28 noviembre, 2023

27 de Noviembre del 23

Corte Constitucional

 

Sentencia T 339 de 2023

CON EL FIN DE GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DE UNA NIÑA, CORTE SUSPENDE RÉGIMEN DE VISITAS VIRTUALES ENTRE PADRE E HIJA POR POSIBLE CASO DE ABUSO SEXUAL.

La Corte remitirá el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que proceda con lo pertinente en dos noticias criminales que cursaron contra el padre de la niña. La Sala Tercera de Revisión revocó una decisión judicial que cerró el proceso de restablecimiento de derechos en favor de la niña Cristina y mantuvo las visitas virtuales entre ella y su padrea pesar de que había denunciado tocamientos indebidos en su contra por parte de este. Para la Corporación, la autoridad judicial omitió valorar pruebas que permitían determinar si las visitas virtuales afectaban la salud de la menor. Además, le reprochó al juzgado no haber realizado ninguna actividad de verificación respecto de la afirmación que, al parecer, hizo la menor sobre su no deseo de realizar visitas virtuales con su papá.    Ambas situaciones eran determinantes en el proceso de restablecimiento de derechos para definir si la menor estaba o no en riesgo y si realmente deseaba continuar con las visitas. La Sala, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, advirtió que el juzgado tenía el deber de verificar la ausencia de riesgos para los derechos de la niña y, en especial, de garantizar que su opinión fuera expresada de manera libre. Para la Sala, el juzgado no tuvo en cuenta la jurisprudencia respecto al interés superior del menor, en particular frente a las visitas de padres a sus hijos menores de edad que han señalado ser víctimas de violencia sexual.  La Corte recordó que el derecho de los niños y niñas a tener una familia y a no ser separados de ella implica garantizar las relaciones entre los menores de edad y sus padres, salvo que se presenten circunstancias que no permiten la garantía de sus derechos.

 

Sentencia T 400 de 2023

 RECUERDAN QUE COMITÉS DE ALIMENTACIÓN PUEDEN INCLUIR EN LOS PAE A ESTUDIANTES QUE INICIALMENTE NO QUEDARON CUBIERTOS

En esta oportunidad la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional revisó el caso de una adolescente con necesidades alimenticias insatisfechas que en el 2022 estudió en un colegio oficial de Valladolid bajo la metodología flexible por extraedad. Ella solicitó, a través de la acción de tutela, ser incluida en el PAE porque las autoridades educativas le negaron el acceso a ese programa bajo el argumento de que la metodología flexible por extraedad en la que estudiaba no estaba focalizada en la Resolución 335 del 2021 expedida por el Ministerio de Educación. Actualmente, la estudiante estudia en un colegio privado de Praga, Táchira porque su institución en Valladolid no cuenta con el nivel de formación que ella requería para continuar sus estudios. En el trámite de revisión, la Corte recopiló información sobre los mecanismos de actualización del PAE y programas de alimentación escolar alternativos. Allí se identificó que en el Distrito de Valladolid las alternativas al programa nacional están dirigidos a los niños y niñas, pero no a los adolescentes. Por su parte, también se estableció que el Ministerio de Educación no permite que los comités de alimentación, mecanismo de actualización del PAE, incluyan a los y las jóvenes en extraedad en ese programa. El argumento del Ministerio para negar esa posibilidad es que los lineamientos técnicos del PAE excluyeron a los estudiantes en extraedad porque ese complemento alimenticio debe entregarse presencialmente en las sedes educativas.  Para resolver el caso la Corte recapituló las reglas de protección de los derechos a la educación, alimentación e igualdad, que fueron los que la accionante consideró vulnerados. En el desarrollo de esas reglas constitucionales la Corte explicó cuál es la situación de los adolescentes en el sistema educativo y sus retos específicos relacionados con deserción, rendimiento académico, trabajo infantil y embarazo adolescente. Del mismo modo, la Corte presentó un panorama sobre la situación de hambre en el país y la manera como esta problemática creció en los últimos años y la manera en que afecta a niños, niñas y adolescentes. En este punto también se resaltó el rol central y efectivo que juegan los programas de alimentación en el bienestar de los menores de edad.

