31 marzo, 2023

29 y 30 de marzo del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 034 de 2023

LA ACCIÓN DE TUTELA PROCEDE EN CONTRA DE PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN LOS PROCESOS CONCURSALES, EN LOS EVENTOS EN LOS QUE SE HUBIESEN AGOTADO LOS RECURSOS JUDICIALES DISPONIBLES

Le correspondió a la Sala Quinta de Revisión de la Corte analizar la acción de tutela interpuesta por Jack Khoudari Amram, socio y miembro de la junta directiva de la sociedad Textiles Konkord S.A., en liquidación judicial, junto con los extrabajadores, acreedores en primer orden de la mencionada sociedad, a través de apoderado judicial, en contra de los autos proferidos el 19 de enero y el 10 de marzo de 2021 por la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de Sociedades de la Superintendencia de Sociedades, los cuales negaron el reconocimiento y pago de la recompensa de que trata el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1116 de 2006. Como resultado de las sub-reglas jurisprudenciales expuestas en la parte motiva de esta providencia, la Sala observa lo siguiente.  La acción de tutela procede en contra de providencias judiciales proferidas en los procesos concursales, en los eventos en los que se hubiesen agotado los recursos judiciales disponibles. Lo anterior, a partir de la consideración de que el parágrafo 1° del artículo 6 de la Ley 1116 de 2006 dispone que: “el proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”. La acción revocatoria concursal prevista en el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006 es un mecanismo judicial de naturaleza legal, íntimamente relacionado con el proceso de insolvencia judicial, pero de interposición independiente, cuya finalidad es cuestionar un negocio del deudor, por considerarlo fraudulento, con el propósito de que dicho acto sea declarado inoponible frente a los acreedores del concursado y, en consecuencia, sea dejado sin efectos. La acción de tutela no puede reemplazar la acción revocatoria concursal ni su ejercicio con miras a privilegiar a ciertos acreedores, a través del reconocimiento de la recompensa que el Legislador solo estableció frente a la prosperidad, total o parcial, de la acción revocatoria. Una lectura contraria a la norma podría generar un detrimento para el resto de los acreedores del concursado, en especial para quienes tienen créditos de la última clase, dado que la recompensa impacta directamente en la masa liquidatoria.

 

Sentencia T 028 de 2023

LA CORTE REITERÓ QUE ANALIZAR UN ASUNTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO CUANDO UNA MUJER ALEGA SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA, BUSCA PRECISAMENTE EVITAR LA NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y QUE LOS OPERADORES JUDICIALES NO PERPETÚEN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO O DISCRIMINATORIOS

La Defensoría del Pueblo instauró acción de tutela contra el Juzgado de Bilbao, al considerar que vulneró el derecho al debido proceso de Irene y su hijo José en la sentencia mediante la cual dispuso conservar la custodia provisional del menor de edad en la familia paterna.   La Sala Revisión revocó la decisión de instancia que había declarado improcedente el amparo y, en su lugar, concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso de Irene y su hijo, tras constatar que el juzgado accionado incurrió en múltiples deficiencias en su decisión: i) no desplegó sustento argumentativo que le permitiera concluir que la custodia provisional de José debía continuar en su familia paterna; ii) aunque decretó algunas pruebas, estas no fueron mencionadas ni valoradas para adoptar la decisión; además, omitió decretar otros medios de convicción para dilucidar los diferentes hechos planteados por demandada, principalmente aquellos relacionados con la violencia intrafamiliar de la que presuntamente fue víctima y del constreñimiento para ceder la custodia de su hijo; iii) incurrió en un defecto procedimental absoluto pues no tuvo en cuenta que la custodia está encomendada a los progenitores, y solo en caso de inhabilidad física o moral de estos, el juez podrá otorgar la custodia a una persona distinta y iv) ignoró las facultades extra y ultra petita otorgadas por el legislador para fallar los asuntos de familia, e ignoró la obligación constitucional de toda autoridad judicial de atender a la perspectiva de género en su decisión.  La Corte reiteró que analizar un asunto con perspectiva de género cuando una mujer alega ser víctima de violencia, busca precisamente evitar la naturalización de la violencia contra la mujer y que los operadores judiciales no perpetúen estereotipos de género o discriminatorios. Por eso los jueces deben incorporar criterios de género y, cuando menos, analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial. De ahí que estimara necesario, además, que el juez accionado tuviera en cuenta que existe un tipo de violencia que ocurre incluso después de la separación de la pareja y que es menos visible para el operador judicial, la cual se manifiesta, entre otras formas, al reclamar la tenencia de los hijos aun cuando no se esté interesado en cuidarlos.

