1 febrero, 2024

31 enero del 23

 Corte Constitucional

 

Sentencia Su 061 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN ASUNTO LABORAL –  PROCEDENCIA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, DEFECTO SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN CON RELACIÓN A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD

La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a una providencia judicial proferida en sede de casación. Se aduce que dicho fallo incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución, al casar parcialmente la sentencia del Tribunal y negar el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada por considerar que, de acuerdo con la Ley 361 de 1997, esta solo aplica frente a trabajadores que acrediten una pérdida de capacidad laboral superior al 15%. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre la acción de tutela contra providencia judicial, haciendo énfasis en las casuales invocadas, y el alcance y contenido de la estabilidad laboral reforzada por razón de salud. Señaló la Sala Plena de la Corporación que la estabilidad laboral reforzada no deriva exclusivamente del contenido de la Ley 361 de 1997, sino que encuentra soporte en otros derechos y principios fundamentales. Destacó igualmente que, la jurisprudencia constitucional ha sido pacífica al indicar que las personas en condición de debilidad manifiesta por razones de salud que les impida o limite realizar sus actividades laborales como lo hacían habitualmente, cuentan con la garantía de no ser despedidos sin que medie autorización de la oficina del trabajo y, sin que requieran para ello, estar calificados con pérdida de capacidad laboral. Se concluyó que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente, específicamente de las sentencias SU.049/17 y SU.380/21, al interpretar equivocadamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en contravía de lo dispuesto por la Constitución Política, y negarse a reconocer el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud, aduciendo que no se demostró que el trabajador contaba con una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.

 

Sentencia Su 316 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA-Vulneración del debido proceso por defecto fáctico en la valoración probatoria.

En este caso se cuestiona la decisión judicial de segunda instancia adoptada al interior de un proceso de reparación directa iniciado en contra de la Nación-Mindefensa-Ejército Nacional. Con la precitada causa se pretendía el resarcimiento de los perjuicios sufridos por un menor de edad y su familia, con ocasión de las lesiones que recibió el primero como consecuencia de la caída de un portón vehicular averiado, el cual cayó sobre su cuerpo cuando salía de una unidad militar, produciéndole lesiones que condujeron a una pérdida de capacidad laboral del 86.50%. El fallo cuestionado revocó la decisión que había declarado la responsabilidad del Estado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al encontrar demostrada una causa extraña por el hecho de un tercero en la configuración del daño, consistente en el comportamiento del soldado profesional, familiar del menor, que ingresó a este último a la unidad militar y lo instruyó para salir por el portón vehicular que, a la postre, cayó sobre su cuerpo y lo lesionó. Se reitera jurisprudencia relacionada con el defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por encontrar probado el defecto alegado y, en consecuencia, acreditada la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, la Sala Plena de la Corporación decidió CONCEDER el amparo invocado. Se deja sin efectos el fallo cuestionado y se ordena a la autoridad judicial accionada proferir uno nuevo, teniendo en cuenta la responsabilidad exclusiva del Estado.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 02884 de 2023

RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD » INTERÉS JURÍDICO ECONÓMICO PARA RECURRIR

× Cuando la financiación de la pensión de una persona afiliada al régimen de prima media con prestación definida que durante toda su vida laboral aportó al ISS (hoy Colpensiones), se suple en su totalidad con los recursos del fondo común de dicho régimen, no es aceptable asumir que el bono pensional tipo A se erija como un elemento adicional a complementar esa financiación, pues aquello constituye un detrimento económico para el patrimonio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, toda vez que, en el marco de la ineficacia decretada, estaría asumiendo como entidad emisora y pagadora del mismo × La reconvención es una modalidad de acumulación de procesos, y por eso y aunque la ley permite tramitarla bajo la misma cuerda de la demanda principal, el interés jurídico se mide por separado.

» INTERÉS JURÍDICO ECONÓMICO PARA RECURRIR DE LA PARTE DEMANDADA.

Cuando la sentencia que afecta a la administradora del fondo de pensiones como demandada se restringe al traslado de los saldos existentes en la cuenta del afiliado, aquella carece de interés económico para recurrir en casación, por cuanto dichas sumas, así como los bonos pensionales, rendimientos financieros, intereses y sumas adicionales no hacen parte de su patrimonio, sino del de la persona afiliada

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00437 de 2023

ERROR DE DERECHO

× El error de derecho se presenta cuando se contrarían las normas que gobiernan el régimen probatorio en cuanto a la aducción, incorporación, mérito demostrativo, contradicción o apreciación, al momento de valorar jurídicamente los medios de convicción.

