26 septiembre, 2023

25 y 26 Boletin de Septiembre del 2023

Corte Constitucional 

 

Sentencia C 227 de 2023

 

DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN MATERIA PENSIONAL-ALCANCE Y CONTENIDO

La Corte Constitucional reconoce que el sistema de seguridad social en pensiones persigue el fin de procurar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas a través de la protección de las contingencias que surgen por la vejez, la invalidez o la muerte. Además, esta Corte define la pensión como “una prestación monetaria [cuya] función es la de proveer los medios económicos suficientes para el cubrimiento de las necesidades básicas de las personas” de forma tal que el pensionado y su núcleo familiar “tengan asegurado un nivel de vida cercano al que tenían antes del acaecimiento de la contingencia que tuvo como consecuencia el reconocimiento de la prestación”.

 

Sentencia T 100 de 2023

CORTE RECUERDA QUE NO PODRÁ EXIGIR MIGRACIÓN COLOMBIA PARA OTORGAR EL PERMISO DE PROTECCIÓN TEMPORAL.

lsa, actuando como agente oficiosa de Alicia, y AnaJuanaIsabelAndreaCarmen y Carlos, actuando estos últimos en nombre propio, interpusieron acción de tutela en contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el Ministerio de Defensa -Policía Nacional. Las accionantes señalaron que Migración Colombia desconoció su derecho al debido proceso en los procesos administrativos migratorios iniciados en su contra, debido a múltiples irregularidades y, en el caso del señor Carlos, la Policía Nacional transgredió este mismo derecho en los procesos policivos iniciados en su contra, debido a la indebida notificación de estos trámites. Así mismo, pusieron de presente que, debido a las normas que regulan la obtención del Permiso por Protección Temporal, no habían podido acceder a tal documento, en razón a que se encontraban en curso los mencionados procedimientos. De otra parte, se indicó que Alicia no había podido realizar el registro biométrico, necesario para obtener el Permiso por Protección Temporal, debido a que por su situación de salud no podía movilizarse. En primer lugar, la Corte concluyó que Migración Colombia vulneró el derecho fundamental al debido proceso de las accionantes al adelantarles procedimientos administrativos migratorios sin que fueran informadas y comprendieran el trámite que se iniciaba en su contra y con desconocimiento de la garantía del plazo razonable. Esto además se vio agravado porque no se tuvieron en cuenta las condiciones de salud de las demandantes y la manera en que se iniciaron estos procesos, esto es, cuando las accionantes acudieron a las oficinas de Migración Colombia para obtener información sobre los trámites de regularización migratoria, se convirtieron en un obstáculo para este propósito y en un desincentivo para que en el futuro otros migrantes buscaran la ayuda y orientación de las autoridades públicas para regularizarse en nuestro país.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 94242 de 2023

PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA > APLICACIÓN .

Procede el principio de la condición más beneficiosa cuando se predica la aplicación del régimen inmediatamente anterior al vigente al momento del deceso del causante o de la estructuración de la invalidez, según corresponda -el juez no puede hacer un ejercicio histórico sobre normas que regulan la materia para resolver el caso concreto-  APLICACIÓN EN PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – En el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, el principio de la condición más beneficiosa se aplica hasta el 29 de enero de 2006 a quienes tenían una expectativa legítima de acceder a la prestación antes de la entrada en vigencia de la nueva ley – en el presente asunto el afiliado falleció el 11 de octubre de 2006, es decir, por fuera del periodo delimitado-

 

Expediente 93463 de 2023

PENSIONES > FINANCIACIÓN > BONOS O TÍTULOS PENSIONALES – El empleador debe asumir la totalidad del título pensional durante el lapso de no afiliación por falta de cobertura, puesto que es el único responsable del riesgo pensional, por tal motivo no resulta procedente que el valor del título pensional sea distribuido entre él y el extrabajador en la proporción prevista legalmente para los aportes pensionales. LIQUIDACIÓN – La liquidación del cálculo actuarial debe hacerse con base en los salarios del periodo en el cual se omitió el aporte, no con el último devengado por el trabajador, tampoco con el reportado en la liquidación final de prestaciones sociales – el cargo prospera exclusivamente en cuanto el sentenciador de segundo grado, dispuso el pago del cálculo actuarial con base en el promedio salarial del último año-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00267 de 2023

VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL – POR ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE UNA NORMA DE CARÁCTER PROBATORIO.

