27 junio, 2023

26-27 junio del 23

Corte Constitucional 

 

 Sentencia T-172 de 2023

AUTORIDADES JUDICIALES DEBEN SER GARANTES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y NO DEBEN QUEDARSE EN LA ESFERA DE LA FORMALIDAD, SINO QUE DEBEN TRASCENDER E IR HACIA LOS INDICIOS, QUE SON LOS QUE DAN CUENTA DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y ECONÓMICA

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida libre de violencia y a la dignidad humana de una mujer que fue víctima de violencia por parte de quien era su compañero sentimental y padre de su hijo. El Alto Tribunal advirtió, en sede de tutela, que las autoridades judiciales deben ser garantes de los derechos de las mujeres y que tal protección no debe quedarse en la esfera de la formalidad, sino, que por el contrario, debe trascender a la identificación de indicios que pueden advertir una violencia de género de índole psicológica y económica. “Es ahí, en el análisis de esos indicios, en donde es posible reconocer la dimensión sistemática de la violencia de género y las asimetrías de poder derivadas de una sociedad patriarcal que están profundamente arraigadas en nuestra sociedad, y así, poder romper con los círculos de violencia que aquejan a las mujeres”, dice el fallo de tutela de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte, con ponencia del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. El Alto Tribunal estudió la acción de tutela de una mujer que, en 2020, acudió a la Comisaria de Familia para solicitar una medida de protección para ella y su hijo por los presuntos hechos de violencia de los que fueron víctimas mientras convivieron junto a su expareja y padre del niño.

 

Sentencia T- 096 de 2023

EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA DESCONOCIÓ LOS DERECHOS AL AGUA, A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD HUMANA DE UNA MUJER Y DE SU NÚCLEO FAMILIAR

 La Corte Constitucional determinó recientemente que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga desconoció los derechos al agua, a la vida y a la dignidad humana de una ciudadana y de su núcleo familiar integrado, entre otros, por un niño y dos adolescentes. Según la entidad no se cumplían los requisitos legales para prestar el servicio de acueducto. Sin embargo, la Corte recordó que el incumplimiento de estos requisitos no es justificación suficiente para limitar el acceso al agua. Asimismo, la Sala resaltó que la falta de cumplimiento de requisitos legales para tender redes de acueducto no condiciona el acceso mínimo al agua para consumo humano en condiciones de cantidad suficiente, disponibilidad, calidad adecuada, accesibilidad física y asequibilidad para los ciudadanos. “En este caso esta garantía no se ha cumplido por una razón, desde el 2015, a pesar de las reiteradas solicitudes presentadas por la accionante, el acueducto no ha ofrecido ninguna solución temporal que garantice una prestación continua del servicio. Incluso, debido a lo anterior la peticionaria y su núcleo familiar se vieron forzados a abandonar su hogar, hecho que constata la gravedad de la violación”, agrega la providencia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 00810 de 2023

PENSIÓN DE VEJEZ, LEY 797 DE 2003 » MONTO O TASA DE REEMPLAZO ×

Para obtener la tasa de reemplazo de la pensión de vejez, la fórmula decreciente, aplica únicamente, para determinar el monto o tasa de reemplazo inicial o de partida, pero no para establecer el monto máximo de la pensión, pues éste pende de los incrementos por semanas adicionales a las mínimas × El artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003 no consagra una limitación en el número de semanas adicionales a las mínimas para alcanzar el porcentaje máximo -como sí lo previó la Ley 100 de 1993 en su versión original para alcanzar hasta el 85 % del ingreso base de liquidación- ni establece un monto máximo para cada caso en particular, pues éste corresponde, de manera general, al 80 % para todos los afiliados, con independencia del número de semanas que de manera individual se requieran para alcanzarlo, dado que, el porcentaje inicial o de partida es variable conforme a la fórmula decreciente × La permanencia de la cotización en el sistema general de pensiones como efecto económico real de la fórmula decreciente cumple varias funciones: i) En relación con la acreditación del requisito para acceder al derecho, ii) Utilización como factor para calcular el monto y los incrementos de la pensión y iii) Fuente de la que se obtienen los recursos económicos para financiar la prestación; por tal razón, limitar el número de cotizaciones adicionales a las mínimas como barrera de acceso a la tasa de reemplazo máxima del 80 % del ingreso base de liquidación contraviene la obligación legal de cotizar y los principios básicos del aseguramiento social en que se asientan los sistemas de prestación definida (SL810-2023)

