6 marzo, 2024

4 y 5 de Marzo del 2024

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 526 de 2023

CORTE PROSCRIBE EL USO DEL INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO CONOCIDO COMO SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL.

El uso de dicho instrumento lesiona los derechos prevalentes de niños, niñas y adolescentes; reproduce estereotipos de género, y genera eventos de discriminación y, por lo tanto, de violencia contra la mujer en razón del género. Esta decisión se adoptó al revisar la tutela que presentó Isaías, en nombre propio y en representación de su hijo adolescente, Roberto, contra un juzgado de familia que ordenó suspender de manera provisional las visitas entre padre e hijo para evitar cualquier perjuicio psicológico a este último. Lo anterior, en el marco de un proceso de custodia y cuidado iniciado por la progenitora del joven, Eliana. Para el accionante, tal determinación vulneró sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la buena fe, y los de su hijo a tener una familia y no ser separado de ella, y al libre desarrollo de la personalidad; por lo cual, solicitó declarar que el juez había incurrido en varios defectos y levantar la suspensión para reestablecer o autorizar las visitas de forma provisional, mientras se definía la custodia y el cuidado del joven. En primera instancia, el Tribunal Superior de Ítaca negó el amparo solicitado, pero, en sede de impugnación, la Corte Suprema de Justicia revocó tal determinación, para, en su lugar, conceder el amparo y, entre otras medidas, ordenar al ICBF emitir un concepto sobre la presunta alienación parental del joven respecto de su madre, Eliana. La Sala Tercera de Revisión, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente porque, en el curso de la acción de tutela, el juzgado de familia al que se le atribuyó el conocimiento del caso -diferente al que adoptó la medida cautelar cuestionada- resolvió, mediante sentencia, el proceso de custodia y cuidado respecto de Roberto, ordenando la reactivación de las visitas paterno-filiales. Sin embargo, la Sala indicó que tal situación no impedía efectuar un pronunciamiento de fondo, en razón a que era imprescindible para avanzar en la garantía de los derechos fundamentales comprometidos, en un escenario de violencia intrafamiliar. En tal sentido, la Sala concluyó que el juzgado de familia que suspendió las visitas entre padre e hijo -contra el cual se presentó la acción de tutela en revisión- no incurrió en los defectos señalados por el promotor de la acción -fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución-, sino que adoptó una decisión razonada y fundada en las pruebas obrantes en ese momento dentro del expediente, garantizando así que el interés superior del joven fuera una consideración primordial. En particular, el pronunciamiento de la Sala destacó que el juez valoró las declaraciones y evaluaciones psicológicas realizadas a Roberto.

 

Sentencia T 534 de 2023

CORTE PREVINO A RAPPI PARA QUE SE ABSTENGA DE INCURRIR EN PRÁCTICAS LESIVAS DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y DEBIDO PROCESO DE LOS REPARTIDORES INDEPENDIENTES DE LA APLICACIÓN SOY RAPPI

La Corte encontró que Rappi S.A.S., trasgredió los derechos del accionante porque al momento de inhabilitar su cuenta desatendió los derechos a la defensa y a la contradicción, así como el principio de imparcialidad. La Sala Cuarta de Revisión amparó los derechos al debido proceso y de petición de un ciudadano vinculado a Rappi S.A.S. a través de la modalidad de Rapitendero Autorizado. El accionante invocó el amparo luego de que la empresa bloqueó su usuario y le impidió acceder a los servicios de la plataforma tecnológica. El ciudadano explicó que, como era habitual, intentó ingresar a la plataforma, pero no tuvo éxito en su registro, por lo que elevó una petición a Rappi S.A.S. para que le informaran sobre el bloqueo de su cuenta. La entidad le respondió que había infringido, en varias ocasiones, las políticas de desactivaciones de la comunidad Soy Rappi. Con esta respuesta de la empresa, el accionante invocó el amparo. En primera y segunda instancia se negó la pretensión, pero la Sala de Revisión revocó la decisión. La Corte determinó que cuando las plataformas de tecnología de reparto pretenden excluir a uno de sus usuarios repartidores por la comisión de una conducta contraria a las reglas de uso de la aplicación, la empresa ejerce un poder normativo y está en la obligación de respetar el derecho al debido proceso de quien puede verse afectado por el ejercicio de tal decisión. La Corte encontró que Rappi S.A.S. transgredió los derechos a la defensa, a la contradicción y a la imparcialidad al inhabilitar la cuenta del usuario.  Lo anterior, porque la entidad no le informó al accionante las razones específicas por las cuales la consecuencia negativa era procedente en su caso. Así, existió una ausencia de información para controvertir las conductas que le fueron endilgadas al actor y esto le impidió poder entregar elementos de juicio a su favor y defenderse de las actuaciones reprochadas.

