1 Septiembre 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 68001 11 02 000 2011 00453 01 (2831) de 2016.

LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEBEN TENER PRACTICAR Y TENER EN CUENTA LAS PRUEBAS QUE SEAN PERTINENTES PARA PROFERIR DECISIÓN DE FONDO, YA QUE EN CASO CONTRARIO INCURREN EN CAUSAL DE SANCIÓN DISCIPLINARIA. Los elementos probatorios aportados al procedimiento sancionatorio permitieron demostrar que el juez disciplinado incurrió en una conducta dolosa, ya que decidió resolver favorablemente el recurso de hábeas corpus presentado por un recluso y que permitió la libertad de este, bajo el falso argumento de que no existía sentencia condenatoria aún y se trataba de una detención ilegal; pero es evidente que el sancionado tuvo conocimiento de la cartilla biográfica y de las sentencias debidamente ejecutoriadas que impusieron la condena por terrorismo y hurto, lo cual demuestra que a pesar de haber podido conocer tales pruebas y ser estas pertinentes para el asunto que conocía, decidió no tenerlas en cuenta y las decisiones judiciales previas sin que existiera ninguna justificación. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Pruebas. Decisiones judiciales. Ejecutoriadas. Conducta dolosa.

Expediente 19001 11 02 000 2016 00022 01 (11859 28) de 2016

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CONTAGIADAS CON VIH. El Código Penitenciario y Carcelario en su artículo 106, modificado por el artículo 67 de la Ley 1709 de 2014, señaló una especial atención para los reclusos con enfermedades catastróficas o ruinosas, en el sentido que deben ser protegidos por la dirección del establecimiento penitenciario en el que se encuentren, con el objetivo de evitar su discriminación, estableciendo pabellones especiales con la única finalidad de proteger la salud de esta población, y cumpliendo con los protocolos médicos establecidos para garantizar su aislamiento cuando sea necesario. Revoca parcialmente. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas. Salud. Reclusos. VIH. Pabellones especiales. Discriminación. Protocolos médicos. Aislamiento.

Expediente 20001 11 02 000 2011 00495 01 (5055 15) de 2016.

LAS DECISIONES PROFERIDAS POR LOS FUNCIONARIOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MOTIVADAS Y TENER EN CUENTA LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO. De acuerdo con las conclusiones a las cuales llegó el juez de primera instancia, es evidente que el funcionario disciplinado no respetó las normas que rigen su cargo, ya que durante el procedimiento penal que era de su competencia profirió una serie de decisiones sin la debida motivación que exige la ley, tampoco analizó ninguna de las pruebas aportadas al expediente y al hacer caso omiso de estas, su decisión adolecía de graves defectos hasta el punto de que fue demandada mediante acción de tutela, la cual fue fallada favorablemente al accionante y decretó la nulidad de las decisiones del juez investigado. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Decisiones. Motivadas. Pruebas. Defectos.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 11001 31 10 010 2008 00162 01 de 2016

VALORACIÓN AUTÓNOMA POR PARTE DEL JUEZ DE LOS TESTIMONIOS, SOLO PUEDE SER ATACADA CUANDO EXISTA UN VERDADERO YERRO FÁCTICO. Dentro de la valoración de las pruebas los juzgadores cuentan de discreta autonomía, lo que en la apreciación de los testimonios comporta que el juzgador puede apreciar de manera autónoma su concordancia o discordancia y la suficiencia de la razón del dicho de los declarantes, para establecer la veracidad de sus manifestaciones y la credibilidad que le ofrezcan tales medios de convicción; de este modo, solamente procede cuestionar dicho actuar cuando se tenga prueba de la existencia de un yerro fáctico manifiesto y trascendente. Solamente el yerro paladino u ostensible, de este modo, no se puede deprecar la existencia de un error, pues sus deducciones fácticas acompasan con lo que se podía extraer de los testimonios y la prueba documental, circunstancia que por sí misma impide reconocer prosperidad a la crítica de la casacionista. No Casó. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Valoración Probatoria. Yerro Fáctico.

