27 febrero, 2024

26 de Febrero del 24

Corte Constitucional

 

Sentencia C 315 de 2023

CORTE ACLARA QUE SOCIEDADES FAMILIARES SE PUEDEN CONFORMAR POR COMPAÑEROS PERMANENTES DE PAREJAS DEL MISMO O DISTINTO SEXO

La acción pública de inconstitucionalidad analizada en esta sentencia solicitaba la declaratoria de constitucionalidad condicionada de la expresión ‘cónyuges’, contenida en el artículo 102 del Código de Comercio. Para los demandantes, el vocablo ‘cónyuges’ entendido en su literalidad, excluía a parejas de compañeros permanentes, así como a familias del mismo sexo unidas por un vínculo solemne o natural. Lo anterior, de acuerdo con los accionantes, suponía una vulneración del mandato de igualdad previsto en el artículo 13 Superior, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus disposiciones referentes al derecho a la igualdad y a la no discriminación (aplicables vía el bloque de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 93 del Texto Superior). Esto pues, en la actualidad, se reconoce la existencia de familias conformadas, no por un vínculo estrictamente solemne (como es el matrimonio), sino por la simple voluntad de quienes las constituyen, como es el caso de las uniones maritales de hecho. Aunado a lo anterior, también hay familias compuestas por parejas del mismo sexo a partir de un vínculo solemne o de compañeros permanentes, que gozan de igual protección constitucional. De manera preliminar, la Corte precisó su competencia para adelantar el control abstracto de constitucionalidad de las normas preconstitucionales con base en la jurisprudencia reiterada en la materia, y concluyó que la disposición demandada en esta oportunidad no había sido derogada y continuaba generando efectos jurídicos.      

 

Sentencia T 587 de 2023

RECUERDAN EPS NO PUEDEN DESESTIMAR SIN JUSTIFICACIÓN CONCEPTOS DE LOS MÉDICOS NO ADSCRITOS A SU RED DE SERVICIOS.

La Sala revisó las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso promovido por María, actuando como agente oficiosa de su hija Camila, en contra del Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Bogotá. Estas sentencias negaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y la igualdad de la agenciada, al constatar que la providencia del 10 de marzo de 2023 mediante la cual la autoridad judicial accionada declaró no próspero un incidente de desacato promovido por la agente oficiosa en contra de la EPS Sura se basó en un análisis fáctico, probatorio y jurídico razonable.        La Sala examinó si, como lo concluyeron los jueces de tutela de instancia, era procedente negar la solicitud de tutela o, por el contrario, era viable concederla. Con ese fin, analizó (i) si dicha solicitud satisfizo los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) si en la providencia judicial cuestionada se configuró un desconocimiento del precedente constitucional o un defecto fáctico, de conformidad con las razones expuestas por la agente oficiosa.        Tras encontrar acreditados los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales que deciden incidentes de desacato, la Sala constató que la providencia judicial cuestionada no desconoció el precedente constitucional relacionado con (i) la prohibición de interrumpir o suspender sin justificación la prestación de servicios y tratamientos de salud y (ii) la vinculatoriedad de las órdenes prescritas por los médicos externos a las EPS. Sin embargo, constató que la autoridad judicial accionada incurrió en un error de apreciación en la valoración de las pruebas allegadas al trámite incidental, que tuvo una incidencia directa en su decisión de declarar no próspero el incidente de desacato, razón por la cual se configuró el defecto fáctico. En consecuencia, decidió revocar las sentencias objeto de revisión y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales de la agenciada.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 96981 de 2023

CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO REALIDAD > ELEMENTOS ESENCIALES > SUBORDINACIÓN

La vigilancia, el control y la supervisión no son indicativos inequívocos de subordinación y dependencia. La existencia de un horario de trabajo es un elemento indicativo de la presencia de una relación laboral, pero no necesariamente la determina, también puede darse en relaciones jurídicas independientes

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – El contrato de prestación de servicios, se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida, lo que lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades; no obstante, no está vedado a una coordinación en la que se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 000505 de 2023

COMPETENCIA DESLEAL – ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD NO AUTORIZADA. PRESUPUESTOS PARA CALIFICAR UN ACTO COMO GENERADOR DE COMPETENCIA DESLEAL.