 

Expediente 00396 de 2023

HECHO NOTORIO

× La tutela judicial efectiva se trata de un asunto de orden público que, por ende, impone al funcionario judicial, de primera o de segunda instancia, verificar su cumplimiento, incluso de oficio, al punto que enarbolar tal temática en sede extraordinaria de casación no se considera hecho nuevo.

 

Expediente 00436 de 2023

INCUMPLIMIENTO MUTUO – EN LOS CONTRATOS BILATERALES, CUANDO AMBOS HAN INCUMPLIDO, NINGUNO ESTÁ EN MORA.

Pero ambos pueden, a su arbitrio, demandar la obligación principal, sin cláusula penal y sin indemnización de perjuicios. Y obviamente pueden. pedir la resolución, también sin indemnización de perjuicios.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 62801 de 2023

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES: TIEMPO DEL DELITO, NO ES UN HECHO JURÍDICAMENTE RELEVANTE

Resolvió la Corte el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Judicial II Penal contra el fallo proferido por el Tribunal de Cali, mediante el cual revocó la sentencia de condena dictada por el Juzgado 12 Penal del Circuito de la misma ciudad contra ACT, como autor del “delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado” para, en su lugar, absolverlo por el punible de “actos sexuales con menor de 14 años agravado ocurridos de febrero a marzo de 2018” y “compulsar copias por los hechos ocurridos entre los meses de febrero y marzo de 2019”. La Sala casó el fallo absolutorio proferido por el Tribunal de Cali para, en su lugar, confirmar la condena proferida contra ACT, en primera instancia, como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. En este caso, la Corte recordó que, en sucesos similares, ha precisado que si bien la fecha de los hechos corresponde a un “dato que de forma ideal debe contener el escrito de acusación”, lo cierto es que si no se registra, tal omisión no torna ilegal ese acto o el trámite en general, pues no se trata de un hecho jurídicamente relevante. Así las cosas, concluyó que, la Fiscalía mantuvo el núcleo fáctico del único comportamiento investigado, tanto en la imputación, como en la acusación, y así se profirió el fallo de condena de primer grado. En esas circunstancias, no se vulneró el principio de congruencia, pues, la fecha en sí misma considerada no constituye un componente imprescindible en la definición de los hechos jurídicamente relevantes, siempre que de su presentación pueda establecerse el día o la época de su ocurrencia.

 

Expediente 56885 de 2023

FRAUDE DE SUBVENCIONES – TRÁMITE LEGISLATIVO

La Corte Suprema de Justicia, después de verificar que no se presentó solicitud de insistencia frente a la providencia que inadmitió la demanda de casación incoada por el defensor de LMNF contra la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, examinó ese fallo oficiosamente. La Sala casó oficiosamente la sentencia analizada para, en su lugar, declarar que el delito cometido por LMNF corresponde al de fraude de subvenciones. Además, declaró la prescripción de la acción penal derivada de ese delito y, en consecuencia, decretó la preclusión de la actuación.  Lo anterior, en consideración a que, la procesada fue condenada por el delito de fraude procesal, pero la Ley 1474 de 2011, posterior a la comisión de los hechos, consagra el delito de fraude de subvenciones, el cual se adecua de una manera más precisa a los hechos jurídicamente endilgados a la incriminada, respeta, en todo, la congruencia fáctica y resulta más favorable para ella.

 

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00277 de 2023

¿LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE ESTADO DEBE DECLARAR SU FALTA DE COMPETENCIA PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE DOS AUTORIDADES CUANDO AMBAS ESTÁN EJERCIENDO FUNCIONES JURISDICCIONALES?

