28 octubre, 2022

27 de Octubre del 2022

Corte Constitucional 

 

Sentencia C 272 de 2022

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO SE DEDUCEN EXPENSAS PROVENIENTES DE CONDUCTAS TÍPICAS SANCIONABLES A TÍTULO DE DOLO

Norma objetada: Ley 1819 de 2016, artículo 62. La prohibición de deducir de la base gravable del impuesto de renta las expensas originadas en hechos que pueden ser calificados como delitos dolosos es constitucional. La Corte encontró, inicialmente, que, aunque esta norma había sido estudiada en la Sentencia C-002 de 2018, no existía cosa juzgada constitucional porque los cargos en uno y otro caso son diferentes. La magistrada Diana Fajardo Rivera, y los magistrados Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas reservaron la posibilidad de aclarar su voto.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 88156 de 2022

LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS > NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS – Por regla general, quienes prestan servicios a empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales, sólo por excepción, conforme a los estatutos de éstas, son empleados públicos.  Quienes desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo en las empresas industriales y comerciales del estado, son empleados públicos

 

Expediente 87965 de 2022

INCREMENTOS O REAJUSTES PENSIONALES > INCREMENTOS EXTRALEGALES.

Extensión, mediante convención colectiva, a todos los pensionados de los reajustes contemplados en la Ley 4 de 1976, sin consideración a la vigencia de ésta

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 02725 de 2022

 CONFLICTO DE COMPETENCIA – PARA CONOCER LA DEMANDA DE REORGANIZACIÓN. SERÁ COMPETENTE POR EL FACTOR TERRITORIAL, DE MANERA PRIVATIVA, EL JUEZ DEL DOMICILIO DEL DEUDOR.

El funcionario a quien le corresponda la causa debe reparar, principalmente, en las manifestaciones que sobre el particular se hubieren consignado en el libelo introductor. Artículo 28 numeral 8º CGP. Conflicto entre los Juzgados Once Civil del Circuito de Bucaramanga y Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, para conocer la demanda de reorganización de María Fernanda Caycedo Ríos. Ante el primero de los despachos judiciales en mención, la promotora presentó solicitud de admisión al proceso de reorganización que posibilite el pago de las sumas de dinero que adeuda a sus acreedores. En el libelo la convocante invocó que ese juzgado es el competente en razón al domicilio de la deudora, en virtud del artículo 6° de la ley 1116 de 2006. Se determina la competencia con sustento en el numeral 8º del artículo 28 del CGP.

FUENTE FORMAL – Artículo 28 numeral 8º CGP.

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 60781 de 2022

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA POR SER MUJER / NO ACOGE TESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Fiscalía debe acreditar el contexto de subyugación, discriminación o dominación del agravante por ser mujer en el delito de violencia intrafamiliar. No acoge tesis del ministerio público de aplicar jurisprudencia vigente para la fecha de los hechos.

 

Expediente 53955 de 2022

CONOZCA LA NUEVA SENTENCIA SOBRE CALUMNIA QUERELLA.

La configuración típica del delito de calumnia requiere que la imputación sea dirigida consciente y voluntariamente hacia una persona determinada o determinable, con conocimiento de la falsedad y que esta sea clara, concreta y categórica.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 26 000 2008 00141 03 de 2022

¿LA AMIGABLE COMPOSICIÓN PUEDE SER UTILIZADA POR ENTES PÚBLICOS?
Si, Con la expedición la Ley 1563 de 2012 -Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional- se volvió sobre la definición de la amigable composición, para precisar varios de los elementos que la caracterizan como un verdadero mecanismo alternativo de solución de conflictos, disponible para los particulares y las entidades públicas, incluidos a quienes desempeñen funciones administrativas, al tenor del cual un tercero, denominado amigable componedor, tendrá la facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre disposición, que podrá acordarse mediante cláusula contractual o contrato independiente. Así las cosas, es viable aseverar que la amigable composición constituye: i) un mecanismo de autocomposición, convencional, principal y autónomo que surte efectos únicamente entre las partes en conflicto en los aspectos que hayan sido objeto del encargo; ii) el que el cometido o gestión de los componedores surge en virtud de un negocio jurídico de mandato que, a más de no revestir ninguna solemnidad y dada la naturaleza de la institución, conlleva representación, dado que el componedor o los componedores actúan en nombre y por cuenta de los comitentes, por lo que (iii) la decisión sólo obliga a éstos, lo cual supone, desde luego, que los componedores deben actuar dentro del marco encomendado por los comitentes.

