sentencia proferida en proceso ordinario, iii) Que el recurrente esté legitimado y iv) Que la sentencia recurrida agravie a la parte recurrente en el valor equivalente al interés jurídico económico para recurrir. INTERÉS JURÍDICO ECONÓMICO PARA RECURRIR > DETERMINACIÓN – El interés jurídico económico para recurrir se determina por el agravio o perjuicio que la sentencia le ocasiona al recurrente, que para el demandado es la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen; y para el demandante, el monto de las pretensiones denegadas en la providencia que se impugna -en ambos casos se tiene en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado-

 

Expediente 01174 de 2023

 CONFLICTOS DE COMPETENCIA – Corresponde a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dirimir el conflicto de competencia surgido entre tribunales de dos o más distritos judiciales, entre un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial y entre juzgados de diferente distrito judicial.  CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – El juez competente para conocer de las controversias contra entidades del sistema de seguridad social integral es el del circuito del lugar del domicilio de la entidad demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación administrativa del respectivo derecho, a elección del demandante -fuero electivo-.  MENSAJES DE DATOS > LUGAR DE ENVÍO Y RECEPCIÓN – El mensaje de datos se tiene por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y por recibo en el lugar donde el destinatario tenga el suyo -en caso que el destinatario tenga más de un establecimiento se entenderá por recibido el mensaje en el lugar que guarde una relación con la operación subyacente o su entidad principal-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 01076 de 2023

RECONOCIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL – RECHAZA LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL PRESENTADA POR LAS SOCIEDADES TIS PRODUCTIONS S.A.S.

(Antes Telefox Colombia) y RCN Televisión S.A., respecto de la sentencia proferida el 23 de diciembre de 2021 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en Miami (Estados Unidos). Solicitud sin la correspondiente apostilla, aspecto indispensable para demostrar la autenticidad de los documentos otorgados en el extranjero. En el caso en concreto se evidencia que los interesados presentaron la solicitud para el reconocimiento del laudo arbitral sin la correspondiente apostilla, lo que resultaba indispensable para demostrar la autenticidad de los documentos otorgados en el extranjero. El Pacto Internacional sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros suscrito en La Haya el 5 de octubre de 1961, del cual es parte Colombia (Ley 455 de 1998), exige la apostilla para tener como válidos los documentos expedidos por autoridad extranjera en cada país miembro

 

Expediente 00803 de 2023

DEMANDA DE CASACIÓN – INADMISIÓN FRENTE A SENTENCIA DICTADA EN EL PROCESO DE NULIDAD DE JUNTA ILEGAL DE ACCIONISTAS Y ACUERDOS DE PAGO QUE DE ELLA SE GENERARON EL CUAL DERIVÓ EN UN PAGARE, POR FALENCIAS EN LA TÉCNICA PROPIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.

Requisitos establecidos en el Código General del Proceso. TÉCNICA DE CASACIÓN – Deber del recurrente acreditar su descontento mediante un escrito fundamentado en los errores de la sentencia que presente derrotar. Formulación de cargos por separado, preciso, concretos y razonables. Causales de casación. Improcedencia de la presentación de los cargos como un alegato de instancia.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 05001 23 33 000 2016 02077 01 de 2023

¿PROCEDE LA IMPOSICIÓN DE CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA A LA PARTE VENCIDA?

No, [L]a norma que previó la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el artículo 188 del CPACA (…). Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.19 Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron dichas costas. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandada.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la condena en costas en vigencia de la Ley 1437 de 2011, Ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 1 de diciembre de 2016 proferida en el proceso 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

 

