1 diciembre, 2023

30 de Noviembre del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 381 de 2023

RECUERDAN EN QUE CASOS PROCEDE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA CUANDO EXISTE DIAGNÓSTICO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

La jurisprudencia constitucional estableció que se puede acreditar que una “afectación psicológica o psiquiátrica” impide significativamente el normal desempeño laboral en eventos como los siguientes: a.        Cuando el estrés laboral genera quebrantos de salud física y mental. b.       Cuando al momento de la terminación de la relación laboral, el actor se encontraba en tratamiento médico y presentaba diferentes incapacidades, y recomendaciones laborales. Cuando, además, el accionante informó al empleador, antes del despido, que su bajo rendimiento se debe a la condición de salud, y que después de la terminación de la vinculación esta continúe. c.        Cuando el estrés laboral cause quebrantos de salud física y mental y, además, se cuente con un porcentaje de PCL. 5.5.     En el asunto de la referencia, este elemento se acredita en la medida en que las condiciones de salud mental del señor Eduardo tienen como base el estrés laboral que refirió desde su primera atención por parte de los profesionales de la salud. Adicionalmente, está demostrado que el actor puso de presente a su empleador acerca del estrés y las circunstancias que afectaban su salud mental. A ello se suma que el peticionario se encontraba en tratamiento médico al momento del despido y las atenciones médicas se mantienen a la fecha. 5.6.     Además, se resalta que la empresa terminó el contrato de trabajo con el señor Eduardo cuando regresaba de una incapacidad laboral que fue expedida ante la existencia de un nuevo diagnóstico de “trastorno delirante”.

 

Sentencia T 415 de 2023

RECUERDAN QUE EMPRESAS DEBEN TENER PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO FRENTE A DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL.

En la presente oportunidad la Sala Octava de Revisión examinó el caso de una mujer que invocó la protección de sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y a la no discriminación, a la intimidad personal y familiar, al trabajo digno, justo y libre de violencias, y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Lo anterior, por cuanto aseguró que mientras mantuvo el vínculo de trabajo con la accionada, esta omitió el cumplimiento de su deber de prevenir, investigar y sancionar una situación de acoso sexual y laboral de la que aseveró ser víctima por parte de un compañero de trabajo, situación que fue denunciada ante las directivas de la demandada. Particularmente, la accionante invocó, para la resolución de su caso, atender a los criterios de interpretación fijados por esta Corporación en el marco de la sentencia T-140 de 2021. Bajo ese contexto y previo planteamiento de los problemas jurídicos, la Sala realizó el correspondiente estudio de procedibilidad encontrando superados todos los presupuestos. Seguidamente, propuso tres cuestionamientos orientados a valorar si el proceder de la accionada, de cara al presunto acoso sexual de que aseguró haber sido víctima la actora, desconoció los estándares de protección fijados por la jurisprudencia constitucional y, en consecuencia, transgredió las garantías fundamentales reclamadas por la actora. Concretamente, se cuestionó la Sala respecto de la inexistencia de un protocolo institucional al interior de la compañía demandada orientado a investigar, juzgar y sancionar conductas relacionadas con situaciones de acoso sexual y laboral.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 94703 de 2023

SALA LABORAL RECUERDA QUE PADRES NO DEBEN ESTAR EN POBREZA ABSOLUTA PARA SER BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA

El requisito de la dependencia económica de los padres no tiene que ser total y absoluta -incluso antes de la inexequibilidad de la expresión «total y absoluta» contenida en el literal d del artículo 13 de la ley 797 de 2003, ésta nunca fue entendida como una subordinación pecuniaria absoluta-. Las condiciones para determinar el grado de dependencia económica son: i) Falta de autosuficiencia económica y ii) Relación de subordinación económica respecto del causante – en el presente caso se demostró la dependencia económica de la demandante a pesar de que esta contaba con ingresos propios derivados de la pensión de vejez-

 

Expediente 96579 de 2023

RECUERDAN DESDE QUE MOMENTO SE DEBE CONTABILIZAR LA PRESCRIPCIÓN DE DEMANDA POR ACCIDENTES DE TRABAJO

Los artículos 488, 489 del CST y 151 del CPTSS establecen un término de tres años para que el acreedor reclame, contado a partir del momento de exigibilidad de la obligación.  La factibilidad de ejercer la acción judicial encaminada a obtener la reparación plena de perjuicios del artículo 216 del CST, se determina a partir del momento de la calificación médica definitiva que determina las secuelas sujetas a reparación. Los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS son los preceptos que de manera general y con carácter de orden público reglan la prescripción extintiva, y contemplan un término trienal que empieza a correr desde la exigibilidad del derecho

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00364 de 2023

SENTENCIA SUSTITUTIVA

× En proceso declarativo de incumplimiento de promesa de contrato en lo relativo a las restituciones mutuas.

 

Expediente 00313 de 2023

VIOLACION INDIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL – POR ERROR DE HECHO FRENTE A LA APRECIACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS EN CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE RURAL.