El error en la apreciación de una prueba por sí misma no configura la causal de casación en estudio, sino que se requiere la violación de una norma sustancial.

 

Expediente 00175 de 2023

POSESIÓN REGULAR – POSESIÓN INMOBILIARIA.

Componentes, objetivo corpus y el subjetivo animus se integran para formar la posesión que unido con la marcha irreversible del tiempo dan derecho a obtener el dominio de la heredad ajena por prescripción adquisitiva.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 61694 de 2023

TESTIGO: ÁMBITO DE SU TESTIMONIO / TESTIGO: QUE NO TIENE CALIDAD DE PERITO, EMISIÓN DE OPINIONES, APRECIACIÓN PROBATORIA

La Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por el defensor de CIHO en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condena emitida por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de la misma ciudad, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Sala casó el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, para, en su lugar, absolver a CIHO, argumentando que, no se cuenta con elementos de juicio que permitan concluir, más allá de duda razonable, que la procesada portaba los 19,4 gramos de cocaína con el propósito de comercializarlos o traficar con ellos. En este punto, consideró que el deficiente interrogatorio realizado a la única testigo de cargo, impidió conocer las circunstancias que rodearon la captura de la procesada, lo que conllevó a que la condena proferida se encuentre viciada de errores de hecho por falso juicio de identidad y falso raciocinio.

 

Expediente 55668 de 2023

CONCUSIÓN – Elementos: relación de causalidad entre el acto del funcionario y la promesa de dar o la entrega del dinero o utilidad indebidos

La Sala de Casación Penal, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ex Juez 8º Penal Municipal con funciones de control de garantías de Ibagué – Tolima, contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que lo condenó por del delito de concusión. La Corte confirmó el fallo impugnado, al encontrar probado que el acusado, abusó de las funciones nominadoras del cargo al constreñir a la oficial mayor de su despacho, para que obtuviera un préstamo por $10’000.000 y le entregara dicha suma de dinero, amenazándola con desvincularla del cargo si no accedía a sus pretensiones. También encontró acreditado que, el constreñimiento desplegado fue idóneo para doblegar la voluntad de la víctima y que la obtención del préstamo en los términos propuestos por el Juez constituía una utilidad indebida. De igual manera, la Sala consideró que, entre el acto de constreñir y la utilidad indebida existía un claro nexo relacional antecedente consecuente y que la conducta típica determinó en la víctima un temor fundado de perder su empleo si no accedía a las pretensiones del titular del despacho.

 

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

 Expediente 11001 03 24 000 2008 00381 de 2023

CONSEJO DE ESTADO ACLARA QUE SIC NO PUEDE CONCEDER EL REGISTRO MARCARIO A SIGNOS DESCRIPTIVOS.

[L]a parte actora afirmó que la SIC, al momento de conceder el registro de la marca mixta controvertida, desconoció la normativa andina, en tanto consideró que el referido signo resulta irregistrable por cuanto, en su criterio, es descriptivo en la clase 32 internacional y, por lo tanto, carece de distintividad. Aunado a ello, señaló que los elementos adicionales y gráficos que acompañan al conjunto marcario son tan accesorios e irrelevantes, que no lo dotan de suficiente distintividad, siendo improcedente conceder su registro. […] [L]a Sala pone de presente, en primer lugar, que para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos de distintividad y ser susceptible de representación gráfica. […] Asimismo, dicha autoridad ha indicado que la distintividad tiene un doble aspecto, esto es, la (i) distintividad intrínseca, mediante la cual «[…] se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado […]», así como (ii) la distintividad extrínseca,

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Expediente 52001 23 33 000 2016 00118  de 2023

PARA CONSOLIDAR EL DERECHO A LA PENSIÓN GRACIA, EL DOCENTE OFICIAL DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS.

