5 diciembre, 2023

4 de Diciembre del 23

Corte Constitucional

 

SENTENCIA C-292 de 2023

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL LITERAL F, NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 60 DEL DECRETO LEY 1799 DE 2000 “[P]OR EL CUAL SE DICTAN LAS NORMAS SOBRE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES.

Sala Plena de la Corte Constitucional estudió la acción pública de constitucionalidad formulada por el ciudadano Edwin Lechuga Heredia contra el contenido del literal f, numeral 2, del artículo 60 del Decreto Ley 1799 de 2000 por la presunta vulneración del artículo 29 de la Constitución. Tras concluir que respecto del único cargo admitido de la demanda no se formuló un argumento cierto, específico, pertinente y suficiente esta Corporación decidió que lo procedente era inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo.  Al respecto, la Corte analizó el cargo a partir de los requisitos de admisión contenidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, los precedentes jurisprudenciales que condensan los requisitos mínimos de admisibilidad de las demandas de control abstracto de constitucionalidad y el principio en favor del accionante. Después de realizar dicho examen, el Tribunal concluyó que la demanda no era apta pues en primer lugar el demandante no explicó como la norma tenía la entidad suficiente para quebrantar el principio de presunción de inocencia cuando sus efectos son transitorios pues ante un fallo disciplinario absolutorio el oficial u suboficial afectado por la suspensión de su ascenso en razón a un auto de cargos inmediatamente sería promovido con todos los beneficios salariales y de antigüedad reconocidos por el ordenamiento jurídico. Segundo, la Sala Plena encontró que la corrección presentada por el demandante en relación con la vigencia de la norma demandada es impertinente ya que se basó en un argumento subjetivo y casuístico relacionado con la actividad del demandante como litigante y no en un examen concurrente y sistemático que demostrara si la norma fue efectivamente derogada o no o si todavía produce efectos en el tiempo.  Por último, es importante resaltar que la decisión de inhibición, como lo ha reconocido la misma jurisprudencia constitucion, pone fin a un proceso de revisión de constitucionalidad sin decidir de fondo el asunto que se le plantea a la Corte. Por lo tanto, el problema jurídico que se puso a consideración de los jueces constitucionales queda sin resolver por lo que no se produce un efecto de cosa juzgada respecto de la disposición acusada ni impide que el demandante, o cualquier otro ciudadano que lo considere pertinente, acusen de nuevo la inconstitucionalidad de la disposición analizada en esta providencia.

SENTENCIA T-421 DE 2023

AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL MÍNIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA VIDA DIGNA.

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional revisó el fallo proferido en el marco de la acción de tutela interpuesta por Evelyn, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna. El juez de única instancia declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad para el reclamo de incapacidades médicas superiores al día 540. 80. La Sala concluyó que la acción de tutela cumplió los requisitos formales de procedencia. También analizó si era posible el pronunciamiento y decisión extra petita de la acción de tutela respecto del reconocimiento de una pensión de invalidez y concluyó que no existe certeza sobre uno de los requisitos de cara a reconocer la pensión de invalidez, pues existe un recurso que está pendiente de decisión, contra el dictamen de PCL que interpuso la accionante. Luego, se ocupó del asunto de fondo, así: (i) recordó el marco normativo y jurisprudencial para el pago de incapacidades médicas, (ii) precisó el régimen sobre el reconocimiento y pago de incapacidades médicas, (iii) analizó el caso concreto.  La Sala amparó los derechos fundamentales de la accionante al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna, pues efectivamente Compensar emitió incapacidades médicas superiores al día 540, pero no las ha pagado, a pesar de las condiciones de salud y económicas de la accionante y de acuerdo con el numeral 2° del artículo 2.2.3.6.1 del Decreto 780 de 2016, sustituido por el artículo 1° del Decreto 1427 de 2022. Esta disposición contempla el pago de incapacidades superiores al día 540 cuando el paciente no ha tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o lesión que originó la incapacidad por enfermedad general de origen común, habiéndose seguido con los protocolos y guías de atención y las recomendaciones del médico tratante.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 96579 de 2023

PRESCRIPCIÓN > ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS

La factibilidad de ejercer la acción judicial encaminada a obtener la reparación plena de perjuicios del artículo 216 del CST, se determina a partir del momento de la calificación médica definitiva que determina las secuelas sujetas a reparación. Para efectos de determinar la exigibilidad del derecho derivado de la acción de indemnización total y ordinaria de perjuicios, el trabajador tiene un compromiso y deber de diligencia de hacerse valorar medicamente en un lapso de tres años contados desde la ocurrencia del accidente de trabajo, o a partir de la fecha en que el trabajador tenga conocimiento de su enfermedad laboral y permanezca alejado de los factores de riesgo

 

Expediente 97006 de 2023

SALARIOS > PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO.

