28 febrero, 2024

27 de Febrero del 24

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 494 de 2023

EMITEN SENTENCIA SOBRE PROTECCION DE DERECHOS A LA SALUD Y AL DIAGNÓSTICO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

La Sala Cuarta de Revisión estudió dos casos acumulados sobre la presunta vulneración de los derechos a la salud y al diagnóstico de personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de “El Barne”, ubicado en Cómbita, Boyacá y en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Acacías, Meta, toda vez que a los privados de la libertad no les suministraban los medicamentos para sus enfermedades crónicas, no se practicaban los procedimientos médicos o quirúrgicos ordenados, o la atención por medicina general se limitaba a la entrega de medicamentos para el dolor.         Le correspondió a la Sala determinar si las acciones de tutela de los expedientes T-9.082.143 y T-9.322.459, cumplían con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Para lo cual, se realizó un análisis sobre la figura procesal de la agencia oficiosa y su desarrollo jurisprudencial respecto de los casos de las personas privadas de la libertad. Posterior a esto y a la exposición de los antecedentes procesales de cada expediente, se verificó el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad.     Declarada la procedibilidad de las acciones, se definió que los problemas jurídicos a abordar consistirían en definir si: a)     ¿Vulneraron las entidades accionadas el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad por la no entrega de medicamentos, la falta de realización de cirugías o por la negativa a proceder con un diagnóstico acorde a la sintomatología presentada? b)    Transcurridos 10 años desde la declaratoria del estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario en la Sentencia T-388 de 2013 ¿persisten barreras para la garantía del derecho a la salud de la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión del orden nacional? Para la solución de los problemas jurídicos, se expusieron las siguientes temáticas: (i) el derecho a la salud de la población privada de la libertad y las entidades responsables de garantizarlo, (ii) la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, el estado de cosas inconstitucional en materia de salud, y las fallas en la garantía del derecho a la salud de los privados de la libertad, y finalmente (iii) los casos concretos.

 

Sentencia T 569 de 2023

ALCANCE DEL DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA PENSIONAL

En el trámite de reconocimiento de la pensión solicitada por la accionante frente a Protección S.A., esta entidad dio respuesta a la solicitud de petición afirmando que hasta que no se resuelva el pleito pendiente en la justicia ordinaria, respecto si la accionante tiene o no derecho a la pensión de invalidez, no podrá resolver la solicitud pensional por vejez –a pesar de que se constata que la accionante cumple con los requisitos de la pensión mínima de vejez–. Asimismo, señaló la entidad accionada que existe una incompatibilidad entre el reconocimiento de la pensión de vejez y la pensión de invalidez, ya que existe una clara prohibición legal para el reconocimiento de una doble pensión a una misma persona. Tras analizar la ausencia de temeridad en el presente caso, la Sala declaró procedente la presente acción de tutela respecto de los derechos de petición y  debido proceso y, en consecuencia, señaló que le correspondía decidir si la entidad accionada vulneró dichos derechos, al abstenerse de dar respuesta de fondo frente al reconocimiento de la pensión de vejez aduciendo la figura del pleito pendiente, y supeditando un eventual reconocimiento pensional a la finalización del proceso ordinario laboral, a través del cual la demandante pretendía el reconocimiento de una pensión de invalidez.          La Sala analizó el contenido y alcance del derecho de petición en materia pensional, así como del debido proceso frente a la exigencia de requisitos extralegales para el reconocimiento y pago de prestaciones de la seguridad social, para concluir que se vulneraron ambos derechos de la accionante, por cuanto (i) la respuesta dada por Protección S.A. no fue de fondo ni consecuente con los requisitos legales previstos para el reconocimiento de la prestación pensional requerida; y (ii) desconoció el derecho al debido proceso, al exigir el cumplimiento de requisitos no previstos en la ley, utilizando dicha razón equivocada para abstenerse de resolver de fondo la solicitud formulado por la accionante. Enfatizó la Sala que la garantía fundamental del derecho de petición en materia pensional no se agota con respuestas estrictamente formales, evasivas o dilatorias, pues esta exige de la entidad un pronunciamiento consecuente, es decir, afirmativo o negativo respecto del ámbito de aplicación de la norma que regula la prestación solicitada, es decir, la respuesta dada debe estar de acuerdo con el derecho sustancial del titular.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 97842 de 2024

PENSIONES > AFILIACIÓN > TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL > INEFICACIA

El examen del acto del cambio de régimen pensional, por incumplimiento del deber de información, debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales -la ineficacia no procede en la afiliación inicial al sistema.  INEFICACIA > EFECTOS – Cuando se trata de afiliación inicial al sistema general de pensiones, no resulta razonable declarar la ineficacia del traslado y disponer que las cosas retornen a su estado natural, como si el acto jurídico no se hubiese efectuado, pues esto implicaría que el afiliado pierda dicha calidad, no cuente con ninguna vinculación al sistema y pueda afiliarse nuevamente, sin la posibilidad de que las cotizaciones efectuadas previo a dicha declaratoria se remitan al otro regimen.

 TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL > REQUISITOS – La afiliación y selección del régimen deben estar rodeadas de ciertas formalidades con vocación de permanencia y deben provenir de la elección libre, voluntaria y sin presiones del afiliado

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00470 de 2023

DERECHOS FUNDAMENTALES / EMERGE, CUANDO ANALIZADO EL CONTENIDO MATERIAL DE LAS PRUEBAS

En contraste con las conclusiones a las que se arribó el juzgador por efecto de su valoración, salte de bulto la disconformidad. Para su demostración no es suficiente realizar afirmaciones o negaciones amplias, generales o panorámicas relacionadas con el tema probatorio.

 

Expediente 00395 de 2023

GARANTÍA LEGAL – OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA CALIDAD, IDONEIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS.

Genera deberes al productor. Termino dispuestos por la ley. Sobre bienes inmuebles y de propiedad horizontal.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 64464 de 2024

LA INASISTENCIA DEL IMPUTADO NO PRIVADO DE LIBERTAD NO ES MOTIVO PARA APLAZAR AUDIENCIAS

Para realizar algunas precisiones sobre las inquietudes del demandante, debe precisarse que según el artículo 130 de la Ley 906 de 2004, el acusado tiene las atribuciones asignadas a su defensor que resultan compatibles con su condición, pero en caso de incompatibilidad prevalecen las de la defensa técnica. En este caso, además de pasar por alto esta lectura, el demandante ni siquiera esboza qué sería aquello tan importante que tendría la acusada que decir que no pudiera la defensa hacerlo. De otra parte, no aplazar la diligencia de ninguna manera niega el derecho del acusado a ser oído. El defensor no puede instrumentalizar los derechos y abusar de ellos para plantear discusiones sin sentido; esa no es su función ni el objeto de la casación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 63453 de 2023

CONDENAN EXTRAPATRIMONIAL A PARTICULAR QUE PARTICIPÓ EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

La sala comparte la decisión de revocar la sentencia de primera instancia y condenar a la sociedad Sam Servicios Ambientales Ltda. (propietaria del vehículo) y al conductor del mismo, con fundamento en el régimen objetivo aplicable a la actividad de conducción de vehículos. Sin embargo, se aclara que para precisar los siguientes aspectos: 1.- En los eventos de actividades peligrosas existe una presunción de causalidad o una presunción de responsabilidad, en virtud de la cual al demandante le basta acreditar que el daño ocurrió por la acción del agente estatal, en desarrollo de una actividad peligrosa. Por su parte, el demandado, para exonerarse, debe demostrar que no causó el daño que se le imputa, bien porque fue causado por alguien más (hecho de un tercero), por un evento de la naturaleza (fuerza mayor) o por la propia víctima (culpa exclusiva de la víctima). Por lo anterior, en este caso es aplicable el régimen objetivo, debido a la naturaleza del hecho: la muerte de un menor en el desarrollo de una actividad peligrosa como la conducción de un vehículo. Su aplicación no deviene del principio iura novit curia como se estableció en la providencia objeto de esta aclaración de voto. 2.- En este caso, se trata de una responsabilidad indirecta por cuanto es la propietaria del vehículo quien responde por el conductor, quien es una persona distinta y por eso la condena es solidaria.

 

Expediente 15001 23 31 000 2011 00491 de 2023

¿EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN APLICABLE EN CASOS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DEBE DEFINIRSE POR EL JUEZ PREVIO ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO?

La Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 2018, a través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada. A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos; sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela, por lo que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo, este último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, en la que se sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, ver: sentencia de la Corte Constitucional, C-037 del 5 de febrero de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M. P José Fernando Reyes Cuartas.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 76001 23 33 000 2016 00667  de 2023

RECUERDAN QUE EN MATERIA TRIBUTARIA, OPERACIONES QUE EJECUTAN LOS MANDATARIOS, SALVO NORMA EN CONTRARIO, SE TRASLADAN A LOS MANDANTES

En relación con la aplicación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, señala el apelante que la Administración de Cali debió aplicar la posición adoptada por el Distrito de Bogotá, en donde se determinó que la operación efectuada no puede estar gravada con ICA. Al respecto, la Sala ha señalado que la confianza legítima es un principio o valor que se encuentra íntimamente ligado con la buena fe y su aplicación propende por la protección de las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas de carácter particular y concreto. Dichas expectativas deben fundarse en hechos o circunstancias objetivas, capaces de propiciar el surgimiento de la confianza, por lo que no toda probabilidad puede ser protegida mediante este precepto, pues es necesario que se trate de una proyección seria, que tenga la fuerza de llevar al administrado a la convicción de que su situación jurídica es una y no cualquiera otra, en particular, que, bajo ciertas condiciones, se hará acreedor de un derecho o mantendrá uno ya adquirido. Ahora bien, la actora solicita la aplicación de la posición jurídica aplicada por un ente territorial diferente al Distrito de Santiago de Cali, motivo por el cual no se trata de un derecho ya adquirido o que radicaba en su cabeza una expectativa razonable, respecto a la posición que podría tomar la autoridad tributaria aquí demandada. De manera que la actuación de la demandada no vulneró sus derechos.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el particular se pueden consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 17 de junio de 2021, exp.24575, C.P. Milton Chaves García y del 16 de febrero de 2023, exp.26918, C.P: Myriam Stella Gutiérrez Argüello