7 febrero, 2024

5 de Febrero del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 531 de 2023
CORTE AMPARA DERECHOS DE NÚCLEO FAMILIAR AL QUE SE LE NEGÓ REPARACIÓN DIRECTA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR CON ARTEFACTO EXPLOSIVO.

La Sala Tercera de Revisión consideró que, en el marco de un proceso de reparación directa, el Tribunal accionado incurrió en desconocimiento del precedente judicial porque falló de forma distinta en casos idénticos, sin proveer razón suficiente y razonable para ello. La Sala Tercera de Revisión amparó los derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a la igualdad de Patricia y sus hijos Carolina y Andrés, quienes presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia en el marco de un proceso de reparación directa. En diciembre de 2010, Gonzalo, compañero permanente de Patricia, perdió la vida como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo que estaba. Abandonado en el lugar donde se encontraba ejerciendo labores cotidianas en Cartagena del Chairá, en Caquetá, en compañía de su amigo Felipe, quién sobrevivió a la explosión. La accionante invocó el amparo toda vez que las autoridades judiciales demandas negaron las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se pudo demostrar que el artefacto explosivo que produjo la muerte de su compañero permanente fuera de dotación oficial o que perteneciera a los grupos armados al margen de la ley; a pesar de que en el proceso de reparación directa instaurado por Felipe, con fundamento en los mismos hechos, el Tribunal Administrativo de Caquetá declaró la responsabilidad extracontractual del Estado. Los jueces de primera y segunda instancia declararon improcedente el amparo, pero la Sala Tercera de Revisión con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, revocó la decisión y, en su lugar, protegió los derechos.  La Sala, en su análisis, concluyó que se configuró el desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que el Tribunal falló de forma distinta casos idénticos, sin proveer razón suficiente y razonable para ello; transgrediendo así el derecho a la igualdad de Patricia y de sus hijos.

 

Sentencia T 001 de 2024

LOS SERVIDORES PÚBLICOS TIENEN DERECHO A QUE SU EMPLEADOR JUSTIFIQUE SU DECISIÓN DE TRASLADO DE TRABAJO DE UNA MANERA SUFICIENTE Y RAZONABLE

La Corte le advirtió al Ejército Nacional que, en lo sucesivo, se abstenga de aducir el secreto profesional como justificación para la falta de motivación de un acto administrativo que define una solicitud de traslado. La Sala Octava de Revisión estudió dos acciones de tutela, con las que un policía y un militar pretendían refutar los actos administrativos que ordenaron o negaron sus traslados de lugares de trabajo. En el primer caso, un suboficial activo del Ejército solicitó un traslado de un batallón ubicado en Tunja hacia otro ubicado en Santa Marta, toda vez que en esa ciudad reside su esposa e hijo, a quien recientemente le diagnosticaron autismo, síndrome de Asperger, trastorno de la conducta y déficit de atención.  La recomendación médica es que el niño de nueve años debía tener acompañamiento permanente de sus padres, por lo que el oficial solicitó el traslado. Además, su esposa está diagnosticada con depresión y se encuentra medicada por psiquiatría. La solicitud del suboficial fue respondida de manera negativa por parte del Ejército, que mantuvo en reserva la decisión. Con lo anterior, el militar invocó el amparo del derecho a la unidad familiar. En única instancia se declaró improcedente.  La Sala, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, revocó la decisión y, en su lugar, amparó el derecho al considerar que el Ejército no tuvo en cuenta el diagnóstico del niño y de la mujer.  Sumado a ello, la Sala reprochó que la accionada no explicó de ninguna manera las necesidades del servicio para que el accionante deba prestar su trabajo en Tunja y no pueda realizarlo en Santa Marta o alguna ciudad cercana. La Corte reiteró su jurisprudencia respecto de que los servidores públicos tienen derecho a que su empleador justifique su decisión de una manera suficiente y razonable, así se trate de una entidad pública que goce de mayor discrecionalidad en sus decisiones de traslado.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 72872 de 2023

SALA LABORAL ACLARA QUE EMPLEADOR NO ESTÁ OBLIGADO A RENOVAR EL CONTRATO A TÉRMINO FIJO DE TRABAJADORES AFORADOS.

Proceso de fuero sindical – Acción de reintegro: vulneración del derecho con la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, mediante la cual, concluyó que la terminación del contrato a término fijo del trabajador con fuero sindical era discriminatoria, debido a su calidad de miembro de la junta directiva de la organización sindical. defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral, relativo a que la garantía de estabilidad laboral otorgada al trabajador con fuero sindical, no puede extenderse más allá del vencimiento del plazo fijo pactado

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00443 de 2023

APRECIACIÓN PROBATORIA – DE LAS ACTAS DE REUNIONES Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE MUESTRAN LAS AFECTACIONES Y LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE INCUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE CONTRATO DE SEGUROS.

Prescripción extintiva de la acción de responsabilidad civil en materia de seguros, por cuanto el demandante interpuso la acción pasados los dos años desde la ocurrencia de los hechos.

