29 febrero, 2024

28 de Febrero del 24

Corte Constitucional

 

Sentencia T 014 de 2024

CORTE RECUERDA QUE JUEZ CONSTITUCIONAL PUEDE AUTORIZAR EL SUMINISTRO DE SILLA DE RUEDAS, AUNQUE NO EXISTA ORDEN MÉDICA.

La señora Daniela es una mujer de 27 años que tiene una discapacidad. Esto se debe a que tiene una malformación arteriovenoso cerebral y que presentó, en 2005, 2010 y 2011, tres accidentes cerebrovasculares (ACV) que le generaron la pérdida de memoria, limitaciones físicas para caminar o realizar sus actividades diarias, y la dependencia a una persona para su cuidado de forma permanente.              El CIREC le ordenó a la accionante una silla de ruedas con unas especificaciones. Sin embargo, según la agente oficiosa, la Nueva EPS no autorizó el implemento porque el CIREC no diligenció el formato MIPRES. Por su parte, el CIREC informó que ellos no entregaban dicho formato para la solicitud de la silla de ruedas.              Por otra parte, la madre de la accionante afirmó que su hija presentó sangrados cerebrales. No obstante, la EPS no le agendó la junta médica por la especialidad de neurocirugía para que los médicos especialistas realicen un diagnóstico y determinen un tratamiento a seguir. En consecuencia, la accionante, a través de su agente oficiosa, solicitó que le entreguen la silla de ruedas, que le agenden la junta médica por neurocirugía y que le garanticen el tratamiento integral.         En la respuesta al auto de pruebas en sede de revisión, la agente oficiosa manifestó que aún no cuentan con la silla de ruedas, por lo que volvió a acudir al médico para que le ordenaran nuevamente este implemento. Por esto, el 27 de septiembre de 2023, la médica tratante de la IPS Unión Temporal Clínica Nueva El Lago, adscrita a la Nueva EPS, le ordenó una junta médica de sedestación para “la prescripción de silla de ruedas, se sugiere silla de ruedas motorizada, la paciente no puede propulsar”. Esta médica también estableció el siguiente plan de tratamiento: “1. Junta de sedestación para formulación de silla de ruedas. 2. Junta de espasticidad en CNEL. 3. Ortesis tobillo pie rígida en neutro en polipropileno a la medida del pie, bajo molde para adaptación al calzado. 4. Hidroterapia sesiones 10 para manejo de dolor osteomuscular”. Además, la agente oficiosa manifestó que ya tuvo la junta médica por especialidad de neurocirugía y que allí se determinó que la accionante no es candidata a ningún procedimiento, ya que esto representa un riesgo para su vida. En este sentido, la Nueva EPS vulneró los derechos a la salud, en su faceta prestacional, y a la vida en condiciones dignas de Daniela. En primer lugar, la Nueva EPS desconoció que la accionante es una mujer con discapacidad. Las personas con discapacidad son sujetos de especial protección constitucional que tienen el derecho a gozar del más alto nivel de salud sin discriminación, por lo que el Estado debe comprometerse a adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a los servicios de salud con el fin de garantizar su vida independiente e inclusión. Más aún, el Estado debe garantizar el acceso a servicios médicos, incluido el acceso a los aparatos ortopédicos, para que las personas con discapacidad puedan ser autónomas.

 

Sentencia T 010 de 2024

CORTE RECEURDA QUE COMISARÍAS DE FAMILIA DEBEN OBLIGATORIAMENTE APLICAR ENFOQUE DE GÉNERO EN ACCIONES DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