 

Sentencia T 051 de 2023

¿CÓMO DEBE SER LA RESPUESTA A UN DERECHO DE PETICIÓN?

Actuando en representación de su hija María de 15 años de edad, Luz formuló acción de tutela mediante apoderada judicial contra la Defensoría de Familia del Centro Zonal Mártires del ICBF -Regional Bogotá-, por estimar vulnerado el derecho fundamental de petición. Inicialmente la Corte observa reunidos los requisitos de procedencia de la acción de tutela: (i) legitimidad por activa, (ii) legitimidad por pasiva, (iii) inmediatez y (iv) subsidiariedad. Luego esta Corporación evidencia que la accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la demandante, debido a la falta de respuesta frente a la solicitud presentada el 25 de abril de 2022. Lo anterior es suficiente para que la Corte confirme la sentencia de primera instancia que amparó el derecho fundamental de petición de la actora y, por consiguiente, ordenó a la demandada dar respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la mencionada solicitud.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 04089 de 2023

ARBITRAMENTO » COMPETENCIA DEL TRIBUNAL » RETROACTIVIDAD DE LAS CESANTÍAS

El tribunal de arbitramento carece de competencia para conocer sobre la retroactividad de las cesantías, pues se trata de un tema exclusivo del legislador o de la voluntad de las partes cuando se quiera superar el mínimo de los derechos y garantías que consagra nuestro ordenamiento jurídico -lo que la CN y la Ley reservan para el acuerdo entre las partes, no puede ser materia de decisión arbitral.

 

Expediente 04223 de 2023

ACCIDENTE DE TRABAJO » CULPA PATRONAL » INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

El artículo 2 de la Resolución 957 de 2005 de la Comunidad Andina de Naciones establece que en aquellos casos en que confluyen dos o más empresas en la ejecución de un proceso, les asiste el deber de coordinar sus actividades, teniendo como fundamento los factores de riesgo a los que estén expuestos los trabajadores, por lo tanto, no es de recibo aducir por parte de la empresa demandada el desconocimiento o imprevisibilidad de los accidentes de trabajo que puedan presentarse con ocasión de las actividades desarrolladas alegando que pese a existir peligros no han sido comunicados por un tercero

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 03772 de 2023

CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR QUIENES FUNGEN COMO CEDENTES DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL. LA CESIÓN DEL CONTRATO NO COMPORTA EFECTOS RETROACTIVOS.

De suerte que, si la notificación se realiza posteriormente al contratante cedido, esta circunstancia no lo habilita para exigir el cumplimiento de prestaciones que ya no están en cabeza del cedente. Conocimiento de la cesión de la fiducia comercial: aunque no se probó que las demandantes hubieran sido notificadas de la cesión, la conducta que ellas observaron en la ejecución del contrato da cuenta de la aceptación de dicho acto jurídico.

Expediente 03463 de 2023

SOCIEDAD DE HECHO CONCUBINARIA / Apreciación probatoria de los aportes.

Acreditación del trabajo doméstico a cargo del hogar y de la crianza de los hijos comunes y de la incursión en actividades productivas como el emprendimiento de tareas agrícolas en las fincas y comercialización de productos, ejercidas todas al interior de una comunidad de vida, sustentada en los bienes adquiridos por la pareja.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 126276 de 2023

DERECHO A MORIR DIGNAMENTE – EUTANASIA – FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL.

Solicitud ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán: vulneración del derecho al dejar de trasladar al funcionario competente, la solicitud de eutanasia elevada por el accionante, quien se encuentra privado de la libertad

 

Expediente 52917 de 2023

¿PROCEDE LA INDEMNIZACIÓN INTEGRAL PARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL?

Reparación del daño: aplicación por favorabilidad del artículo 42 de la Ley 600, jurisprudencia relevante / Reparación del daño: indemnización integral, procede exclusivamente en los términos y modalidades indicadas en la Ley 906 de 2004, evolución jurisprudencial

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 54001 23 31 000 2010 00255 02 de 2023

