30 enero, 2024

29 de enero del 23

 Corte Constitucional 

 

Sentencia Su 038 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO LABORAL PARA RECONOCIMIENTO PENSIONAL POR INVALIDEZ – NIEGA AMPARO POR CUANTO NO HAY DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA

Como antecedentes de la solicitud de amparo se tiene que el actor fue calificado en el año 2015 con una pérdida de capacidad laboral del 77.1%, con fecha de estructuración del año 2013. Con base en dicha calificación solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual fue negada por no cumplir con el requisito de las 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la estructuración. El tutelante inició un proceso ordinario laboral con la pretensión de obtener la mencionada prestación y en primera instancia se denegó la misma, en segunda se concedió y en sede de casación se confirmó la primera sentencia. En dicho fallo, la Corporación accionada indicó que la condición más beneficiosa no era un principio absoluto ni atemporal y que su aplicación debía ser proporcional a las expectativas legítimas. Esta decisión es la que se cuestiona en sede de tutela, por incurrir en desconocimiento del precedente constitucional y en violación directa de la Constitución. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El cumplimiento de los requisitos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y, º. La aplicación de la condición más beneficiosa en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. En el análisis del presupuesto de subsidiariedad se precisó el alcance del test de procedencia establecido en la Sentencia SU.556/19 y se concluyó que, cuando los accionantes han agotado todos los medios de defensa judiciales disponibles, dicho test no resulta aplicable. Pese a lo anterior, la Sala Plena constató que el peticionario no cumplía con las exigencias para que se le aplicara el principio de la condición más beneficiosa. De un lado, porque no demostró las circunstancias de vulnerabilidad específicas que permitieran la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 y, de otro, porque tampoco explicó con claridad las razones por las cuales no realizó aportes al sistema durante cerca de siete años anteriores a la estructuración de la invalidez. Se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo invocado.

 

Sentencia Su 214 de 2023

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 189 DE LA LEY 906 DE 2004

La actora alegó que su derecho al debido proceso fue vulnerado por la autoridad judicial accionada, como consecuencia de decidir no casar el fallo de segunda instancia y negar las solicitudes de extinción de la acción penal por prescripción. Se aduce que dicho fallo incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y procedimental, en tanto se abstuvo de aplicar las subreglas fijadas en la Sentencia SU.126/22, en la que se fijó un parámetro interpretativo del artículo 189 de la Ley 906 de 2004, según el cual el término máximo para dictar el fallo de casación sería de cinco años, so pena de la prescripción de la acción penal. Se reitera jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analiza temática relacionada con el alcance de la figura de la prescripción de la acción penal prevista en el artículo 189 de la Ley 906 de 2004. Frente al precitado tema la Corte aplicó la jurisprudencia vigente en la materia y recordó que, a partir del estándar de unificación fijado en las Sentencias SU.126/22 y C-294/22, la única lectura constitucionalmente admisible del artículo 189 referido es el siguiente: (i) el lapso de cinco años previsto en la norma es un término perentorio para dictar la sentencia de casación que no puede extenderse ni un solo día más, so pena de que opere la prescripción de la acción sancionatoria; (ii) se entiende que el periodo en el que transcurre, debe contabilizarse desde que se dicta la sentencia de segunda instancia, esto es, desde el día en que se adopta la providencia ?no desde que se le da lectura?, momento a partir del cual es inmodificable dicha decisión. Tras concluir que la providencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución que a la postre generaron la violación del derecho al debido proceso, se decidió CONCEDER el amparo invocado.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 03109 de 2023

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR » SIMPLE INTERMEDIARIO

× Si el representante que ejecuta un contrato de administración delegada funge en la realidad como empleador de los trabajadores que contrata para cumplir el servicio contratado, es necesario asimilarlo a un contratista independiente en los términos del artículo 34 del CST, con todos sus efectos legales, y no a un simple intermediario

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00491 de 2023

CONTRATO DE FIDUCIA – RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DEL ENCARGO.

La omisión del tribunal al no dar por acreditada la exclusión pactada en la póliza generó la comprobación del error de hecho denunciado. Análisis de la consecuencia de la confesión del representante legal de la sociedad fiduciaria en la demostración de los errores enrostrados en el recurso. Dolo como causal de exclusión de responsabilidad de la aseguradora. (

 

Expediente 00443 de 2023

ERROR DE HECHO – EN LA APRECIACIÓN DE PRUEBAS.

Obligación del recurrente de demostrar que el error endilgado debe ser manifiesto. Aplicación numeral 2 del artículo 336 del Código General del Proceso.

