5 octubre, 2022

3 y 4 de Octubre del 2022

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 286 de 2022

DERECHO A LA VIDA DIGNA, MÍNIMO VITAL E IGUALDAD EN CONEXIDAD CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR / VULNERACIÓN POR ICETEX, AL NEGAR SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO.

El accionante considera que el ICETEX vulneró sus derechos fundamentales al no concederle el subsidio de sostenimiento, con fundamento en que no lo pidió en el momento en el que solicitó el crédito educativo, sino que lo hizo ya cuando el crédito se había renovado varias veces. La entidad pública, por su parte, aseguró que su decisión se adoptó con fundamento en las normas vigentes y aplicables y alegó que el actor estaba obligado a conocer los términos y condiciones de la ayuda económica que solicitó. Luego de verificar los requisitos de procedencia de la acción de tutela, La Sala encontró que la jurisprudencia vigente no constituye un referente idóneo en este asunto y que la legislación que regulaba el subsidio de sostenimiento aplicada en el caso concreto generó un conflicto con diversas disposiciones de la Constitución Política y el Bloque de Constitucionalidad, por lo que la accionada debió inaplicarla y que, al no hacerlo violó derechos del peticionario. Esto, debido a que no valoró el alcance del derecho a la educación en conexidad con los derechos al mínimo vital e igualdad y el deber de garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

 

Sentencia T 302 de 2022

IMPORTANCIA DE LA VISITA ÍNTIMA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PARA LA RESOCIALIZACIÓN, LA UNIDAD FAMILIAR Y LA VIDA DIGNA.

El actor se encuentra privado de la libertad e interpuso la presente acción de tutela luego de que se le negara el ingreso a su pareja sentimental al establecimiento carcelario para poder realizar la visita familiar o íntima. Tal prohibición obedeció, según le fue informado, a las restricciones asociadas con la emergencia sanitaria por Covid-19, y a la avanzada edad de su pareja, la cual la convertía en población en especial riesgo frente a este virus. El peticionario alegó que dichas restricciones la restricción se hubieran mantenido pese a que otro tipo de visitas como por ejemplo de líderes religiosos, abogados o familiares ya se habían reactivado dentro del establecimiento carcelario. Se abordó temática relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad y, 2º Las restricciones a las visitas en centros de reclusión como resultado de la pandemia por Covid-19, especialmente las visitas familiares o íntimas por parte de adultos mayores. A pesar de que la Sala de Revisión encontró que la pretensión central de la tutela fue superada debido a que la restricción finalmente se levantó y la esposa del accionante pudo visitarlo en varias ocasiones posteriores a la interposición del mecanismo de amparo, resolvió pronunciarse de fondo dado el carácter novedoso del asunto y la necesidad de examinar la razonabilidad de las limitaciones que pueden interponerse en el marco de una grave emergencia sanitaria y lo que ello acarrea para los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 83677 de 2022

TERMINACIÓN DEL CONTRATO > ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD > PROCEDENCIA.

Para que opere la estabilidad reforzada de personas en situación de discapacidad, no es necesario que el trabajador esté reconocido en dicha condición o que se le identifique de esa manera en un carné, como el que regula el artículo 5 de la Ley 361 de 1997, lo importante es que padezca una situación de discapacidad en un grado significativo, debidamente conocida por el empleador

 

Expediente 84952 (3409)  de 2022

PENSIONES > INCREMENTOS O REAJUSTES PENSIONALES > INCREMENTOS EXTRALEGALES > ANÁLISIS DE PRUEBAS.

Error de hecho del ad quem al absolver a la accionada del incremento solicitado, toda vez que en la convención colectiva 1976-1977 suscrita con Universidad de Antioquia, cuando alude a los derechos contemplados en la Ley 4 de 1976, se refiere al reajuste pensional sin consideración a su vigencia, pues, aunque la mentada ley no esté vigente, continuará aplicándose por voluntad de las partes vía convencional

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 02496 de 2022

SIMULACIÓN ABSOLUTA / INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO.

En los casos de simulación donde se busca revelar la verdadera esencia de un instrumento público por un tercero que no intervino en su otorgamiento, la acción debe estar dirigida contra quienes lo suscribieron, por las repercusiones que el debate conlleva para todos ellos, puesto que la prescindencia de alguno impediría discutir sobre su participación y se truncaría así el objetivo pretendido de revisar el quehacer contractual. La omision en la integración, según el inciso final del artículo 134 del Código General del Proceso, constituye un defecto insubsanable, así no lo diga expresamente el parágrafo del artículo 136 ibídem, pero, que de todas maneras encaja dentro del supuesto de pretermisión integra de la respectiva instancia. En todos los eventos en que el juzgador de segundo grado advierta la «falta de integración del contradictorio» resulta imperioso anular el proveído apelado, para que el inferior tome los correctivos necesarios que garanticen el debido proceso de quien no ha sido vinculado a la litis, cuando debió hacerse desde un comienzo.

 

Expediente 04453 de 2022

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO EJECUTIVO / PARA HACER EFECTIVA OBLIGACIÓN DINERARIA CONTENIDA EN PAGARÉ.