FRENTE A TÍTULO EJECUTIVO JUDICIAL SOLO PODRÁN ALEGARSE LAS EXCEPCIONES RELACIONADAS

Se puede concebir el proceso ejecutivo como el medio procesal que permite hacer efectiva una obligación o un derecho del ejecutante ante el ejecutado incumplido, el cual figura en un documento denominado título ejecutivo, entre ellos se encuentran las sentencias judiciales. Es preciso destacar, que a través de la demanda ejecutiva no se busca el reconocimiento de un derecho subjetivo, como quiera que tal declaración ya se hizo a través del título que presta mérito ejecutivo, que puede provenir directamente del obligado o por declaración judicial. De allí que se pueda afirmar también, que el título ejecutivo permite la ejecución judicial y, por tanto, es el requisito procesal que permite el adelantamiento del proceso ejecutivo, como quiera que contiene la prueba de la existencia de la obligación adeudada y del que está llamado a cumplirla. (…) Para el caso sub examine, se está ante un título ejecutivo complejo al estar conformado por la sentencia proferida el 31 de marzo de 2005 que declaró la nulidad de la Resolución (…), junto con la Resolución (…), acto administrativo emitido por la Fiscalía General de la Nación que dio cumplimiento al mencionado fallo judicial, documentos que fueron aportados por la parte ejecutante al interponer la acción ejecutiva, razón por la cual el título está debidamente integrado. (…) No le asiste la razón al ejecutante al interponer la presente acción ejecutiva, mediante la cual reclama el pago a título de indemnización por los perjuicios causados con ocasión de su desvinculación laboral de la Fiscalía General de la Nación desde el 1° de septiembre de 2000 y hasta el 9 de mayo de 2006, como quiera que durante este periodo el señor (…) percibió por parte del erario público el pago de sus salarios como Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y sus mesadas pensionales.(…) Siendo así, las sumas que recibió por concepto de restablecimiento del derecho y las que percibió por haber obtenido, tanto los salarios como magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como las mesadas pensionales, imposibilitan la presente reclamación al conllevar implícita doble asignación con dineros del erario público y un posible enriquecimiento sin justa causa, máxime la naturaleza del cargo del cual había sido retirado ilegalmente el ejecutante que era de libre nombramiento y remoción

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 81001 23 39 000 2018 00021 01 de 2023

¿HASTA QUÉ MOMENTO SE PUEDE REFORMAR UNA DEMANDA EN UNA ACCIÓN DE GRUPO?

[L]a intención de la parte actora con la presentación del escrito modificatorio de la demanda fue incluir nuevos demandantes y adjuntar pruebas adicionales. Como la solicitud se presentó con anterioridad a la apertura del período probatorio debió ser admitida, en lo que concierne a la integración del grupo, sin que fuera necesario remitirse al procedimiento establecido en el Código General del Proceso, toda vez que dicho ordenamiento se aplica sólo de manera residual. No ocurre lo mismo con la solicitud dirigida a aportar nuevas pruebas, la cual sí debía estudiarse a la luz de las disposiciones del ordenamiento procesal civil. (…) Como la normativa especial [Ley 472 de 1998] no estableció una oportunidad específica para presentar la reforma de la demanda, corresponde remitirse al Código General del Proceso, por ser el ordenamiento de procedimiento civil aplicable al caso, en consideración al momento en el que fue presentada la demanda. El artículo 93 del citado Código General del Proceso dispone que “el demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento, desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial”

 

 Expediente 52001 23 33 000 2016 00590 01 de 2023 (66832), 12/12/2022.

¿CÓMO SE ACREDITA EL DAÑO PARA LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO?

El dictamen pericial allegado por el grupo demandante, como de hecho se reconoce y explica bajo el recurso de apelación, tuvo por objeto exclusivo la valoración económica de los perjuicios reclamados, pero en ningún caso, la acreditación del daño, de manera que carece de análisis y conclusión alguna sobre la determinación del primer elemento de la responsabilidad que se estudia. (…) En consecuencia, valoradas individual y conjuntamente las pruebas aducidas, a pesar de que el área pudo ser blanco de la fumigación, eso no significa que los integrantes del grupo demandante sufrieran ineludiblemente un daño antijurídico. (…) Como se explicó al inicio de esta providencia, cada miembro del grupo demandante debió acreditar su propio daño, susceptible de ser resarcido, por no haberse expuesto imprudentemente al mismo. (…) En rigor, porque, además del daño causado al grupo, se requiere que cada uno de sus integrantes lo acredite, de lo contrario no se cumple el supuesto contenido en la norma, en tanto y en cuanto, la acción de grupo refiere a derechos subjetivos más allá de la afectación de otros derechos como los colectivos. (…) En la misma línea, debe decirse que las pruebas dan cuenta de la existencia de algunos cultivos ilícitos en la misma zona, de modo que en tales casos, su existencia no comporta un daño antijurídico susceptible de ser reparado.