29 enero, 2024

26 de Enero del 24

 Corte Constitucional 

 

Sentencia Su 029 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES EN TRÁMITE DE SOMETIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)-REQUISITO DEL “PACTUM VERITATIS” COMO CONDICIÓN PARA ACCEDER A LA JEP. NIEGA AMPARO DEL DEBIDO PROCESO, LIBERTAD PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En este caso se interpone la acción de tutela en contra de una Resolución y un Auto que, en su orden profirieron, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sección de Apelaciones de la JEP, mediante las cuales se negó la solicitud de libertad y/o sustitución de la medida de aseguramiento formulada por el actor, por no cumplir con el compromiso de pacto de verdad o “pactum veritatis”. Según el accionante, dichas providencias vulneraron derechos fundamentales al incurrir en los defectos material o sustantivo por utilizar normas inexistentes o inconstitucionales y en desconocimiento del precedente de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, sobre el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y el derecho a la libertad. Se verifica el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analiza temática relacionada con: 1º. Los defectos material o sustantivo y procedimental absoluto. 2º. El requisito del pactum veritatis como condición para acceder al tratamiento especial en la JEP. 3º. La libertad transitoria condicionada y anticipada y la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva de un compareciente en dicha Jurisdicción. 4º. La definición del defecto por violación directa de la Constitución y del sustantivo por desconocimiento de un precedente horizontal de la Corte Suprema de Justicia. Tras concluir que las decisiones atacadas no vulneraron las garantías constitucionales alegadas, se decidió confirmar la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado.

 

Sentencia Su 063 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE REAJUSTE PENSIONAL-RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS NO TRASGREDE EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL

Colpensiones cuestionó la decisión judicial adoptada en sede de casación, mediante la cual se condenó a la entidad a reconocer y pagar al actor de la demanda ordinaria los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las sumas correspondientes a un reajuste pensional. Se aduce que dicho fallo vulneró derechos fundamentales de la entidad, por haber incurrido en defectos sustantivo o material por interpretación irrazonable; desconocimiento del precedente horizontal, al haber cambiado su precedente sin una justificación objetiva y violación directa de la Constitución, al desconocer el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005. Se caracterizan los defectos alegados como causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por no encontrar acreditados los defectos alegados y, en consecuencia, no existir vulneración de derechos fundamentales, la Corte decidió confirmar la decisión de instancia que NEGÓ el amparo invocado.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 03109 de 2023

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA – PARA LA CORRECTA DELIMITACIÓN DE LA NATURALEZA Y ALCANCE DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA,

Por su naturaleza atípica e innominada puede acudirse por analogía al tipo contractual afín, atendiendo a las normas imperativas que lo regule -contrato de mandato-. El marco de un contrato de administración delegada, los trabajadores que vincule el contratista no siempre se deben catalogar como trabajadores directos y subordinados del contratante, es necesario analizar en cada caso en concreto: i) Lo pactado por las partes, teniendo en cuenta el amplio margen que tienen para acordar las condiciones contractuales y que no desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, y ii) Si al amparo del principio de la primacía de la realidad sobre las formas el contratista o delegado efectivamente ejerció alguna gestión de forma tal que no obligue al contratante respecto de terceros, lo que bien puede ocurrir cuando contrata directamente a trabajadores bajo su propia responsabilidad y como verdadero empleador, esto es, con plena autonomía administrativa, técnica y financiera, y sin injerencia del contratante.  El contrato de  administración delegada no está tipificado en las normas laborales ni  civiles que gobiernan las relaciones contractuales entre particulares, es de los llamados contratos atípicos o innominados, que al no estar regulados, hace necesario consultar lo pactado por las partes y desentrañar las intenciones y objetivos que acordaron al suscribir el acuerdo, dicho análisis se debe desplegar al amparo de los principios que rigen el derecho contractual, la interpretación de los contratos y sin perder de vista que, en el campo del trabajo, su contenido no debe sobrepasar los límites trazados por el legislador sustantivo del trabajo ni desconocer los derechos mínimos y humanos laborales

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00505 de 2023

APRECIACIÓN PROBATORIA – RESPECTO DE LOS TESTIMONIOS Y PRUEBAS DOCUMENTALES QUE PRUEBAN LA INDUCCIÓN AL  PÚBLICO A ERROR SOBRE LA  ACTIVIDAD, LAS PRESTACIONES MERCANTILES O EL ESTABLECIMIENTO AJENOS.

