30 noviembre, 2023

27 y 28 Noviembre del 23

Corte Constitucional

 

Sentencia T 376 de 2023

RECUERDAN QUE NO ES POSIBLE DISTINGUIR ENTRE FAMILIAS CONFIGURADAS POR VÍNCULOS DE FACTO PARA EFECTOS DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL

La Corte resolvió la acción de tutela presentada a través de apoderado judicial por parte del señor Fernando, actuando como representante legal de su hija Laura en contra de la Secretaría de Educación Departamental del Cesar y la Fiduprevisora S.A, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la integridad física y a la vida de la menor. Lo anterior ante la negativa del reconocimiento de la sustitución pensional de la abuela de la niña.En virtud de lo anterior a la Sala de Revisión le correspondió resolver si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad de Laura al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional de la señora Rosa como hija de crianza.Para ello, la Sala reiteró la jurisprudencia constitucional en relación con: i) la relación entre el derecho a la seguridad social y el mínimo vital; ii) la sustitución pensional para hijos e hijas; iii) el concepto de familia en el ordenamiento jurídico colombiano y la protección a la familia de crianza; iv) el derecho a la sustitución pensional para hijos de crianza.Esta Sala de Revisión llegó a la conclusión de que Laura cumple con las características propias para ser considerada como hija de crianza de Rosa, con quien constituyó un vínculo que trascendió de la mera cooperación económica y se hizo verificable en términos emocionales y de afecto. Por tal motivo, es sujeto de derecho de todos los beneficios que en materia de seguridad social se desprenden de la muerte de su abuela, al ostentar la calidad de hija de crianza.

 

Sentencia T 326 de 2023

ACLARAN QUE NO MUEJRES NO PUEDEN SER CONFRONTADAS PERSONALMENTE CON SU AGRESOR EN PROCESOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Acción de tutela. El 20 de septiembre de 2022, Sofía presentó acción de tutela en contra de la Comisaría de Familia. Argumentó que, en el marco del proceso de violencia intrafamiliar, la accionada:.     Vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, puesto que (i) no la notificó debidamente del proceso de violencia intrafamiliar VIF-424 de 2022, (ii) ignoró que era víctima de violencia intrafamiliar y por ello la obligó a comparecer a las audiencias y confrontar a su agresor, lo cual desconoce la jurisprudencia constitucional, (iii) llevó a cabo una valoración probatoria irrazonable y (iv) no habría actuado de forma imparcial, puesto que “es amiga [del señor Camilo] y su familia” y había adelantado el proceso de violencia intrafamiliar con el propósito de quitarle a sus hijos. Violó los derechos de los niños de sus dos hijos de menores de edad. En criterio de la señora Sofía, la accionada desconoció estos derechos al haber otorgado su custodia al señor Camilo, pese a que este era un alcohólico, consumía estupefacientes y estaba siendo investigado penalmente por violencia intrafamiliar y abuso sexual. En consecuencia, como pretensiones solicitó: (i) la protección de sus derechos fundamentales y los de sus hijos; (ii) ordenar a la accionada (a) revocar las actas de fechas 18 de julio y del mes de junio de 2022; (b) otorgarle la custodia de sus hijos menores; (c) fijar una cuota de alimentos en su favor y (d) emitir medidas de protección en su favor; y (iii) ordenar a la Comisaría de Familia que, como medida provisional, no lleve a cabo la audiencia de verificación de derechos, programada para el 22 de septiembre de 2022.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 98282 de 2023

RECUERDAN QUE ANTIGÜEDAD EN DESARROLLO DE LABOR PUEDE CONSIDERARSE PARÁMETRO OBJETIVO PARA CREAR ESTÍMULOS SALARIALES

Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar la antigüedad como parámetro objetivo y razonable para promover beneficios en la remuneración de los jefes de turno CCO de la compañía, y por lo tanto improcedente la nivelación salarial, máxime cuando el demandante no acreditó la existencia de hechos que anularan esa medida a favor de los trabajadores con quienes se comparaba

 

