3 mayo, 2023

3 y 2 de Mayo del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 084 de 2023

RECUERDAN QUE POR MEDIO DE TUTELA NO SE PUEDE TERMINAR PROCESO DE REVOCATORIA DEL MANDATO

La señora Elizabeth Motta Álvarez, actual alcaldesa del municipio de Campoalegre, Huila, interpuso acción de tutela en contra del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en razón a presuntas irregularidades presentadas en la iniciativa de revocatoria del mandato denominado “Salvemos Campoalegre”, que cursa en su contra. Por lo anterior, la accionante solicitó declarar “dar por terminado el Proceso de Revocatoria del Mandato número RM-2021-09-001-19-022 de la Alcaldesa de Campoalegre (Huila)”.    Debido a la separación en las actuaciones acusadas, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas decidió dividir el análisis del asunto en dos cargos: (i) el rechazo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil a la solicitud de realización de prueba grafológica a los apoyos presentados y (ii) la omisión de las autoridades accionadas de pronunciarse de fondo respecto a la motivación de las causales de revocatoria. En cuanto al primero, la Sala concluyó que no se superan los requisitos de procedibilidad especial de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite, pues en el caso concreto la actuación de la autoridad no representa una vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de la demandante. En lo que respecta al segundo cargo, la Sala consideró que la acción de tutela superó los requisitos de procedibilidad, concluyendo no tutelar los derechos fundamentales pretendidos por la accionante. Esto, porque (i) ninguna de las autoridades administrativas tiene la competencia para realizar un estudio del fondo sobre el cumplimiento de las causales de revocatoria del mandato; (ii) lo anterior, corresponde directamente con la naturaleza de la revocatoria del mandato y la legitimidad exclusiva, en cabeza de los votantes, de efectuar un juicio político sobre la labor de un funcionario de elección popular.

 

Sentencia T 058 de 2023

DERECHOS DE LOS RECLUSOS AL ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A LA ALIMENTACIÓN DIGNA Y A LA VISITA ÍNTIMA.

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional analizó la acción de tutela interpuesta por Mario Alejandro Mejía Mora en contra de la cárcel de Gachetá, la Dirección General y la Dirección Regional Central del INPEC. Lo anterior, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al suministro de energía eléctrica, alimentación digna y a recibir visitas familiares e íntimas. El juez de única instancia negó el amparo solicitado, porque no encontró prueba de afectación alguna a los derechos fundamentales. Como cuestión preliminar, la Sala estableció que en el caso concreto operó la carencia actual de objeto por un hecho sobreviniente, pues quedó acreditado que el accionante fue trasladado a otro establecimiento penitenciario. A pesar de lo anterior, la Sala consideró que procedía emitir un pronunciamiento de fondo en el caso, por un lado, para evaluar si se vulneraron los derechos a las visitas, a la alimentación y, por otro, para avanzar en la comprensión del derecho fundamental al suministro de energía eléctrica y su relación con otros derechos de las personas privadas de la libertad. En consecuencia, la Sala verificó que la acción de tutela cumplió con los requisitos formales. Luego, consideró que debía determinar si las entidades accionadas desconocieron los derechos fundamentales del señor Mario Alejandro Mejía Mora a la alimentación digna y a las visitas familiares e íntimas. La Sala sostuvo que, en el caso concreto no hay prueba de una vulneración de los derechos del accionante y, por el contrario, encontró que recibió alimentación y visitas familiares. Por último, la Sala se ocupó de analizar la medida de suspensión parcial del flujo de energía eléctrica durante la noche y concluyó que, en abstracto, se trata de una restricción justificada y que busca propósitos disciplinarios importantes, pero que debe implementarse conforme las condiciones de cada establecimiento, con base en criterios de ponderación y razonabilidad, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional y atendiendo a las circunstancias que han determinado el estado de cosas inconstitucional (ECI) en esta materia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 91170 de 2023

PROCEDIMIENTO LABORAL > CONCILIACIÓN.

La celebración del acuerdo conciliatorio entre empleador y trabajador sin la presencia de funcionario competente que lo autorice, adquiere la connotación de transacción que, para que surta sus plenos efectos legales, debe cumplir los presupuestos previstos para su aprobación. TRANSACCIÓN > REQUISITOS – La transacción procede siempre y cuando: i) Exista entre las partes un litigio eventual o pendiente de resolver ii) Verse sobre derechos inciertos y discutibles, iii) El consentimiento de las partes esté exento de vicios y iv) Genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes que no sean lesivas para el trabajador

 