Expediente 25899 31 84 001 2011 00208 01 de 2016

DECLARADA NULIDAD DE LA SENTENCIA AL HABERSE VULNERADO EL DEBIDO PROCESO, AL NO PERMITIR EL DERECHO A LA DEFENSA DE LAS PARTES. Declarada la nulidad de la decisión emitida dentro del proceso incoado con el fin de que se declare que entre las partes existió tanto una unión marital de hecho, como la consecuente sociedad patrimonial, ante el error del juzgador al omitir ejecutar la audiencia consagrada en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que la misma está destinada para permitir a las partes el ejercicio del derecho a presentar los motivos singulares de la apelación y, en su caso, el resumen documental ulterior de lo alegado, por manera que solicitada oportunamente, de este modo no se desarrolló efectivamente el debido proceso, en particular, el derecho de defensa. Declaró Nula. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Nulidad. Debido Proceso.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 47144 de 2016

IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES QUE SE CAUSAN SOLO A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Cuando se da el paso del Instituto de los Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, no hay lugar a reclamar frente al primero, las acreencias laborales que son exigibles a la terminación del vínculo como lo son las cesantías, la indemnización moratoria, la indemnización por despido injusto, ni la compensación por las vacaciones, porque en estos casos la relación laboral no termina por expresa disposición legal. No Casa.M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Pago. Acreencias laborales. Finalización. Contrato de trabajo.

Expediente 67191 de 2016

CONSOLIDACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS PARCIALES DE LAS PRUEBAS SE RIGE POR LAS REGLAS PROPIAS DEL RESPECTIVO CONCURSO DE MÉRITOS. Considera la Sala que los argumentos expuestos por la autoridad accionada no lucen arbitrarios, pues se sustentaron en la aplicación de la norma que gobernó el Concurso y que, en efecto, fue aceptada por el accionante al momento de inscribirse a la Convocatoria, de tal manera que su inconformidad frente a ese preciso aspecto debe ser planteada a través de los medios judiciales de control previstos en el Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Confirma. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. . Temas: Concurso de méritos. Resultados parciales. Pruebas. Divulgación. Consolidación. Convocatoria.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 41245 del 2016

ACUSADO INCUMPLIÓ SU CONDICIÓN DE GARANTE AL CAUSAR UN PERJUICIO A LA PERSONA QUE ESTABA BAJO SU CUIDADO. Improcedente casar la sentencia por medio de la cual se condenó al recurrente por el delito de lesiones personales culposas, al establecer que el yerro de apreciación del sentenciador carece de relevancia frente a las conclusiones, dado que ningún yerro de apreciación probatoria relevante incurrió el fallador por atribuirle responsabilidad al acusado de la práctica de procedimiento médico a la afectada. Teniendo en cuenta, que en este caso el agente responde como coautor de la conducta punible, por violación a la posición de garante, lo que presupone haber dejado de actuar, teniendo el deber legal de evitar el resultado; la esencia de esta clase de conductas radica en la infracción del deber especial de impedir el resultado dañoso. No Casó. M.P. José Luis Barceló Camacho. Temas: Posición de Garante. Lesiones Personales.

Expediente 42129 del 2016

LAS TORTURAS NO SE CONFIGURAN COMO CONDUCTAS DE ORDEN MILITAR SINO COMO LESIONES PERSONALES. La obligación de los soldados de hacer en el piso rollitos por espacio de noventa minutos, mientras eran golpeados con varas o ramas en sus glúteos y piernas por sus demás compañeros, que les causaron incapacidad de quince días, y untadas sus caras de boñiga; para luego hacerlos beber agua salada, comer fríjoles crudos, tomar café amargo y sumergirse en un tanque de agua, no son tratos inhumanos o degradantes simplemente, ni acciones correctivas propias de la disciplina militar como lo considera el casacionista, sino actos de tortura. No Casa. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero

Corte Constitucional

Sentencia T 322 de 2016

PENSIÓN SANCIÓN Y PENSIÓN INVALIDEZ SON COMPATIBLES. Así lo dijo la Corte Constitucional luego de indicar que la prohibición de devengar dos prestaciones a la cual se refiere la Ley 100 de 1993 se origina cuando estas buscan la misma finalidad y se financien con aportes hechos al mismo fondo pensional, por la misma persona y por los mismos tiempos cotizados. Enfatizó que las pensiones de invalidez y sanción son compatibles, puesto que esta última no se financia con los aportes efectuados por el solicitante, sino con los recursos del empleador.

