1 marzo, 2024

29 de Febrero del 24

Corte Constitucional

 

Sentencia T 583 de 2023

CORTE CONCEDE TUTELA SOBRE EL CUIDADO DE MENOR CON SÍNDROME DE DOWN CUYA MADRE ES CABEZA DE FAMILIA

Al analizar la acción de tutela instaurada por Amparo, a nombre de su hijo Jerónimo contra Ser EPS, la Sala Tercera de Revisión constató que la entidad negó el servicio de cuidador permanente y de tratamiento integral sin considerar la condición de discapacidad de niño y sus necesidades particulares para la efectividad del tratamiento, ni el estado de salud del niño por las enfermedades asociadas al síndrome de Down. La Sala precisó que, los tratamientos de rehabilitación de los niños en condición de discapacidad deber ser materialmente realizables en términos de los principios de accesibilidad, integralidad y continuidad, rectores del derecho fundamental a la salud. Pero además deben ser posibles en el marco de su derecho fundamental al cuidado.  Así mismo, concluyó que en casos como el presente, las EPS deben valorar las condiciones socio económicas de la familia, con perspectiva de género, para evitar imponer barreras administrativas de acceso efectivo a los tratamientos de rehabilitación integral de los niños en condición discapacidad. Por estas razones, se reitera que una entidad encargada de garantizar la prestación de servicios de salud, vulnera los derechos fundamentales a la salud y al cuidado de un niño en situación de discapacidad al no valorar la necesidad del servicio de cuidador en sus condiciones personales de salud para permitirle el acceso real y efectivo al tratamiento de rehabilitación ordenado por los médicos tratantes.

 

Sentencia T 584 de 2023

CORTE EMITE SENTENCIA CONTRA ACTUACIONES ARBITRARIAS DE COBROS, DE LA APLICACION MOVIL DE PRESTEMO DE DINERO

La Sala Tercera de Revisión estudió el caso de un usuario de una aplicación móvil de préstamo de dinero que incurrió en mora en el pago de la obligación y, a raíz de ello, recibió múltiples mensajes amenazantes para lograr el cobro de lo debido. Así mismo, agentes de la empresa se presentaron al lugar de vivienda de sus padres, pintaron el piso de la entrada con mensajes alusivos al estado de la obligación, pegaron carteles que incluían la foto del actor en los que se le identifica como deudor moroso en el barrio donde vive y en su lugar de trabajo y difundieron esa información a través de redes sociales. Por ello, acudió al juez constitucional en búsqueda de que fueran protegidos sus derechos fundamentales a la intimidad, la honra, el buen nombre y el habeas data. La empresa accionada guardó silencio durante todo el trámite. El Juzgado 82 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó el amparo de los derechos invocados por el señor Hernán en Sentencia del 25 de abril 2023. Consideró que el accionante contaba con otros mecanismos efectivos de defensa judicial.               Bajo ese contexto, y luego de encontrar satisfechos todos los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela, la Sala analizó la configuración de una carencia actual de objeto por daño consumado. Así, encontró que, se consumó un daño en los derechos a la intimidad, la honra, el buen nombre y el habeas data del accionante porque Lukiao App hizo un uso ilegítimo de su derecho a cobrar las obligaciones mediante la implementación de estrategias amenazantes y difamatorias en contra del accionante. En cuanto al fondo del asunto, la Sala concluyó que Lukiao App S.A.S. vulneró los derechos fundamentales de Hernán, a la intimidad, honra y buen nombre. Las acciones de la empresa, que incluyeron la divulgación de información personal del señor Hernán y la descripción pública de él como un «cliente moroso», traspasaron los límites aceptables de las prácticas de cobranza. Estas prácticas, incluyendo visitas intimidatorias, divulgación de datos personales y crediticios y, difamación en redes sociales y espacios públicos, constituyen una violación de los derechos a la intimidad, al habeas data y, el respeto a la vida privada del accionante. Además, la gestión de datos por parte de Lukiao contraviene los principios de respeto a la privacidad y autodeterminación informativa. A pesar de que el señor Hernán consintió en ciertas formas de manejo de su información personal al aceptar los términos y condiciones del préstamo, las prácticas de Lukiao excedieron lo autorizado y carecían de un propósito legítimo y constitucional.               De acuerdo con el anterior análisis, la Sala concluye que (i) Lukiao App S.A.S. vulneró los derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la intimidad y el habeas data del señor Hernán, al haber realizado actividades ilegítimas para el cobro extraprocesal de las sumas adeudadas; y (ii) que en el marco de esto Lukiao App S.A.S. incumplió sus deberes en el tratamiento de los datos personales del accionante

