26 abril, 2023

25 abril del 2023

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 079 de 2023

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LAS ARL EN LA VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES Y PAGO DE COTIZACIONES?.

La Corte conoció el caso de una mujer quién solicitó a la ARL SURA el reconocimiento de una indemnización por la muerte de su compañero permanente, Alejandro José Díaz Lugo. A pesar de que el fallecimiento se produjo mientras el señor Díaz Lugo prestaba sus servicios de ayudante en un vehículo, la ARL negó la referida prestación porque el causante no había sido afiliado al SGRL por su empleador verdadero, sino por un tercero que se hizo pasar como su contratante. Los jueces de instancia declararon improcedente el amparo. Concluyeron que en este caso no se acreditaba el requisito de la subsidiariedad y, en consecuencia, señalaron que la controversia debía dirimirse en la jurisdicción ordinaria laboral.  Luego de encontrar que la acción de tutela era procedente, por cumplir los requisitos de legitimación en la causa, inmediatez y subsidiariedad, la Sala procedió a identificar si se había presentado la vulneración indicada por la actora. Para ese propósito, la Corte caracterizó al Sistema General de Riesgos Laborales y se refirió a las obligaciones de verificación que tienen las ARL en las afiliaciones. Con ello concluyó -citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia- que las ARL responderán por las prestaciones del sistema solo cuando, de manera efectiva, el verdadero empleador trasladó el riesgo al SGRL (aún a través de intermediarios que cuentan con las calidades legales para ejercer esa función). Para resolver el caso, la Sala identificó: (i) que, dadas las discrepancias en los relatos presentados por las partes, subsistían dudas sobre quién había sido el verdadero empleador del causante, y sobre el contrato suscrito entre las partes (esto es, si se trataba de un contrato de trabajo o de otra índole); (ii) que el contratante que afilió al causante en calidad de independiente al SGRL, fue el señor Manuel Ávila González, persona con quien el señor Díaz Lugo no tuvo, aparentemente, vínculo laboral ni contractual; y (iii) que, el referido señor Ávila González no había actuado, propiamente, como intermediario entre el verdadero empleador y el trabajador, de modo que no era posible sanear las irregularidades presentadas en la afiliación. A partir de estas consideraciones, la Corte concluyó que no existió un traslado adecuado del riesgo hacia la ARL SURA y que, por esa razón, dicha administradora no debía reconocer la prestación solicitada.

Sentencia C 448 de 2022

DECLARAN EXEQUIBLE CONVENIO SOBRE IMPORTACIÓN TEMPORAL.

La Sala analizó la constitucionalidad del “Convenio sobre importación temporal”, hecho en Estambul, el 26 de junio de 1990 y de la Ley 2145 de 2021, a través de la cual se aprobó. El control realizado fue integral, en tanto se estudió, desde la perspectiva formal y material, si el Convenio y su ley aprobatoria se ajustan a la Constitución.    En lo relativo al control de constitucionalidad de los requisitos formales, la Corte examinó el trámite que se surtió en la fase previa gubernamental, en el Congreso de la República, y en la sanción presidencial y dicho análisis concluyó que no existe ningún vicio en el proceso de formación. En especial, se advirtió que: (i) aunque el Convenio no fue suscrito por Colombia, es notoria la voluntad que tiene el Estado de adherirse a él; (ii) que no era necesario someter la ley aprobatoria del Convenio a una consulta previa, dado que aquel no afectaba de manera directa y especial a las comunidades étnicas y, además, había sido dispuesto para la generalidad de los colombianos; y, finalmente, (iii) que el Presidente de la República impartió la aprobación ejecutiva del Convenio y lo sometió a consideración del Congreso de la República.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 89490 de 2023

Los EMPLEADORES DEBEN RESPONDER POR EL CÁLCULO ACTUARIAL CORRESPONDIENTE A PERIODOS EN QUE NO COTIZARON POR FALTA DE COBERTURA DEL ISS, AÚN SI LA RELACIÓN LABORAL NO ESTABA VIGENTE AL MOMENTO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993.