i) Que acredite 50 años de edad. ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional. iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración. (…) Pues bien, frente al primer requisito en mención relacionado con la edad, se observa que la señora (…) nació el 5 de mayo de 1962, de modo que cumplió los 50 años el 5 de mayo de 2012. Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en esta instancia), se advierte en primer lugar que en el expediente reposa el certificado de información laboral expedido el 4 de septiembre de 2014 por la Secretaría de Educación Departamental del Huila en el formato del Ministerio de Hacienda, al igual que el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido por la referida autoridad el 27 de abril de 2016, a partir de los cuales se indica que la demandante laboró al servicio de dicha entidad territorial desde el 22 de enero de 1979 hasta el 31 de julio de 1989 bajo una vinculación como educadora oficial nacionalizada. (…) Atendiendo lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, es posible inferir válidamente que el nombramiento de la demandante para el período comprendido entre el 22 de enero de 1979 y el 31 de julio de 1989, lo fue en calidad de docente territorial, pues no se advierte que la plaza ocupada haya sido prevista como nacional, o que la referida cartera gubernamental hubiese adoptado la decisión de vinculación directa o indirectamente, así como tampoco en calidad de nacionalizada, pues no se cumplió lo señalado en el artículo 6° de la Ley 43 de 1975, en virtud del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían administrados por los FER con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de Educación, intervención que tampoco se advierte en el acto. (…)

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 26 000 2018 00026 de 2023

¿EL TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN SE EMPIEZA A CONTAR DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DEL PAGO EFECTUADO POR LA ENTIDAD?

Si, De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad para la pretensión de la demanda de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previstos en el artículo 192 ibidem. Al respecto, conviene precisar que la Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177- si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. Así, la Sala pone de presente que la condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por lo que el Instituto de Medicina Legal debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de esa misma codificación. (…) [L]a sentencia que condenó a la hoy accionante cobró ejecutoria el 7 de octubre de 2016, por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo corrió hasta el 8 de abril de 2018, lapso dentro del cual se realizó el pago, este es, el de fecha de 6 de septiembre de 2017. En ese contexto, el término de caducidad debe computarse desde el día siguiente al pago efectuado, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda fue el 7 de septiembre de 2019 y, dado que aquella se presentó el 5 de marzo de 2018, se concluye que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca del plazo del pago de la condena en el medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 5 de abril de 2017, rad. 58762, C. P. Hernán Andrade Rincón y sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 28448, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

 

Expediente 18001 23 31 000 2010 00066 de 2023

¿PARA QUE EXISTA UNA VULNERACIÓN EFECTIVA A LOS DERECHOS DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, ES NECESARIO QUE LA DILACIÓN INJUSTIFICADA DESBORDE LA ACCIÓN DILIGENTE DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES?

Si, El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es una modalidad de responsabilidad aplicable de forma residual, en tanto solo opera en supuestos fácticos distintos al error jurisdiccional o a la privación injusta de la libertad. Adicionalmente, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que el título de imputación aplicable, por regla general, es la falla del servicio, por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional que se presente con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Con base en dicho título de imputación, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que para establecer si el retardo de una decisión judicial está en la base de un juicio de responsabilidad del Estado, se deben observar diversos factores, entre ellos, la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial, así como las especificidades de cada trámite judicial, incluido el análisis de factores exógenos al proceso, como reformas normativas, paralización del servicio y, en general, circunstancias de toda índole con impacto directo en el trámite de los procesos y su duración, punto que debe analizarse desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, y no desde un Estado ideal. Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción diligente de las autoridades judiciales puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de las partes e intervinientes, dado que no todo procedimiento que se prolongue en el tiempo más allá de las previsiones legales, puede calificarse automáticamente como desmesurado, excesivo o irrazonable.

 

Expediente 15001 33 31 001 2011 00116 de 2023

¿LA RAMA JUDICIAL DEBE ASUMIR COMO PROPIOS LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES DE LAS PERSONAS VINCULADAS DE FACTO O POR MEDIO DE ACUERDOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES?