Sentencia SU 394 de 2016

NO DICTAR LAS PROVIDENCIAS EN LOS TÉRMINOS DE LEY VULNERA LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La mora judicial sólo se justifica en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley. Desde esta perspectiva, para determinar si en un caso concreto se ha observado un plazo razonable la jurisprudencia constitucional ha acogido los tres elementos aplicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a saber: la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado; y la conducta de las autoridades públicas.Revoca parcialmente M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado Temas: Investigación penal. Debido proceso. Administración de justicia. Plazo razonable. Mora judicial. Imprevisibilidad.

Sentencia C 262 del 2016

SE REQUIERE UN PRONUNCIAMIENTO QUE LE OTORGUE EFICACIA NORMATIVA A LA INSTITUCIÓN DE LA GUARDA CUANDO SE PRODUZCA LA SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. Análisis artículo 310 (parcial) del Código Civil. La Sala profirió una sentencia modulada sustitutiva de tal forma que la palabra cónyuges sea reemplazada por padres, considerando que esto no implica la invasión de la libertad de configuración del legislador o el quebrantamiento del principio de la división de los poderes públicos, puesto que la Corte no está construyendo una nueva disposición legal sino que simplemente está adecuándola para que esta armonice con el sentido de la institución jurídica que desarrolla y resulte coherente con las demás sobre la materia presentes en el ordenamiento jurídico. Inexequible. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. . Temas: Pronunciamiento. Suspensión. Análisis.

Sentencia T 307 de 2016

QUIEN REALIZA PRÁCTICA JURÍDICA NO REMUNERADA EN UNA PERSONERÍA MUNICIPAL, ADQUIERE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO POR EL TIEMPO QUE PRESTA SUS SERVICIOS A DICHA ENTIDAD. La judicatura no remunerada que se realiza en entidades públicas, como la Procuraduría General de la Nación y, por analogía en las Personerías Municipales, se desarrolla en calidad de servidor público y conlleva no solo el ejercicio transitorio de una función pública, sino también de un cargo o empleo público, por lo cual, resultan incompatibles con el desempeño de dicho cargo otros empleos, salvo que se trate del ejercicio de la docencia e investigación académica. Confirma. M.P. Alejandro Linares Cantillo Temas: Práctica jurídica. Judicatura Ad honorem. Personería municipal. Servidor público. Entidades públicas. Incompatibilidad.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2016 00050 00 de 2016

LA EXISTENCIA DE UN DEPÓSITO NO CONFIERE DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD. Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional, su contestación, y una vez confrontada la disposición demandada con la norma que se invoca como fundamento de dicha petición, el Despacho no encuentra razones de legalidad que hagan necesario decretar la medida cautelar de suspensión para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. De conformidad con lo anterior, no se advierte en este momento procesal que la entidad demandada hubiera desconocido las normas aplicables al caso sino que, en principio, se fundamentó en ellas para proferir el acto acusado. Niega. M.P. Guillermo Vargas Ayala.Temas: Depósito. Exclusividad. Petición.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 54001 23 31 000 2004 00939 01 (40069) de 2016

LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DERIVA EN EL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE. Revisada la demanda en su integridad, encuentra la Sala que la demandante se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el Hospital Regional de San Juan de Dios, circunstancia que se acreditó con la Resolución número 00573 del 6 de marzo de 2003, expedida por el Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander. Así pues, de conformidad con las pruebas recaudadas se reconocerá a favor de la afectada la suma de diez millones trescientos treinta y nueve mil ciento veinte pesos por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante. Revoca. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Desempeño. Recaudo. Reconocimiento.