Legitimación en la causa por activa y por pasiva. Aplicación artículos 21 y 22 de la Ley 256 de 1996. Acreditación y configuración de actos de competencia desleal: 1) Desviación de la clientela, 2) Actos de confusión, 3) actos de engaño, 4) actos de descrédito, 5) explotación de la reputación ajena, y 6) inducción al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

 

Expediente 00455 de 2023

COSTAS

× A su proponente, según lo previsto en el inciso final del artículo 349 del Código General del Proceso, y el señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 365 numeral 1º ibídem.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 63791 de 2023

EL FISCAL NO TIENE PERMITIDO, OCULTAR INFORMACIÓN A LA DEFENSA, BAJO NINGUN MOTIVO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS PRUEBAS QUE DECIDA SOLICITAR

Es claro que las partes, en el sistema penal acusatorio, no pueden aducir como prueba elementos materiales probatorios y evidencia física que no hayan sido revelados a la contraparte. Esto evita sorpresas durante la audiencia de juzgamiento y asegura que aquellos cuenten con la posibilidad de elaborar estrategias en función de la labor encomendada buscando la satisfacción de sus pretensiones. Se trata de una imposibilidad en la que difícilmente tendría que encontrarse la Fiscalía. El artículo 250 de la Constitución Política le impone «suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado». Esto implica que el fiscal no tiene permitido, en ninguna circunstancia, ocultar información a la defensa, por insignificante que le parezca y con independencia de las pruebas que decida solicitar. Por el contrario, debe facilitar el acceso real a las evidencias, elementos y medios probatorios o, en caso de que sea pertinente, dejárselos a su disposición.

 

Expediente 134289 de 2023

AUNQUE EL ACCIONANTE HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADELANTADO EN SU CONTRA DESDE EL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES, NO EXIME AL DESPACHO CONVOCADO DE REALIZAR LAS CITACIONES DE LA MANERA CORRECTA

Sin embargo, de una revisión del expediente tutelar, esta Sala encuentra que no se logra acreditar que tales comunicaciones se hubieran realizado de forma efectiva al número telefónico aportado por el procesado, de la misma manera, no se logra evidenciar que el juzgado realizara las citaciones al accionante por ninguno de los medios dispuestos por el ordenamiento jurídico para tal fin. El derecho de defensa, sin embargo, sí exige, por su naturaleza, una suerte de voluntad para su ejercicio, en el sentido de que, si la persona ha sido debidamente informada del estado actual de las diligencias y, no obstante, libremente decide no acudir por sí misma a la defensa de sus intereses, no hay afectación a la garantía fundamental consagrada en el artículo 29 de la Constitución. En suma, la Corte encuentra que el ejercicio de la garantía al debido proceso se debe respetar independientemente de la voluntad de la persona procesada, con la finalidad de materializar el principio de publicidad de los actos procesales y de permitir el ejercicio del derecho a la defensa, que puede ser activamente ejercido, o no, de conformidad con el deseo de la parte afectada por el trámite judicial. Lo importante es que, mediante las correctas citaciones, se le brinde al acusado la oportunidad de ejercer el derecho de defensa material.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 54001 23 33 000 2017 00245 01 de 2023

NO AFECTA LA LEGALIDAD DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES LA DECISIÓN DEL JUEZ DE FAMILIA DE NO RECONOCER LA EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO.

