4 noviembre, 2022

3 de Noviembre del 2022

Corte Constitucional 

 

Sentencia C 278 de 2022

CORTE REITERÓ CONSTITUCIONALIDAD DE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL EN CASO DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES, O DELITO DE INCESTO, COMETIDOS EN MENORES DE 18 AÑOS

En esta oportunidad, se constató el fenómeno de la cosa juzgada formal, toda vez que se formuló una nueva demanda en contra de las mismas expresiones de la misma disposición (identidad de objeto), por violación del artículo 28 constitucional, por las mismas razones (identidad en la causa), y sin que se constatara un cambio en el contexto o nuevas razones significativas que hagan procedente una nueva revisión (subsistencia del parámetro de constitucionalidad). En consecuencia, la Corte declaró estarse a lo resuelto en la sentencia C-422 de 2021.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 03423 de 2022

CÓMPUTO DE TIEMPO DE SERVICIO O SEMANAS DE COTIZACIÓN > PENSIÓN DE VEJEZ, DECRETO 758 DE 1990.

Reseña jurisprudencial sobre la improcedencia de la suma de tiempos para el reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

 

Expediente 03378 de 2022

PENSIONES > INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY.

Inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Presupuestos que deben cumplirse para que se reconozca la pensión especial de vejez por hijo inválido: i) Que la madre o el padre haya cotizado al sistema general de pensiones cuanto menos, el mínimo de semanas exigido para acceder a la pensión de vejez, ii) Que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada y iii) Que la persona en situación de discapacidad sea dependiente económicamente de su madre o padre

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

 

Expediente 2507 de 2022

NULIDAD PROCESAL: POR HABERSE DICTADO LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO EN UN JUICIO VICIADO DE LA CAUSAL DE NULIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

La sentencia de primera instancia fue dictada por fuera del término de un año con el que el juzgador contaba, No obstante, el ataque en casación resulta fútil, porque la irregularidad denunciada devino intrascendente y fue convalidada.  Si bien la nulidad sí fue alegada dentro del decurso, ya previamente el recurrente había guardado silencio frente al auto que concedió el recurso de queja, cuando el a quo ya había perdido competencia para conocer del proceso.  La alegación solamente fue planteada contra el auto que fijó fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento, la que fue ventilada, discutida y decidida sin éxito en las instancias; de allí que se haya establecido la cosa juzgada.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

 

Expediente 61363 de 2022

AGENTE PROVOCADOR / REQUISITOS

La Corte Suprema de Justicia decidió el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa técnica de J.S.P.M., contra la sentencia de segunda instancia, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala de Decisión Penal, confirmó el fallo condenatorio emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de dicha ciudad, por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, La Sala no casó la sentencia impugnada, al considerar que, en este caso, el policial encubierto no actuó como agente provocador; es decir, no hizo nacer en el procesado la idea de cometer la conducta punible; y, no es cierto que, el fallo demandado este fundado en prueba de referencia. Además, porque la modificación en la atribución inicial de responsabilidad de autoría a coautoría no constituye violación del principio de congruencia.

 

Expediente 62294 de 2022

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA: PIERDE VIGENCIA A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL SENTIDO DE FALLO

La Corte Suprema de Justicia confirmó la providencia mediante la cual un magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal negó el habeas corpus invocado por H.O.L.V. Para el efecto, indicó que la medida de aseguramiento privativa de la libertad que afectaba a H.O.L.V., perdió vigencia cuando se anunció el sentido del fallo, razón por la que su reclusión se sustenta en esa última actuación y en tal razón, no ha sido prolongada ilícitamente su privación de la libertad. En tal sentido, explicó que, las solicitudes que se fundamentan en el artículo 1º de la Ley 1786 de 2016 y las que se efectúen antes del anuncio del sentido del fallo corresponden a los jueces de control de garantías, mientras que, las que se hagan con posterioridad competen a los jueces de conocimiento, siendo este último y no el juez constitucional, el competente para conocer de la solicitud de libertad presentada por el procesado.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 03320 de 2022

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR LA MORA EN LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO.

El actor presentó solicitud de tutela contra el Presidente de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación y Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P., porque, a su juicio, con ocasión de la mora en la que ha incurrido la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al resolver el recurso de apelación que interpuso dentro del trámite administrativo de solicitud de rompimiento de la solidaridad adelantado ante Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P..

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 17001 23 33 000 2020 00281 de 2022

PARA SER BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LA LEY 32 DE 1986, EN APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL DECRETO 2090 DE 2003, SE DEBE ACREDITAR 500 SEMANAS DE COTIZACIÓN A SU VIGENCIA, SIN QUE SE DEBAN CUMPLIR, ADICIONALMENTE, LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 797 DE 2003.

La UGPP reconoció a un servidor público que laboró en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC la pensión de vejez en aplicación de la ley 32 de 1986. Posteriormente, el ente previsional demanda su propio acto, pues, disiente de tal decisión, toda vez que, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, (1 de abril de 1994), el causante no acreditaba la edad de 40 años y los 15 años de servicios para ser considerado beneficiario del régimen de transición, por lo que consideró que su derecho pensional debía ser reconocido de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 05001 23 33 000 2022 00605 de 2022

SE AMPARARON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, VIDA DIGNA Y SEGURIDAD SOCIAL DE UNA NIÑA DE 11 AÑOS A QUIEN SE LE DIAGNÓSTICO UNA ENFERMEDAD DE ALTO COSTO Y SU EPS LE EXIGÍA LOS PAGOS DE LAS CUOTAS MODERADORAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.  

La Subsección C de la Sección Tercera Consejo de Estado en el marco de una acción de tutela amparó los derechos fundamentales de una niña de 11 años de edad, a quien le diagnosticaron una enfermedad de alto costo, epilepsia. Sin embargo, la EPS Sura le exigía el pago de las cuotas moderadoras y/o copagos para poder recibir la atención médica necesaria. El juez constitucional encontró que por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional y que a su vez la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que para esta clase de enfermedades deberá eximirse de los valores de cuotas moderadoras y/o copagos, sin necesidad de entrar a demostrar la capacidad económica de los pacientes y de sus familias

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2016 00050 de 2022

EL RECIBO DE APORTES EN DINERO, CON OCASIÓN DE LA CAPITALIZACIÓN POR EMISIÓN DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD, NO CONFIGURA EL HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 Mediante los actos administrativos acusados, la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta que la sociedad demandante presentó por el año gravable 2013, en el sentido de adicionar ingresos brutos no operacionales por $1.000.000.000, fijar el saldo a pagar e imponer sanciones. Lo anterior, bajo la consideración de que los aportes en dinero que la contribuyente recibió representaron un incremento del capital que se vio reflejado en el aumento de su patrimonio y del activo, el cual calificó como ingreso gravado con el impuesto sobre la renta al no cumplir con el requisito previsto en el numeral 5 del artículo 319 del Estatuto Tributario para entenderlo como no gravado, pues no se proporcionó el documento contentivo del acto jurídico del aporte en el que «el aportante y la sociedad receptora declararán expresamente sujetarse a las disposiciones» de dicha norma. La Sala concluyó que el recibo de aportes en dinero por la capitalización de la sociedad no configura el hecho generador del impuesto sobre la renta, pues, la operación que efectuó la contribuyente se enmarcó en el supuesto de desgravación del numeral 1 del artículo 319 del Estatuto Tributario, en la medida en que los aportes en efectivo que recibió se relacionan con la emisión de nuevas acciones, evento frente al cual no opera el requerimiento del numeral 5 ib., razón por la cual no se debía acreditar su cumplimiento.