Expediente 04089 de 2023

LABORAL COLECTIVO » PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

El principio de igualdad no se trasgrede porque una concesión u otorgamiento efectuado por los árbitros difiera de una convención colectiva existente o vigente para otro grupo de trabajadores sindicalizados -la comparación no puede efectuarse con lo que otras organizaciones sindicales obtuvieron en un proceso propio de autocomposición con el empleador-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00041 de 2023

BIEN MOSTRENCO: ACCIONES Y DIVIDENDOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA 

️ La declaratoria de mostrencos se hace imposible respecto de aquellos bienes sujetos a la formalidad del registro, porque aquél da cuenta de la existencia de un dueño conocido, es decir, quien ejercita el derecho de propiedad. Los créditos o derechos personales, no son pasibles de considerarse mostrencos. Se ve en la categoría de los derechos de crédito -de la cual hace parte la especie de los dividendos a pagar a los accionistas- un bien no corpóreo, por ende, carente de aptitud para ser declarado mostrenco. Para que una cosa se considere bien mostrenco, se necesita que sea corporal mueble, que haya estado sometida a dominio particular previo, y en la actualidad se encuentra involuntariamente abandonada, esto es, sin dueño aparente o conocido.   Notas diferenciadoras entre las especies mostrencas y las «res nullius» y «res derelicta».

 

Expediente 03771 de 2023

SOCIEDAD CONYUGAL / SANCIÓN POR EL OCULTAMIENTO O DISTRACCIÓN MAL INTENCIONADOS DE LOS BIENES SOCIALES DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 1824 DEL CÓDIGO CIVIL.

El hecho de que los negocios simulados hubieran sido efectuados con anterioridad a la disolución de la sociedad conyugal, no implica per se, la exclusión de la sanción. Los actos dolosos a los que se refiere la norma pueden presentarse en toda la vigencia de la sociedad conyugal, con independencia de que cada cónyuge tenga la libre administración de sus negocios. No aparece acreditado el elemento subjetivo que requiere la norma, más aún cuando, para la época en que se celebraron las transacciones, la sociedad conyugal aún no había sido disuelta. El hecho de haber simulado los negocios no acarrea -por sí mismo- el dolo.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 54437 de 2023

DERECHO CIVIL – POSESIÓN: CLASES, POSESIÓN IRREGULAR

La Corte Suprema de Justicia, resolvió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de J.I.N.R. y O.M.P.D.N., contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que revocó la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Río, y como consecuencia, condenó a los acusados como coautores del delito de fraude procesal. La Sala, casó la sentencia condenatoria impugnada, y en su lugar confirmó la decisión de primera instancia, mediante la cual se absolvió a los procesados. Lo anterior, por cuanto una vez se precisaron los elementos del delito de fraude procesal, se señaló que, la solicitud hecha al Juez Civil, del reconocimiento de la propiedad en su favor, en virtud de la posesión irregular que se veía ejerciendo, no llegó a constituir irregularidad alguna, abuso o engaño que lleve a configurar el ilícito acusado. De otro lado, la Sala consideró que, las consecuencias de un contrato simulado, las asume las partes que celebran el negocio.

 

Expediente 56014 de 2023

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA – URGENCIA MANIFIESTA: CONCEPTO.

La Sala resolvió el recurso de casación interpuesto por C.M.D.D. y E.J.M.G. contra la sentencia proferida por la Sala Única del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, que confirmó la condena como interviniente y autor, respectivamente, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Corte casó la sentencia impugnada y en consecuencia absolvió al procesado, por lo que dispuso su libertad inmediata. Esto, por cuanto que, los falladores de instancia incurrieron en una aplicación indebida de la ley derivada de una errónea interpretación, al considerar que la declaratoria de urgencia manifiesta únicamente podría darse en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, sin tener en cuenta que, la paralización de la prestación de los servicios públicos por circunstancias de calamidad o cualquier otra, que no de espera de una solución, deben atenderse de manera inmediata, por lo que, al declararse la urgencia manifiesta, y en aras de atender la emergencia, la administración tiene la facultad legal de flexibilizar los procedimientos contractuales acudiendo a la vía de la contratación directa. Igualmente, se señaló que, el certificado de disponibilidad presupuestal es un requisito de la fase de ejecución del contrato, por lo que, no genera inexistencia ni nulidad de este, motivo por el cual, su inobservancia no puede ser objeto de reproche penal para el caso.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 06714 de 2023

LA CAUSAL DE DESINVESTIDURA POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES POR DESEMPEÑAR UN CARGO O EMPLEO DISTINTO AL DE CONGRESISTA DE MANERA SIMULTÁNEA, NO COMPRENDE LA FIGURACIÓN NOMINAL EN CARGOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL PUES LO REQUERIDO ES QUE SE DEMUESTRE EL EJERCICIO EFECTIVO DE DICHO CARGO.