Expediente 96012 de 2023

CONOZCA LA NUEVA SENTENCIA SOBRE LAUDO ARBITRAL > DECISIÓN EN EQUIDAD

Los árbitros cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para analizar la naturaleza de las aspiraciones de las partes en disputa, una respuesta favorable no necesariamente significa que deba ser un calco de lo solicitado, pues el tribunal está habilitado para condicionar, ajustar y modular las peticiones a los dictados de la justa razón y la equidad; pero lo que no puede hacer el tribunal de arbitramento es sustituir, mutar su naturaleza, su esencia, suplantar la voluntad de los trabajadores.> DECISIÓN INHIBITORIA IMPLÍCITA – Según la sentencia CC T-134-04, el fallo inhibitorio implícito se presenta cuando el juez profiere una decisión que en apariencia es de fondo, pero que realmente no soluciona el conflicto jurídico planteado y deja en suspenso la titularidad, el ejercicio o la efectividad de los derechos y prerrogativas que fundaban las pretensiones solicitadas. > DEVOLUCIÓN AL TRIBUNAL – Procede la devolución al tribunal de arbitramento cuando este se extralimita en lo pretendido y sustituye la petición de los trabajadores, en la medida que establece una prerrogativa que no guarda simetría o correspondencia con lo solicitado y por efecto rebasa el ámbito del conflicto colectivo -fallo inhibitorio implícito-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00362 de 2023

ERROR DE HECHO

× Debe ser manifiesto y demostrar que el entendimiento que hizo el tribunal era el único posible. Se endilga al Tribunal una indebida interpretación de la demanda.

Expediente 00370 de 2023

VIOLACION INDIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL – POR ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE PRUEBAS.

El segundo cargo carece de normas sustanciales vulneradas de manera indirecta, a pesar de que era indispensable que se citara, al menos, una de ellas.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

Expediente 58588 de 2023

CONOZCA EL NUEVO PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONCUSIÓN.

Se confirmó la condena contra el entonces fiscal que indujo a un maestro de construcción a que instalara la baldosa de su casa, a cambio de favorecerlo en el proceso penal que cursaba en su contra. TESTIMONIO – Apreciación probatoria: cuando el testigo rinde varias declaraciones, examen de coherencia y univocidad sobre los aspectos centrales del relato.

 

Expediente 00542 de 2023

EMITEN NUEVA SENTENCIA SOBRE EL TEMA DE ALLANAMIENTO.

Concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, estafa agravada, peculado por apropiación, concusión y determinación.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

 

Expediente 17001 23 33 000 2017 00321 de 2023

RECUERDAN QUE TUTELA NO PROCEDE ANTE RIESGOS DE PREDIO CUYOS EFECTOS NO SE EXTIENDEN A LA POBLACIÓN

[L]a Sala observa que los demandantes, la alcaldía municipal de Manizales, la gobernación departamental de Caldas y Corpocaldas coinciden en que, en el interior de la finca La Granada, se generó un “surco”, “zanja”, “drenaje”, “cárcava” o “vaguada” de aproximadamente un metro de profundidad como consecuencia de la infiltración y escurrimiento de las aguas lluvias sobre la superficie de la pendiente. Estas escorrentías están degradando el suelo del terraplén, en tanto que van arrastrando fragmentos de su capa superficial hasta llegar a las cunetas revestidas en concreto de la vía, siendo conducidos por estas hasta ser evacuados en una de las cuatro transversales o alcantarillas que se encuentran en el costado izquierdo del corredor vial. (…) El material probatorio sugiere que el referido fenómeno de erosión es producto de: (i) la pendiente considerable de la ladera (35%); (ii) la infiltración de las aguas de escorrentía en el suelo; (iii) el manejo inadecuado, por parte de los propietarios de los predios, de las aguas lluvias que se escurren desde la parte superior y se concentran en determinados puntos de la ladera, y (iv) los usos que los propietarios de los predios les han venido dando a los suelos de la zona, específicamente, aquellos terrenos ubicados en la parte superior de la ladera y aquellas actividades de sobrepastoreo y de cultivo de café y plátano. Varias de las autoridades puntualizaron que el cultivo de plátano no favorece las condiciones de firmeza de la ladera dado que sus raíces son superficiales y no le dan estabilidad al terreno. Todo lo anterior se puede resumir en la existencia de un proceso de erosión laminar e inestabilidad del suelo de la cuesta y de profundización del drenaje en el predio de propiedad de los señores [G.R.V., C.R.V., J.R.V., Á.A.R.V. y A.R.V. y a B.V. de R.], el cual no cuenta con la virtualidad de incrementar la vulnerabilidad de la comunidad, porque no afecta las condiciones de la vía, no pone en riesgo a los transeúntes y tampoco afecta a otras viviendas.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 76001 23 33 000 2019 00415 de 2023

