31 enero, 2024

30 enero del 23

Corte Constitucional 

 

Su 067 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO LABORAL –  DESPIDO DISCRIMINATORIO POR RAZONES DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL DIVERSA. CONCEDE AMPARO, CONFIGURACIÓN DE LOS DEFECTOS ALEGADOS Y SUSTANTIVO EN TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN

La accionante tiene 35 años de edad, es médica de profesión y se reconoce como mujer trans y afrodescendiente. En sede de tutela se cuestionan las decisiones judiciales adoptadas al interior del proceso laboral instaurado por la actora con el objeto de que se declarara la ineficacia de la terminación unilateral del contrato de trabajo suscrito con la sociedad empleadora, porque el mismo se basó en actos discriminatorios en razón a su identidad de género. Los argumentos principales de la peticionaria fueron los siguientes: la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, pues valoró indebidamente unas pruebas y, además, omitió otras relevantes para la decisión; (ii) se impuso la rigurosidad de la técnica del recurso extraordinario de casación sobre los derechos fundamentales; y (iii) se desconocieron los precedentes judiciales vigentes y aplicables al caso concreto.

 

Su 213 de 2023

DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA MUJERES QUE ADQUIRIERON LA PRESTACIÓN Y CONTRAJERON NUEVAS NUPCIAS O INICIARON NUEVA VIDA MARITAL ANTES DE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991

En dos expedientes acumulados se tiene como hecho común que las accionantes son mujeres cercanas a los ochenta años de edad que consideran que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al suspender el pago de la pensión de sobrevivientes que habían adquirido en calidad de cónyuges supérstites de sus primeros esposos, por el hecho de haber contraído segundas nupcias. Estos eventos ocurrieron en vigencia de normas dictadas con anterioridad a la Constitución de 1991. En ambos casos las actoras presentaron reclamaciones directas a las administradoras de pensiones y promovieron procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en procura de la reactivación del pago de las mesadas, pero dichas actuaciones fueron infructuosas. Con el presente fallo se unifica la jurisprudencia sobre el tema del derecho a la pensión de sobrevivientes que le asiste a las viudas que obtuvieron el reconocimiento del beneficio y, posteriormente contrajeron nupcias o iniciaron vida marital antes de la vigencia de la Carta del 91. Lo anterior, para garantizar la igualdad de trato y erradicar la discriminación frente a quienes vieron suspendido su derecho por la decisión libre y autónoma de conformar nueva familia y, ahora, están en la tercera edad. Así mismo, se actualizan los criterios de fallos de constitucionalidad y de tutela, en diálogo con reciente decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. Se CONCEDE el amparo invocado.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 02529 de 2023

PROCEDIMIENTO LABORAL » PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA

× Los empleadores, de forma similar a lo que ocurre con las horas extras, tienen el deber de especificar los viáticos, esto supone la obligación de llevar un registro y certificarlos a sus trabajadores, indicando su monto y destinación, así como conservarlo de forma que asegure su veracidad, certeza, precisión e integridad de su contenido, con el objetivo de que exista total transparencia en su gestión.  » APLICACIÓN –  Los empleadores tienen la carga de demostrar la cuantía y destinación específica de los viáticos, pues dada su calidad de parte empleadora son quienes tienen en su poder la información y, por ende, deben aportar al juicio la documentación necesaria para la determinación de los eventuales derechos

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00470 de 2023

DECLARACIÓN DE PARTE

× Su fuerza probatoria radica en que las manifestaciones allí expuestas encuentren eco en otros medios demostrativos.

 

Expediente 00444 de 2023

INCONGRUENCIA – LOS ERRORES RELACIONADOS CON LA FALTA DE RESOLUCIÓN FRENTE A LA SANCIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 1288 DEL CÓDIGO CIVIL, PESE A SER FUNDAMENTO DE LA DEMANDA Y DE LA APELACIÓN SON INEXISTENTES.

La causal tercera de casación no puede recaer en errores de juzgamiento pues estos deben ser discutidos por la causal segunda. Distinción entre el error del fallador que resuelve el proceso sin zanjar o sobrepasar el asunto litigado (congruencia) y el error en la decisión derivado de una equivocada apreciación de los medios persuasivos (violación indirecta de la norma sustancial).

 

Expediente 00492 de 2023

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – DEL REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRADOR DE 317 UNIDADES PRIVADAS DE LA COPROPIEDAD EN ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE GRUPO.