Expediente 00396 de 2023

ERROR DE DERECHO

× Atribuible al tribunal al no haber decretado la incorporación oficiosa de las pruebas documentales que dieran cuenta de la vocación sucesoral de los demandantes, y con ella la capacidad de ser parte de  la  sucesión.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 63588 de 2023

DELITOS DE LESA HUMANIDAD – PRESCRIPCIÓN: SON DELITOS IMPRESCRIPTIBLES, HASTA QUE EL SUJETO ES VINCULADO AL PROCESO PENAL

La Corte Suprema de Justicia examinó la demanda de casación presentada por el defensor de MNSR, contra la sentencia a través de la cual la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio confirmó la providencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, que la condenó en calidad de coautora penalmente responsable del delito de homicidio en persona protegida, en concurso heterogéneo con el reato de desaparición forzada agravada, y autora del delito de concierto para delinquir agravado. La Sala inadmitió la demanda, pero casó de oficio y de manera parcial la sentencia impugnada, en el sentido de decretar la nulidad parcial de lo actuado a partir del 28 de abril de 2020, por el acaecimiento del fenómeno de la prescripción de la acción penal respecto del delito de concierto para delinquir agravado. En consecuencia, cesó el procedimiento en favor de MNSR, exclusivamente por ese delito y redosificó la pena definitiva que debe cumplir la procesada. Para ello, la Corte recordó que, frente a los delitos imprescriptibles, los términos prescriptivos, tanto en la etapa de investigación, como en la de juzgamiento, cobran vigor con lo estatuido en el artículo 83 y ss. del Código Penal, a partir del momento en que el investigado es identificado, individualizado y debidamente vinculado al proceso respectivo.

 

Expediente 55491 de 2023

SISTEMA PENAL ACUSATORIO – PRUEBA TESTIMONIAL: OBLIGACIONES DE LA PARTE QUE LA SOLICITA

Decidió la Corte Suprema de Justicia, la impugnación especial promovida por la defensa de GLMP y el recurso extraordinario de casación instaurado por el Procurador 43 Judicial II Penal de Barranquilla, contra la sentencia que dictó la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, por cuyo medio revocó la absolución que emitió el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con función de conocimiento de Malambo (Atlántico) y, en su lugar, lo condenó, por primera vez, como autor responsable del delito de lesiones personales culposas con incapacidad para trabajar o enfermedad física que afecta el cuerpo y el rostro de carácter permanente y perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente. La Sala de Casación Penal revocó la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, en orden a que recobrara vigencia la decisión emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), que absolvió a GLMP del delito mencionado, por la existencia de duda razonable. Consideró la Sala que el ad quem incurrió en errores de hecho, en las modalidades de falso juicio de identidad, falso juicio de existencia y falso raciocinio, al no advertir que la Fiscalía no especificó en los juicios de imputación y acusación los hechos jurídicamente relevantes constitutivos de la infracción al deber objetivo de cuidado; y que, las pruebas practicadas durante el juicio, les brindan idéntico respaldo a las dos hipótesis factuales ventiladas a lo largo de la actuación por la Fiscalía y la defensa.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 76001 23 31 000 2008 00846 de 2023

LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADUANEROS CONSTITUIDA MEDIANTE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO Y LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEL BENEFICIARIO CONTRA EL ASEGURADOR

La sociedad comercial SEGUROS DEL ESTADO S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con el objeto de que se declare la nulidad de los mediante los cuales se impuso sanción a un declarante en el régimen de importación y se ordenó hacer efectiva la póliza 042110926, por valor de $2.237.637.237,30.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 66001 33 333 001 2022 00016 de 2023

LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN ESTABLECE LA INCOMPATIBILIDAD DE LA SANCIÓN MORATORIA DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990 CON EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS ADMINISTRADO POR EL FOMAG.

Un docente nombrado en propiedad, se posesionó el 15 de marzo de 2006, fecha en la que fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El 16 de julio de 2021 le solicitó a la Secretaría de Educación de Dosquebradas (Risaralda), el reconocimiento de la sanción derivada de la mora en la consignación de las cesantías del 2020 y de la indemnización ocasionada por el pago tardío de los intereses de ese año. Mediante oficio del 17 de agosto de 2021, el coordinador de prestaciones sociales de la Secretaría de Educación del municipio, negó la petición del docente por considerar que, la sanción moratoria no está prevista para el régimen excepcional del FOMAG y que es distinto de los fondos privados creados por la Ley 50 de 1990. Decisión que fue confirmada por la vicepresidencia de FOMAG.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 41001 23 33 000 2023 00008 de 2023

EL PAGO DE LAS COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR DE LA MUJER EMBARAZADA Y LACTANTE SE DEBE EXTENDER DURANTE TODO EL PERIODO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.

La demandante consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social, salud, mínimo vital y estabilidad laboral reforzada con ocasión de su desvinculación del cargo que desempeñaba en provisionalidad en el Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva, ante el reintegro de la persona que ostentaba su titularidad, pese a que se encontraba en estado de embarazo. Esta Corporación, en segunda instancia, confirmó la decisión impugnada en relación con el amparo de los derechos invocados y modificó la orden de pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, que deben efectuarse durante todo el periodo de la licencia de maternidad y hasta que culmine