6 octubre, 2022

5 de Octubre del 22

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 277 de 2022

PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD E INTEGRALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD / CUBRIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL PARA ACCEDER AL TRATAMIENTO MÉDICO DE PACIENTES AMBULATORIOS.

La actora considera que la EPS accionada vulneró sus derechos fundamentales, al no suministrar los viáticos correspondientes a transporte, para poder acceder semanalmente en compañía de un familiar, al tratamiento dialítico que requiere. Así mismo, por no garantizar un tratamiento integral para la patología de insuficiencia renal crónica que padece. La entidad adujo que no el servicio pedido no estaba incluido en el Plan de Beneficios en Salud y que además no existía orden del médico tratante que así lo dispusiera. Se reitera doctrina constitucional sobre el derecho a la salud y los principios de accesibilidad e integralidad.

 

Sentencia T 281 de 2022

 AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SANCIONATORIO. El accionante pretende que vía acción de tutela se deje sin efectos los actos administrativos proferidos por el Consejo de la Facultad y el Consejo Académico de la universidad cuestionada, mediante las cuales se le impuso sanciones que desconocieron su derecho al debido proceso, lo que a la postre incidió de manera negativa en sus derechos a la educación y a la igualdad. Las sanciones mencionadas fueron, principalmente, la anulación de la matrícula del actor, así como de sus exámenes de suficiencia y preparatorios. El ente universitario fundamentó tales decisiones en las irregularidades en que incurrió el peticionario en su reingreso, así como en la presentación de los referidos exámenes. El actor por su parte indicó que la entidad carecía de competencia para adelantar el procedimiento disciplinario en su contra, vulneró su derecho a la defensa en el marco de dicho procedimiento, carecía de competencia para imponer las sanciones dispuestas por las resoluciones controvertidas y desconoció las reglas sobre mayorías para las decisiones del Consejo de la Facultad y del Consejo Académico. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre la autonomía universitaria y la potestad reglamentaria de las universidades. Así mismo, se aborda temática sobre el alcance del debido proceso como límite a los procedimientos administrativos y disciplinarios que adelantan los centros universitarios. La Corte concluyó que la Universidad violó el debido proceso del accionante al ejercer la potestad disciplinaria en su contra, pese a que el Reglamento disciplinario no contiene norma alguna que prevea esta competencia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 83557  de 2022

LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS > TRABAJADORES OFICIALES > SALARIOS > NIVELACIÓN SALARIAL.

La nivelación salarial, ha sido abordado desde dos aristas: i) En aquellos eventos en los que se discute la nivelación ante la existencia de un escalafón que fija salarios para determinado cargo y, ii) Cuando el reclamo de la nivelación se funda en el principio a trabajo igual, salario igual

 

Expediente 83093 de 2022

PENSIONES > CÓMPUTO DE TIEMPO DE SERVICIO O SEMANAS DE COTIZACIÓN > PENSIÓN DE VEJEZ, DECRETO 758 DE 1990.

La pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990 aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, puede consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS y los tiempos laborados a entidades públicas -procedencia de la suma de tiempos-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 04454 de 2022

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO DE CUSTODIA – EL LEGISLADOR ESTABLECE UNA REGLA PRIVATIVA DE ASIGNACIÓN DE ESPECIAL NATURALEZA, FIJADA EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

El libelo presentado por el convocante con posterioridad al acuerdo conciliatorio al que llegó con su contraparte, no está orientado propiamente a que se hagan cumplir las obligaciones allí estipuladas, sino a que se establezcan unas nuevas reglas para la interacción de los progenitores con su hijo menor de edad, incluyendo lo atinente a la custodia, régimen de visitas y cuota alimentaria. Artículo 28 numeral 2º inciso 2º CGP.

FUENTE FORMAL – Artículo 28 numeral 2º inciso 2º CGP. Acuerdo 034 de 2020 Sala de Casación Civil CSJ.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 60798 de 2022

EXTRADICIÓN – PROCEDENCIA / LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL SON NORMAS SUPLETORIAS

Deberes: rechazar maniobras dilatorias o manifiestamente inconducentes, mediante el rechazo de plano /  Pruebas: se ordenan las relacionadas con los elementos del concepto / carácter de necesarias, pertinentes, conducentes y útiles

Expediente 57079 de 2022

CONOZCA LA NUEVA SENTENCIA SOBRE LEGÍTIMA DEFENSA / AGRAVANTES.

En la acusación como en la sentencia debe existir el cimiento normativo de las agravantes y los hechos jurídicamente relevantes que la estructuran, además del sustento probatorio. Excluye agravante, y modifica pena de 415 a 223 meses de prisión.

 

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

 

Expediente 11001 03 06 000 2022 00064 de 2022

LA DISCAPACIDAD DE UN NIÑO NO ES, POR SÍ MISMA, UNA SITUACIÓN QUE IMPLIQUE LA VULNERACIÓN O AMENAZA A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES SI NO QUE SE TRATA DE UNA SITUACIÓN QUE REQUIERE UN TRATO DIFERENCIAL POR PARTE DEL ESTADO, PARA LOGRAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, SU REHABILITACIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL.