 

Sentencia T 013 de 2024

CORTE AMPARA EL DERECHO A LA SALUD DE ADOLESCENTE Y ORDENA AUTORIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ASISTIR A CITAS MÉDICAS

La Corte comunicó la decisión del presente fallo al Ministerio de Salud para que, si lo estima pertinente, adopte las medidas necesarias para evitar que la reglamentación del servicio de transporte de paciente ambulatorio se convierta en una barrera de acceso a los servicios de salud. La Sala Séptima de Revisión amparó el derecho a la salud de Diana, una joven de 14 años en situación de discapacidad, con un 80% de nivel de dificultad de movilidad y que padece parálisis cerebral, epilepsia y microcefalia, entre otras condiciones médicas. Dora, en representación de su hija, invocó el amparo toda vez que la Nueva EPS no ha proporcionado e incluso ha negado la prestación del servicio de transporte intermunicipal de la adolescente. El servicio es requerido por ella para poder asistir a citas y exámenes médicos programados en un municipio o ciudad distintos a los de su residencia. En única instancia un juzgado negó las pretensiones del amparo. La Sala revocó la determinación y, en su lugar, amparó el derecho de Diana al considerar que la Nueva EPS no cumplió con su obligación de autorizar el servicio de transporte intermunicipal. Para la Corte no es concebible que la Nueva EPS justifique la falta de autorización del servicio de transporte intermunicipal con el argumento de que este servicio no debe ser proveído en los municipios en los que no se ha asignado prima adicional para zona especial por dispersión ecográfica.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 85435 de 2024

LOS EMPLEADORES TIENEN LA CARGA DE DEMOSTRAR LA CUANTÍA Y DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LOS VIÁTICOS.

Pues dada su calidad de parte empleadora son quienes tienen en su poder la información y, por ende, deben aportar al juicio la documentación necesaria para la determinación de los eventuales derechos. Si bien el trabajador tiene la carga de demostrar la causación regular de viáticos, esto es, que durante la relación de trabajo los devengó habitualmente, es el empleador quien debe correr con la carga de acreditar su cuantía y destinación específica -manutención, alojamiento, transporte o gastos de representación-. Los empleadores, de forma similar a lo que ocurre con las horas extras, tienen el deber de especificar los viáticos, esto supone la obligación de llevar un registro y certificarlos a sus trabajadores, indicando su monto y destinación, así como conservarlo de forma que asegure su veracidad, certeza, precisión e integridad de su contenido, con el objetivo de que exista total transparencia en su gestión

 

Expediente 94354 de 2024

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, LEY 797 DE 2003 > La convivencia no se deriva del registro civil del matrimonio

Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar que no se acreditó la convivencia real y efectiva entre el compañero permanente y la causante, pues la sola mención al estado civil de la causante como «casada» no da certeza sobre la convivencia de la pareja por más de cinco años exigidos por la Ley 797 de 2003. El requisito de la convivencia real y efectiva como condicionante del surgimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, entraña una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, apoyo espiritual y físico y camino hacia un destino común; excluye así, los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no generan las condiciones necesarias de una comunidad de vida

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00491 de 2024

DERECHOS FUNDAMENTALES – DEL TRIBUNAL POR TERGIVERSAR LA DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIDUCIARIA Y DE LAS DENUNCIAS PENALES DEMOSTRATIVAS DEL DOLO COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA.

Aplicación del artículo 1055 del Código de Comercio.  Derechos fundamentales Inexistentes ante la falta de un yerro trascendente, pues, la exclusión contenida en la póliza era ineficaz. Partes de la póliza. Artículos 1048 y 1049 del Código de Comercio. (Salvamento de voto de la Magistrada Hilda González Neira a la SC491-2023).