 

Expediente 00503 de 2023

HEREDERO

Requisitos para la demostración de su condición.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 00461 de 2023

NON BIS IN ÍDEM, NO SE VULNERA: CUANDO SE DECRETA LA NULIDAD DENTRO DEL PROCESO PENAL

La Sala de Casación Penal decidió las impugnaciones especiales promovidas por los defensores de DLHF, CCPG y AEGC, quienes luego de ser absueltas por el Juzgado 1 Penal del Circuito de Maicao por el delito de peculado por apropiación agravado en la modalidad de continuado, fueron condenadas por el Tribunal de Riohacha como coautoras del mencionado punible. La Corte confirmó la sentencia impugnada, mediante la cual se condenó por primera vez a DLHF como coautora del delito continuado de peculado por apropiación agravado, en cuanto decidió encargar al secretario general el manejo de los recursos provenientes de regalías para abordar los asuntos de la secretaría de salud e hizo caso omiso a la información que le fue suministrada acerca de las irregularidades que éste cometía en la legalización, de lo cual puede deducirse, su proceder doloso, así como su condición de coautora, en cuanto aliada con aquél para esquilmar los recursos provenientes de las regalías. De otra parte, la Sala revocó el fallo que condenó a CCPG y AEGC, para, en su lugar, absolverlas por el delito objeto de acusación, ya que, respecto de CCPG no se acreditó que firmó las resoluciones de avances económicos con dolo de peculado, ni que procedió de manera mancomunada con otros para tener la condición de coautora de aquel punible; y, en relación con AEGC, de igual manera, no se demostraron los elementos objetivos y subjetivos del delito, de manera que subsiste la duda sobre la configuración del hecho y su responsabilidad.

 

Expediente 13895 de 2023

MORA JUDICIAL: EL SIMPLE PASO DEL TIEMPO NO ES UN PRESUPUESTO FÁCTICO SUFICIENTE PARA DETERMINAR LA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA

De acuerdo con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a que la actuación (judicial o administrativa) se lleve a cabo sin dilaciones injustificadas; pues, de no ser así, se vulneran los derechos al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia (T-348/1993), además de incumplir los principios que rigen la administración de justicia (celeridad, eficiencia y respeto de los derechos de quienes intervienen en el proceso). No obstante, la mora de las autoridades en materia judicial no se deduce por el mero paso del tiempo, sino que exige hacer un análisis completo de la situación. De ahí que, para determinar cuándo se presentan dilaciones injustificadas en la administración de justicia y, por consiguiente, en cuáles eventos procede la acción de tutela frente a la protección del acceso a la administración de justicia, la jurisprudencia constitucional, con sujeción a distintos pronunciamientos de la CIDH y de la Corte (T-052/18, T-186/2017, T-803/2012 y T-945A/2008), ha señalado que debe estudiarse: i) Si se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; ii) Si no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, cuando el número de procesos que corresponde resolver al funcionario es elevado (T-030/2005), de tal forma que la capacidad logística y humana está mermada y se dificulta evacuarlos en tiempo (T494/14), entre otras múltiples causas (T-527/2009); y iii) Si la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00073 de 2023

¿QUÉ ACTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES COMO JEFE DE GOBIERNO, PUEDEN SER EXPEDIDOS ÚNICAMENTE CON SU FIRMA?

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política, los siguientes actos del presidente de la República, expedidos en su calidad de jefe de gobierno y en cumplimiento de las funciones otorgadas por el artículo 189 de la Constitución Política, requieren de la firma del respectivo ministro o director de departamento administrativo: i) Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. (núm. 3). ii) Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado (núm. 4). iii) Sancionar las leyes (núm. 9). iv) Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento (núm. 10). v) Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes (núm. 11). vi) Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura (núm. 12). Ahora bien, en lo que respecta a la función de «instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura» (núm. 8), es importante señalar que, aunque esta corresponde a un acto que el presidente de la República ejecuta en su calidad de jefe de gobierno, no requiere de la concurrencia de los ministros o directores de los departamentos administrativos, en atención a lo consagrado en el artículo 139 de la Constitución Política.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 05001 33 33 030 2021 00092 de 2023

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

l control relativo a la admisión del recurso exige estudiar la sustentación de este a efectos de determinar que cumpla las exigencias del artículo 262 del CPACA. Esta norma contempla su contenido mínimo y prevé que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia debe incluir: (i) la designación de las partes; (ii) la indicación de la sentencia recurrida; (iii) la relación concreta, breve y sucinta de los hechos objeto de debate; y (iv) la indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada, junto con las razones que le sirven de fundamento.(…) [C]onviene insistir en que no basta con la indicación precisa de la providencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada pues, como se anotó, el artículo 262 del CPACA exige que, además, se aduzcan «[…] las razones que le sirven de fundamento», requisito que supone para la parte recurrente realizar un ejercicio de comparación entre la ratio decidendi que utilizaron, de un lado, la sentencia de unificación y, de otro, la sentencia impugnada en sede extraordinaria.