Se observa que para acceder a la pensión de sobrevivientes, para los casos del compañero permanente, la Ley 100 de 1993 exige: i) Si a la fecha de fallecimiento del causante, el cónyuge o compañero o compañera permanente tiene más de 30 años de edad, la pensión se le concederá en forma vitalicia. Si es menor de esa edad y no procrearon hijos con el causante, será temporal la pensión, es decir, se le concede por 20 años y de esa pensión se descuenta la cotización para su propia pensión; y, ii) En caso de muerte del pensionado, se requiere que el cónyuge o compañera o compañero permanente, acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y que haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte. Por otro lado, con el objeto de demostrar la convivencia marital, se advierte que, por regla general, la prueba idónea es una declaración jurada extra proceso del requirente y una de un tercero, donde conste la convivencia y su término de duración, conforme así lo ha dispuesto la Corte Constitucional mediante sentencia T-921 de 2010. Sin embargo, la ley no establece los requisitos ni los restringe, y según lo dicho por la Corte Constitucional, de acuerdo con una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, se permite cierta libertad probatoria para demostrar la convivencia, siempre que se verifique la idoneidad en cada caso concreto.La compañera o compañero permanente supérstite interesado en la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, en forma vitalicia, deberá acreditar que a la fecha del fallecimiento del causante tenía treinta (30) o más años de edad, e hizo vida marital hasta su muerte, cuya convivencia no podrá ser inferior a cinco (5) años continuos anteriores al deceso.(…)La Sala dirá en primer lugar, que ha de tenerse presente que la Administración de Justicia es función pública y que sus decisiones son independientes, al tiempo que los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en los términos de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 54001 23 31 000 2009 00278 de 2023

¿LA AUSENCIA DE ACTIVIDAD PROBATORIA POR PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL, EN EVENTOS DE DAÑOS CAUSADOS POR SUS AGENTES EN PRESUNTAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PUEDEN CONFIGURAR UN INDICIO GRAVE EN CONTRA?

Si, [P]ara declarar la responsabilidad del Estado en casos de ejecuciones extrajudiciales no es necesaria la existencia de sentencia penal en la que se haya condenado a los integrantes del Ejército. Lo que ha señalado esta Subsección es que en los casos en que exista condena contra los militares, ella es prueba de la causalidad, por haber hecho tránsito a cosa juzgada. Y también se ha indicado que en estos casos, en la medida en que es el ejército el que cuenta con la posibilidad de mostrar como ocurrieron los hechos, es a dicha entidad a la que le corresponde desplegar una actividad probatoria que evidencie las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la víctima. No aportar informes de lo sucedido, acta de levantamiento de cadáver o cualquier otro medio de prueba que permita evidenciar que en efecto la muerte ocurrió en un enfrentamiento es un indicio grave de que se trató de una ejecución sin ningún tipo de justificación.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de la sentencia penal en lo Contencioso Administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2021, rad. 41779, C. P. Alberto Montaña Plata.

 

Expediente 05001 23 31 000 2007 03118 de 2023

 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ¿ESTÁ DEMOSTRADA QUE LA CAUSA DEL DAÑO, ES DECIR, EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO, FUE POR LAS OMISIONES ATRIBUIDAS A LAS ENTIDADES DEMANDADAS?