Expediente 25000 23 42 000 2017 05087 01 de 2023

SE CIRCUNSCRIBE A ESTABLECER ¿SI LA DEMANDANTE QUIEN ALEGA SER DOCENTE TERRITORIAL, PARA EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE SUS CESANTÍAS PARCIALES LE ES APLICABLE EL RÉGIMEN RETROACTIVO PREVISTO EN LA LEY 6 DE 1945?
No, «[…] La Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con el fin de atender ´las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella´(artículo 4), estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación […] los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1º de enero 1990, el Fondo pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, valga decir, las cesantías se reconocerán con el régimen anualizado. […] Con relación al régimen retroactivo de cesantías, este implica que la prestación se liquida con base en el último salario devengado, a razón de un mes de sueldo por cada año de servicios, teniendo en cuenta todo el período de vinculación, todo ello, según los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1° de la Ley 65 de 1946 y 1° del Decreto 2567 de 1946, que consagran: Ley 6ª de 1945 […] De las pruebas anteriormente relacionadas se desprende que (i) la accionante se desempeña como docente territorial al servicio de la secretaría de educación de Bogotá, desde el 8 de febrero de 1993 de manera ininterrumpida; y (ii) previa solicitud de su parte, por medio de Resolución 5310 del 11 de agosto de 2016, se ordenó reconocer y pagarle, por concepto de cesantías parciales, la suma de $36.544.882.oo, correspondientes al tiempo comprendido del 8 de febrero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2015. Dicha resolución es el acto acusado en el presente proceso, pues considera que el auxilio de cesantías debió liquidarse por el régimen retroactivo y no con aplicación del anualizado, según la Ley 344 de 1996, desde su publicación. […] Teniendo en cuenta que todas las vinculaciones acreditadas en el proceso demuestran que la accionante tuvo su vinculación con posterioridad al 31 de diciembre de 1989, en esa medida, se establece que no tiene derecho al reconocimiento y pago de dicha prestación social con base en el sistema retroactivo, pues para ello es requisito necesario haber sido vinculado como docente con anterioridad al 1 de enero de 1990, es decir , hasta el 31 de diciembre de 1989 conforme lo dispone la Ley 91 de 1989, situación fáctica que no acredita la demandante. […] La Sala no desconoce que tanto la Ley 91 de 1989, como el artículo 3 del Decreto 196 de 1995 contienen la clasificación de docentes, como nacionales, nacionalizados y territoriales; sin embargo, ello no quiere decir que tal enunciación hubiera tenido el propósito de aplicar, a estos últimos, el régimen prestacional de la entidad territorial correspondiente, sino realizar una diferenciación que tendría repercusión, en particular, para aquellos que venían con una vinculación anterior. […] las pruebas obrantes en el proceso demuestran que la vinculación laboral de (…) como docente al servicio del Distrito Capital de Bogotá, ocurrió el 8 de febrero de 1993, es decir, con posterioridad al 1 de enero de 1990, fecha establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para que entrara en vigor el sistema de liquidación de cesantías allí contemplado, y que regía en caso de nuevas vinculaciones docentes; por lo tanto, la liquidación de sus cesantías parciales debe someter al régimen anualizado allí establecido, como en efecto ocurrió, lo que impone confirmar la sentencia recurrida. […]»

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 76001 23 31 000 2006 03284 01 de 2023  .

¿AL ENCONTRARSE CONFIGURADA LA CAUSAL DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL O LEGAL SE PRODUCE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL NEGOCIO JURÍDICO?

[E]l artículo 1519 del Código Civil significa que toda violación a un mandato imperativo o a una prohibición de la ley comporta un vicio que genera nulidad absoluta si, por supuesto, ella no consagra una sanción diferente; y ha manifestado que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también las que mandan u ordenan y, por ende, la transgresión del orden público se presenta cuando se viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito. Empero, de las disposiciones citadas reluce que la causal de nulidad por objeto ilícito bajo el Código Civil aloja tanto las prohibiciones legales –más fácilmente detectables– y también las violaciones a normas de orden público y a las buenas costumbres, pues en tal ámbito no hay otra que la contenga; contexto que sigue siendo de la mayor amplitud y no permite alinderar esta causal frente a la prevista en el numeral 2 del art. 44 de la Ley 80 tantas veces citado. De suerte que, tal conceptualización llevaría a entender que la nulidad que se sanciona por objeto ilícito en las normas civiles se bifurca bajo el EGCAP en dos contenidos normativos, reservando para la causal 2 de nulidad absoluta del contrato estatal -relacionada con que su celebración se realice contra expresa prohibición legal y constitucional- aquellos eventos en que se desconozca el régimen de prohibiciones en tales rangos normativos. […] La relevancia en marcar la línea diferenciadora entre ambas causales, es evidente, en tanto el análisis de un evento puntual podría deslizarse entre una y otra causal, en particular, incluido el caso en que aun existiendo prohibición legal o constitucional, se considere que su sanción debe ser desatada bajo la causal de objeto ilícito, con efectos diversos. […] [E]n lo que atañe a la causal 2° del art. 44 de la Ley 80 de 1993, que no toda irregularidad o violación de la ley es constitutiva de la causal de prohibición legal o constitucional para celebrar el contrato, lo que hace necesario analizar en cada caso concreto el contenido de la norma