Indeterminación del precio y la cosa dentro del contrato de promesa. Ausencia de yerros en la aplicación de la norma, a partir de la interpretación que el juez hace en el marco de la sana crítica.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 57963 de 2023

FEMINICIDIO / TESTIGO DE OÍDAS / INDICIOS.

 

Posibilidad de fundar la sentencia condenatoria en indicios que señalen inequívocamente la responsabilidad del procesado en los hechos materia de juzgamiento.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 68001 33 31 014 2013 00158 de 2023

UNIFICAN JURISPRUDENCIA SOBRE ACCIÓN DE GRUPO PARA REPARAR LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR UNA CAUSA COMÚN DERIVADA DE ASUNTOS LABORALES.

[E]l pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, la indexación de las sumas y la condena de intereses, entre otras, (conocidas como medidas de restablecimiento del derecho conculcado) constituyen instrumentos de reparación de perjuicios y tales pretensiones no podrían ser excluidas de la acción de grupo, al tratarse de formas del lucro cesante, sin perjuicio de la reparación de otros perjuicios ligados con el desconocimiento de los derechos propios del empleo público, incluido el daño emergente y los perjuicios inmateriales. En otras palabras, la naturaleza jurídica de las prestaciones laborales depende del momento en que se causan, se ordena su pago y de la función que cumplen: cuando los salarios y las prestaciones son cancelados por el empleador en el contexto de la relación laboral no tienen evidentemente naturaleza resarcitoria, sino retributiva o consecuencial respecto del servicio prestado, pero la orden judicial de pagarlos, fruto de un proceso, ante la negativa o tardanza del empleador a realizarlo, constituye una de las medidas de reparación o restablecimiento de un derecho que fue conculcado por el empleador, al omitir su reconocimiento y pago. De esta manera, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de empleo público es un hecho generador de daños cuya reparación comienza con la orden de pago, que repara in natura o restablece el derecho, sin perjuicio de pretender otras medidas para obtener la reparación de aquello no cubierto con la orden anterior y que propendan por la reparación integral de los perjuicios causados dentro de la relación de empleo público.

 

  Expediente 11001 03 15 000 2023 00857 de 2023

UNIFICAN JURISPRUDENCIA SOBRE: PROCESOS EJECUTIVOS, LA ADMISIÓN DE LA APELACIÓN SE DEBE HACER CONFORME AL CPACA

Para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el parágrafo segundo del artículo 243 no remite a las normas del Código General del Proceso para admitir el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida en un proceso ejecutivo. (…) Teniendo en cuenta la regla de presentación del recurso de apelación prevista en el parágrafo segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resulta incuestionable concluir que, como quiera que el Código General del Proceso no regula lo concerniente a la sustentación del recurso en primera instancia, es imposible remitirse a este estatuto para efectos de determinar el trámite que debe darse a la apelación. En tales condiciones deberá aplicarse para estos efectos lo previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como quiera que en él se establece de manera clara que el recurso debe sustentarse en la primera instancia, presupuesto al que se refiere el citado parágrafo del artículo 243 ibidem, a la vez que señala los plazos y las condiciones en que deben intervenir las partes y el Ministerio Público, en total concordancia con el régimen que aplica a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Una razón adicional para considerar que en los procesos ejecutivos la admisión del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia debe hacerse conforme con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es que se trata de controversias tramitadas en esta jurisdicción, la cual tiene unas características propias que la diferencian de los procesos ejecutivos conocidos por la jurisdicción ordinaria; verbigracia, el inciso segundo del artículo 303 ibidem, establece que, en los procesos ejecutivos, se notificará personalmente al Ministerio Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia, intervención que no tiene lugar en los procesos ejecutivos de la jurisdicción ordinaria.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los criterios jurisprudenciales existentes en la Corporación para admitir el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en un proceso ejecutivo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 20 de octubre de 2021, proceso radicado con el nro. 2017 01939 0110, C.P.: María Adriana Marín; Sección Segunda, auto del 2 de septiembre de 2022, proceso identificado con el radicado nro. 2016 02651 0212, C.P.: William Hernández Gómez.

 

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 11001 03 24 000 2010 00124 de 2023

CONOZCA Cuáles son los requisitos de novedad y nivel inventivo para el registro de una patente

La sociedad Warner Lambert Company Llc., mediante escrito radicado el 22 de julio de 2004 bajo el número 04069500, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC solicitud de patente para la invención denominada «2- (PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS». El problema planteado en la solicitud radica en la necesidad de proveer compuestos que sean activos como inhibidores de CDK-4 y puedan ser utilizados en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y proliferativas. Para resolverlo, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de pirido- [2,3]pirimidin-7-onas de fórmula general (I) y sus composiciones farmacéuticas. […] El Superintendente de Industria y Comercio, con fundamento en el aludido concepto técnico [concepto técnico número 2993], expidió la Resolución número 1685 de 26 de enero de 2009, por la cual negó el privilegio de patente solicitado, decisión que confirmó en su integridad mediante la Resolución número 46241 de 11 de septiembre de 2009. […] Con miras a resolver sobre el cargo de nulidad planteado por la actora, la Sala destaca que, tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, «se afecta la novedad de la materia reivindicada si esta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explicita o implícita por un técnico en la materia». Por su parte, el requisito de nivel inventivo presupone que la invención represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y que, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, sea siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