Expediente 70001 23 31 000 2001 01128 01 (39432) de 2016

LAS AMENAZAS Y DEMÁS SITUACIONES, EXTERNAS A LA INVESTIGACIÓN PENAL, NO FUERON DEMOSTRADAS Y TAMPOCO GUARDABAN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA. En el presente caso las inconsistencias del dictamen son de orden fáctico y jurídico, por no tener en cuenta el término de duración de las medidas de aseguramiento impuestas a los hoy actores, sin embargo, la imprecisión no es de tal entidad que implique la materialización de un error grave con la virtualidad de llevar a la Sala a conclusiones igualmente erradas, entre otras razones, porque la prueba pericial supone la aplicación de conocimientos específicos en distintas áreas del conocimiento, en esta oportunidad en asuntos contables, que en este caso no resultaron necesarios por cuanto en sede judicial se evidenció que los perjuicios materiales reclamados carecían de sustento probatorio. Revoca. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.  Temas: Inconsistencias. Investigación. Actuaciones.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 15 000 2016 01027 00 de 2016.

AL NEGAR LAS COPIAS DEL EXPEDIENTE AL INTERESADO EN EL PROCESO, LA AUTORIDAD JUDICIAL IMPIDE DE MANERA INJUSTIFICADA SU DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El derecho de petición no puede ser usado para forzar a los servidores públicos a cumplir con las funciones de su cargo ya que hay leyes que regulan tal clase de situaciones, no obstante sí puede efectuar solicitudes respetuosas como sucedió en el caso objeto de estudio, dado que al solicitar copia de un oficio donde se remitió el expediente a otro despacho la entidad judicial demandada no ha dado una respuesta de fondo a la petición efectuada, lo cual además de impedir el uso del derecho de petición también implica negar el acceso a la administración de justicia del demandante. Ampara. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Derecho de petición. Copias. Expediente. Interesado.

Expediente 05001 23 31 000 2005 03450 01 (19775) de 2016.

SOLO CUANDO LA SENTENCIA ORDENE UN PLAZO PARA EL PAGO DE LA CONDENA, SE PUEDE EFECTUAR EL PAGO DE INTERESES COMERCIALES A FAVOR DEL BENEFICIARIO.El Consejo de Estado señala que la parte demandante era beneficiaria del régimen de estabilidad jurídica debido al contrato suscrito con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y por lo tanto no había lugar al cobro del gravamen a los movimientos financieros siendo procedente solicitar su pago o devolución; pero la solicitud de aclaración de sentencia solicitada por la empresa contribuyente no es procedente ya que lo que busca es que se analice nuevamente la sentencia que ordenó el pago de intereses civiles a favor suyo, y las normas son claras al definir que en materia contencioso administrativa no hay lugar al pago de intereses comerciales (como pretende la demandante), a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago de la misma. Niega. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Intereses comerciales. Intereses civiles. Pago. Plazo.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 11001 03 28 000 2016 00009 00 de 2016.

CUANDO SE ESTABLECEN MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA ESCOGER SERVIDORES PÚBLICOS, LA ENTIDAD QUE ABRIÓ LA CONVOCATORIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS. La demanda de nulidad electoral presentada por el ciudadano no se encuentra llamada a prosperar, ya que a pesar de manifestar su desacuerdo con la elección del director de la corporación autónoma regional y al ser dicha entidad la que abrió la convocatoria para proveer tal cargo, lo hizo de acuerdo con las normas colombianas que regulan la designación de servidores públicos y por lo tanto la entidad se encontraba facultada para definir los requisitos que debían cumplir los aspirantes al cargo, sin la obligación de tener que recurrir al sistema de concurso público de méritos ya que gozaba de la autonomía administrativa para fijar el proceso de selección de los interesados para acceder al cargo vacante. Niega. C.P. Alberto Yepes Barreiro. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

Expediente 11001 03 15 000 2016 01243 00 de 2016

LA ALEGACIÓN DE DEFENSA PRESENTADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDE A UNA CUESTIÓN QUE DEBIÓ SER PROPUESTA ANTE LOS JUECES ORDINARIOS. Teniendo en cuenta que el juez constitucional no puede reemplazar al ordinario, le ordenará al Tribunal Administrativo de Córdoba que profiera una decisión de reemplazo en la que se observen los lineamientos de esta providencia. Esto es, que analice si conforme con las normas aplicables al caso, el actor cumplió con los requisitos para acceder al régimen de transición previsto para el reconocimiento de la prima técnica de los empleados del nivel profesional de la Contraloría General de la República o si, por el contrario, no le asiste tal derecho a percibir la prestación. Ampara. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Temas: Alegaciones. Acceso. Régimen.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 22 04 000 2016 00031 00 de 2016