RECUERDAN QUE SI ¿PARA EFECTOS PENSIONALES ES POSIBLE COMPUTAR TIEMPOS DOBLES ACREDITADOS POR LA POLICÍA NACIONAL?

«La Ley 100 de 1993 en su artículo 140 señaló que el Gobierno Nacional expediría el régimen de los servidores públicos que laboraran «en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos». […] Con base en dicha orden y en la Ley de facultades 65 de 1993, se profirió el Decreto 407 de 1994 que estableció el régimen de personal del INPEC, que en su artículo 168 previó que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que a la fecha de su entrada en vigencia estuvieran prestando sus servicios al INPEC, tendrían derecho gozar de la pensión de jubilación en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986. De igual forma, reguló que «el tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos». El artículo 96 de la Ley 32 de 1986 dispone que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad. […] Por lo que las personas que ingresaron a laborar en el INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 y que desempeñaran actividades de alto riesgo se les aplica, en materia pensional, lo dispuesto por la Ley 32 de 1986. […] solo se podían reconocer como tiempos dobles los prestados hasta antes de 1974, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2340 de 1971 o normas anteriores. Igualmente, para su reconocimiento se ha exigido el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) la promulgación del decreto que establezca el inicio del estado de sitio; ii) el establecimiento de las zonas cuyas condiciones justifiquen la perturbación del orden público; y iii) la autorización del Gobierno Nacional o del Consejo de Ministros que habiliten el reconocimiento del tiempo doble

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 66001 23 33 000 2015 00206 de 2023

¿SI EL DAÑO ANTIJURÍDICO ES INCIERTO ES RAZÓN SUFICIENTE PARA TENER LA AUSENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO?

Si, [L]a falta de certeza sobre la pérdida del crédito torna el daño en hipotético, lo cual resulta suficiente para negar las pretensiones, sin que resulten necesarias consideraciones adicionales sobre la configuración de eximentes de responsabilidad. Además, no se comparten los razonamientos sobre la inexistencia del crédito y la falta de relación con la garantía hipotecaria, dado que tales supuestos son susceptibles de ser determinados a partir del contenido del respectivo título valor y del instrumento público de constitución de la garantía, en concordancia con el expediente del proceso ejecutivo. A la Sala le bastaba con descartar la existencia del daño, por la falta de certeza de la pérdida patrimonial de los accionantes, en cuanto no acreditaron que hubiesen perseguido el resto del patrimonio de su deudora, ni que esta hubiese estado en condición de insolvencia y que por esa razón el crédito hubiese quedado insoluto. En suma, considero que la falta de daño, por ausencia de pérdida del crédito, sin más razonamientos, debió ser el fundamento de la revocatoria de la sentencia favorable de primera instancia.