esto es, tal regla puede entenderse establecida para antes y después de la entrada en vigencia del sistema integral de seguridad social, El reconocimiento del cálculo actuarial derivado de la falta de afiliación de los trabajadores al ISS debe ser asumido en su totalidad por el empleador, sin que sea posible por disposición normativa exigir contribución alguna al trabajador para su cubrimiento -el alcance de las normas que regulan la falta de aportes al sistema de pensiones no se hace aplicable a las normas regulatorias del cálculo actuarial-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 03771 de 2023

INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA

De grupo de pretensiones, que de manera principal demanda la declaratoria de simulación relativa por razón de la persona -pues el comprador no es quien dice ser la escritura-, pero, en forma consecuencial, pretende la declaración de la simulación relativa por virtud de la naturaleza del contrato -el que consideró realmente una donación-.

 

Expediente 03979 de 2023

SIMULACIÓN ABSOLUTA / PRUEBA.

La primordial carga que le asiste al interesado en quitarle el velo a una negociación aparente, ya sea que haya participado en ella o no, es la demostración de los hechos constitutivos de indicios del fingimiento en los términos del artículo 240 del Código General del Proceso, sin que ello implique que aquellos contra quien se dirige la acción queden liberados de aportar los elementos demostrativos que ratifiquen su contenido si están interesados en que se conserve, máxime cuando de sus intervenciones se advierte que lo consignado difiere parcialmente de la realidad.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 57360 de 2023

 INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS – PENA INTEMPORAL: ELEMENTOS / PROCEDE ÚNICAMENTE EN CONDENAS POR DELITOS QUE HUBIEREN AFECTADO EL PATRIMONIO PÚBLICO, DEBE DEMOSTRARSE UN DAÑO REAL Y CONCRETO.

La Corte Suprema de Justicia, se pronunció de manera oficiosa frente a la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Valledupar, que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, que condenó al acusado como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.  La Sala, casó oficiosa y parcialmente la sentencia en el sentido de excluir la pena intemporal de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, y en su lugar, fijó la pena temporal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en ochenta (80) meses. Para ello, señaló que, para que procediera la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas como pena intemporal, se requiere que la condena sea por delitos que hubieren afectado el patrimonio público, y que tal afectación, esté demostrada en un daño real y concreto, que para el presente caso no ocurrió.  De otro lado, la Sala consideró que, al redosficar la pena de intemporal a temporal no se vulneraba el principio de non reformatio in pejus, toda vez que, no está en discusión la naturaleza de la pena sino su intemporalidad, motivo por el cual, la misma subsiste de forma temporal.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 54001 23 33 000 2015 00488 de 2023

¿LA PROTECCIÓN A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA ES UN DERECHO QUE TIENEN LAS RELACIONES LABORALES DE CARÁCTER DEPENDIENTE (CONTRATOS DE TRABAJO, VINCULACIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS) ASÍ COMO LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS?

 

Sobre el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, se puede decir que es la garantía de las personas que tienen una afectación en su salud que impide el desempeño de su contrato o actividad laboral en condiciones normales, por lo anterior, este derecho no solo debe ser asociado a las relaciones laborales de carácter dependiente (contratos de trabajo, vinculaciones legales y reglamentarias), sino que debe ser extensiva a los contratos de prestación de servicios; por ello, es necesario indicar que el lazo laboral o contractual no puede ser terminado bajo el pretexto de la persistencia de una condición patológica. Todo ello es así, porque la mermar en la capacidad laboral del sujeto afectado, no puede ser una condición determinante para su continuidad en la prestación servicio o empleo. (…) los agentes especiales le son aplicables las disposiciones previstas en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 291, el numeral 6 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por remisión expresa de la Ley 142 de 1994, modificada por el Decreto 556 de 2000, así como el artículo 60 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8° de la Ley 689 de 2001 y el artículo 9.1.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010 y; (ii) que su condición de auxiliar de la justicia no es igual a la calidad de servidor público. Esto es así, porque el demandante en su calidad de agente especial solo le asiste un deber de colaboración en el ejercicio de las funciones transitorias designadas, sin que esto comporte, una relación legal o contractual que genere derechos laborales u ocupacionales.