a Sala Segunda de Revisión conoció una acción de tutela instaurada por Andrea en contra de la Comisaría Novena de Familia de Fontibón y el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá por vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, interés superior de la niñez y acceso a la justicia. La accionante solicitó que se dejara sin efectos la decisión del 26 de noviembre de 2020 emitida por la comisaría accionada, en el marco de un incidente de medida de protección en su contra, en el cual resultó sancionada con una multa de 2 SMMLV. Asimismo, solicitó que se dejara sin efectos la providencia del 2 de febrero de 2023 emitida por el juzgado demandado que, ante la falta de pago, convirtió la referida sanción económica en medida de arresto contra la accionante. En ambas instancias los jueces declararon la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. .     De manera preliminar, la Corte consideró que la acción de tutela era procedente. Respecto de la inmediatez, se determinó que la última decisión emitida en el marco del proceso de medida de protección en contra de la tutelante tiene fecha del 2 de febrero de 2023, mientras que la solicitud de amparo fue radicada en menos de 2 meses desde aquella decisión, término que resultó razonable. Lo anterior, permitió el estudio de fondo del caso concreto. En cuanto al requisito de subsidiariedad, se definió que contra la providencia del 2 de febrero de 2023, si bien existía la posibilidad de interponer recurso de reposición, lo cierto es que dicho mecanismo no resultaba eficaz en el caso concreto. La Sala concluyó que las autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de Andrea y el interés superior de la niñez de la hija de la accionante, al incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del precedente constitucional en la adopción de las decisiones atacadas dentro del trámite de una medida de protección en contra de la tutelante. Dicha vulneración ocurrió por la ausencia de aplicar el enfoque de género al emitir las decisiones cuestionadas. Al respecto, se acreditó que, por un lado, las autoridades valoraron de manera errónea una de las pruebas recaudadas, al haberla distorsionado y darle un alcance distinto al que correspondía. Por otro lado, no tuvieron en cuenta el contexto previo de violencia del que fue víctima la actora, tanto que en su favor se decretó una medida de protección, ni desplegaron las necesarias actuaciones de investigación, de acuerdo con los relatos de la accionante al interior del proceso en su contra.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 93487 de 2024

EN EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO EL TRABAJADOR DEBE DEMOSTRAR SU EXPOSICIÓN PERMANENTE.

Corresponde al trabajador demostrar que la actividad desplegada es o fue de aquellas catalogadas como de alto riesgo, que estuvo expuesto de manera particular y concreta a altas temperaturas. Para la acreditación del cumplimiento de las funciones que implican exposición a riesgos especiales, existe libertad probatoria -la carga de la prueba corresponde a la parte demandante en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00434 de 2024

NORMA SUSTANCIAL – LOS ARTÍCULOS 1525, 1741 Y 1742 DEL CÓDIGO CIVIL OSTENTAN ESTA CALIDAD.

El artículo 6 de la Ley 1228 del 2008, los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, 58 de la Constitución Política, 16 de la Ley 446 de 1998, el parágrafo del artículo 399 del Código General del Proceso no ostentan esta calidad.

 

Expediente 00497 de 2024

PRUEBA PERICIAL – QUE DETERMINA LA NO PÉRDIDA DEL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE A PESAR DE LOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA PROVOCADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO INMOBILIARIO.

Contradicción de la prueba por parte de especialista en geotecnia que desestima la inestabilidad del terreno. La remoción en masa que acaeció en 2004 no persiste a la fecha de esta decisión.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 135110 de 2024

LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE TUTELA Y CONTRA ACTUACIONES DE LOS JUECES DE TUTELA ANTERIORES O POSTERIORES A LA SENTENCIA

Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede , Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

 

Expediente 60307 de 2024

LA ESTRUCTURA TÍPICA DEL DELITO DE ACCESO CARNAL ABUSIVO, DIFERENCIAS CON EL ACCESO CARNAL VIOLENTO CON MENOR DE CATORCE AÑOS Y LA PRUEBA DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA

Respecto al tipo objetivo, esta Sala ha señalado que el sujeto activo es indeterminado, es decir cualquier persona puede adecuar su comportamiento a la descripción típica. Por su parte, el sujeto pasivo de la conducta es cualificado. por la edad, pues la víctima debe ser menor de catorce años. Esta condición puede demostrarse con cualquier medio probatorio, sin que exista norma que privilegie uno en específico, en virtud del principio de libertad probatoria que rige el procedimiento penal de la Ley 906 de 2004. La acción típica es definida por el artículo 212 del mismo estatuto punitivo como la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. La jurisprudencia de la Corte ha dejado en claro en diversas oportunidades que, si bien, los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de catorce años representan formas de agresión sexual, el significado de uno y otro, y su lesividad son diferentes.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Expediente 05001 23 33 000 2017 02339 de 2024

CORTE RECUERDA QUE SE DEBE APLICAR PRINCIPIO DE REMUNERACIÓN EQUIVALENTE A CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO EN LA RAMA JUDICIAL

La demandante acude en sede de nulidad y restablecimiento del derecho para deprecar la anulación de los actos cuestionados, por los que se negó el pago de las diferencias salariales y prestacionales entre los cargos de abogado asesor grado 23, creado mediante Acuerdo PSAA11-8419 de 1º de agosto de 2011, y de abogado asesor de tribunal judicial. El Tribunal Administrativo de Antioquia (sala tercera) accedió parcialmente a las pretensiones invocadas, al concluir que la desaparecida Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura excedió sus facultades constitucionales y legales al asignarle grado al empleo de abogado asesor, cuanto este fue concebido por el Gobierno nacional sin ningún escalafón, situación que implicó que la asignación básica de quienes laboraron con el grado 23 fuera inferior. La accionada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo cual reiteró que la plaza de abogado asesor 23 fue creada de manera transitoria, con fundamento en las medidas de descongestión adoptadas para morigerar la mora judicial, sin que ello suponga quebranto del derecho constitucional fundamental a la igualdad frente al mismo cargo sin gradación, «[…] toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura tiene la competencia de crear cargos de empleos con diferentes grados con independencia de que antes existiera alguno nominado, sin grado o con nombre similar […]» (sic). (…) El Decreto 57 de 1993 fijó el salario para el cargo de abogado asesor de los tribunales judiciales sin grado, y en los casos que no determinó la remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial, esta se establece según el grado del empleo. (…) El artículo 9º del citado Acuerdo PSAA11-8419 de 2011 consignó que «[e]l régimen salarial y prestacional de los cargos creados será el establecido para la Rama Judicial» y en ninguno de sus apartes expuso que los cargos de abogado asesor 23 de cada uno de los despachos de tribunal administrativo de descongestión, tuviese funciones diferentes al empleo ya existente de abogado asesor de tribunal judicial. En ese contexto, al estar determinada en el artículo 3 del Decreto 57 de 1993 la plaza de abogado asesor de tribunal judicial, la desaparecida Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura carecía de la facultad para crear, por medio del referido Acuerdo, el mismo cargo, pero con grado 23, y, con ello, una remuneración diferente

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 11001 03 26 000 2015 00172 de 2024

CONOZCA LAS CONDICIONES PARA DECLARAR RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEMANDADO EN REPETICIÓN

La estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación de la concurrencia de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la obligación resarcitoria a cargo del Estado; (ii) la condición de servidor o exservidor público de la persona contra la que se repite; (iii) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público. Siendo los primeros tres elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de procedencia de la acción de repetición, consultar providencias de 27 de noviembre de 2006, Exp. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 6 de diciembre de 2006, Exp. 22056, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 3 de octubre de 2007, Exp. 24844, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 26 de febrero de 2009, Exp. 30329, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 13 de mayo de 2009, Exp. 25694, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 28 de abril de 2011, Exp. 33407, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 19 de julio de 2017, Exp. 55025, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 18 de junio del 2018, Exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gambo; de 9 de julio de 2018, Exp. 58789, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gambo; y de 31 de enero de 2020, Exp. 42037, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

Expediente  25000 23 36 000 2017 00691 02 de 2024

¿ES PROCEDENTE ADMITIR LA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS EFECTUADA POR LOS DEMANDANTES Y ANTE EL SILENCIO DE LA PARTE DEMANDADA, SE TENDRÁ PARA TODOS LOS EFECTOS PROCESALES AL CESIONARIO COMO LITISCONSORTE CUASINECESARIO DE LA PARTE DEMANDANTE?