 

Expediente 52001 23 33 000 2018 00251 de 2023

LA PRUEBA TESTIMONIAL COMO MEDIO DE PRUEBA

[E]l legislador puso al alcance de las partes diferentes medios de prueba, los cuales, en el marco del artículo 165 del CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y 306 del CPACA, libremente, pueden ser escogidos por las partes, en atención de la utilidad que tengan para la formación del convencimiento del juez. Al respecto, se observa que el artículo 164 del CGP advierte sobre la necesidad de que todas las decisiones judiciales sean tomadas con base en el material probatorio recaudado. (…) El despacho reitera que en el proceso contencioso-administrativo las partes procesales tienen a su alcance diferentes medios de medios de prueba de los que pueden hacer uso para validar los hechos, pretensiones y excepciones que se proponen dentro de este; sin embargo, ha de advertirse que no todas las pruebas que se presenten en el proceso judicial deben obligatoriamente ser decretadas por el juez, pues él como máximo director del proceso y con base en lo dispuesto en el artículo 168 del CGP podrá rechazarlas si encuentra que no cumplen a cabalidad con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad que se han establecido por el ordenamiento jurídico como obligatorios para efecto de que las pruebas sean tenidas como tales. (…) Las pruebas en el proceso contencioso-administrativo i) no son supletorias ni alternativas, sino que pueden ser escogidas libremente por las partes de conformidad con la vocación de utilidad que tengan para la formación del convencimiento del juez y ii) la respectiva decisión judicial que ponga fin al litigio debe fundarse tan solo en aquellas pruebas conducentes, pertinentes y útiles que se hayan allegado al proceso en forma lícita y oportuna. (…) Los artículos 208 al 225 del CGP regulan la prueba testimonial, la cual tiene como objeto que las personas naturales que, no son parte del proceso, sean llamados a fin de ilustrar con su relato hechos que interesan a la litis, para efectos de llevar a la formación del convencimiento del juez. Respecto de los requisitos exigidos por el legislador para decretar y tener en cuenta la prueba testimonial, el artículo 212 del CGP dispuso que en la petición del medio probatorio la parte solicitante deberá «expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba», los cuales, constatados por el juez, lo autorizan para ordenar su decreto y práctica, acorde a lo establecido por el artículo 213 ibidem.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

 Expediente 11001 03 26 000 2016 00003 de 2023

NULAS CIRCULARES QUE IMPONÍAN A ENTIDADES NO REGIDAS POR EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PUBLICAR SU ACTIVIDAD EN SECOP

La Sala declarará la nulidad de las circulares. El artículo 137 del CPACA dispone que se pueden demandar las circulares del servicio y, adicionalmente, es claro que las circulares demandadas son actos administrativos de carácter general, pues estaban dirigidas a las entidades que contratan con recursos públicos. Lo hará a pesar de que la Circular Única Externa de Colombia Compra Eficiente, en su numeral 18, dispuso que La presente Circular Externa Única sustituye integralmente todas las circulares que Colombia Compra Eficiente haya expedido con anterioridad a su publicación. Las guías y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente permanecen vigentes .

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

 Expediente 11001 03 24 000 2022 00370 de 2023

RECUERDAN CUANDO APLICA LA  FIGURA DE SENTENCIA ANTICIPADA

De conformidad con el numeral 1 del artículo 182A del CPACA, se podrá dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, en los siguientes eventos: (i) cuando se trate de asuntos de puro derecho; (ii) cuando no fuere necesaria la práctica de pruebas; (iii) cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; y (iv) cuando habiéndose solicitado pruebas por las partes, estas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. En el caso en estudio, el despacho sustanciador prescinde de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 ibidem, por cuanto se trata de un asunto de puro derecho y, en todo caso, las pruebas necesarias para fallar fueron aportadas con la demanda y su contestación. En mérito de lo expuesto, el despacho RESUELVE PRIMERO: DAR APLICACIÓN a la figura de la sentencia anticipada, conforme con lo establecido en el artículo 182A del CPACA.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 180, LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 182A NUMERAL 1