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 94699 de 2024

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DEL TRABAJO > PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS > APLICACIÓN

Tratándose de vinculaciones defraudatorias o de intermediación laboral ilegal a través de empresas de servicios temporales, los principios de primacía de la realidad sobre las formas y fraude a la ley privilegian la realidad sobre lo aparente, funcionan de manera armónica y complementaria, y permiten revelar, el primero, el carácter transitorio o permanente de los servicios prestados a la empresa usuaria, y el segundo, que aunque formalmente se contraten servicios temporales, en la práctica se desarrollan actividades misionales permanents. A los casos de intermediación ilegal ejercida por empresas de servicios temporales también les es aplicable el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, para definir si las actividades misionales desarrolladas por el trabajador son temporales o

EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

La empresa de servicios temporales puede ser utilizada para cumplir las actividades excepcionales y temporales previstas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, sean o no del giro habitual de sus negocios, pero no para cubrir necesidades permanentes de la empresa usuaria o sustituir personal permanente. ANÁLISIS DE PRUEBAS – Ausencia de error de hecho del ad quem al estimar que las labores encomendadas a la trabajadora no fueron ocasionales o transitorias, pues aquella prestó sus servicios de manera continua a Colpensiones por más de dos años, en ejercicio de la misma actividad, por lo que al requerirse sus servicios en forma permanente, se configuró una relación de trabajo a término indefinido con dicha entidad, y su retiro se llevó a cabo mediante despido unilateral sin justa causa, imputable a la declarada empleadora

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00492 de 2024

PRUEBA PERICIAL – EN ACCIÓN DE GRUPO PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD POR CONSTRUCCIÓN CON DEFICIENCIAS GRAVES.

Testimonios técnicos de ingeniero estructural y de contención e ingeniero civil, quienes determinan deficiencias graves en la propiedad horizontal.

 

Expediente 00436 de 2024

SELECCIÓN OFICIOSA –  REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN.

Exige que la equivocación sea «ostensible», es decir, «protuberante [y] con trascendencia en la decisión», de tal manera «que fluya o se manifieste sin mayores esfuerzos con la sola comparación entre las conclusiones del Tribunal» (SC2776, 25 jul. 2019, rad. n.° 2008-00056- 01), pues «sólo el error manifiesto, evidente y trascendente, es decir, el que brota a simple vista y se impone a la mente como craso, inconcebible y sin necesidad de acudir a dispendiosas elucubraciones, es susceptible de apoyar la… casación».

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 00477 de 2024

SALA PENAL EMITE NUEVA SENTENCIA SOBRE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE JUSTICIA Y PAZ Y LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS FRENTE A LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 17A de la Ley 975 de 2005 establece como bienes que deben ingresar al trámite de Justicia y Paz, los susceptibles de extinción de dominio, esto es, i) los entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas y, ii) los identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones que puedan favorecer ese propósito. Para ello, dichos bienes pueden ser afectados con las medidas cautelares previstas en el artículo 17B de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de dominio y las demás cautelas establecidas en el ordenamiento jurídico nacional que garanticen el cumplimiento de la sentencia y la reparación de las víctimas. Por su parte, la Corte Constitucional ha afirmado el deber de quienes dejaron las armas de reparar con bienes lícitos o ilícitos a las víctimas al señalar que “todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron”

 

Expediente 00126 de 2024

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEL ACCESO CARNAL VIOLENTO EN MATERIA DE IMPUGNACIÓN ESPECIAL

La Sala se ha ocupado de dos grupos de casos en materia de prescripción de la acción penal en desarrollo de la garantía de la doble conformidad. El primero concerniente a las personas con fuero constitucional o sin él que fueron condenadas por primera vez por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018, día anterior a cuando empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2018; y el segundo respecto a los sentenciados por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en asuntos regidos por la Ley 906 de 2004, luego de la entrada en vigencia del acto legislativo. Frente al primer grupo, la Corte Constitucional en la sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020 determinó que la garantía de la doble conformidad reconocida en la providencia C-792 de 2014 era exigible en el ordenamiento jurídico colombiano para los sentenciados en única instancia desde el 30 de enero de 2014. la Sala de Casación Penal, mediante el auto AP 2118-2020 del 3 de septiembre de 2020 dentro del radicado 34017, extendió los efectos de la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional a todas las personas sin fuero constitucional que resultaron condenadas desde el 30 de enero de 2014 por la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia o en el marco del recurso extraordinario de casación y por los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 05556 de 2024

