23 febrero, 2023

23 Febrero del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 002 de 2023

CORTE HACE LLAMADO DE ATENCIÓN A LA UARIV PARA QUE RESPONDA OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES DE LOS JUECES DE TUTELA.

Las autoridades están obligadas a rendir oportunamente los informes solicitados por los jueces de tutela en cumplimiento de su deber de colaboración con la administración de justicia. La Corte Constitucional advirtió a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que está obligada a responder oportunamente los requerimientos de los jueces de tutela y de esta Corporación. La advertencia fue hecha al estudiar la tutela que presentó un campesino, víctima de desplazamiento forzado, debido a que la UARIV negó su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV). El campesino fue obligado a dejar su vivienda en tres oportunidades (2002, 2008 y 2009) por amenazas de grupos armados que asesinaron a su sobrina. Por tal motivo, salió de San Carlos (Antioquia) hacia Medellín y de ahí tuvo que huir a Supía (Caldas). Al año de vivir en este último lugar, nuevamente tuvo que desplazarse hacia Manizales, donde trabaja actualmente cultivando la tierra en municipios aledaños. La UARIV negó su inscripción al RUV porque solo hasta el 2018 se presentó ante la Procuraduría Provincial de Manizales para rendir declaración y solicitar su registro como víctima del conflicto armado. La Sala Primera de Revisión, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, señaló que la UARIV no hizo un estudio detallado del caso particular del ciudadano, ni le brindó atención acorde a su situación de analfabetismo. La Corte recordó que, al recibir las declaraciones de las víctimas de desplazamiento forzado, los servidores públicos deben tener en cuenta que, por lo general, no han tenido acceso a educación y les tienen temor a las autoridades públicas, por lo que, al momento de rendir testimonio, su espontaneidad y claridad se reducen considerablemente.

 

Sentencia T 381 de 2022

ORDENAN INVESTIGAR A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA POR FALLAR TUTELA EN CONTRA DE LIQUIDACIÓN DE EPS AMBUQ.

“La acción de tutela no puede ser instrumentalizada con fines diferentes a la protección de derechos fundamentales, lo que excluye la posibilidad de plantear discusiones ajenas a este objetivo”. La Corte Constitucional ordenó compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen la actuación de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla que concedieron una tutela en contra de la toma de posesión y liquidación de la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (AMBUQ) ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en 2021. La decisión fue adoptada al estudiar la tutela que presentaron tres ciudadanas, quienes alegaron que la decisión de dicha entidad privó a los usuarios de elegir libremente su EPS y hace parte de una persecución contra AMBUQ para acabarla y favorecer intereses privados. La Sala Octava de Revisión concluyó que la tutela no cumplía con los requisitos para su admisión ni existía el peligro de un perjuicio irremediable porque, si bien podría decirse que la afectación es inminente debido a que la toma de posesión implica la liquidación de AMBUQ, no se evidenció que esta sea grave, pues la continuidad en la prestación del servicio de salud se ha asegurado con el traslado de los afiliados a otras EPS. Asimismo, en este caso, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el idóneo y eficaz para cuestionar una decisión de tipo administrativo de la Superintendencia porque, como ya se advirtió, no existe un perjuicio irremediable que deba evitarse.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 91453 ( 4294) de 2022

¿CUÁNDO SE DEBE APLICAR EL PRINCIPIO DE CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN MATERIA PENSIONAL?

El principio de la condición más beneficiosa es aplicable en el tránsito legislativo de la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003, a favor de quienes cuentan con una expectativa legítima y,o estructuraron la pensión de invalidez entre el 26 de diciembre de 2003 y hasta el 26 de diciembre de 2006. / En aplicación del parágrafo 2 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad pueden acceder bajo condiciones especiales a la pensión de invalidez, cuando demuestran una densidad de cotizaciones de por lo menos el 75 % de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez

Expediente 93758 ( 4299 ) de 2022

DERECHO DE PENSIÓN APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESTATUS DE INVALIDEZ.

