6 diciembre, 2023

5 de Diciembre de l23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 373 de 2023

CORTE ADVIERTE QUE NO ES DEBER DEL USUARIO DE SALUD CONOCER EXIGENCIAS JURISPRUDENCIALES PARA ACCEDER A SERVICIOS COMPLEJOS Y EXCEPCIONALES.

Juana, en representación de su hijo menor de edad, Juan, presentó acción de tutela en contra de Famisanar. En su criterio, la EPS le vulneró los derechos fundamentales a la salud, dignidad humana, igualdad, seguridad social y el que denominó “derecho a la especial protección para personas en condición de indefensión”. En consecuencia, pidió que se le ordenara a la demandada que adelantara “los contactos, solicitudes, gestiones, procedimientos, acuerdos y demás actuaciones administrativas necesarias para el traslado o remisión (transporte medicalizado) en condiciones adecuadas a su requerimiento clínico y atención hospitalaria integral en compañía de [la] madre al Hospital de niños «Sant Joan de Déu» de la ciudad de Barcelona, España, o alguna otra institución del extranjero con fines curativos, no paliativos, en donde con posibilidad de éxito se le puede seguir tratando de manera integral [la] grave enfermedad, con la intención de lograr su curación (…)”     La Sala encontró que en el presente caso se configura la carencia actual de objeto por daño consumado, porque Juan falleció el 11 de marzo de 2023, esto es, durante el trámite de la acción de tutela sub examine. Como consecuencia de lo anterior, la Sala entendió imperativo pronunciarse sobre el fondo del asunto.      En ese sentido, luego de verificar la procedencia de la acción de tutela, la Sala se dispuso a resolver el siguiente problema jurídico: ¿la EPS Famisanar vulneró los derechos fundamentales de Juan (i) por no brindarle atención integral en salud; y (ii) al haberse negado a autorizar su tratamiento médico en el Hospital Sant Joan de Déus en Barcelona? Para tales fines, la Sala desarrolló dos líneas argumentativas: primero, explicó las razones por las que consideró que la EPS accionada le brindó un tratamiento integral y oportuno a Juan, hasta el momento en el que lo remitió a él y a su familia a cuidados paliativos. Y, segundo, argumentó que, a pesar de lo anterior, la EPS sí vulneró el derecho fundamental a la salud del menor, pues no gestionó todos los trámites requeridos para definir la viabilidad de autorizar el tratamiento en Barcelona.

 

Sentencia T 357 de 2023

MÉTODO ANTICONCEPTIVO DEFINITIVO PARA PERSONA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. PLENA CAPACIDAD PARA EL EJERCICIO VOLUNTARIO Y AUTÓNOMO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

Gabriela, persona con diversidad cognitiva, acudió ante el juez constitucional mostrando inconformidad porque uno de los médicos de la red de prestadores de su EPS, le exigió una autorización judicial para practicarle el procedimiento de esterilización denominado «ablación u oclusión de trompa de Falopio bilateral por laparotomía (Pomeroy)». Adujo que ello comprometía sus derechos fundamentales, en la medida que reprimía injustificadamente su intención de no procrear.     La Corte encontró que el amparo es procedente, tras verificar el cumplimiento de los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad. Al respecto, precisó que, la categoría de la agencia oficiosa, a través de la cual fue inicialmente promovido el trámite, no puede desconocer la plena capacidad jurídica de Gabriela, por ende, fue necesario constatar que ella misma hubiese ratificado las actuaciones de quien inicialmente se presentó como su agente. Además, la Sala resaltó que la subsidiariedad de la acción no se ve comprometida por: (i) la autorización judicial prevista en el artículo 6.º de la Ley 1412 de 2010 (hoy derogado), para la esterilización de personas con diversidad funcional o cognitiva, (ii) el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud, previsto por el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 y (iii) el proceso judicial de adjudicación de formal apoyos de que trata la Ley 1996 de 2019.      A continuación, se efectuó un recuento normativo y jurisprudencial sobre las implicaciones del modelo social de la discapacidad en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas funcionalmente diversas, enfatizando en la importancia de dotarles de los apoyos y ajustes razonables para que adopten decisiones autónomas e informadas en esa materia, siempre partiendo del reconocimiento pleno de su capacidad jurídica. Además, se estableció que actualmente no es plausible exigir una autorización judicial para el ejercicio de tales derechos, al paso que se recordó la reglamentación vigente sobre el consentimiento informado, en casos de esterilización para ese grupo poblacional, y los deberes que corresponden a las EPS y los prestadores de salud en esa materia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 93607 de 2023

RECUERDAN QUE EN MATERIA LABORAL, LAS CONDENAS POR SANCIONES MORATORIAS NO SON DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA E INEXORABLE.