Elaboración de publicidad no autorizada por Chevron la cual también se le asoció con la FIFA. El dislate que pudo haber evidenciado el convocante en esta materia, debió auscultarse bajo la causal primera de casación por indebida aplicación.

 

Expediente 00503 de 2023

BIEN INMUEBLE

× Entrega como hecho necesario y consecuente del negocio en el que se lleva a cabo la compraventa de un bien inmueble.

 

Expediente 00491 de 2023

DOLO – EXCLUSIONES LEGALES CON OCASIÓN DEL MISMO. EN CONTRATO DE SEGURO SURGIDO CON OCASIÓN AL ENCARGO FIDUCIARIO CONSTITUIDO POR LAS PARTES.

Demostración de hechos dolosos que permiten la exclusión. Debe tenerse presente que la incorporación de exclusiones en el contrato de seguro está regida, entre otros, por los principios de debida diligencia y transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, contemplados en la Ley 1328 de 2009.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 13896 de 2023

SENTENCIA SOBRE LA TEMERIDAD Y LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 indica que la actuación temeraria se presenta «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales…». Al respecto, la jurisprudencia ha indicado que: «(…) en desarrollo del anterior artículo, ha determinado que para que se configure la temeridad y se puedan aplicar las consecuencias antes descritas –rechazo o decisión desfavorable y sanciones- se deberá verificar, en primer lugar, si existe una identidad de partes, hechos y pretensiones entre las acciones de tutela interpuestas –lo que coincide con el fenómeno de la cosa juzgada en el caso de que alguna haya sido decidida previamente- y, en segundo lugar, si existe o no justificación razonable y objetiva que explique la ocurrencia de ese fenómeno y descarte, en consecuencia, la mala fe del agente. Si alguno de estos dos elementos no estuviere presente, no se configuraría temeridad. Sin embargo, la falta de los supuestos constitutivos del primer elemento, el relativo a la noción general de identidad –de hechos, pretensiones y partes-, podría no generar temeridad siempre que: i) existan nuevas circunstancias fácticas o jurídicas que varíen sustancialmente la situación inicial, (ii) la jurisdicción constitucional, al conocer de la primera acción de tutela, no se hubiese pronunciado realmente sobre una de las pretensiones del accionante o porque (iii) la Corte Constitucional profiera una sentencia de unificación, cuyos efectos sean explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones. En suma, en ausencia de esa triple identidad no tendría incidencia el fenómeno de cosa juzgada y, en de contera, la temeridad, lo que autoriza la procedibilidad de la acción de tutela.

 

Expediente 00482 de 2023

INASISTENCIA ALIMENTARIA: RECUERDAN QUE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEBE SER PROBADA, LOS PERIODOS DE TRABAJO DEBEN PROBARSE SI SON PERMANENTES O ESPORÁDICOS O SI, SE PERCIBE OTRO INGRESO ADICIONAL