 

Expediente 13001 23 33 000 2017 00096 de 2023

RECUERDAN COMO OPERA LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR OCUPACIÓN JURÍDICA DE INMUEBLES

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la ocupación permanente del inmueble de propiedad de Thalma María de la Concepción Irisarri de Bajaire producto de la imposición de una servidumbre de hecho para la instalación de redes de servicios públicos domiciliarios por parte del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. (…) la demanda está encaminada a cuestionar el comportamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en Cartagena, quienes son las encargadas de prestar dichos servicios e instalar las redes de los mismos, más no a debatir la posible falla en la que incurrió el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena por no garantizar adecuadamente la prestación de los servicios públicos domiciliarios a sus habitantes por medio de las empresas de servicios públicos, según lo establece el artículo 5º de la Ley 142 de 1994, ni la incidencia de dicha entidad en la causación del daño antijurídico reclamado. (…) en atención a que de la lectura integral de la demanda se determina que en el sub judice la parte actora encaminó la causa petendi, hacia la ocupación permanente en que incurrieron las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en Cartagena, cuando instalaron las diferentes redes de servicios públicos domiciliarios en el predio de propiedad de la señora Irisarri de Bajaire, se concluye que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, pues no es la entidad encargada de prestar los servicios públicos domiciliarios, ni fue la entidad que presuntamente ocupó el predio de la demandante, producto de una servidumbre de redes de servicios públicos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2019 00821 de 2023

ACLARAN QUE HABILITACIÓN DE LA DIAN PARA ENMENDAR ERROR DE NOTIFICACIÓN DE SUS DECISIONES NO SUSPENDE TÉRMINOS LEGALES

La Sala advierte que la Resolución Nro. 005220 del 13 de agosto de 2018, por medio del cual la DIAN reconoció que había cometido un error en la notificación de la liquidación oficial de revisión, por lo que aceptó «restituir» el término previsto en el artículo 720 del Estatuto Tributario y ordenó la notificación del acto en la dirección correcta, no es un acto administrativo pasible de control judicial. Lo anterior, en tanto que constituye un mero acto de trámite, que no creó, modificó o extinguió una situación jurídica en cabeza de la demandante, sino que simplemente impulsó la actuación administrativa al disponer la notificación correcta de la liquidación oficial de revisión. Por lo tanto, a pesar de que el a quo declaró su nulidad en la sentencia impugnada y que este aspecto no fue objeto de apelación, la Sala declarará de oficio la excepción de inepta demanda frente a la pretensión de nulidad de la Resolución Nro. 005220 del 13 de agosto de 2018 proferida por la DIAN, pues el inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena decretar todas las excepciones que el fallador encuentre probadas.

 

 Expediente 25000 23 37 000 2018 00549 de 2023

ACLARAN QUE NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE CORREO CERTIFICADO A SOCIEDADES DEBE PRACTICARSE EN DÍAS HÁBILES

Sobre el particular, las partes concuerdan y no es objeto de litigio que la Administración practicó la notificación del acto que inadmitió la solicitud de devolución un sábado. Como el tribunal verificó este hecho y no fue controvertido, la decisión que demandan las partes y, por tanto, lo que es objeto de debate, consiste en determinar si el hecho de que la copia del acto que inadmitió la solicitud de devolución haya sido recibida un sábado, conlleva a que el dies a quo para subsanar la inadmisión de la solicitud de devolución deba computarse desde el día hábil siguiente, fecha en que la actora aduce que conoció dicho acto. Dado que la validez de las notificaciones en días inhábiles fue un asunto que ya fue precisado por la Sala mediante sentencia del 04 de septiembre de 2014 (exp. 19970, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez) la Sala fallará la presente controversia aplicando, en lo pertinente, el criterio de decisión allí fijado. 2.1- Según la tesis jurídica que se reitera, la notificación de actos administrativos mediante correo certificado a sociedades debe practicarse entre los días lunes a sábado, considerando que este último se entiende inhábil cuando se reconozca como día de descanso remunerado. Ello, puesto que los días de la semana se hallan divididos en dos categorías: hábiles e inhábiles, siendo los primeros aquellos destinados a la actividad laboral y los segundos, a los días de descanso o feriados. Tal y como lo reconoce el artículo 175 CST (Código Sustantivo del Trabajo) al establecer que el trabajo en días inhábiles solo se permite excepcionalmente; y el artículo 177 ibidem al precisar que se consideran días inhábiles los que hacen parte de aquellos para los cuales se dispuso el descanso remunerado, dentro de los cuales se enmarcan los sábados susceptibles de descanso por pacto entre empleador y trabajador.