26 enero, 2024

25 de Enero de 2023

Corte Constitucional

 

Sentencia Su 022 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO LABORAL (DEMANDA DE PENSIÓN CONVENCIONAL)-DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL CON RELACIÓN AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS

En este caso se tiene que el actor instauró una demanda ordinaria laboral contra el Departamento de Antioquia, con el fin de que se le reconociera una pensión de jubilación convencional desde el 22 de enero de 2010, momento en el que cumplió 50 años. La anterior pretensión fue denegada en primera y segunda instancia. El Tribunal que desató la impugnación concluyó que el demandante no tenía derecho a la pensión convencional, en tanto cumplió los 50 años cuando ya no era trabajador del Departamento de Antioquia. Tras interponer el recurso extraordinario de casación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar el fallo cuestionado, determinando que el mismo fue acertado y que el actor no tenía derecho a la pensión convencional. Esta providencia es la que se ataca en sede de tutela y a la que se le atribuye la vulneración de derechos fundamentales por incurrir en desconocimiento del precedente constitucional contenido en las sentencias SU.241/15 y SU.113/18, sobre la interpretación de las cláusulas convencionales y, especialmente, de las sentencias SU.267/19, SU.445/19 y SU.027/21, en las cuales se analizó la cláusula duodécima de la convención colectiva de Sintradepartamento, y se determinó que la misma no exige para tener derecho a la pensión de jubilación, cumplir la edad durante la vinculación laboral. A la sentencia demandada también se le atribuyó un defecto por violación directa de la Constitución al desconocer el principio de favorabilidad; un defecto por violación del precedente horizontal y vertical y con ello violación del derecho a la igualdad real y al debido proceso.

 

Sentencia Su 114 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-PROCEDENCIA POR DEFECTO FÁCTICO, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN AL NEGAR LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A LA HIJA DEL CAUSANTE

La accionante, actuando en nombre de su hija, cuestiona la decisión judicial adoptada al interior de un proceso de reparación directa, mediante la cual se revocó el reconocimiento de la indemnización de perjuicios que había sido concedida en primera instancia a favor de la menor. La precitada acción se formuló pretendiendo que se declarara a la Nación administrativamente responsable por la muerte del padre de la niña, como consecuencia del derribamiento de la estación de en la que se encontraba prestando sus servicios como patrullero de la institución, a causa de un ataque armado por parte de una organización al margen de la ley. La autoridad judicial accionada consideró que, si bien estaba acreditada la responsabilidad patrimonial parcial de la Policía Nacional por la muerte del patrullero, no era dable garantizar la indemnización de perjuicios a favor de la niñ, porque no había sido reconocida formalmente y esto le imponía la carga de demostrar efectiva y materialmente la afectación sufrida por la pérdida de su progenitor. Se aduce que dicho fallo incurrió en los defectos fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente. Se analiza temática relacionada con el juez de reparación directa como garante especial de los derechos constitucionales de las víctimas menores de edad en la definición de la responsabilidad del Estado. La Corte concluyó que la providencia judicial accionada incurrió de manera concurrente en defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución lo cual conllevó a la vulneración de derechos de la menor, así como la trasgresión de su interés superior y la prevalencia de sus garantías fundamentales. Ello por cuanto: (i) basó la negativa del derecho a la reparación de la menor en la situación de desprotección en la que ella se encontraba, lo que desconoció la prevalencia de sus derechos así como su especial protección constitucional; (ii) adelantó una interpretación de la jurisprudencia de dicha Corporación sobre el perjuicio inmaterial (daño moral y afectación a bienes constitucionalmente protegidos) contraria a los derechos constitucionales de la menor y condujo a imponerle cargas que no le eran exigibles; (iii) Desconoció la finalidad de la presunción del perjuicio moral en favor de los menores de edad hijos de las víctimas directas y no se tuvo en cuenta la posible afectación de los bienes constitucionalmente protegidos; (IV) Se apartó del alcance de la presunción del perjuicio moral aplicado en otros casos por el Consejo de Estado en favor de los hijos menores de edad, lo cual comportó una discriminación injustificada en contra de la niña representada. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la accionada proferir sentencia complementaria en la que se pronuncie sobre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales cuya indemnización fue solicitada.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 02878 de 2023

INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL » PROCEDENCIA

× La indexación de la base salarial de la pensión no es  forzosa  cuando  la  remuneración  se pacta en moneda extranjera y su pago debe hacerse en el equivalente en moneda nacional, para realizar la conversión a esta moneda se tiene en cuenta la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), pues en Colombia no hay un tipo de cambio oficial impuesto por el Estado -la posible pérdida del poder adquisitivo del salario se contrarresta a través de la conversión a moneda nacional con la tasa de cambio del momento del pago-.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00395 de 2023

DERECHO DE DOMINIO – DERECHO REAL. CONCEPTO.

Derecho de propiedad y sus limitaciones. Protección al consumidor inmobiliario. (Salvamento de voto de la magistrada Hilda González Neira a la SC395-2023)

 

Expediente 00455 de 2023

DONACIÓN – RESPECTO DE ACTOS SIMULADOS ENTRE UNO DE LOS CONYUGUES Y SU MADRE EN VIGENCIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

Presunta distracción u ocultamiento de bienes. Falta de demostración respecto de la existencia del acto jurídico de donación por cuanto lo realmente ocurrido fue la «Restitución» o «devolución» del bien inmueble en favor de la progenitora. Transferencia previa del bien inmueble por parte del progenitor en vida, en favor de su hija para solventar una situación económica compleja.

 

Expediente 00395 de 2023

GARANTÍA REAL

Sobre bienes comunes de la propiedad horizontal solo puede ser reclamada por el administrador.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 61751 de 2023

NO ES DABLE DESCALIFICAR UNA CONCLUSIÓN PERICIAL CON FUNDAMENTO EN CRÍTICAS CARENTES DE RESPALDO CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO, SEGÚN EL CASO.

En el caso en concreto. Bajo ese derrotero, no llama a dudas la insuficiencia formal del reproche, pues el demandante no identificó ningún postulado científico, proveniente de la observación, razonamiento y sistematización, que hubiera sido quebrantado por los falladores en el escrutinio probatorio de los testimonios periciales practicados en el juicio oral. Simplemente intentó desacreditar las opiniones de Ángela Patricia Murcia Ballesteros, Roberto Sicar León y José Gregorio Mesa Azuero, alegando que estos expertos “incumplieron los protocolos” y basaron sus conclusiones en “apreciaciones personales”. Pero tales reclamos, sin embargo, desatienden la naturaleza del reparo propuesto en tanto no enseñan que los jueces, en efecto, hayan razonado en contra de un principio de la ciencia, verdaderamente reconocido como tal. Mal podría, entonces, estudiarse de fondo una crítica a la valoración de la prueba pericial por infracción de principios científicos, cuando los reproches se basan en la subjetividad del recurrente y no en el quebranto de las reglas que rigen el trabajo científico. desde el punto de vista sustancial, el ataque a la valoración de la prueba pericial se ofrece desatinado. Básicamente porque el demandante no confrontó de manera honesta, objetiva e integral el razonamiento que, en ese sentido, presentaron los juzgadores.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

 Expediente 11001 03 06 000 2023 00394 de 2023

RECUERDAN QUE TRIBUNAL SUPERIOR ES COMPETENTE PARA AUTORIZAR VACACIONES SUSPENDIDAS A SERVIDORES QUE EJERCEN ATENCIÓN DE ‘HABEAS CORPUS’