 

Expediente 00969 de 2023

PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA » APLICACIÓN ×

Error jurídico del ad quem al estudiar la posibilidad de resolver el litigio al compás de las reglas previstas en el test de procedencia emitido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-442-2016 × El test de procedencia de la sentencia SU-442-2016 no tiene por objeto reemplazar las reglas legales que regulan la pensión de sobrevivientes, pues el denominado test fue creado con el fin de flexibilizar el requisito de subsidiaridad de la acción de tutela como mecanismo procedimental para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media con prestación definida 4 × Procede el principio de la condición más beneficiosa cuando se predica la aplicación del régimen inmediatamente anterior al vigente al momento del deceso del causante o de la estructuración de la invalidez, según corresponda -el juez no puede hacer un ejercicio histórico sobre normas que regulan la materia para resolver el caso concreto.

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00109 de 2023

ABUSO DEL DERECHO POR SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES SOBRE DINERO

️ Confusión del daño en la órbita extracontractual con los intereses de mora sobre el capital objeto de la cautela, ante incumplimiento de obligación contractual.   No es apropiado confundir la mora del deudor con el daño que produce quien priva a otra persona de la disposición de su dinero, por cualquier acción u omisión constitutiva de responsabilidad extracontractual.   Si una persona priva a otra de determinado capital por un acto de abuso del derecho, esta última quedará obligada a compensar la pérdida sufrida por la víctima, pero no existe pauta jurídica alguna que lo obligue a hacerlo a través del reconocimiento de réditos moratorios, ni el agente queda constituido en mora desde que causó el daño.   El principio de congruencia en la cuantificación del daño: quizá sea posible presumir algún “piso de remuneración” para el dinero, tal como se presume el ingreso mínimo en las personas, a efectos de calcular el monto de la reparación debida por el causante del daño.   Sin embargo, cualquier camino que se pudiera tomar con miras a esclarecer el contenido de esa presunción estaría vedado en este específico caso, porque el convocante limitó su súplica a la recuperación de réditos moratorios.

 

Expediente 00119 de 2023

PRUEBA DE OFICIO – NO PROCEDE ANTE LA INCURIA DE QUIEN NO APORTA PRUEBA DE SU CALIDAD DE PROPIETARIO.

️ Incuria del demandante para acreditar la legitimación en la causa de impugnación de las decisiones de la asamblea de copropietarios.   La legitimación en la causa es un aspecto de orden sustancial, cuya acreditación corresponde a las partes. La prueba oficiosa es una herramienta procesal que tiene por objeto superar grados de incertidumbre frente a los hechos que interesen al proceso -siempre que no haya incuria de las partes- y para evitar nulidades procesales o providencias inhibitorias.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 59034 de 2023

SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD – EFECTOS: GENERALES O ERGA OMNES, RESPECTO DE LA INEXEQUIBILIDAD, APLICACIÓN HACIA EL FUTURO

La Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por el Procurador 86 Penal Judicial II, contra la sentencia proferida por la Sala Penal integrada por Conjueces del Tribunal Superior de Cúcuta, mediante la cual se confirmó la decisión del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esa ciudad, en la cual se absolvió a los procesados por los delitos de prevaricato por acción en concurso heterogéneo con peculados por apropiación a favor de terceros. En esta ocasión, la Sala casó la sentencia de segunda instancia y, como consecuencia de la anterior determinación, los condenó por los delitos acusados. Así mismo, negó la ejecución condicional de la pena y la prisión domiciliaria, emitió orden de captura de los mismos y, por último, advirtió que al ser la primera condena procede la impugnación especial por doble conformidad judicial. Para llegar a la anterior conclusión, la Corte analizó la naturaleza del acuerdo suscrito, así como los elementos constitutivos de la figura de la transacción, para determinar que los acusados en calidad de servidores públicos, suscribieron un acuerdo de pago, sin contar con la aprobación del Comité de Conciliación de la entidad, haberlo suscrito con quien no tenía la capacidad para transigir, por cuanto que dicha facultad debe estar expresamente otorgada al mandatario. Por último, se señaló que el acuerdo en cuestión era manifiestamente contrario a la ley, toda vez que se pactó el pago de las costas procesales, las cuales no había sido decretadas ni liquidadas al interior de un proceso judicial.