[L]os demandantes pretenden la indemnización de perjuicios causados por un accidente de tránsito que ocurrió cuando un camión colisionó en contra de varios vehículos que estaban detenidos por deslizamiento de rocas en la vía. (…) La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero porque no encontró acreditado que la causa del accidente de tránsito fueron las omisiones atribuidas a las demandadas, que tampoco se probaron. (…) La Sala encuentra probados los daños alegados, consistentes en la muerte de Emiro Antonio Caro Araque10 y las lesiones sufridas por Cipriano Olaya Vásquez, Óscar Alberto Montoya Toro, Lina María Holguín Yepes, Luis Alfonso Bedoya Muñoz, Jovani Elías Mejía Cortés, José Humberto Patiño Ramírez, Rigoberto de Jesús Álvarez Flórez y William Heredia Serna, acreditadas a través de las historias clínicas y las certificaciones de la junta médica de calificación en las que consta que los demandantes padecieron lesiones y perdieron distintos porcentajes de capacidad laboral11, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 16 de agosto de 2007. 23. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la causa del accidente de tránsito, pues no se acreditó que fue ocasionado por alguna omisión de las demandadas. Para la Sala, solo de la presencia de obstáculos en la vía no es posible concluir que las omisiones alegadas influyeron de forma determinante en el siniestro, sobre todo, si se tiene en cuenta que existen versiones contradictorias en las pruebas que impiden determinar con certeza si la causa de la avería en los frenos fue, por ejemplo, la presencia de las rocas, pues varias pruebas indican que el vehículo tuvo fallas en el sistema de frenado con anterioridad a la zona del derrumbe, (…) Es cierto que algunos testigos hicieron alusión a la existencia de varias rocas en la vía y, particularmente, sobre el derrumbe que hizo que los carros se detuvieran los declarantes advirtieron que algunas rocas ya se encontraban desde horas de la mañana21. Sin embargo, se demostró que en el momento en que ocurrió el accidente todavía se presentaba caída de material, lo que pudo influir causalmente en la producción del daño. Además, la empresa encargada del mantenimiento hizo la revisión de costumbre sin encontrar nada inusual y en ningún momento se reportó la caída de las rocas, por lo que, no podría exigirse a las demandadas que en ese momento tuvieran delimitada y señalizada la zona del derrumbe. Así las cosas, la Sala confirmará la Sentencia que negó las pretensiones de la demanda, porque no se encontró acreditado que la causa del accidente de tránsito fueron las omisiones atribuidas a las entidades, pues aunque de las pruebas no resulta posible afirmar con certeza que la única causa determinante del accidente de tránsito fue la avería del sistema de frenos, comoquiera que causalmente también intervino la presencia de las rocas en la vía -como lo afirmó la segunda causa del informe técnico-; en todo caso, no se demostró que la existencia del derrumbe o su falta de señalización fuera atribuible a una omisión de las demandas.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

 

Expediente 25000 23 37 000 2013 00451 de 2023

RECUERDAN QUE REVISIÓN NO ES EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA CORRECCIÓN DE SANCIONES TRIBUTARIAS INDEBIDAMENTE LIQUIDADAS

El tribunal consideró que el acto demandado transgredió el parágrafo 2.° del artículo 643 del ET al aceptar la reducción de la multa por no declarar que autoliquidó la demandada, pues esta no tuvo en consideración que el límite de esa reducción era el monto de la sanción por extemporaneidad que habría tenido a su cargo la infractora. Pero se abstuvo de anular el acto porque juzgó que la actora había perdido la competencia para modificar la declaración presentada en la cual su contraparte autoliquidó la multa por no declarar reducida, pues no se le notificó un requerimiento especial en el término previsto en el artículo 714 del ET. A la decisión se opuso la apelante única argumentando que, como se determinó que el acto demandado infringió la disposición normativa en la que debía fundarse, procedía declarar su nulidad. Agregó que la pretensión de exigir la sanción por no declarar plena se basa en que su contraparte incumplió los requisitos previstos en el artículo 643 del ET para acceder al beneficio de reducción de la sanción, que no en las potestades de gestión que le permiten modificar el contenido de la autoliquidación del tributario. Por ende, sostiene que el término de revisión de la declaración no incide en el caso, porque el procedimiento sancionador es autónomo e independiente del de determinación. En línea con esos planteamientos, verifica la Sala que las partes concuerdan en que la sociedad demandada erró al autoliquidar la sanción por no declarar el impuesto sobre la renta de año 2004, porque al momento de allanarse a las actuaciones de la autoridad, redujo al 10% la multa que le fue impuesta (i.e. a $19.821.000), sin tener en cuenta que esa reducción no podía dar como resultado un monto inferior a la sanción por extemporaneidad aplicable respecto de la declaración, que sería de $31.496.000 (índice 78).