 En ejercicio del medio de control de pérdida de investidura en contra de la representante a la cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, un ciudadano solicitó que le fuera impuesta dicha sanción por una presunta violación del régimen de inhabilidades, específicamente por desempeñar simultáneamente un cargo o empleo distinto al de congresista y por violación al régimen de conflicto de intereses.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 17001 23 33 000 2019 00456 de 2023

NO PROCEDE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO QUE SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A LA MADRE DEL CAUSANTE, POR FALTA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA ACUDIR A LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD SON SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EN GARANTÍA AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, DIGNIDAD HUMANA, AL MÍNIMO VITAL, A LA SALUD , INTEGRIDAD FÍSICA, Y EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE, PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO PROCEDIMENTAL, DE EFICACIA Y CELERIDAD PROCESAL. 

 La demandante, persona de la tercera edad, presentó demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto administrativo que negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en calidad de madre de la causante así como, contra el acto que negó la revocatoria directa de dicha decisión. El Tribunal Administrativo de Caldas admitió la demanda y en su contestación, el ente previsional propuso la excepción de falta del requisito de procedibilidad de la acción por no haberse agotado la reclamación administrativa, por cuanto no se interpusieron los recursos de reposición y/o apelación, dentro de los diez (10) siguientes a la notificación del acto administrativo contra el acto que negó el reconocimiento prestacional. El Tribunal Administrativo de Caldas acogió dicho argumento y dio por terminado el proceso. La parte demandante interpuso recurso reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión, por considerar que es sujeto de especial protección por tratarse de una persona de la tercera edad, invoca la protección del mínimo legal y el derecho a la salud.

 

Expediente 76001 23 33 000 2012 00110 de 2023

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO A UN GUARDIA CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA SE DEBE APLICAR EL DECRETO 1042 DE 1978, ANTE LA FALTA DE LA CONSAGRACIÓN DE UNA JORNADA LABORAL ESPECIAL EN EL REGLAMENTO DE TRABAJO MUNICIPAL, POR ASIMILACIÓN DE SUS FUNCIONES A UN MIEMBRO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO.

 El demandante se desempeñó como guardián municipal del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Caicedonia, Valle, adscrito al Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC y cumplió con una jornada laboral por turnos de lunes a domingo. Por considerar que su carga laboral era igual a la de los guardianes pertenecientes al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, solicitó el reconocimiento del trabajo suplementario diurno y nocturno en dominicales, festivos y días ordinarios en aplicación del Decreto 1042 de 1978. Petición que negó la administración por considerar que no procedía por tener la condición de empleado público del orden territorial.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 41001 23 31 000 2011 00338 de 2023

EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE LAS ACCIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE SEGURO SUSCRITO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD TUVO CONOCIMIENTO DEL HECHO QUE DIO BASE A LA ACCIÓN.

  “Se confirma la sentencia de primera instancia en relación con la declaratoria de prescripción en favor de la aseguradora, porque transcurrieron más de dos años entre el conocimiento del hecho y la ejecutoria de la resolución que hizo efectiva la garantía. Esta decisión no exonera al contratista de su obligación contractual de garantizar la estabilidad de la obra.”

 

Expediente 54001 23 31 000 2003 00609 de 2023

SE VINCULA A PROCESO DE REPETICIÓN A LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DE EXCONTRALOR DEPARTAMENTAL FALLECIDO.

  “[S]e dirige la demanda contra el excontralor departamental de Norte de Santander (…) con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de dolo, con ocasión de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado- a la Contraloría Departamental de Norte de Santander en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 54001-23-31-004-1998-0581-00, en el cual se anuló la Resolución no. 0135 del 11 de febrero de 1998 que declaró insubsistente el acto de nombramiento del señor [víctima] (…) por el hecho de haber sido proferida con desviación de poder.”

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 73001 23 33 000 2022 00447 de 2023

SE VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO CUANDO SE CONTABILIZA, DE MANERA ERRÓNEA, EL TÉRMINO PROCESAL CON EL QUE CUENTA EL AFECTADO PARA PRESENTAR LA IMPUGNACIÓN CONTRA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DICTADO EN UNA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.

 Se presenta acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, por la presunta vulneración del derecho al debido proceso, con ocasión de la decisión de rechazar por extemporánea la impugnación presentada contra el fallo de 24 de agosto de 2022, dictado al interior de una acción de cumplimiento. El juez de tutela, en sede de segunda instancia, decide amparar los derechos fundamentales de la parte actora, al considerar que la autoridad accionada incurrió en un defecto sustantivo, por inaplicación del numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado a su vez por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021; en tanto que contabilizó, de manera errónea, el término con el que disponía la entidad tutelante para presentar el escrito de impugnación al interior de la acción de cumplimiento objeto de amparo constitucional.