 

Expediente 00436 de 2024

IMPUESTO CATASTRAL

La disposición de ejecutar lo prometido, como es la suscripción del título de dominio, no puede tenerse por superada con la simple presencia del prometiente en la notaría, puesto que los paz y salvos referidos se erigían en los únicos indicativos de que estaba en posibilidad de pagar la prestación.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 59622 de 2024

REITERACION JURISPRUDENCIAL EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN, POR FAVORABILIDAD, DEL MEJOR DESCUENTO PUNITIVO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 351 DE LA LEY 906 DE 2004 A LA SENTENCIA ANTICIPADA DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 600

en un primer momento, luego del advenimiento del sistema penal acusatorio a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, la Sala fue del criterio que estos dos institutos no eran similares y, en consecuencia, no era viable la aplicación, por la vía del principio de favorabilidad, del mejor descuento punitivo de la figura del allanamiento a cargos de la Ley 906 a la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000. De ese modo se plasmó por primera vez, aunque con cuatro salvamentos de voto, en sentencia de agosto 23 de 2005, rad. 21954, y luego se reiteró en decisiones de 14 de diciembre de 2005, rad. 21347; 23 de mayo de 2006, rad. 25300 y 14 de noviembre de 2007, rad. 26190. En esta última se recalcó sobre la imposibilidad de trasladar institutos procesales de un sistema a otro.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00166 de 2024

LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL REITERA QUE LA FUNCIÓN CONSULTIVA NO PUEDE ACTIVARSE CUANDO EL OBJETO DE LA CONSULTA CORRESPONDE A UN «ASUNTO ADMINISTRATIVO» QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN O QUE DEBA DECIDIRSE EN UN PROCESO JUDICIAL QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.

EL GOBIERNO NACIONAL, POR INTERMEDIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CONSULTÓ A LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL ACERCA DE LA viabilidad de pagar la mesada adicional a los miembros de la Fuerza Pública en goce de pensión o asignación de retiro, conforme lo establece el artículo 41.1 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con las excepciones planteadas en el Acto Legislativo 1 de 2005.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2019 01599 de 2024

ES DEBER DEL JUEZ DEL PROCESO SANCIONATORIO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA ESTABLECER SI EXISTE ALGUNA RAZÓN DE CARÁCTER EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE LA INASISTENCIA A LAS REUNIONES PLENARIAS EN LAS QUE SE VOTEN PROYECTOS DE LEY, DE ACTO LEGISLATIVO O MOCIONES DE CENSURA.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resuelve en segunda instancia la demanda de pérdida de investidura en contra del ex representante a la cámara David Alejandro Barguil Assís por su presunta inasistencia a más de seis (6) reuniones plenarias en las que fueron votados proyectos de ley y/o de acto legislativo dentro de un mismo período de sesiones ordinarias.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 05001 23 33 000 2017 01892 de 2024

SE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A CÓNYUGE SUPÉRSTITE EN APLICACIÓN DEL DECRETO 758 DEL 1990, POR NO SER LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE LA MUERTE DEL CAUSANTE, Y NO CONSAGRARSE RESPECTO A DICHA PRESTACIÓN EN LA LEY 100 DE 1993 UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN FRENTE AL CUAL SE PUEDA INVOCAR EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. DE OTRA PARTE, TAMPOCO SE ENCUENTRA VIABLE DICHO RECONOCIMIENTO CON FUNDAMENTO AL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES POR NO ACREDITAR 26 SEMANAS DE COTIZACIONES ANTERIORES AL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE.

 La cónyuge supérstite del causante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 3 de febrero de 2002, fecha del fallecimiento del causante, conforme al Decreto 758 de 1990, en aplicación de la condición más beneficiosa, por haber acreditado más de 300 semanas de cotización antes del 1° de abril de 1994. La entidad negó el reconocimiento pensional por considerar que no era procedente aplicar de la condición más beneficiosa frente a la norma invocada, como también, con fundamento a la Ley 100 de 1993 por no acreditar 26 semanas de cotizaciones anteriores a la muerte del causante para ser beneficiaria de la prestación.

 