Si, La cesión de derechos litigiosos se encuentra regulada del artículo 1969 a 1972 del Código Civil, donde se define como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial –cedente–, transmite a un tercero – cesionario–, a título onerosos o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las partes. (…) [D]e conformidad con lo previsto en el artículo 761 del Código Civil, dicho negocio jurídico se perfecciona con la sola entrega del título -documento privado o público- hecha por el cedente al cesionario. Pero para efectos procesales, la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, soportadas en los mandatos el CPC (hoy CGP) han sostenido que para que la cesión de derechos litigiosos produzca efectos jurídicos procesales, resulta necesario que el cesionario comparezca ante el juez de la causa con el fin de que reconozca dicho negocio jurídico y dé traslado del mismo a la parte cedida. Lo mencionado, en virtud del artículo 68 del CGP, que establece que si el cesionario pretende ser tenido como parte y su contraparte lo acepta expresamente, adquirirá tal calidad, dando lugar a una sucesión procesal; mientras que si el accionado guarda silencio al respecto o se opone expresamente, el cesionario podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. Cabe resaltar que en tal hipótesis, es un tercero que intervendría como litisconsorte cuasinecesario, esto es, las resultas del fallo lo cobijarán aun en el caso de que este no participe en el proceso. En el caso en concreto, revisada la literalidad del contrato se evidencia que contiene las formalidades que exige su regulación normativa -artículos 1969 a 1972 del Código Civil (…). En consecuencia, este Despacho admitirá la cesión de derechos litigiosos otorgada por los señores (…) al señor (…). Además, se tendrá para todos los efectos procesales al cesionario como litisconsorte cuasinecesario de la parte demandante, en virtud del silencio que guardó la parte demandada respecto de la cesión.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 Expediente 11001 03 27 000 2022 00038 de 2024

SECCION CUARTA DECLARA NULO CONCEPTO DIAN SOBRE EFECTOS DE LOS APORTES EN ESPECIE A SOCIEDADES NACIONALES

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) no propuso excepciones previas, por lo que el despacho verificará si se cumple alguna causal para prescindir de la audiencia inicial y proferir sentencia anticipada. Para estos efectos, el numeral 1° del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que procede la expedición de la sentencia anticipada cuando: a) se trate de asuntos de puro derecho, b) no haya que practicar pruebas, c) solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; y d) las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. En el asunto de la referencia se configuran las causales para prescindir de la audiencia inicial de los literales a) y b) del numeral 1° del citado artículo 182A, puesto que el litigio propuesto es un asunto de puro derecho, no es necesario practicar pruebas, y se tendrán como tales los documentos aportados en la demanda, con el valor probatorio que les asigne la ley. En consecuencia, se expedirá una sentencia anticipada en el asunto de la referencia. El numeral 1° del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exige que, ante la ocurrencia de alguna causal para prescindir de la audiencia inicial de los literales allí previstos, es necesario fijar el litigio de forma previa al traslado para presentar alegatos de conclusión. Para estos efectos, se expondrán los cargos de nulidad y argumentos de defensa propuestos en la demanda y en la oposición a la misma, para finalmente fijar el litigio que será resuelto en la sentencia. En la demanda, la actora pretende la nulidad del Oficio Nro. 1909 (también identificado con el Radicado Nro. 019349) del 5 de agosto de 2019, en el que la DIAN se negó a reconsiderar el Concepto Nro. 056135 del 5 de septiembre de 2013, según el cual, el tratamiento tributario de los aportes a sociedades nacionales previsto el numeral 4º del artículo 319 del Estatuto Tributario, no consagra que el término de posesión del activo aportado se traslada a la sociedad receptora