Error de hecho del ad quem al afirmar que al interior del proceso no existían, fuera del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, otros medios probatorios que dieran fe que la fecha de estructuración del estado de invalidez del demandante, tuvo lugar el 21 de junio de 2012, cuando, así lo reconoció la propia administradora de pensiones Colpensiones en el acto administrativo de otorgamiento del derecho pensional. / Cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comienzan a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad. Procede el reconocimiento de las mesadas pensionales causadas, pues al demandante le asiste el derecho al disfrute de la pensión, a partir de la fecha de estructuración del estatus de invalidez, 21 de junio de 2012 , dado que la condición de invalidez, no puede entenderse extinguida o suspendida por el hecho de que el afiliado hubiese percibido posterior a la fecha de estructuración de dicho estado, pagos por concepto de incapacidades temporales previos a la calificación o determinación por el organismo médico competente

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00963 de 2022

RECURSO DE CASACIÓN / INOBSERVANCIA DE REGLAS TÉCNICAS:

1) pese a denunciar la violación indirecta de la ley sustancial, en la sustentación no se hizo referencia a ningún precepto de dicho linaje, que, siendo el llamado a gobernar la controversia, hubiera sido inaplicado, interpretado erróneamente o indebidamente empleado como sustento de la decisión de segunda instancia. 2) el cargo propuesto obvió la exposición clara, precisa y completa de los desafueros en que habría incurrido el ad quem al evaluar la evidencia recaudada. 3) como consecuencia de los defectos formales, la demanda de sustentación que presentó la convocante fue inadmitida mediante auto AC3139-2019. No obstante, esa decisión se dejó sin efectos mediante sentencia SU-201 de 2021, dictada por la Corte Constitucional. Acorde con ello, mediante auto AC4213-2021 se dispuso la selección oficiosa positiva de la causa.

 

Expediente 01416 de 2022

CONTRATOS COLIGADOS

Incumplimiento derivado de la falta de provisión de los componentes, en proyecto para la importación, construcción, instalación y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- Chía I Delicias Sur, que involucra la celebración de tres negocios jurídicos conexos de leasing, aprovisionamiento y suministro.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 54928 de 2022

GRABACIONES MAGNETOFÓNICAS – TRANSCRIPCIÓN: LA CORTE HA ADMITIDO SU VALIDEZ, AUNQUE NO SE ACOMPAÑEN POR LA GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA DE LA CUAL NACEN

Prueba testimonial: declaración, no lo es toda manifestación que se haga / INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES – Apreciación probatoria: respecto de conversaciones telefónicas, la ley no exige el cotejo de voces para establecer quienes hacen parte de la conversación. La Corte Suprema de Justicia resolvió los recursos de casación interpuestos por los defensores de M.P.P. y J.S.P.N., contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la decisión absolutoria proferida en favor de J.S.P.N y, con relación a M.P.P., modificó la condena emitida por el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Función de Conocimiento del mismo Distrito Judicial, trámite adelantado por el punible de fraude procesal. En esta ocasión, la Sala no casó la sentencia de segunda instancia y confirmó la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, por primera vez, condenó a J.S.P.N. como coautor del punible de fraude procesal.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 25000 23 42 000 2013 03883 01 de 2022

SECCION SEGUNDA RECUERDA QUE ANTE DECLARATORIA DE CONTRATO REALIDAD NO PROCEDE DEVOLVER APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

[L]os contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).(…) para esta Subsección resulta claro que, contrario a lo aducido en el recurso de alzada, las pruebas allegadas en el curso del proceso permiten dilucidar que, si bien las funciones desempeñadas por el señor (…) se encontraban dentro del alcance de los objetos de los contratos de prestación de servicio que suscribió con la entidad demandada, debió cumplir y acatar instrucciones y directrices a instancias de esta y el cumplimiento de horarios impuestos por la misma administración. (…) En el caso concreto, la ejecución de las actividades contratadas no podía ser ejercida en forma independiente y autónoma, en tanto que el demandante, debía, con su conocimiento técnico y experiencia en el área, apoyar al Distrito Capital, Secretaría de Gobierno, Alcaldía Local de Suba, en el cumplimiento de su propia función pública. Así las cosas, pese a que solo se cuenta con material probatorio documental, resulta suficiente para tener como materializado el elemento de la subordinación, pues a partir de este se puede inferir de manera fehaciente que el libelista recibió órdenes e instrucciones en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que impusiera la administración, la imposición de un horario fijado exclusivamente por la entidad demandada y el uso del poder disciplinario del nominador.

