26 febrero, 2024

23 febrero del 24

Corte Constitucional 

 

 

Sentencia C 507 2023

CONOZCA LA SENTENCIA QUE REDUJO JORNADA LABORAL DEL SERVICIO DOMÉSTICO INTERNO DE 60 A 52,5 HORAS SEMANALES

La Corte Constitucional conoció una demanda instaurada contra el artículo 2 de la Ley 2101 de 2021. En interpretación de los actores, el Congreso de la República incurrió en una omisión legislativa relativa, que derivó en el desconocimiento del derecho a la igualdad, en tanto no incluyó en el referido artículo a las personas que trabajan en labores domésticas como internas. Y no estableció cómo se reduciría, para ellas, su jornada laboral.         Antes de resolver de fondo el asunto, la Sala abordó tres cuestiones previas. En la primera, se ocupó de estudiar la aptitud sustancial de la demanda. Se refirió a los reparos que había formulado la Defensoría del Pueblo y la Universidad Externado de Colombia y encontró que el cargo cumplía los requisitos argumentativos mínimos exigidos por la Corporación. En la segunda, resaltó que era necesario integrar la unidad normativa y estudiar, en conjunto, los artículos 161 (modificado por el artículo 2 de la Ley 2101 de 2021) y 162 -literal b– del Código Sustantivo del Trabajo. Por último, en la tercera, concluyó que no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-372 de 1998. En lo que respecta al análisis del problema jurídico, luego de referirse al trabajo doméstico y al derecho a la igualdad, la Sala concluyó que el Congreso de la República sí incurrió en una omisión legislativa relativa. Esto porque al regular sobre la reducción de la jornada laboral, excluyó a las personas que trabajan en el servicio doméstico como internas. Con esa exclusión, incumplió deberes constitucionales específicos y también generó una desigualdad sin justificación ni objetividad; y lo hizo sin reparar en la economía del cuidado ni en la importancia productiva del servicio doméstico. Por ello, la Corte estableció que la jornada máxima laboral de las personas que realizan labores domésticas como internas se reducirá de manera proporcional, pasando de 60 horas semanales a 52,5. Esto teniendo en cuenta el condicionamiento hecho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-372 de 1998. Adicionalmente, exhortó al Congreso de la República para que adopte las medidas legislativas necesarias, en orden a igualar la jornada máxima laboral del servicio doméstico, en relación con la jornada de los trabajadores en general, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio No. 189 de la OIT.

 

Sentencia T 005 de 2024

CORTE ORDENA A LA POLICÍA Y EJÉRCITO QUE NO PODRÁN REALIZAR JORNADAS CÍVICO MILITARES QUE INVOLUCREN MENORES DE EDAD

Los accionantes Humanidad Vigente Corporación Jurídica y la Fundación Regional De Derechos Humanos Joel Sierra, organizaciones no gubernamentales que trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos con especial énfasis en la defensa de los derechos e intereses de las niñas y los niños, presentaron acción de tutela contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Gobernación del Departamento de Arauca al cuestionar el accionar de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en algunos municipios de los departamentos de Arauca y Boyacá, en los que se han realizado actividades cívico- militares con presencia de niños, niñas y adolescentes.  En criterio de los demandantes, esta situación pone en riesgo la vida de los NNA toda vez que están ubicados en zona de conflicto interno armado y, además, el Código de la infancia y la Adolescencia y tratados internacionales prohíben este tipo de jornadas. . En respuesta a la tutela, el Ejército insistió en que no realiza acciones cívico militares sino Jornadas de Apoyo al Desarrollo – JAD, con respaldo constitucional, las cuales están encaminadas a la recuperación del tejido social de los territorios, mejorando las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones vulnerables en el corto y mediano plazo. Por su parte, la Policía Nacional señaló que, por intermedio de la Policía de infancia y Adolescencia, realiza actividades «en el marco del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en todo el territorio nacional». Una vez verificado el cumplimiento de los presupuestos para la procedencia de la acción de tutela, la Sala de Revisión consideró que la intención de las jornadas o acciones integrales desarrolladas por la Fuerza Pública en los términos expuestos en esta providencia tiene un fin constitucional al buscar colaborar con las instituciones civiles para llevar a los territorios afectados por el conflicto armado interno servicios educativos, sanitarios o humanitarios. . A pesar de ello, consideró esta sala que el riesgo de ataques o represalias para los NNA que participan en estas jornadas de acción integral en zonas de conflicto armado era muy alto y amenazaban los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la prohibición de participar en el conflicto armado, comprometidos en esta oportunidad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 94186 de 2023

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES > OBLIGACIONES

Si el fondo de pensiones recibe la afiliación y la historia laboral con períodos con reportes en mora no se exime de responsabilidad en el reconocimiento pensional, pues le corresponde verificar esa información y ejercer las acciones del caso para que la entidad pensional que inicialmente los registró recaude el pago adeudado -las inconsistencias en la validación de los aportes no pueden afectar el derecho del afiliado-.