Ineficacia de los pactos salariales celebrados con el propósito de restar el carácter salarial a pagos que por esencia lo son.  Por regla general todos los pagos que recibe el trabajador por su actividad subordinada son salario a menos que se trate de los siguientes: i) Prestaciones sociales, ii) Sumas recibidas en dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus funciones, iii) Sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador, iv) Pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no poseen una propósito remunerativo y v) Beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

 

Expediente 00253 de 2023

TECNICA DE CASACIÓN – POR VÍA GENERAL, EL VICIO QUE PRETENDE REMEDIAR LA CAUSAL TERCERA DE CASACIÓN NO PUEDE PRESENTARSE EN UNA SENTENCIA TOTALMENTE DESESTIMATORIA DE LAS PRETENSIONES

Porque esa resolución se extiende cabalmente sobre todo lo pedido. Solo quedan exceptuadas las providencias que se fundan en razones por completo ajenas al marco fáctico del debate planteado por las partes. (

 

Expediente 00232 de 2023

VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL

Cargo desenfocado al mencionar error del Tribunal en tergiversar una pieza procesal que nunca se mencionó.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2020 00471 de 2023

LA SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN, EN EL MARCO DE UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, SEÑALÓ QUE LA FALTA DE VINCULACIÓN AL PROCESO DEL REPRESENTANTE DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL CONFIGURA LA CAUSAL DE REVISIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 5° DEL ARTÍCULO 250 DEL C.P.A.C.A., ASÍ LA DEMANDA HAYA SIDO CONTESTADA INICIALMENTE POR EL REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

En ejercicio del recurso extraordinario de revisión, se solicitó infirmar la sentencia del 30 de marzo de 2019, mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia del 25 de abril de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, y declaró responsable a la Nación – Rama Judicial por una privación injusta de la libertad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 25 000 23 42 000 2018 01829 de 2023

LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL A FAVOR DE HERMANO INVÁLIDO E INTERDICTO JUDICIALMENTE ES PROCEDENTE CUANDO LA PROTECCIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA QUEDÓ BAJO EL CUIDADO DE LA CAUSANTE QUIEN, UNA VEZ FALLECIDA LA MADRE, SE OCUPÓ DE ÉL. SI BIEN EL ACTO DE CALIFICACIÓN FUE POSTERIOR A LA DATA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL, NO HACE NUGATORIO EL ESTADO DE INVALIDEZ CONSOLIDADO DE TIEMPO ATRÁS, PARA LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 100 DE 1993.

El actor demandó de la UGPP, el reconocimiento de la sustitución pensional negada por CAJANAL EICE, en razón a que de acuerdo con sentencia proferida el 28 de octubre de 2008 por el Juzgado Octavo de Familia de Cali, fue declarado interdicto, y además, cumplir con los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que dependía económicamente de su hermana fallecida, con el consecuente pago retroactivo pensional, así como los intereses moratorios y la indexación de las sumas resultantes de conformidad al índice de precios al consumidor.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 01943 de 2023

SE INCURRE EN UN DEFECTO FÁCTICO CUANDO NO SE VALORA, EN DEBIDA FORMA, LA PRUEBA TÉCNICA DENTRO DE UNA HISTORIA CLÍNICA, PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO.

Se presenta acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad, igualdad y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 10 de marzo de 2023, en el proceso de reparación directa iniciado por la parte actora contra el Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE, por la falla en la prestación del servicio médico de su compañero permanente, lo que derivó en su fallecimiento. Los jueces de tutela deciden amparar los derechos fundamentales de la tutelante, al considerar que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, al no valorar adecuadamente la historia clínica aportada en el expediente y, en particular, el informe técnico de Medicina Legal, que daba cuenta sobre la causa del fallecimiento del señor J.B.P.P. (q.e.p.d.) y el nexo causal para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la falla en la prestación del servicio médico.

 

Expediente 25000 23 15 000 2023 00720 de 2023

EL CONSEJO DE ESTADO SE PRONUNCIÓ SOBRE LA INHABILIDAD DE TULIO ALBERTO GÓMEZ GIRALDO Y JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO PARA SER CANDIDATOS A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., RESPECTIVAMENTE.

El señor Tulio Alberto Gómez Giraldo se inscribió el 27 de julio de 2023 como candidato a la Gobernación del Valle del Cauca, por la coalición integrada por la Agrupación Política en Marcha, el Partido Alianza Verde y el Partido Ecologista Colombiano. El 27 de septiembre de 2023, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 11177, por medio de la cual se revocó la inscripción de la candidatura del ciudadano Gómez Giraldo, al considerar que incurrió en la causal de inhabilidad establecida en el numeral 5 del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, por cuanto celebró dos contratos con el Distrito Santiago de Cali, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, y su lugar de ejecución fue en el Departamento del Valle del Cauca, específicamente, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, propiedad de la Universidad del Valle.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 68001 23 33 000 2019 00544 de 2023

EL TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE REGISTRO, RESPECTO DE ACTOS NO REGISTRABLES, NO PUEDE SER REDUCIDO POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES, EN VIRTUD DE SU AUTONOMÍA FISCAL, DADO QUE, PARA EL EFECTO, OPERA EL REENVÍO A LAS NORMAS NACIONALES QUE PARA ELLO PREVÉN EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA DEL ARTÍCULO 2536 DEL CÓDIGO CIVIL.

Se anuló la expresión «10 días hábiles» contenida en el numeral 1 del artículo 160 de la Ordenanza 077 de 2014, Estatuto Tributario del departamento de Santander, en cuanto establecía ese término para solicitar la devolución del impuesto de registro pagado respecto de actos no registrables. La Sala concluyó que dicho término es ilegal, por ser contrario al de cinco años que las normas nacionales superiores establecen para ese tipo de solicitudes, disposiciones que son las aplicables en el orden territorial, puesto que en ese ámbito opera el procedimiento tributario nacional, en virtud del reenvío expreso que el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 hace al Estatuto Tributario Nacional.