 

Expediente 70001 23 33 000 2017 00266 01 de 2022

RECUERDAN NO HAY LUGAR A RECUPERAR PRESTACIONES PAGADAS A PARTICULARES DE BUENA FE

[S]i bien el Estado tiene la facultad de solicitar la nulidad de los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, el legislador impone un límite, consistente en que no puede recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Por consiguiente, es competencia de la administración, probar que el beneficiario de la pensión actuó de mala fe, al solicitar el reconocimiento pensional. (…) [D]ado que la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, la UGPP tenía la carga de acreditar que el demandado no obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras engañosas o documentos falsos, para inducir en error a la administración y a las autoridades judiciales. En este sentido, se estima que la conducta del accionado consistente en reclamar el reconocimiento pensional, no denota un actuar fraudulento, ni evidencia la intención de engañar a la administración de justicia; más aún cuando la administradora pensional era la responsable de realizar el estudio pensional y fue quién incurrió en el error. Lo anterior, como quiera que su decisión no se fundó en documentos falsos o maniobras engañosas, que permitan inferir un actuar doloso dirigido a defraudar a la administración. Aunado a lo anterior, tampoco se puede entender que actúa de mala fe quien solicita el reconocimiento de un derecho y la administración lo concede, puesto que se vulneraría el derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política. Igualmente se resalta que ni siquiera para la entidad era claro que el peticionario no tenía el derecho. En ese sentido, no se probó la mala fe en su actuación, debido a que no se acreditó la existencia de una maniobra fraudulenta o engañosa de su parte, producto de la cual hubiesen logrado el reconocimiento pensional a través de la reclamación administrativa.

 

NOTA DE RELATORÍA: Referente a la buena fe, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-131 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas. Frente a la facultad que tiene el Estado de demandar en cualquier tiempo el acto administrativo que reconoce prestaciones periódicas, ver: Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004.Respecto a los principios de buena fe y confianza legítima de los particulares frente a la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de marzo de 2017, Rad. 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 05001 23 31 000 2003 02419 01 de 2022.

PRECISAN EL DAÑO DERIVADO DE UNA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD.

Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 201812, la Corte Constitucional precisó que, los artículos 90 de la Constitución Política de Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de imputación, sino que, por el contrario, prevén la posibilidad de que el juez adecúe la situación específica al título pertinente13. 21. Al respecto, la Corte Constitucional señaló que, “la posibilidad que tienen los administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no estaban en el deber de soportar en el marco de la privación injusta de la libertad es un derecho que se deriva de la efectividad de los derechos, la igualdad y la libertad, al paso de estar previsto en el artículo 90 de la Constitución y, en tal virtud, el criterio de sostenibilidad fiscal no se erige en una barrera para ofrecer la protección efectiva de tales derechos (…) el juez administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva”. 22. Asimismo, explicó que, en dos eventos de aquellos considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, es decir, inexistencia del hecho y atipicidad de la conducta punible investigada, porque, a su juicio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.  A partir de las anteriores consideraciones, corresponde a la Sala establecer si la restricción del derecho a la libertad del ahora demandante resultó irrazonable y desproporcionada, de acuerdo con los elementos de juicio recaudados dentro del proceso penal. El juzgador deberá determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser reparado bajo la consideración de que es un daño especial -no lo sufre la generalidad de la población- y, por su gravedad, no podría considerarse que debe soportarlo o tolerarlo por el solo hecho de vivir en sociedad. Bajo este título de imputación denominado por la jurisprudencia como “daño especial”, debe considerarse que, a partir de la gravedad y anormalidad del daño, debe establecerse el derecho a la indemnización.

 

 

Expediente 13001 33 31 007 2009 00425 de 2022.

EN ATIPICIDAD OBJETIVA DE LA CONDUCTA PROCEDE APLICAR EL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL.

[L]a demanda sí fue presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A. En efecto: El régimen de imputación de privación de la libertad depende del hecho de que el daño reclamado en la demanda provenga de una afectación al bien jurídico libertad. Este régimen no puede depender de la calidad que tenga la autoridad que causó la afectación porque en nuestro ordenamiento no toda captura es ordenada judicialmente. Un funcionario público, sin ser juez o fiscal, puede afectar el bien jurídico libertad y este daño, cuando es antijurídico, debe repararse e indemnizarse conforme al artículo 90 de la C.P. El daño que proviene de una afectación a la libertad individual se torna en antijurídico solo con la providencia que absuelve a quien había sido detenido. Desde ese momento, que puede o no coincidir con la fecha libertad efectiva, se confirma que la víctima mantuvo su condición de inocente durante una investigación y aun así sufrió una afectación grave y especial: la privación de su libertad. En pocas palabras, se confirma que, como cualquier inocente, la víctima demandante no debía soportar su detención. Por lo tanto, es desde la absolución y no antes que inicia el conteo del término de caducidad. En el caso concreto: (i) la decisión de precluir la investigación cobró ejecutoria el 16 de agosto de 2007, conforme a la constancia allegada, y (ii) la demanda se interpuso a tiempo el 3 de julio de 2009.