 

Expediente 58706 de 2023

FRAUDE PROCESAL – ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

La Sala de Casación Penal decidió el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado J.O.G. contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual la confirmó, con modificaciones la sentencia condenatoria de primera instancia, que lo condenó como coautor del delito de fraude procesal. En esta oportunidad la Corte casó la sentencia, en el sentido de decretar la nulidad de lo actuado, a partir del 25 de abril de 2011, y disponer la cesación del procedimiento a favor de J.O.G y F.A.R.S., por cuanto la acción penal en relación con el delito de fraude procesal, se extinguió por prescripción. Al respecto, analizó los elementos, la configuración, consumación y agotamiento del delito de fraude procesal, para concluir que, dicho punible se ejecuta a partir de la exteriorización del primer acto de disposición jurídica desplegado por el servidor público, mediante el cual aprehenda el medio engañoso, lo entienda y valore como veraz. Posteriormente, se estudió la figura del delito continuado para precisar que, en el presente caso la pluralidad de acciones y omisiones componen una unidad de acción final, configurándose el fraude procesal en la modalidad de delito continuado, el cual, se entendió consumado a partir del momento en que se produjo la última conducta típica que integra la unidad de acción, o a partir del último acto que efectivamente indujo en error, fecha desde la cual se empieza a contabilizar el término de la prescripción. Por lo anterior, y ante el nuevo computo prescriptivo se estableció que la acción penal en lo referente al delito de fraude procesal se encontraba prescrita.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 15759 33 33 002 2020 00 14801 de 2023

RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL 

[E]l juez del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia puede: (i) admitirlo, cuando observa que cumple las exigencias de que trata el artículo 262 del CPACA. Conclusión a la que puede llegar en el momento en que estudia por primera vez el recurso o con posterioridad, una vez el recurrente ha subsanado el o los requisitos que el consejero ponente encontró insatisfechos en ese primer análisis; y (ii) rechazar el recurso disponiendo que el expediente sea regresado al tribunal de origen, lo que puede tener lugar cuando no se subsanan oportuna y debidamente las falencias anotadas por el juez o bien, cuando se advierte que la sentencia no era pasible de este medio impugnatorio, a pesar de haberse concedido por el tribunal. (…) El despacho estima que el alegato presentado por la parte recurrente en el presente recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia debe rechazarse, por los motivos que se exponen a continuación: a. Los argumentos del sub lite se basan, grosso modo, en que el Tribunal Administrativo de Boyacá realizó una argumentación equivocada, al considerar que la prima de mitad de año consagrada en el numeral 2.º, literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, puede tenerse como una mesada adicional. b. Sin embargo, tal y como se indicó en precedencia al estudiar los temas unificados por la sentencia que la recurrente estima contrariada por el ad quem, el despacho advierte que no existe unidad de materia entre la situación particular de la señora (…) y los allí resueltos, toda vez que, de un lado, la Sentencia del 25 de abril de 2019 unificó lo relacionado con el régimen pensional aplicable a los docentes y la forma de liquidar el IBL; mientras que, en el sub lite, se pretende el pago de la prima de mitad de año prevista en el numeral 2.º, literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. c. Así las cosas, en el presente asunto, el despacho advierte que la ratio decidendi de la precitada sentencia no guarda relación con los argumentos expuestos por la recurrente, ya que dicha providencia no fijó subreglas jurisprudenciales que abarquen la situación planteada en el recurso extraordinario de la referencia. d. El despacho encuentra que los argumentos propuestos por la recurrente están relacionados con la conclusión a la que llegó el tribunal frente a la negativa para el reconocimiento de la prima de mitad de año del numeral 2.º, literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y no con la presunta contradicción u oposición de la decisión de segunda instancia con respecto a las reglas jurisprudenciales unificadas. e. Aquí es importante destacar la finalidad que el artículo 256 del CPACA impone al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que no es otra que «asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales.» Por consiguiente, y comoquiera que la sentencia de unificación invocada no es aplicable al caso concreto, se rechazará de plano el recurso extraordinario de unificación de la referencia, en atención a lo previsto en el parágrafo del artículo 265 del CPACA.