 

Expediente 11001 03 26 000 2018 00134 00 de 2022

¿PUEDE ADECUARSE EL RECURSO DE APELACIÓN DEL CASO CONCRETO A UN RECURSO DE SÚPLICA, EN CUANTO EL PROCESO DEL CUAL SE ORIGINÓ EL AUTO APELADO ES DE ÚNICA INSTANCIA, ESTO EN ARAS DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, DEBIENDO REMITIRSE EL EXPEDIENTE AL CONSEJERO QUE SIGA EN TURNO?
Si, Adecuación del recurso de apelación. En el caso sub examine, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 16 de mayo de 2022, mediante el cual este Despacho aprobó la liquidación de costas. A su turno, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 366 del CGP, el recurso de apelación es procedente contra el auto que aprueba la liquidación de costas. Teniendo en cuenta lo anterior y comoquiera que el proceso en el marco del cual se originó el auto apelado es de única instancia, en aras de garantizar el principio de prevalencia del derecho sustancial, el Despacho adecuará el recurso de apelación interpuesto por la parte actora al de súplica y ordenará remitir el expediente al consejero que siga en turno para lo de su competencia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2021 00022 de 2022

SE PRECISA EL ALCANCE DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO PC, LOS REQUISITOS DE OPERANCIA DEL MISMO Y SUS EXCEPCIONES, PARA EFECTOS DE LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE PLENA COMPETENCIA EN LAS TRANSACCIONES CON COMMODITIES EN EL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 

 En el artículo 1.2.2.2.4.1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en materia tributaria, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó el método de precios de transferencia denominado «precio comparable no controlado» (PC), en operaciones de commodities, previsto en el literal b) del ordinal primero del artículo 260-3 del Estatuto Tributario. Al estudiar la legalidad de los incisos 3 a 6 y 8 de dicha disposición, la Sala negó la nulidad de los incisos 3 a 5; condicionó la validez del inciso 6 (en forma parcial) y anuló el inciso 8, por las siguientes razones: Declaró ajustados a derecho los incisos 3 y 4, porque concluyó que en su expedición no se excedió la potestad reglamentaria ni se desconoció el principio de reserva de ley, pues el deber que prevén, de registrar los acuerdos sobre las fechas o periodos para fijar el precio del bien transado, solo es exigible en eventos en que se aplique el método PC con referencia a precios de cotización, pues es en este escenario que surge la necesidad de determinar si los precios de los commodities pactados entre partes vinculadas se acompasan, en el momento en que se realiza la operación, con la media generalizada del mercado. Así, consideró que no cabe entender que dicho deber de registro se extiende a los contribuyentes que apliquen en operaciones de commodities el método PC por referencia a transacciones comparables realizadas entre partes independientes. En cuanto a los incisos 5 y 6, la Sala señaló que replicaron el parámetro legal dispuesto en la norma reglamentada sin incurrir en los vicios de legalidad que se les endilgaban. Al respecto precisó que el artículo reglamentado y el reglamentario disponen que, de no contar con pruebas fiables para establecer la fecha de fijación del precio de la transacción del bien, la Administración podrá determinarla, supletivamente, valiéndose de la fecha de envío de la mercancía indicada en el documento de embarque o en su equivalente. No obstante, se condicionó la legalidad del inciso 6, en el sentido de precisar que, aunque la fecha contenida en el acuerdo pierda fiabilidad, derivada de la falta de registro del acuerdo o de la extemporaneidad del mismo, dicha fecha o periodo se podrá acreditar a través de medios de prueba que brinden certeza al respecto, en aplicación del principio de libertad probatoria. Finalmente, se anuló el inciso 8 de la norma acusada, porque la Sala concluyó que al expedirlo el gobierno excedió los límites de la potestad reglamentaria, porque restringió a dos únicas situaciones los casos excepcionales en los que es posible aplicar un método de precios de transferencia distinto al PC en las operaciones con commodities, pese a que la norma reglamentada no circunscribe la excepcionalidad al señalamiento de supuestos específicos, sino a que se despliegue la adecuada carga argumentativa y demostrativa orientada a establecer los motivos pertinentes y razonables que forzaron a emplear otro método.