 Expediente 05001 23 31 000 1995 00798 de 2023

¿EL DAÑO ALEGADO ES ATRIBUIBLE A CULPAS SEPARABLES DE LA AEROCIVIL Y DE LA SOCIEDAD SAM S.A., POR LO QUE LA OBLIGACIÓN DE RESARCIR LOS PERJUICIOS NO ERA SOLIDARIA?

La Subsección, en esa decisión, encontró probada una falla en el servicio de la Aerocivil que resultó decisiva en la generación del daño; acto seguido, determinó que tal falencia no fue la única causa del accidente aéreo en el que falleció Henry Medina Novoa, porque mediaron conductas imprudentes atribuibles a la sociedad SAM S.A. que contribuyeron, también, a la materialización del daño alegado. (…) La Subsección, en esa decisión, encontró probada una falla en el servicio de la Aerocivil que resultó decisiva en la generación del daño; acto seguido, determinó que tal falencia no fue la única causa del accidente aéreo en el que falleció Henry Medina Novoa, porque mediaron conductas imprudentes atribuibles a la sociedad SAM S.A. que contribuyeron, también, a la materialización del daño alegado. En el escenario de la concausalidad, la Sala estableció que estaba ante una obligación solidaria entre la Aerocivil y la sociedad SAM S.A., en los términos del artículo 2344 del Código Civil y que, por esa razón, “no resultaba procedente reducir el quantum indemnizatorio de la condena (…) impuesta a la Aerocivil”. Discrepo de la anterior consideración, por los siguientes motivos: El artículo 2344 del Código Civil dispone que dos o más personas serán solidariamente responsables de todo perjuicio procedente de la misma culpa. De acuerdo con el artículo 1579 Ibidem, el deudor solidario que ha pagado la deuda – o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago- queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada a la parte o cuota que tenga este codeudor. A mi juicio, el daño aquí alegado es atribuible a culpas separables entre sí, teniendo en cuenta que fue ocasionado: (i) por una falla en el servicio de la Aerocivil, concretada en la omisión de su deber de control de la actividad área y de su rol de garante frente a la seguridad de los usuarios del servicio y (ii) por las conductas imprudentes atribuibles a la empresa transportadora, a saber, la baja calidad de las radio-ayudas que tenía instaladas la aeronave particular, la omisión en la edición en el plan de vuelo y la falta de reacción por parte de la tripulación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

 

Expediente 25000 23 37 000 2014 00447 de 2023

ACLARAN ¿QUÉ SE REQUIERE PARA QUE PROCEDA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR PAGO EN EXCESO?

Sostiene la recurrente que, como su contraparte realizó el hecho generador del ICA durante los periodos debatidos, los rubros que procura provienen de pagos en exceso, con lo cual su devolución requería que se corrigieran las declaraciones que contenían los mayores valores pagados, conforme a lo ordenado por el artículo 20 del Decreto 807 de 1993 (concordante con el artículo 589 del ET). En el otro extremo, la actora defiende que, como lo que pretende es el reembolso de montos de dinero que pagó sin causal legal, la controversia gira en torno a pagos de lo no debido; y agrega que estos fueron efectuados en aplicación de la doctrina oficial que estaba vigente para la época de los hechos, pero que fue posteriormente anulada por esta corporación. Con base en esa alegación, arguye que su solicitud de devolución procedía sin necesidad de corregir las liquidaciones privadas. A la luz de esas alegaciones, destaca la Sala que en el caso no se discute que la actora realizó el hecho generador del ICA, ni se pone en duda que dejó de corregir las autoliquidaciones en las que registró las sumas solicitadas en devolución. Tampoco se debate sobre la oportunidad en que presentó la petición. Así, la litis se concreta en establecer si para que proceda la devolución discutida era exigible la corrección de las referidas declaraciones tributarias. Como esas cuestiones ya han sido estudiadas por la Sección en otros casos frente a empresas de servicios temporales, antes de la entrada en vigencia del artículo 31 de la Ley 1430 de 2010, como ocurre en el sub examine -particularmente, en las sentencias del 23 de junio y 20 de octubre de 2022 (exps. 23880, 24129 y 25946, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez) que dirimieron conflictos idénticos al actual-, la Sala aplicará al caso los criterios de decisión fijados en esos precedentes. Dichos pronunciamientos reiteraron que la diferenciación conceptual entre «pago en exceso» y «pago de lo no debido», según la cual habrá pago en exceso cuando la obligación tributaria sustancial nace conforme a disposiciones normativas válidas, pero la cuantía de la prestación autoliquidada y pagada supera el valor al que se está obligado.