La Sala ha entendido la inasistencia alimentaria «como delito de infracción de deber, por cuanto no atiende la naturaleza externa del comportamiento del autor –resultado en el mundo exterior–, sino que se centra en el incumplimiento del deber especial que le incumbe, esto es, las prestaciones ligadas a un determinado rol social, en este caso, el de alimentante» La reiterada jurisprudencia de la Sala ha definido que la conducta punible de inasistencia alimentaria se estructura a partir de los siguientes elementos: (i) la existencia del vínculo o parentesco entre alimentante y alimentario, del cual surge el deber legal de proporcionar alimentos, (ii) la sustracción total o parcial de la obligación alimentaria y, (iii) la inexistencia de una justa causa, de modo que el incumplimiento ocurra sin motivo o razón que lo justifique, esto es, «el dejar de hacer lo que se debe hacer tiene que ser infundado, inexcusable» En ese entendido, cuando el agente incumple su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia de fuerza mayor como lo es la carencia de recursos económicos, mal puede deducirse su responsabilidad penal. Esto, por cuanto, la punibilidad de la sustracción a la obligación de prestar alimentos no puede transgredir el principio jurídico cifrado en que nadie está obligado a lo imposible.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 1001 03 15 000 2016 02995 de 2023

¿EL CONSEJO DE ESTADO EN LOS PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEBE GARANTIZAR ESTRICTAMENTE EL DEBIDO PROCESO, A PESAR DE NO SER UN JUEZ PENAL?

La corte considera que si, con base en el artículo 23 de la Convención Interamericana se estima que el Consejo de Estado puede tramitar un proceso en el que se priva de la investidura a un congresista, debe garantizar en su juzgamiento el debido proceso en la misma forma que lo hace un juez en proceso penal; y ello exige un estricto respeto del principio de legalidad. No basta argumentar que en la medida en que la Corte Constitucional no ha revocado las sentencias en las que el Consejo de Estado ha decretado la pérdida de investidura de congresistas dándole a esta causal de “indebida destinación de dineros públicos” una interpretación extensiva, la corporación puede seguir obrando de ese modo sin considerar que tal interpretación puede ser violatoria del principio de legalidad. (…) Si el Consejo de Estado considera que, a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es competente para decretar la desinvestidura de un congresista porque en este juicio garantiza de manera estricta el debido proceso (con la consideración de que ello es viable a pesar de que no pueda considerarse juez en proceso penal), debería reflexionar sobre la pertinencia de los conceptos y argumentos expuestos en relación con el tipo de interpretación que puede dársele a las causales que permiten decretar la pérdida de investidura conforme con la Constitución Política.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 11001 03 24 000 2013 00643 de 2023

CONCEDEN PATENTABILIDAD DE POLIMORFOS EN COLOMBIA CUANDO EXISTE EVIDENCIA DE EFECTO TÉCNICO INESPERADO.

[L]a Sala advierte que la invención cuya patente fue solicitada consiste en una forma cristalina del compuesto 2-CLORO-5 [3,6-DIHIDRO-3-METIL 2,6-DIOXO-4-(TRIFLUOROMETIL) -1-(2H)-PIRIMIDINIL] -4-FLUORO-N- [[METIL(1- METILETIL) AMINO] SULFONIL] BENZAMIDA, el cual se encontraba develado en la anterioridad D1. En dicha anterioridad se indicaba que el referido compuesto era un herbicida con mejoras respecto de la efectividad y selectividad respecto de los herbicidas que, en ese momento, se encontraban en el estado de la técnica. […] teniendo en cuenta que las enseñanzas de las anterioridades D2, D3 y D4, las cuales señalan algunas ventajas y formas de obtener formaciones cristalinas de compuestos amorfos y como estas pueden presentar diferentes características físicas deseables en los productos, la Sala considera que era previsible que un técnico medio en la materia desarrollara actividades experimentales con miras a la obtención de presentaciones polimórficas cristalinas del herbicida. Así las cosas, la Sala considera que, atendiendo a la información obrante en la anterioridad D1, un experto medio en la materia tendería adelantar experimentaciones en relación con el compuesto allí reivindicado. Ello comoquiera que, de conformidad con las manifestaciones tanto de la parte demandante como demandada, el desarrollo de formas cristalinas de un compuesto puede implicar mejores índices de estabilidad o disolución, entre otros.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 33 42 051 2018 00226 de 2023