Si, En este caso, se reitera el criterio unificado de la Sala expuesto en varias decisiones, en el sentido de que cuando se trata de un conflicto de competencias entre dos autoridades con funciones jurisdiccionales, la Sala no ostenta competencia, para conocer del asunto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 39 del CPACA. En efecto, el presente asunto trata de una demanda de acción de protección al consumidor para ordenar de oficio o a petición de parte a Colpensiones, la corrección, actualización o retiro de datos personales en favor de la sociedad OTACC S.A. Al respecto, el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 estableció que la acción de protección al consumidor es de carácter jurisdiccional (…). [E]n el caso en concreto, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, la Superintendencia Financiera de Colombia, a través del delegado para Funciones Jurisdiccionales, actúa en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales conforme al artículo 11.2.1.4.14 del Decreto 2555 de 2010. (…) En consecuencia, la Sala encuentra que no es competente para resolver de fondo el presente conflicto de competencias, pues las dos entidades involucradas ejercen funciones jurisdiccionales y además, el asunto es jurisdiccional. Por lo anterior, la Sala declarará su falta de competencia y remitirá el asunto a la entidad la tenga para dirimirlo, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 270 de 1996, es la Corte Suprema de Justicia.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falta de competencia de la Sala de Consulta del Consejo de Estado para dirimir los conflictos de competencia entre dos autoridades que están ejerciendo funciones jurisdiccionales, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones 10001-03-06-000-2022-00103- 00; 10001-03-06-000-2022-00106-00 del 5 de septiembre de 2023 y 10001-03-06-000-2022-00100-00 del 3 de agosto de 2022

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 11001 03 24 000 2020 00281 de 2024

¿ES PROCEDENTE SOLICITAR AL MOMENTO DEL TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES, CUALQUIER CLASE DE PRUEBA PARA RESOLVER EL FONDO DE LA CONTROVERSIA?

Si, De manera respetuosa expongo las razones por las cuales aclaro mi voto frente a lo resuelto por la Sala en la providencia proferida el 23 de noviembre de 2023. La Sala en el referido auto, al resolver lo relacionado con las solicitudes probatorias cuando se descorre el traslado de una excepción, afirmó que, debe tratarse de aquellas que tengan una “conexión entre el medio probatorio solicitado y la excepción invocada”. Frente a ese específico punto radica mi aclaración, por cuanto estimo que es posible solicitar cualquier clase de prueba que sea útil, conducente y pertinente para resolver el fondo de la controversia. Lo anterior teniendo en cuenta que, el parágrafo 2° del artículo 175 del CPACA establece que, “en este término la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere del caso, subsanar los defectos anotados en ella. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas”. En ese sentido, la solicitud probatoria es procedente mientras esté relacionada con lo que es objeto de debate.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

 Expediente 25000 23 26 000 2010 00726 de 2023

RECUERDAN COMO OPERA LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA

E]l daño antijurídico es imputable al Municipio pues […], la base de anclaje que ocasionó el accidente sufrido por la demandante fue construida en el marco de la ejecución de una obra realizada bajo supervisión del Municipio y en beneficio suyo, sin que se dispusieran las señales o dispositivos que, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1050 de 2004 por medio de la cual el Ministerio de Transporte adoptó el Manual de Señalización Vial–Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carretera y Ciclorrutas de Colombia, debían advertir la existencia de la obra. [E]n este caso se estructura la responsabilidad extracontractual del Municipio porque omitió el cumplimiento de la obligación a su cargo de señalizar y disponer los dispositivos que alertaran a los peatones el riesgo que comportaba la estructura […] para la instalación de un poste metálico.

 

Expediente 25000 23 26 000 2002 01799 de 2023.

RECUERDAN CUÁL ES EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO?

Las empresas industriales y comerciales del Estado (EICE) son entidades creadas por la ley o por autorización de ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial o de gestión económica. Conforme a la regulación contenida en los artículos 5 del Decreto 1050 de 1968 y 1 del Decreto Ley 222 de 1983, el régimen jurídico de los contratos de esas empresas era el derecho privado, salvo para los contratos de empréstito y de obras públicas. El régimen jurídico de las EICE del Estado cambió sustancialmente, pues la Ley 80 de 1993 dispuso que debían someterse a sus disposiciones, al incluirlas en el listado de las entidades del artículo 2. Así, hasta antes de 1989, salvo algunas excepciones (art. 24.1.m y parágrafo 1 del art. 32 Ley 80 de 1993), el régimen de contratación de las EICE era el contenido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. El artículo 93 de la Ley 489 de 1998 reiteró la aplicación de este régimen contractual para las EIC del Estado. Posteriormente, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificó ese régimen, pues dispuso que las EIC del Estado estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o en mercados regulados o en mercados monopolísticos, que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Esta norma fue reproducida casi en su integridad por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, salvo para aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos, a las que, nuevamente, se le hizo aplicable el Estatuto General del Contratación.