INTERESES MORATORIOS > PROCEDENCIA

Excepciones a la procedencia de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00470  de 2023

PRUEBA SUMARIA

× A través de los diversos medios suasorios el sentenciador dedujo la ausencia de prueba de los elementos estructurantes de la unión marital de hecho. Reglas de la sana crítica

 

Expediente 00443 de 2023

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL – POR LA EJECUCIÓN INDEBIDA O IMPERFECTA DE CONTRATO DE OBRA CIVIL RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA.

Efectividad de la póliza de seguros respecto del amparo de estabilidad de la obra. Hito temporal a partir del cual se cuentan los dos años para la prescripción ordinaria de las acciones en materia de seguros.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 64229 de 2024

PRISIÓN DOMICILIARIA PARA PADRE O MADRE CABEZA DE FAMILIA, BAJO LA LEY 2292 DE 2023 NO ES APLICABLE PARA HOMBRES

El casacionista aunque argumentó una violación directa de la ley sustancial, equivocadamente señaló en una misma objeción tanto la falta de aplicación del parágrafo 3° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 19 de la Ley 2292 de 2023, como su interpretación errónea. Los dos son excluyentes. La razón es simple: desde el discurso lógico jurídico resulta imposible interpretar incorrectamente un precepto normativo que no ha sido considerado. Limitó su argumentación el libelista a sostener categóricamente que la concesión de la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia es procedente. Al demostrar el cargo, reprocha a los juzgadores por no haber tenido en cuenta que no representa un peligro o una amenaza para la sociedad, su arrepentimiento, su intención de no dilatar el asunto, su compensación total a la víctima y el hecho de que tiene a su cargo a dos hijos menores, su madre de la tercera edad y un hermano con discapacidad.

 

Expediente 130707 de 2024

RECUERDAN COMO OPERA EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN TEMA DE SUBROGADOS PENALES ART 68 A DEL C.P

El debido proceso constitucional y legal contemplan como garantía para el implicado, que todo el asunto que los involucra se ciña a los principios de legalidad estricta (su caso sólo podrá seguirse según las normas preexistentes) y favorabilidad (ultractiva o retroactiva), siempre que se puedan constatar efectos más benéficos cuando se trata de sustitución de leyes en el tiempo. El sentido comprensivo de la favorabilidad fue sintetizado por la Sala de Casación Penal en auto del 16 de febrero de 2005 (radicación 23006), en el siguiente sentido: «Así, refulge que, cometido un delito, toda la normatividad que lo regula en su descripción típica, en su sanción y en las normas procesales de efectos sustanciales, acompañan ad infinitum a ese comportamiento y a su autor, salvo que con posterioridad surja norma nueva que favorablemente modifique tales atributos para que ésta sea aplicada retroactivamente…”

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 66001 23 33 000 2018 00099 de 2024

LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL ENCUBIERTA FRENTE A ENTIDADES ESTATALES CUANDO AQUELLAS ACUDEN A LA INTERMEDIACIÓN LABORAL A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO / COMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN

Esta corporación unificó los criterios acerca de la manera en la que debe analizarse la prescripción de los derechos laborales derivados del reconocimiento de una relación laboral con el Estado y, en ese sentido, fijó las siguientes reglas: • El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella. • En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización. Posteriormente, en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, esta Sección adoptó el término de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este constituya una ´camisa de fuerza´ para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 05001 23 31 000 2010 02205 de 2023

REPARACIÓN DIRECTA DEBIDO A LA RESPONSABILIDAD ESTATAL POR MUERTE DE PSICÓLOGA CONTRATISTA POR PARTE DE UN POSPENADO EN UNA VISITA DOMICILIARIA

La Sala advierte que la primera instancia aludió a algunos pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado sobre la responsabilidad estatal “por accidentes padecidos por sus contratistas”, sin embargo, las sentencias referenciadas no aluden de manera exacta a ese tipo de responsabilidad sino a la derivada “por el hecho de los contratistas”, es decir, aquellos que estos causan a terceros, generalmente por la ejecución de una obra pública o servicio estatal, ya sea a un particular, a un dependiente o trabajador del contratista como personas ajenas a la relación contractual entablada para el logro de los fines estatales.

 

Expediente 25000 23 36 000 2015 00124 de 2024

CONDICIONES PARA PROBAR LA OCURRENCIA DE UN DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

Según se anuncia en la demanda, la señora (…) perdió la oportunidad de que se le restableciera su derecho como víctima de unos delitos, pues, como consecuencia de una indebida investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se le pagó el valor correspondiente al 50% de un inmueble que era de su propiedad (…), el cual fue rematado en el marco de un proceso ejecutivo adelantado en su contra con fundamento en un título valor que era falso (…). Por consiguiente, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño como primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual, pues, en casos como estos, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que lo que se suscita como daño, como concepto diferente del perjuicio, es lo que se ha denominado pérdida de oportunidad la cual no puede reducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la decisión penal definitiva, sino que, deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren que la persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde con sus intereses y que esta se frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y estar acreditada para que pueda reconocerse como daño indemnizable. (…) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica que permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés legítimo del demandante. Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad se extinguió de forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería eventual y por tanto no susceptible de indemnización. (…)