Fuero concurrente por el factor territorial, a prevención entre el «domicilio del demandado» y «lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones». En el libelo introductor, no se observa que el demandante haya hecho uso de la potestad que tenía de elegir alguno de los dos criterios de asignación aplicables. Sin embargo, en este caso en particular, tal vacío no impide colegir que la demanda debe ser tramitada por el juzgador, de un lado, porque en la demanda se indica expresa que el convocado tendría allí su domicilio, y, del otro, por cuanto en el pagaré que se aportó como base del recaudo, se indicó que en la localidad debía ser honrada la acreencia allí incorporada. Artículo 28 numerales 1º, 3 º CGP.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 62415 de 2022

 HABEAS CORPUS – PRINCIPAL: EN SITUACIONES DE DETENCIÓN ARBITRARIA O DE PROLONGACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD / No es para discutir las razones que dieron lugar a la privación de la libertad / HABEAS CORPUS – No sustituye el trámite del proceso penal ordinario salvo vía de hecho.

 

Expediente 54725 de 2022

CONOZCA LA NUEVA SENTENCIA SOBRE AUTORIA Y PARTICIPACION.

Diferencias entre la coautoría y complicidad y criterios para su delimitación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

 

Expediente 76001 23 31 000 2008 00185 01 de 2022

¿EN VIRTUD DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO ANTE PERJUICIOS INMATERIALES, EL JUEZ PUEDE ORDENAR INDEMNIZACIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS?

Si, La afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados es un daño inmaterial autónomo que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario, pero que también puede incluir dicha indemnización pecuniaria, incluso, aun cuando no se hubiere pedido en la demanda. En tal virtud, las sentencias de unificación del Consejo de Estado sobre el daño inmaterial han establecido que ante la imposibilidad de garantizar la restitutio in integrum del daño, el juez de lo contencioso administrativo, atendiendo las particularidades de cada caso en concreto, puede decretar las medidas pecuniarias necesarias para la consecución de la reparación integral del daño, por manera que, en el caso concreto, se está ante la imposibilidad de reparar los derechos de la víctima madre del menor- no solo por la muerte de su hijo, sino la angustia y dolor que padeció ante la demora injustificada en la autorización de la referida cirugía, por lo que la forma más adecuada para reparar dicho perjuicio debió consistir en reconocer una indemnización a su favor.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las medidas de reparación de perjuicios, ver sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del 23 de marzo de 2017, Exp. 48887, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 24 de octubre de 2013, Exp. 25981, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Igualmente ver fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso la Cantuta vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2006, Caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005.

 

Expediente 68001 23 33 000 2018 00918 01 de 2022

¿ES PROCEDENTE EL DECRETO DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA CUANDO LAS PRUEBAS SE SOLICITARON Y DECRETARON EN LA PRIMERA INSTANCIA PERO NO SE PRACTICARON SIN LA CULPA DE LA PARTE?
Si, El despacho advierte que la parte demandante, con su solicitud probatoria, pretende que se aporte el expediente de reparación directa con radicado 68001333100520110024801, que dio origen a la condena por la que ahora se repite, y la indagación penal con radicado 680016000159200980655, que se adelantó en contra del aquí demandado; medios de convicción que, según afirmó, “solicitó oportunamente” y que aunque fueron decretados por el Tribunal Administrativo, ese ente judicial “no requirió a dichas entidades para que efectivamente dieran respuesta (…) contrario sensu, decidió fallar el asunto, dejando por fuera la efectiva incorporación de dichas probanzas, afectando con ello el debido proceso probatorio que debe garantizarse a las partes”. Para determinar si las pruebas decretadas en primera instancia dejaron de practicarse sin culpa de la parte que ahora las solicita, se pone de presente que cuando la Policía Nacional presentó su demanda, como fundamentos fácticos narró que el 30 de septiembre de 2009, en la vía que de Bucaramanga conduce a Girón, colisionaron dos motocicletas, una particular -de placas DNR-12A- y la otra oficial – de placas ZBT-84A-, de propiedad de la Policía Nacional; que, como consecuencia de ese accidente de tránsito falleció Luz Dary Carreño Gayón, quien se desplazaba como parrillera en la motocicleta de placas DNR-12A; que los familiares de Luz Dary Carreño Gayón promovieron un proceso de reparación directa contra la Policía Nacional, que se tramitó con el radicado número 68001-33-31-005-2011-00248-00 y que, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander declaró responsable a la entidad estatal por la muerte de la señora Carreño Gayón; en línea con lo anterior, expuso que el entonces intendente Gleymir Beltrán Ruiz conducía la motocicleta de placas ZBT-84A el día del accidente de tránsito y que vulneró las normas de tránsito vigentes para la época de los hechos, por lo que su conducta encuadraba en la presunción de culpa grave consagrada en el numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. (…) Lo hasta aquí expuesto le permite al despacho concluir que si los medios de convicción por los cuales la parte demandante elevó la presente solicitud probatoria no se recaudaron en primera instancia, ello no obedeció a su propia culpa, (…) En ese orden de ideas, se concluye que los medios de convicción hasta aquí referidos, pese a haberse decretado en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la Policía Nacional, constatación que permite la posibilidad de decretarlos, en esta instancia, al amparo de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 212 del CPACA, modificada por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 212 NUMERAL 2, LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 53, LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 6 NUMERAL 1