11 diciembre, 2023

6 y 7 de diciembre

 Corte Constitucional 

 

Sentencia T-416 de 2023

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA SALUD, LA VIDA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Le correspondió a la Sala revisar el fallo proferido en segunda instancia con ocasión de la acción de tutela interpuesta por el señor Gilberto, como agente oficioso de su hermano Pedro. El agente argumentó que Savia Salud EPS vulneró los derechos a la salud, la vida y la seguridad social del señor Pedro, debido a que suspendieron la entrega de los medicamentos de sertralina y levetiracetam formulados, con fundamento en su desabastecimiento. Solicitó su suministro para continuar con el tratamiento, la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, así como el tratamiento integral para su diagnóstico. En primera instancia el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barbosa concedió el amparo. No obstante, el Juzgado Penal con Funciones de Conocimiento de Girardota revocó parcialmente la decisión en segunda instancia. Consideró que las fórmulas médicas, cuyo cumplimiento se reclama, hacían parte del tratamiento integral que ya había sido ordenado en dos sentencias previas de tutela proferidas en 2017 y 2018. En consecuencia, estimó que el agente oficioso debía solicitar la apertura de un incidente de desacato para el cumplimiento de esos fallos. La Sala examinó inicialmente las referidas sentencias de tutela dictadas en 2017, 2018 y una adicional de 2019, sobre la que informó la accionada en el trámite de revisión. Descartó que se hubiera configurado la cosa juzgada constitucional, en especial por sus diferencias de objeto y causa en relación con la acción presentada en este asunto. Por este motivo, una vez verificada la procedencia de la acción, la Sala adelantó el estudio de fondo. Con este fin, se reiteró que la salud es un derecho fundamental que cuenta con una protección reforzada para determinados grupos, como las personas con afectaciones de salud mental. Este debe desarrollarse de acuerdo con los principios de integralidad y continuidad, lo que implica garantizar el acceso a los servicios prescritos por el médico tratante sin interrupciones. También aludió a las normas y al precedente constitucional en materia de suministro de tecnologías y servicios de salud incluidos en el PBS. A su vez, hizo referencia a las disposiciones y subreglas jurisprudenciales aplicables para determinar si es procedente ordenar el tratamiento integral y la exoneración de copagos y cuotas moderadoras.

Sentencia T 323 de 2023

CORTE AMPARA SEGURIDAD SOCIAL Y MÍNIMO VITAL A UN CIUDADANO QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y SE LE DICTAMINÓ UNA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL SUPERIOR AL 50%

La Corte aclaró que el juez constitucional puede apartarse de la fecha de estructuración dada en el dictamen cuando no corresponde a la situación médica y laboral de la persona. En ese sentido, reiteró la regla según la cual debe prevalecer la fecha en la que el trabajador dejó de ejercer actividades laborales, determinada a partir de los elementos probatorios obrantes en el expediente y la garantía del acceso a la seguridad social del accionante. En mayo de 2017, Juan, de 56 años, sufrió un accidente de tránsito. Tras un poco más de 400 días de incapacidad, la EPS Coomeva, a la que se encontraba afiliado, le informó que debía pedir al fondo de pensiones Colfondos un estudio de pérdida de capacidad laboral. Seguros Bolívar, a solicitud del Fondo, en 2021, le dictaminó una pérdida del 37.67%, pero la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda determinó que era del 52.72%. Con posterioridad, en 2022, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez confirmó la pérdida de capacidad laboral del 52.72%, con fecha de estructuración el 3 de diciembre de 2020. El accionante alegó que en este dictamen no se tuvieron en cuenta las secuelas e incapacidades que lo aquejan desde 2017, cuando ocurrió el accidente. Al solicitar el acceso a la pensión de invalidez, Colfondos se la negó al tutelante, por considerar incumplido el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años previos a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Por ello, el accionante reclamó que la entidad pensional realizara el conteo desde la fecha del accidente y no desde la fecha de emisión del dictamen de pérdida de capacidad laboral. En primera y segunda instancia se declaró la improcedencia de la acción de tutela. Sin embargo, la Sala Tercera de Revisión, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, amparó los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del tutelantetras advertir que desde que sufrió el accidente de tránsito padeció afectaciones severas que le impidieron continuar con su vida cotidiana. De este modo, la Sala concluyó que las semanas de cotización debían contabilizarse desde la fecha del accidente de tránsito y teniendo en cuenta que el accionante contaba con más de 150 semanas reportadas en los tres años anteriores a ese momento, lo cual era suficiente para acceder a la prestación. Asimismo, se advirtió que el accionante era una persona en situación de discapacidad sin posibilidad de trabajar o realizar ningún tipo de labor que le generara ingresos, por lo que dependía de la pensión para garantizar su mínimo vital.