[S]e tiene que todos los jueces y magistrados del país, sin importar la especialidad, son competentes para resolver las solicitudes de hábeas corpus, en un término perentorio de treinta seis horas. Asimismo, que dicho mecanismo podrá ser ejercido en cualquier tiempo y no se suspenderá por el hecho de acaecer por fuera de la jornada de atención público, en días festivos o en época de vacancia judicial. Debido a la necesidad de prestar la atención de la acción de hábeas corpus todos los días y horas de la semana, se facultó al Consejo Superior de la Judicatura para que reglamentara el sistema de turnos para recepcionar y tramitar este tipo de acciones. (…) [E]l Consejo Superior de la Judicatura delegó en los Consejos Seccionales la organización de los turnos para la atención de la acción de hábeas corpus en todo el territorio, durante las horas y días hábiles y no hábiles. En razón a lo anterior, se consagró los criterios para la programación de los turnos de atención, en particular, su reparto equitativo durante las jornadas diarias ordinarias de trabajo, así como para por fuera del horario de atención al público, fines de semana, festivos y días de vacancia judicial. De igual manera, el citado acuerdo estableció el derecho que tienen los servidores judiciales de recibir compensatorios por el tiempo empleado en descansos durante los “turnos de disponibilidad”, identificados como aquellos que se programan para garantizar la atención de acciones de hábeas corpus en los horarios adicionales a las jornadas de atención al público o en días no hábiles. En consecuencia, se puede afirmar que la norma consagró que, cuando el servidor judicial preste la atención de acciones de hábeas corpus en tiempo “de descansos” (ejemplo, durante las horas no laborales de días hábiles, fines de semana, días festivos y vacancia judicial) tiene derecho a que se le conceda el compensatorio por el tiempo empleado para atender dicha labor.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2019 00295 de 2023

RECUERDAN QUE FALTA DE SOCIALIZACIÓN A SINDICATOS SOBRE MODIFICACIONES A MANUAL DE FUNCIONES NO GENERA NULIDAD

La importancia del manual específico de funciones radica en que el servidor público puede enterarse de manera detallada de las tareas que debe desarrollar en ejercicio del cargo, saber las responsabilidades que tiene y conocer los requisitos para su desempeño […] para la Sala no existe evidencia de que la Alcaldía de Cartagena cumplió con el procedimiento previsto en el Decreto 051 de 2018, por lo que se hace necesario determinar si dicha omisión vicia el acto de nulidad por expedición irregular. […] a pesar que la entidad demandada dejó de aplicar una norma legal que contiene una regla referida a una ritualidad prevista para el ejercicio del derecho de participación, la Subsección ha sostenido que para concluir si el incumplimiento del requisito de socialización conlleva a la nulidad del acto administrativo es necesario acudir al mecanismo de ponderación y determinar la transcendencia de la afectación, que se vea representada en la posibilidad de haberse tomado una decisión diferente a si la formalidad omitida o incumplida hubiese sido observada […] cabe concluir que la omisión de requisito de socialización no invalida per se la adopción del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias del Plan de Vacantes 2018 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, pues no es un requisito esencial de validez del acto administrativo lo que permite resolver las irregularidades acudiendo a la ponderación realizada. […]»

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 66001 23 31 000 2010 00366 de 2023

RECUERDAN COMO OPERA LA RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LIMITAR EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD POR NORMATIVA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

En el caso objeto de estudio, el actor pretende la reparación del daño antijurídico que habría sufrido como consecuencia de la expedición de las siguientes normas jurídicas: i) La Ley 1228 de 2008 por el Congreso de la República, que definió las áreas de reserva, también llamadas fajas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras de primer orden que forman parte de la red vial nacional; y ii) los Decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que, en un primer momento, estableció el aislamiento para las vías de primer orden sobre los corredores viales suburbanos en una extensión mínima de 15 metros medidos desde el borde externo de la vía; y, después, en una extensión mínima de 5 metros medidos a partir del borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio. […] [P]ara la Sala la expedición de la Ley 1228 de 2008 no genera por si sola un daño antijurídico, o una ocupación jurídica, pues las cargas negativas que en virtud de tal normativa pesan sobre el propietario, mientras la obra pública no se haga necesaria, como así no ha ocurrido respecto del predio del demandante, responden a una previsión razonable que permite garantizar un potencial equipamiento vial de utilidad pública; y son cargas que carecen de la intensidad necesaria para vaciar de contenido el derecho de propiedad del [actor] sobre el predio afectado, de modo que configura el tipo de aquellas intervenciones en las que toda persona debe tolerar en atención a los motivos de utilidad pública que la inspiran.. […] [E]l Decreto 3600 de 2007 reglamentó las disposiciones de las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