¿ES PROCEDENTE EL RECURSO DE UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA FORMULADA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, INTERPUSO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F, COMOQUIERA QUE EL FALLO RECURRIDO DESCONOCIÓ LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN CE-SUJ2-5-16, EMITIDA POR ESTA CORPORACIÓN?
No, «[…] el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no puede convertirse en una tercera instancia por medio del cual las partes discutan sus inconformidades respecto de las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, en única o segunda instancia. Su carácter extraordinario y excepcional implica que el cumplimiento de los presupuestos previstos para que se conceda y se admita deben analizarse con rigor, de manera que si resulta dable exceptuar el principio de la cosa juzgada como un efecto propio de este medio impugnatorio sea, no por una interpretación vaga y abierta respecto de los requisitos de procedencia, sino porque en realidad, con su ejercicio, se pretende «[…] asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere el caso, reparar los agravios […]» […] el juez del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia puede: (i) admitirlo, cuando observa que cumple las exigencias de que trata el artículo 262 del CPACA. Conclusión a la que puede llegar en el momento en que estudia por primera vez el recurso o con posterioridad, una vez el recurrente ha subsanado el o los requisitos que el consejero ponente encontró insatisfechos en ese primer análisis; y (ii) rechazar el recurso disponiendo que el expediente sea regresado al tribunal de origen, lo que puede tener lugar cuando no se subsanan oportuna y debidamente las falencias anotadas por el juez o bien, cuando se advierte que la sentencia no era pasible de este medio impugnatorio, a pesar de haberse concedido por el tribunal. […] El Despacho estima que el alegato presentado por la parte recurrente en el presente recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia debe rechazarse […] Los argumentos del sub lite se basan, grosso modo, en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, contrarió la Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016, toda vez que esta última no distinguió la forma de contabilizar la solución de continuidad respecto de los docentes y el fallo recurrido consideró que por tratarse de un asunto del sector educativo este fenómeno no operaba, en forma estricta, cuando se superaban los 15 días hábiles. […] Si bien en la providencia de unificación se indicó que quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, también lo es que se sostuvo que, en relación con los lapsos de interrupción, al juez le correspondería verificar si existió o no la citada paralización contractual. En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sala Mayoritaria, adoptó la tesis según la cual, para el caso de los docentes, no era posible entender que exista una ruptura de su vinculación, sin antes determinar que el periodo vacacional obligatorio de esta clase de servidores afectaba la contabilización del término de 15 días como requisito para la configuración del fenómeno de la solución de continuidad, argumento que lo llevó a declarar no probada la excepción de prescripción en el caso concreto.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de la relación laboral y el consecuente pago de los salarios y prestaciones dejadas de pagar, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ2-5-16 de 25 de agosto de 2016.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 41001 23 31 000 2010 00130 de 2023

¿SE PROBÓ QUE EXISTIÓ OMISIÓN DE PROTECCIÓN POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL DETERMINANTE EN EL SECUESTRO DE LA DEMANDANTE?

No, Exigir como lo señala la sentencia de primera instancia un deber de custodia general, sin considerar las circunstancias relativas al caso concreto en el que ocurrió el daño, sería estructurar una responsabilidad sobre la base de una obligación de seguridad general, permanente y absoluta que es imposible reclamar o esperar de las autoridades públicas. Conforme con lo dispuesto en el artículo 90 de la CP, el daño es imputable al Estado cuando se acredite que fue causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el caso de la imputación por daño al Estado por omisión, la atribución del daño al Estado no es material o física sino normativa o jurídica y parte de constatar la existencia de un deber jurídico que es el deber de protección, que no es un deber general y absoluto. Por esta razón, si en el caso concreto no se demuestra su incumplimiento, porque es evidente que para cumplirlo era necesario tener conocimiento previo y puntual del riesgo que iba a asumir la congresista al realizar el viaje, no puede declararse la responsabilidad en los términos del citado precepto.