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 95550 de 2023
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES CONVENCIONAL, SUSTITUCIÓN PENSIONAL > NATURALEZA

La pensión de sobrevivientes convencional susceptible de transmisión configura un derecho derivado con el mismo carácter transmisible que las pensiones legales, salvo que se pacte lo contrario,– La pensión de jubilación convencional no se ve afectada por las normas que regulan el riesgo de muerte cubierto por el régimen de seguridad social.El carácter de transmisible de las pensiones sin perjuicio de su origen y de que su naturaleza sea sancionatoria o prestacional, no constituye un derecho originario sino derivado y es un elemento arraigado al derecho principal.  > ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 – La pérdida de vigencia de las reglas de carácter pensional contenidas en convenciones, pactos, laudos y acuerdos, no comporta la pérdida de los derechos válidamente adquiridos mientras esas reglas estuvieron en vigor

 

Expediente 95614 de 2023

INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL > PROCEDENCIA

La indexación de la primera mesada es viable cuando ha transcurrido un tiempo considerable entre la fecha de terminación de la relación laboral y el disfrute de la pensión, que desmejora el ingreso base de liquidación -es procedente la indexación del ingreso base de liquidación, como quiera que trascurrieron más de 9 años entre el retiro del servicio y el disfrute de la pensión-. – Es viable la indexación de la primera mesada en todas las pensiones, legales o extralegales, sin consideración a la fecha de reconocimiento, esto es, antes o después de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.> PRESCRIPCIÓN > INTERRUPCIÓN POR RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA – El agotamiento de la vía gubernativa interrumpe el término de la prescripción por una sola vez y éste empieza a correr nuevamente por tres años contados a partir de que se da respuesta a la reclamación -la prescripción se interrumpió el 14 de julio de 2003, por lo que tenía hasta el 14 de julio de 2006, para promover la demanda ordinaria, lo no sucedió por solicitar nuevamente la actualización de la mesada el 27 de octubre de 2016, motivo por el cual están prescritas las diferencias causadas antes del 26 de octubre de 2013, según los términos de los artículos 488 y 151-

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00364 de 2023

ERROR DE DERECHO – FALLA DEL JUZGADOR AL NO GARANTIZAR LA CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL DECRETADA DE OFICIO.

Trascedente debido a que incidió de manera determinante en el sentido del fallo.

 

Expediente 00364 de 2023

PRUEBA PERICIAL –  REQUISITOS. FUNDAMENTOS DE EXPERTICIA, IMPARCIALIDAD E IDONEIDAD.

Etapas de aducción, contradicción y valoración. El auxiliar de la justicia experto ayuda a la comprensión del juzgador sobre un tema específico. Contradicción de la prueba técnica y oportunidad para hacerlo. Dictamen pericial decretado de oficio. Valoración.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 57042 de 2023

PREVARICATO POR ACCIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.

En la procedencia excepcional de la acción de tutela, no basta con la afirmación de que el medio de defensa no es idóneo o eficaz, que se evita un perjuicio irremediable o que se trata de un sujeto de especial protección, esto debe acreditarse.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

 

 Expediente 41001 23 33 000 2022 00033 de 2023

ACLARAN SI Procede la desinvestidura de un concejal que no tomó posesión del cargo debido a que estaba privado de la libertad

Los requisitos que deben estar reunidos para la configuración del elemento objetivo de la causal invocada, son: (i) Que el acusado haya sido elegido concejal. (ii) Que no se posesione en el cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la instalación del concejo o a la fecha en que sean llamados a posesionarse. Examinados en el caso concreto, se observa: – La acusada fue elegida como concejal: Está acreditado en el proceso que la señora Bertilda Ramírez Valderrama fue elegida concejal del municipio de El Agrado, Huila, por el partido Conservador, para el período constitucional 2020-2023. – Que no se haya posesionado en el cargo dentro del término señalado en la ley: Como se precisó en líneas precedentes, el concejal elegido tiene el deber de tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de la instalación del concejo, o la fecha en que fueren llamados a posesionarse. […] En este evento, las partes coinciden en que la señora Ramírez Valderrama no tomó posesión del cargo de concejal del municipio de El Agrado, Huila, para el período 2020-2023 en la fecha que se instaló el concejo en enero del año 2020 por encontrarse privada de la libertad. […] El parágrafo primero del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 establece un eximente de responsabilidad para la causal que aquí se endilga, consistente en que no se configura cuando medie fuerza mayor; […] La fuerza mayor se trata entonces de un eximente de responsabilidad que busca romper el nexo para la estructuración de la causal; en consecuencia, la Sala pasa a determinar si en este evento la conducta de la acusada está justificada en fuerza mayor

 