No se constituye como un requisito de procedibilidad de la acción la preexistencia de  un grupo de por lo menos veinte personas. Aplicación artículos 48 y numeral 4 del artículo 52 de la Ley 472 de 1998. (

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 13848 de 2023

DE LA VULNERACIÓN AL DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Las personas privadas de la libertad -bien sea aquellas que se encuentran recluidas en establecimientos penitenciarios o en otros lugares de facto destinados para ello- se encuentran en una especial relación de sujeción con el estado, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia internacional y nacional. De esta particular condición surgen una serie de obligaciones y deberes en cabeza del Estado para asegurar el respeto por los derechos fundamentales de esta población. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional en sentencia T 596 de 1992, indicó: En una relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes. Este es el caso del interno en un centro penitenciario. Frente a la administración, el preso se encuentra en una relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, el cual se sitúa en una posición preponderante, que se manifiesta en el poder disciplinario y cuyos límites están determinados por el reconocimiento de los derechos del interno y por los correspondientes deberes estatales que se derivan de dicho reconocimiento.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Sentencia, 11001 03 24 000 2014 00726 de 2023

 CONSEJO DE ESTADO ORDENA A LA SIC A CANCELAR EL REGISTRO DE LA MARCA MIXTA ‘MANDAPLATA’

L]a expresión MANDAPLATA no es genérica para los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, porque no es la expresión que de manera general identifica en el mercado los servicios de dicha clase. No obstante, la Sala considera que la expresión MANDAPLATA, si bien no es genérica para los servicios comprendidos en la citada Clase 36, si es descriptiva. Esto comoquiera que la expresión MANDAPLATA, transmite un significado conceptual que informa, de manera clara y directa al usuario de los servicios en el mercado, que los servicios que identifica dicha expresión son servicios financieros y bancarios de envío o transferencia de dinero.  hora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido reiteradamente que los signos compuestos por uno o más vocablos descriptivos únicamente pueden ser registrados si forman un conjunto distintivo. Sin embargo, esto no ocurre en el presente caso y, por lo tanto, no le asiste razón la parte demandada ni al tercero con interés directo en el resultado del proceso cuando afirmaron que los colores y la grafía especial que conforman la marca le otorgan distintividad al conjunto marcario y evitan que sea descriptivo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 66001 33 33 003 2021 00085 de 2023

¿ PROCEDE EL RECHAZO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA POR NO EXISTIR UNIDAD DE MATERIA DE LA SENTEENCIA DE UNIFICACIÓN INVOCADA Y LA SENTENCIA RECURRIDA?

Si, El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia debe rechazarse, por las siguientes razones: Los argumentos consisten en que el Tribunal Administrativo de Risaralda realizó una argumentación equivocada, al considerar que la prima de mitad de año consagrada en el numeral 2.º, literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, puede tenerse como una mesada adicional. Si se analiza la sentencia de unificación, se advierte que no existe unidad de materia entre la situación particular del señor Walter Darío Agudelo Vasco y los puntos resueltos en ella, pues dicha sentencia unificó lo relacionado con el régimen pensional aplicable a los docentes y la forma de liquidar el IBL; mientras en este caso, se pretende el pago de la prima de mitad de año prevista en el numeral 2.º, literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es decir no hay relación, no hay identidad. Por consiguiente, y como la sentencia de unificación invocada no es aplicable al caso concreto, se rechazará de plano el recurso extraordinario de unificación de la referencia, en atención a lo previsto en el parágrafo del artículo 265 del CPACA. Sin embargo, no se condenará en costas al recurrente, con base en el numeral 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso, toda vez que no están causadas ni comprobadas, ya que la entidad no ha realizado actuación alguna en el trámite del presente medio de impugnación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 36 000 2015 00473 de 2023

RECUERDAN COMO OPERA LA COMISIÓN DE ÉXITO PACTADA EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Sea lo primero recordar que el problema que se pone a consideración de esta Sala se circunscribe en determinar el monto de la base de liquidación de la comisión de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios 040 de 2002. En resumen, la parte accionante entiende que aquella debe ser liquidada con base en la sumatoria de la totalidad de las pretensiones formuladas por la EAAB en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, incluyendo su indexación, los intereses legales y los gastos procesales, mientras, la demandada aduce que aquella debe calcularse con fundamento único en la cuantía definida en la demanda. (…) una interpretación armónica de las cláusulas contractuales y de las pretensiones contenidas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho permite establecer que la base para calcular la prima de éxito, en principio, se determina por el monto de las pretensiones, que ascendía a $3.658491.692 más la corrección monetaria, los intereses legales y demás gastos procesales, conceptos estos que, sumados, difieren en valor, de la suma revelada en el acápite atinente a la factor éste al que no se hizo referencia en los documentos contractuales.. Como lo ha precisado esta Sección, «el señalamiento de la cuantía tiene por objeto determinar la competencia del Juez y el procedimiento a seguir, aspectos que han de quedar definidos desde el comienzo de la controversia y no pueden variar por apreciaciones posteriores del juez o de las partes»