Si, La Sala insiste que el artículo 167 de la Ley 769 de 2002 establece que los “vehículos inmovilizados por orden judicial deb[en] llevarse a parqueaderos [y que su] responsabilidad ser[á] de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial”. Si para el cumplimiento de esa obligación el responsable de la custodia, en este caso, la Rama Judicial, se valió o toleró el concurso de particulares o de otras entidades, esas vicisitudes resultan inoponibles al aquí demandante, como usuario de la función pública que conlleva la Administración de Justicia. Así las cosas, no se configura el hecho de un tercero, en el entendido que la Rama Judicial debe asumir como propios los hechos, actos u omisiones de las personas vinculadas -de facto o por medio de acuerdos- al cumplimiento de sus obligaciones, pues es sobre esa entidad pública que recaía legalmente el deber de custodia. Las determinaciones mencionadas conducen a: (i) condenar a la Rama Judicial, a título de falla en el servicio, en la modalidad de defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia, y (ii) exonerar de responsabilidad a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos del municipio de Puerto Boyacá.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

 

Expediente 05001 23 33 000 2019 02677 de 2023

RECUERDAN REQUISITOS PARA ATENUAR SANCIÓN POR ENVIAR INFORMACIÓN CON ERRORES.

Respecto al problema jurídico planteado, la demandante alega que su contraparte violó el debido proceso al no permitirle «allanarse» a la sanción propuesta en el pliego de cargos, lo que, a su vez, le impidió acceder a la reducción del 10% de la multa establecida en el inciso 3.º del artículo 651 del ET, en la redacción dada por el artículo 55 de la Ley 6.º de 1992. Ello, porque, a su juicio, para cumplir dicho requisito era necesario que el acto previo incluyera explícitamente la posibilidad de acceder a la disminución en los términos de la norma ibidem, que era la vigente al momento de los hechos y la más favorable. Por su parte, la entidad apelante argumenta que, dentro del plazo para responder el acto previo, tenía la posibilidad de calcular de manera autónoma la multa y, por lo tanto, podía «allanarse» a la sanción propuesta en el pliego de cargos, independientemente de que dicho acto no indicara la posibilidad de acceder a la reducción de la sanción en los términos de la norma vigente al momento de los hechos, lo cual, en todo caso, aduce que reconoció en la resolución sanción. Sobre el particular, las partes concuerdan y no es objeto de litigio que la versión de la atenuación de la pena aplicable al caso sub examine era la dada por el artículo 55 de la Ley 6.º de 1992, al ser la vigente al momento de los hechos y la más favorable para la actora. Así mismo, aceptan que el pliego de cargos omitió señalar que la aminoración de la sanción procedía de conformidad con dicha disposición, pero que la resolución sanción enjuiciada así lo aceptó. Por ende, la decisión que demandan las partes y, por tanto, lo que es objeto de debate, consiste en determinar si para acceder a la atenuación dispuesta en el artículo ibidem para los supuestos en los que se subsana la infracción antes de la notificación de la sanción, el pliego de cargos debía tasar la sanción y mencionar las atenuaciones de conformidad con la norma aplicable al caso concreto; o, si, por el contrario, la infractora podía calcular de manera autónoma la multa y acreditar la procedencia del beneficio, con lo cual no habría vulneración del debido proceso de la demandante. Para resolver esa controversia, sea lo primero precisar que de acuerdo con el inciso 3.º del artículo 651 del ET, en la redacción establecida por el artículo 55 de la Ley 6.º de 1992, la sanción por no enviar información se podía reducir al 10% de la multa, si la infracción era subsanada antes de que se notificara la imposición de la sanción, siempre que el administrado allegara memorial a la Administración aceptando la sanción reducida y acreditando la subsanación de la omisión, así como el pago o el acuerdo de pago de esta. Al centrar el análisis en la redacción de esta disposición, se observa que, para cumplir los requisitos previstos al efecto, la norma presupone una previa cuantificación de la multa a imponer, para que con posterioridad la infractora pueda aceptar la multa junto con las correspondientes aminoraciones. De suerte que, se trata de una sanción que es propuesta y determinada por la Autoridad tributaria, respecto de la cual proceden aminoraciones de la pena atendiendo al comportamiento del infractor.