La sanción moratoria opera cuando el empleador no aporta razones satisfactorias y justificativas de su conducta, no es de aplicación automática; en cada caso es necesario estudiar si su comportamiento estuvo o no asistido de buena fe ya que no hay reglas absolutas que objetivamente la determinen. > ANÁLISIS DE PRUEBAS – Procedencia de la sanción moratoria, pues la empresa era consciente del fraccionamiento del pago salarial, sin embargo, mantuvo en el tiempo ese procedimiento, con claro desmedro de los derechos sociales de la actora, sin que haya aducido y menos acreditado alguna razón plausible su actuación

 

Expediente 92331 de 2023

GESTIÓN DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

De acuerdo con los artículos 27 y 28 del Decreto 2013 de 2012 es el Instituto de Seguros Sociales liquidado, hoy en forma de Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR ISS), el obligado a responder por el pago de una obligación que nace de un contrato de trabajo y con respecto a la cual no se ha consolidado una situación pensional, como lo es el cálculo actuarial. Las obligaciones pensionales pueden ser abordadas desde dos puntos de vista: i) Pago de pensiones, que deviene del concepto de derechos adquiridos por particulares, quienes luego de cumplir con los requisitos legales para ello, acceden a una prestación por concepto de vejez, y ii) Pago de aportes, bonos, títulos pensionales y,o cálculos actuariales, entendidos como medios válidos para financiar ésta última . La competencia administrativa de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) tiene por órbita de acción, los derechos pensionales que cuentan con certeza en su reconocimiento, bien porque ya habían sido asumidos por el ISS o en razón a que se tenían cumplidos los requisitos para acceder a ello por parte de los beneficiarios de los mismos

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00328 de 2023

NORMA SUSTANCIAL – NATURALEZA. DEFINICIÓN. SE DEBE INDICAR CUAL Y COMO SE VULNERÓ CUANDO SE PROPONE LA VIOLACIÓN DIRECTA O INDIRECTA COMO CAUSAL DE CASACIÓN.

Los artículos 1602,1603,1604,1608,1613,1614,1615 y 1616 del Código Civil, 822 del Código de Comercio y 11 de la Ley 1283 de 2009 no ostentan esta calidad. El numeral 2 del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ostenta esta calidad. (

 

Expediente 00368 de 2023

MORA – DEL ACREEDOR AL RECIBIR EL INMUEBLE HACE IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGA.

Buena fe. Denegación del lucro cesante cuando se incumple el deber carga de colaboración. Mora accipiendi. Mora solvendi. (

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00210 de 2023

 EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM) TIENE UN EFECTO INFORMATIVO OBLIGATORIO, BIEN PARA LA NOTARÍA COMO REQUISITO PARA PERFECCIONAR LA ENAJENACIÓN DE UN BIEN SOMETIDO A REGISTRO, O BIEN PARA LA ENTIDAD FINANCIERA O BANCARIA PARA LAS CUALES ES RELEVANTE COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE QUIENES PRETENDEN SER SUS BENEFICIARIOS.

El Gobierno Nacional, por conducto del ministro de Justicia y del Derecho, formuló consulta a la Sala en relación la interpretación de las consecuencias jurídicas contenidas en los numerales 3° y 4° del artículo 6° de la Ley Estatutaria 2097 de 2021 «Por medio de la cual se crea el Registro de deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones».

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 66001 33 33 001 2022 00016 de 2023

LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN ESTABLECE LA INCOMPATIBILIDAD DE LA SANCIÓN MORATORIA DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990 CON EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS ADMINISTRADO POR EL FOMAG.

Un docente nombrado en propiedad, se posesionó el 15 de marzo de 2006, fecha en la que fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El 16 de julio de 2021 le solicitó a la Secretaría de Educación de Dosquebrada (Risaralda), el reconocimiento de la sanción derivada de la mora en la consignación de las cesantías del 2020 y de la indemnización ocasionada por el pago tardío de los intereses de ese año. Mediante oficio del 17 de agosto de 2021, el coordinador de prestaciones sociales de la Secretaría de Educación del municipio, negó la petición del docente por considerar que, la sanción moratoria no está prevista para el régimen excepcional del FOMAG y que es distinto de los fondos privados creados por la Ley 50 de 1990. Decisión que fue confirmada por la vicepresidencia de FOMAG.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 15001 23 33 000 2014 00564 de 2023

SE DECLARA LA NULIDAD DE LA SANCIÓN DE INHABILIDAD  IMPUESTA  A UN FUNCIONARIO DESTITUCIÓN  DE     ELECCIÓN POPULAR, DICTADA POR LA PROCURADURÍA REGIONAL DE BOYACÁ. COMO FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN SE INVOCA LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 23.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DADA LA CALIDAD DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL ÓRGANO DE CONTROL.

 La Procuraduría Provincial de Tunja impuso sanción de destitución e inhabilidad al alcalde del municipio de Miraflores por irregularidades presentadas en un contrato de obra. Contra dicha decisión el disciplinado interpuso recurso de apelación por considerar que la sanción disciplinaria transgredió el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevé el derecho al debido proceso, como garantía no solo en el ámbito judicial sino administrativo y que, por formar parte del bloque de constitucionalidad, es obligatorio en el orden interno, para lo cual se ha previsto el control de convencionalidad. La Procuraduría Regional de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 18001 23 33 000 2014 00044 de 2023

LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ES IMPROCEDENTE PARA CONTROVERTIR EL ESTUDIO SOBRE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA REALIZADO EN LA SENTENCIA CONDENATORIA.

Un exconscripto demandó al Ejército Nacional en un proceso de reparación directa para solicitar la reparación del daño que sufrió cuando, por accidente, se le disparó su propia arma durante la prestación del servicio militar obligatorio. En dicho proceso se consideró infundada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y se condenó a esa entidad. Ahora, en el proceso de repetición, el Ejército Nacional demanda a ese mismo agente porque insiste en que el daño fue causado por su propia culpa.