COMO LA RESPUESTA NO HA SIDO PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL PETICIONARIO LA CORTE DEBE PROTEGER LOS DERECHOS DEL ACCIONANTE. Si bien es cierto se brindó respuesta a la profesional de la Defensoría del Pueblo que asesoró al quejoso, la entidad omitió dar a conocer la respuesta al verdaderamente interesado, pese a que en el derecho de petición presentado por intermedio del Centro de Atención Ciudadana – Regional Bogotá de la Defensoría, de manera clara se indicó que la contestación debía suministrarse directamente al usuario a la dirección suministrada, enviando, en todo caso, copia de la misma a ese Centro de Atención. Niega. M.P. Jairo José Agudelo Parra. . Temas: Conocimiento.Protección. Suministro.

Expediente 11001 22 04 000 2015 03132 00 de 2016

EN VIRTUD DEL ÁMBITO FORMAL QUE ABARCA EL REGISTRO DE LAS ANOTACIONES SOBRE TÍTULOS TRANSLATICIOS DE DOMINIO, LAS AUTORIDADES COMPETENTES PROCEDERÁN A CANCELAR LA ANOTACIÓN PROVENIENTE DE LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR POR VÍA DE IGUAL MECANISMO. No solo se materializa la hipótesis temporal descrita en el precepto en comento, de tal manera que no haya confusión alguna acerca de su carácter transitorio, sino que también se evita someter a la ciudadanía a trámites burocráticos dispendiosos que van en contravía de la eficacia que debe rodear el ejercicio de la función pública. En ese orden de ideas, se impone amparar el derecho fundamental al debido proceso en favor de la accionante y, en consecuencia, ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Zona Norte proceda de conformidad con lo mandado. Ampara. M.P. Jairo José Agudelo Parra. Temas: Anotaciones. Registro. Prohibiciones.

 

Ministerio de Salud y Protección Social

Boletín de Prensa 170 de 2016

20,000 COLOMBIANOS YA TIENEN «CLICSALUD», LA APLICACIÓN PARA COMPARAR PRECIOS DE MEDICAMENTOS, CONOCER LAS MEJORES EPS E IPS, PRESENTAR QUEJAS Y OBTENER INFORMACIÓN DE SALUD. Del total de descargas en los primeros tres meses, 3.803 fueron realizadas por la tienda virtual de Apple y 16.549 por la de Android. ClicSalud forma parte de una iniciativa del Gobierno Nacional orientada promover la transparencia en el sector la salud y generar mayor confianza entre los ciudadanos y el sistema. El menú principal de la aplicación consta de tres componentes: “Elijo saber”, que contiene información sobre los precios de las distintas marcas de un mismo medicamento, así como la calidad de las EPS e IPS del país; “Tu voz en el sistema”, que permite calificar las atenciones en salud, solicitar información, y radicar peticiones, quejas y reclamos; y “¿Sabías que…?”, donde se ofrecen noticias sobre el sistema; información sobre los derechos y deberes de las personas en el marco de la seguridad social, y recomendaciones relacionadas con enfermedades. Temas: Sistema de salud. Aplicación. Clicsalud. Precios. Medicamentos. EPS. IPS. Quejas. Información.

 

Ministerio de Trabajo

Decreto 1376 de 2016

FINANCIACIÓN DE PRÁCTICA LABORAL, JUDICATURA, Y RELACIÓN DOCENCIA DE SERVICIO EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA LABORAL. Se adiciona la Sección 7 al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072 de 2015). Dicha financiación se hará con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), administrado por las Cajas de Compensación Familiar, en el marco de lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, quienes realizarán, en los eventos y condiciones que determine el Ministerio del Trabajo, el pago de los aportes a los subsistemas de seguridad social de estas personas. Sin embargo la práctica de judicatura del programa de derecho y las prácticas de la relación docencia de servicio en el área de la salud continuarán rigiéndose en sus generalidades según lo establece la normatividad especial vigente. Documento disponible al público en agosto de 2016 Temas: Financiación. Práctica laboral. Judicatura. Docencia. Área de la salud. Experiencia. Aportes. Sistema de seguridad social.