 La Sala de Consulta y Servicio Civil, al resolver un conflicto de competencia administrativa, analizó cual es la autoridad competente para para continuar con el seguimiento de las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas a favor de un menor de edad en condición de discapacidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 15001 23 33 000 2016 00615 de 2022

SE SANCIONÓ DISCIPLINARIAMENTE A COMISARIA DE FAMILIA DE TUNJA POR NO PROFERIR MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA QUERELLANTE, QUE MURIÓ 2 DÍAS DESPUÉS DE HABER ASISTIDO A LA COMISARÍA TERCERA DE FAMILIA POR LAS AGRESIONES RECIBIDAS DE SU CÓNYUGE.

 La Procuraduría General de la Nación sancionó en 2016 con suspensión por el término de diez (10) meses a la demandante, en razón a que, en su calidad de comisaria tercera de familia de Tunja, no aplicó la medida de protección que correspondía a la solicitud presentada por una querellante, quien falleció a los 2 días siguientes de haber concurrido a ese despacho, víctima de agresiones físicas provenientes de su cónyuge. Agresor al que solo conminó y amonestó para que no incurriera en dichas actuaciones, a pesar de que existían antecedentes de violencia intrafamiliar en su contra, debidamente denunciados, informados y documentados ante otras autoridades.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 13001 23 31 000 2010 00441 de 2022

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEBE RESPONDER PATRIMONIALMENTE POR EL DAÑO ESPECIAL OCASIONADO CON LA CAPTURA DE UN CIUDADANO SOLICITADO EN EXTRADICIÓN, AL NO HABER VERIFICADO PREVIAMENTE LOS REQUISITOS FORMALES DE DICHA FIGURA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

“Ciudadano fue capturado por la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición de acuerdo con la solicitud que a través de una nota diplomática hizo la Embajada de los Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que la Corte del Distrito Sur de la Florida lo requiriera para judicializarlo como responsable del delito de narcotráfico. El ente investigador revocó su captura luego de que el Gobierno de los Estados Unidos mediante otra nota diplomática dirigida a la enunciada cartera ministerial retiró la solicitud de extradición y ordenó al INPEC que le concediera la libertad inmediata.”

 

Expediente 54001 23 31 000 2001 01915 de 2022

LAS FACULTADES DEL JUEZ QUE CONOCE DEL DERECHO TIENEN SUS LÍMITES EN EL RESPETO DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO DE DEFENSA, POR TANTO, NO LE ES DABLE MODIFICAR LA CAUSA DEL LITIGIO MATERIALIZADA EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA Y, EN EL CASO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, EN EL DAÑO ALEGADO NI EN LA FUENTE IDENTIFICADA POR EL ACCIONANTE.

  “Se demanda a la Nación – Rama Judicial por considerar que, en la Sentencia de tutela T- 735 de 1999, la Corte Constitucional habría incurrido en un error judicial, que ocasionó la remoción del actor del cargo de magistrado en propiedad de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.”

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 2500 23 37  000 2018 00232 de 2022

LOS BENEFICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA, COMO LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS -QUE HA SIDO ESTABILIZADA-, PROCEDEN SOBRE LAS INVERSIONES PACTADAS EN EL CONTRATO Y LAS ADICIONALES QUE SE REALICEN EN VIRTUD DEL MISMO, DE MODO QUE EL BENEFICIO NO ESTÁ LIMITADO AL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN INDICADO EN EL CONTRATO NI SE SUPEDITA AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

 Mediante los actos administrativos acusados la DIAN modificó la declaración de renta del año gravable 2013 que presentó la demandante, en el sentido de rechazar parcialmente la deducción por inversión en activos fijos reales productivos que registró e imponerle sanción por inexactitud. Para rechazar la deducción, la DIAN adujo que: i) la inversión sobre la que se liquidó excedió el monto del proyecto acordado en el contrato de estabilidad jurídica y, ii) que no se probó que la mayor inversión estaba amparada en el contrato, como tampoco su aprobación por la autoridad competente ni el pago de la prima adicional. La Sala anuló los referidos actos y declaró en firme la liquidación privada del tributo, porque concluyó que procedía la deducción, toda vez que se acreditó que, por causa de una reprogramación de los montos de inversión, que se informó a la autoridad competente -Ministerio de Minas y Energía-, y hacía parte del compromiso total de la inversión respecto de la cual la parte actora había pagado la correspondiente prima, en el año gravable 2013 la contribuyente realizó una mayor inversión a la inicialmente pactada para esa vigencia, pero igualmente amparada en el convenio de estabilidad normativa, sin modificar el monto total de la inversión, circunstancia avalada por la Ley 963 de 2005, que no restringió la operancia del beneficio de estabilización normativa sobre los montos de inversión efectivamente realizados, adicionales a los acordados en los contratos.