ANTE LA EXISTENCIA DE IGUALDAD DE PARTES, OBJETO Y DE CAUSA EN UN PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA Y UN MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL, EN DONDE EN ALGUNO DE LOS DOS YA EXISTA UNA SENTENCIA EJECUTORIADA, ES DEBER DEL JUEZ ANALIZAR SI EN EL ASUNTO SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN SE MATERIALIZA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resuelve en segunda instancia la demanda de pérdida de investidura en contra del senador Polivio Leandro Rosales Cadena por una presunta violación del régimen de inhabilidades por haber desconocido lo previsto en el numeral 3 del artículo 179 Superior, específicamente por haber celebrado un contrato con una entidad pública en interés de terceros dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 11001 03 25 000 2016 00753 de 2024

LE ASISTE UN MEJOR DERECHO AL NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE QUIEN SE ENCUENTRA EN PRIMER LUGAR EN LA LISTA DE ELEGIBLES DEL CONCURSO DE MÉRITOS DE LA RAMA JUDICIAL FRENTE AL CONCEPTO FAVORABLE DE TRASLADO DE UN SERVIDOR JUDICIAL, EMITIDO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN CONSIDERACIÓN A LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL HIJO MENOR DE EDAD.

Un magistrado de tribunal superior presentó a la unidad de carrera judicial del consejo superior de la judicatura, solicitud de traslado a la cuidad de santa marta por razones de salud de su hijo menor discapacitado, la cual fue atendida favorablemente por la entidad. La Corte Suprema de Justicia, como autoridad nominadora, no dio alcance a dicha decisión, sino que procedió a nombrar en el cargo a quien figuraba en primer lugar en la lista de elegibles del concurso de méritos de la Rama Judicial. El demandante consideró que con dicho nombramiento se desconoció los derechos de su hijo como sujeto de especial protección por su estado de salud.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 05383 de 2024

NO ES PROCEDENTE POR VÍA DE ACCIÓN DE TUTELA INSTAR AL CONSEJO DE ESTADO PARA QUE DICTE UNA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS ASIGNACIONES DE RETIRO A LOS SOLDADOS PROFESIONALES.

Se presenta acción de tutela contra la Presidencia de la República y otros, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la libertad, honra, trabajo debido proceso, igualdad, derechos fundamentales de los niños y seguridad social, con ocasión de la negativa por parte de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – CREMIL del reconocimiento y pago de la asignación de retiro de soldados profesionales con la inclusión de todos los factores salariales devengados de manera mensual y en las mismas condiciones en las que le son reconocidas dichas prestaciones a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Dentro de las pretensiones formuladas, en especial, se solicita a esta Corporación que, por intermedio de este mecanismo constitucional, se proceda a instar a la autoridad judicial competente para que dicte una sentencia de unificación jurisprudencial en torno a la problemática planteada sobre la reliquidación de la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública. La decisión del juez de tutela es de declarar la improcedencia del medio de amparo constitucional, al no superarse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Respecto a la solicitud de expedición de una sentencia de unificación relacionada con la aplicación del Decreto 1794 de 2000 para la reliquidación de las asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza pública, se declara improcedente este cargo al no haberse acreditado los presupuestos legales para que el Consejo de Estado profiera una decisión unificadora de criterios sobre el tema.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2023 00018 de 2024

SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DECRETADA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS 000I2023000641 DEL 20 DE ENERO DE 2023 Y 000I2023002390 DEL 1 DE MARZO DE 2023, EN LOS QUE LA DIAN INTERPRETÓ AL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO UTILIZADOS PARA ENVASAR, EMBALAR O EMPACAR BIENES.

Se revocó el auto del 4 de septiembre de 2023, proferido por el magistrado sustanciador del proceso, que decretaba la suspensión provisional: (i) del aparte del punto 3 del Concepto 000I2023000641 del 20 de enero de 2023 y (ii) del numeral 1.1. del Concepto 000I2023002390 del 1º de marzo de 2023, ambos expedidos por la Dirección de Gestión Jurídica de la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN, en los que interpretó el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, previsto en los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 2277 de 2022. En su lugar, la Sala negó la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la parte actora porque consideró que, de los elementos estructurales del tributo fijados en el artículo 51 de la citada ley, así como de la definición de productor y/o importador de productos plásticos de un solo uso, prevista en el literal c) del artículo 50 ib., en los términos indicados por la Corte Constitucional en la sentencia C-506 de 2023, -según comunicado de prensa 48 del 22 de noviembre de 2023 de la misma corporación, que es posterior al auto objeto del recurso de súplica-, no se cumplían los requisitos para decretar, en esta etapa procesal, la suspensión provisional de los efectos de los actos enjuiciados, toda vez que no surgía de forma manifiesta alguna contradicción que así lo ameritara.