 

 

Expediente 25000 23 37 000 2018 00216 de 2023

 ACLARA QUE DERECHOS DE CRÉDITO SE CONSIDERAN POSEÍDOS EN COLOMBIA CUANDO DEUDOR TIENE RESIDENCIA O DOMICILIO EN EL PAÍS

La DIAN sostiene que, como las cuentas por cobrar discutidas se entienden poseídas en Colombia en el año 2010, debieron incluirse en el patrimonio bruto de la actora; los activos supuestamente omitidos eran fondos a la luz del artículo 265-5 del ET y, constituían saldos con la casa matriz o sus filiales, al tenor del artículo 287 ib. Señala que, por tratarse de títulos de crédito, esas cuentas constituyen fondos en el extranjero vinculados al giro ordinario de los negocios de la sucursal en Colombia, por lo que cumplen los supuestos del artículo 265-5 del ET para estar sometidas a tributación en el país. En contraste, la demandante alega que las referidas cuentas por cobrar no son fondos vinculados al giro de sus negocios en el país, sino derechos de crédito que no se registran en el patrimonio bruto de la sucursal. Sobre la inclusión en el patrimonio bruto de las cuentas por cobrar a vinculadas económicas en el exterior, la Sala fijó su criterio de decisión en casos promovidos entre las mismas partes, con identidad fáctica y jurídica que, en lo pertinente, se reiterarán. Para efectos fiscales, y en particular del impuesto sobre la renta, el artículo 261 del Estatuto Tributario, vigente para el periodo gravable en discusión, establecía que el patrimonio bruto está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o periodo gravable. Esa norma disponía que, en el caso de las sucursales de sociedades extranjeras, el patrimonio no incluye los bienes poseídos en el exterior y, por tanto, deben declarar en su patrimonio únicamente los bienes poseídos en el país, conforme a las reglas establecidas en el artículo 265 del ET: Sobre la naturaleza de las cuentas por cobrar a vinculadas, la Sección precisó que «son derechos de crédito», por lo que resulta aplicable el artículo 265 numeral 4 del ET, y que no operaba el artículo 265 numeral 1 ib., porque una cuenta por cobrar es un derecho de crédito o derecho personal y no un derecho real, conforme a lo señalado en los artículos 665 y 666 del Código Civil.

 

 

Expediente 25000 23 37 000 2018 00708 de 2023

SECCION CUARTA RECUERDA QUE DECLARACIÓN DE RENTA PERMITE ACREDITAR AQUELLAS SITUACIONES QUE PERJUDICAN Y QUE BENEFICIAN AL CONTRIBUYENTE.

El apelante alega que, al calcular el IBC, el Tribunal desconoció el artículo 244 inciso 2 de la Ley 1955 de 2019, al no depurar los ingresos netos aplicándole el 40% como base mínima de cotización, lo que produjo un IBC desproporcionado. Adicionalmente, señaló que, en lugar de los costos presuntos a que se refiere el Decreto 1601 de 2022, el Tribunal debió restar los costos y deducciones reportados en la declaración de renta del año gravable 2014. Sea lo primero precisar que no hay lugar a estudiar el argumento de apelación relacionado con la aplicación del artículo 244 inciso 2 de la Ley 1955 de 2019 (base mínima de cotización), pues, en virtud del principio de irretroactividad en materia tributaria, esta norma no resulta aplicable al año 2014. Asimismo, al no haber sido objeto de la litis, no debió el Tribunal pronunciarse sobre la aplicación de costos presuntos (Decreto 1601 de 2022), pues constituye un fallo extra petita dado que la discusión se centra en si para calcular el IBC de aportes del actor, deben aceptarse o no los costos y gastos informados por éste en la declaración de renta de 2014. Por lo demás, con base en el mencionado principio de irretroactividad, el Decreto 1601 de 2022 tampoco resulta aplicable al año 2014. Como se precisó, el actor plantea que para determinar el IBC de los aportes al sistema de seguridad social deben restarse los costos y deducciones reportados en su declaración de renta del año gravable 2014.