Expediente 05001 23 33 000 2021 00664 de 2024

LA PRIMA DE VIDA CARA PARA EL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NO GOZA, ACTUALMENTE, DE EFECTIVIDAD JURÍDICA, POR LAS MISMAS RAZONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES POR LA CUALES SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LAS ORDENANZAS POR MEDIO DE LAS CUALES SE DISPUSO EL PAGO DE LA MISMA PRESTACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD TERRITORIAL.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora actora formuló demanda ante la Jurisdicción de lo contencioso– administrativo, en orden a que se declarase la nulidad de los Oficios del 16 de octubre de 2018 y 3 de abril de 2020 y el acto ficto o presunto negativo configurado a partir del silencio de la administración frente a la solicitud número 2018010356912 del 12 de septiembre de 2018. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) restablecer el pago, en la nómina de pensionados, de la prima de vida cara, la cual deberá pagarse de manera periódica, vitalicia y con los reajustes que correspondan; (ii) reliquidar el valor de la pensión de jubilación que le fue sustituida, en el sentido de ajustar el monto de la asignación salarial del señor Félix Emilio Cuello Esper (q.e.p.d) entre 1973 y 1991, con la que se calculó el valor de la mesada, de conformidad con el índice de precios al consumidor de cada año; (iii) una vez nivelado el salario, reliquidar la pensión de jubilación sustituida, en el sentido de calcularla en cuantía del 75 % del promedio de lo devengado por el causante durante el último año de servicio, con inclusión de: la asignación básica, prima de navidad, prima de vida cara, prima de vacaciones, subsidio de transporte y viáticos; (iv) reajustar, anualmente, el valor de la pensión de conformidad con lo señalado en los artículos 1 de la Ley 71 de 1988 y 1 del Decreto 1160 de 1989; (v) «reconocer y pagar el mayor valor pensional resultante de la reliquidación y del reajuste pensional, con su correspondiente retroactividad; teniendo por fecha de efectos fiscales el 12 de septiembre de 2015 (por efectos de la prescripción trienal)»; (vi) pagar los intereses moratorios del artículo 88 de la Ley 1328 de 2009 o indexar el valor de la condena; (vii) ordenar el cumplimento de la sentencia en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011; (viii) condenar en costas a la parte demandada.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 26 000 2005 00451 de 2024

EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA SU-353 DE 2020 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SE PROFIERE SENTENCIA DE REMPLAZO Y SE ABSUELVE AL ESTADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL ATENTADO AL CLUB EL NOGAL.

En sentencia SU-353 de 2020, la Corte Constitucional ordenó dejar sin efectos la sentencia del 16 de agosto de 2018 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por haber desconocido el precedente contenido en el fallo del 20 de junio de 2017, expediente 18860, de la Sala Plena de la Sección Tercera. De acuerdo con este precedente, el daño causado por un acto terrorista solamente puede ser imputado al Estado cuando se configure alguno de los siguientes títulos de imputación: falla del servicio, riesgo excepcional o daño especial.

 

Expediente 76001 23 31 000 2006 00041 de 2024

CONSEJO DE ESTADO DETERMINA LOS PARÁMETROS PARA LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD MÉDICA POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

La parte actora solicitó la declaratoria de la responsabilidad patrimonial por los perjuicios sufridos con ocasión de la práctica médica que tuvo el Estado con motivo del nacimiento de su hija que padece de graves lesiones.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2022 00047 de 2024

POR EXCEDER LA POTESTAD REGLAMENTARIA SE ANULAN PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 DEL DECRETO 1766 DE 2004, REGLAMENTARIOS DEL ARTÍCULO 158-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, PROFERIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Se declaró la nulidad del inciso final del artículo 3 y de apartes del artículo 5 del Decreto 1766 del 2 de junio de 2004, en los que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó el artículo 158-3 del Estatuto Tributario. En su orden, tales normas preveían que si el contribuyente que accedió al beneficio y obtuvo la deducción de un porcentaje del valor de la inversión en activos fijos reales productivos dejaba de utilizar el activo o lo enajenaba antes del vencimiento del término para depreciarlo o amortizarlo, la consecuencia era que, en el periodo fiscal en que ello ocurriese, debía reintegrar la deducción especial, mediante su incorporación como renta líquida gravable, efecto que también se derivaba del artículo 5, cuando los contratos que hubiesen dado derecho al beneficio se anularan, rescindieran o resolvieran, o no se materializara la opción irrevocable de compra, en los casos de adquisición por el sistema de leasing. Para la Sala, dichas disposiciones excedieron la norma reglamentada porque crearon unos supuestos y una consecuencia jurídica no señalada por el legislador, en la medida en que el texto de la ley no aludía a las circunstancias contempladas en el reglamento, ni a que el reintegro del beneficio se tuviera que realizar mediante el instituto de la renta líquida gravable. Al respecto indicó que las disposiciones anuladas no se limitan a desarrollar el artículo 158-3 del E.T. para su correcto cumplimiento, sino que establecen disposiciones nuevas que no se derivan de la norma reglamentada y cuya predeterminación le corresponde únicamente a la Ley, en los términos del artículo 338 superior, pues al señalar como efecto normativo que el beneficio se recupere mediante la incorporación como renta líquida gravable se modifica la base gravable del impuesto sobre la renta, con lo que se asumen funciones propias del Congreso de la República.