 

Expediente 25000 23 42 000 2018 02495 01 de 2023

¿Resulta procedente imponer la condena en costas en segunda instancia a la parte vencida del sub examine?

No, [E]sta Subsección Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes. Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 26 000 2021 00209 00 de 2023

¿EN LOS PROCESOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CUALQUIER PERSONA QUE TENGA INTERÉS DIRECTO, PODRÁ PEDIR QUE SE LE TENGA COMO COADYUVANTE O IMPUGNADORA, SIEMPRE QUE LO SOLICITE DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y HASTA ANTES DE QUE SE PROFIERA EL AUTO QUE FIJA FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL?

Si, Esta figura que se encuentra regulada en el artículo 224 del CPACA, en concordancia con el artículo 71 del CGP, prevé que, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, cualquier persona que tenga interés directo podrá pedir que se la tenga como coadyuvante o impugnadora. Según esa misma normativa, dicho coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. Este instituto jurídico se refiere al tercero que interviene dentro del proceso voluntariamente, acreditando un interés directo y a quien no se le extienden los efectos de la sentencia. Dicho interés, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, se genera si de la sentencia que se profiera puede establecerse beneficios o perjuicios para éste. Además, debe ser cierto, real, efectivo y demostrado por quien afirma tenerlo.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 224, LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 71

 

Expediente 11001 03 26 000 2022 00154 00 de 2023

¿LA PREJUDICIALIDAD Y/O EL PLEITO PENDIENTE CONFIGURAN LA CAUSAL DE FALTA DE COMPETENCIA PARA PROFERIR EL LAUDO ARBITRAL?

No, La falta de competencia del Tribunal se configura cuando el Laudo decide controversias que no son transigibles de conformidad con la Constitución o la ley o cuando los árbitros decidieron sobre materias que no fueron contempladas en el pacto arbitral. Así, se parte de la idea de que, válidamente, el legislador puede excluir de la decisión de los árbitros determinados litigios y de que las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, pueden decidir, mediante el pacto arbitral, qué controversias se obligan a someter a arbitraje. En este caso, no se cumplen ninguno de los dos enunciados supuestos. En efecto, ni la prejudicialidad ni el pleito pendiente son eventos que dan lugar a la falta de competencia del Tribunal. Sin embargo, la Sala determinará que tampoco se configuran. […] Por una parte, cabe citar el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, según el cual “no habrá suspensión por prejudicialidad”. Por lo tanto, los árbitros no estaban obligados ni facultados para suspender el proceso arbitral en caso de encontrar materializada esta figura. Por otra, no es cierto que la decisión que tomará el Consejo de Estado sobre la legalidad de la Resolución 293 de 2015 debía incidir sustancialmente sobre la decisión del Tribunal Arbitral, pues la sentencia de esta Corporación no era indispensable ni necesaria para que este Tribunal pudiera pronunciarse sobre las pretensiones de la convocante. En efecto, la decisión del Tribunal sobre la incorporación del artículo 8 de la Resolución 293 de 2015, la cual goza de presunción de legalidad, al Contrato 051-96M no dependía de la declaratoria de nulidad o legalidad de dicha Resolución. Mientras la controversia sometida a estudio del Tribunal estaba relacionada con los acuerdos de las partes y un estudio de la aplicación de las leyes en el tiempo, aquella sometida a estudio del Consejo de Estado se relaciona con un análisis de la legalidad de un acto administrativo.