Expediente 11001 03 24 000 2013 00673 de 2023

RECUERDAN QUE SIGNOS CON EXPRESIONES DE FANTASÍA NO PUEDEN COTEJARSE DESDE EL PUNTO DE VISTA IDEOLÓGICO O CONCEPTUAL

L]a Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la demandante relacionados con que las expresiones “GANO” y “EXCEL”, a su juicio, resultan débiles y su fuerza distintiva se encuentra diluida y, en consecuencia, no deben ser tenidas en cuenta dentro del presente análisis, toda vez que las mismas pueden ser tomadas como un elemento secundario y/o explicativo. Al respecto, la Sala observa que de conformidad con el formulario único de registros de signos distintivos11 , el signo cuestionado se solicitó ante la SIC como “GE GANO EXCEL”, sin que se adujera que las expresiones “GANO” y “EXCEL” fueran explicativas, por lo cual las mismas deben tenerse como parte integral del mismo. Por consiguiente, no le asiste razón a la sociedad actora al alegar que debe excluirse del cotejo marcario las expresiones “GANO” y “EXCEL”, habida cuenta que no son expresiones explicativas. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 76001 23 33 000 2013 00839 de 2023

¿LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEBE RESPONDER POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DEL AFECTADO PRINCIPAL YA FUE LA QUE EMITIÓ LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y A QUE EL PROCESO PENAL TERMINÓ CON SENTENCIA ABSOLUTORIA EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO?

De cara al recurso de apelación propuesto por la parte Fiscalía General de la Nación, el debate jurídico se contrae a verificar, por un lado, el régimen de responsabilidad aplicable a esta controversia. (…) esta Subsección parte por considerar, en primer lugar, que las razones de la recurrente Fiscalía General de la Nación están dirigidas a sostener que la sentencia de primera instancia prefirió un régimen objetivo para determinar la responsabilidad de la entidad demandada, a pesar de que debía aplicarse el régimen de falla del servicio. En segundo lugar, se afirma que en el sub lite no se configuró un evento de privación injusta de la libertad, pues la medida de aseguramiento se ajustó a las exigencias previstas en los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000. (…) Para dilucidar esas cuestiones, resulta pertinente referirse brevemente al régimen aplicable en una controversia en la que se alega una privación injusta de la libertad. (…) La Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 2018, a través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo –a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996– estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada. (…) A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos; sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela, por lo que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo, que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, que consideró que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, según esa Corporación, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 54001 23 33 000 2020 00053 de 2023

¿OPERÓ LA CADUCIDAD DE LA POTESTAD PARA DETERMINAR UN MAYOR TRIBUTO A CARGO Y PARA SANCIONAR A LA CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE NOTIFICARSE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL NRO. RDO-2018-04729, DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018?

[A]legó la apelante que su contraparte violó el debido proceso porque profirió y notificó la Liquidación Oficial nro. RDO-2018-04729, del 17 de diciembre de 2018, luego de que caducara su potestad para emitir este acto y para sancionarla. Argumentó que la actuación adelantada por la demandada recayó sobre los aportes a la seguridad social que debía realizar la actora por las mensualidades del año 2013 por lo que, acorde con el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, la Administración contaba con un término de cinco años para notificar la liquidación, contados desde la presentación de las autoliquidaciones de aportes, así que a manera de ejemplo, indicó que la declaración correspondiente al mes de noviembre fue presentada el 15 de diciembre de 2013, de manera que hasta el 15 de diciembre de 2018 pudo notificarse la liquidación oficial; sin embargo, esta fue notificada el 03 de enero de 2019 por fuera de la oportunidad, así que los actos son nulos al tenor del ordinal 3.° del artículo 730 del ET. Adujo la apelante que, eventualmente, operó la caducidad de las autoliquidaciones de aportes, respecto de las cuales transcurrieron cinco años, respecto del 18 de mayo de 2018, fecha de notificación del requerimiento para declarar y/o corregir, pues a esa fecha pasaron más de cinco años desde la presentación de las declaraciones de los períodos anteriores al momento de notificación de tal acto. De igual forma, planteó que, considerando el mismo término de cinco años desde la presentación de las autoliquidaciones, habría operado la caducidad de la sanción impuesta en el acto liquidatorio; sin embargo, al mismo tiempo cuestionó que aplicara ese término, pues dijo que al no existir norma especial a esos efectos, se hacía necesario acudir a los artículos 47 y 52 del CPACA, acorde con los cuales, la caducidad de la potestad sancionatoria, se cumple al cabo de los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión; de modo que no había duda de que la liquidación oficial habría superado ese término. Manifestó que al impugnar la liquidación solicitó la declaratoria de la caducidad al proferirse cuando para la UGPP habían transcurrido cinco años desde la presentación de las autoliquidaciones del período 2013, pero que la autoridad no hizo pronunciamiento expreso sobre esa solicitud, sino sobre el cumplimiento del término de los 6 meses para expedir la liquidación y el plazo del año para resolver el recurso, lo cual no correspondía a lo reprochado.