 

Sentencia T 277 de 2023

CORTE AMPARÓ DERECHOS DE MUJER, QUIEN LE REPROCHÓ A UNA COMISARIA DE FAMILIA QUE NO FUE DILIGENTE AL PROTEGERLA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE SU PAREJA

La Corte reiteró que las funciones de las Comisarias de Familia no solo consisten en emitir medidas de protección, sino también deben hacer seguimiento sobre su materialización. La reiteración de la Corte obedece al estudio de tutela que presentó Elsa en contra de un juzgado de familia, una comisaria, una estación de policía y su pareja. La accionante consideró que esas entidades no han sido diligentes para protegerla del contexto de violencia familiar que vive ella y su hija de 10 años por cuenta de conductas atribuidas a su compañero. En concreto, la accionante reprocha que el juzgado no ha actuado con diligencia frente al proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico y liquidado la sociedad conyugal, que la actora inicialmente impulsó a través de una solicitud de amparo de pobreza. Respecto de la comisaria de familia, la accionante reprocha que esta entidad no ha hecho cumplir el pago de la cuota alimentaria que esa misma autoridad fijó a favor de su hija Andrea. En definitiva, la accionante acusa a estas dos autoridades de no actuar con diligencia para hacer efectivas las órdenes de protección ni tampoco para que se condene penalmente a su esposo por la conducta de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. En única instancia se negó el amparo de los derechos a la administración de justicia y a la vida digna. La Sala Primera de Revisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo revocó la decisión al considerar que la Comisaría de Familia sí vulneró los derechos de la madre cabeza de familia y de su hija, al no hacer exigibles las obligaciones alimentarias que el padre tiene con esta última, pese a que había fijado una cuota de alimentos provisional a su favor.

Sentencia T 486 de 2023

CORTE AMPARA DERECHOS DE FUNCIONARIA, VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO Y AMENAZAS, A QUIEN SE LE NEGÓ TRASLADO DE LUGAR DE TRABAJO.

La accionante es madre cabeza de familia, desplazada forzosamente luego de que asesinaron a su padre y víctima de amenazas por parte de un grupo paramilitar. La Sala Cuarta de Revisión amparó los derechos a la vida, integridad personal, debido proceso, trabajo, al acceso y permanencia en la función pública y unidad familiar de Carlota, una funcionaria de carrera administrativa en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, quien solicitó traslado o reubicación laboral por desplazamiento forzado a otra ciudad. La accionante señaló que está inscrita en el Registro Único de Víctimas (RUV) desde 2012, por el homicidio de su padre, y desde febrero de 2023 por desplazamiento forzado. Además, mencionó que ha recibido amenazas por parte de un grupo paramilitar lo cual la obligó a solicitar el traslado. Sin embargo, la entidad empleadora, a través de una resolución, negó su pretensión por lo que invocó el amparo. En primera y segunda instancia le fue negada la protección, pero la Sala, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, amparó los derechos al considerar que, si bien la entidad accionada cumplió con los requisitos necesarios para asumir el traslado que, posteriormente fue negado, no ajustó una búsqueda diferente. “Lo que no resulta de recibo, es que se tome esa búsqueda realizada por sistema, como única y última posibilidad de materializar los derechos de la accionante y, por lo tanto, la respuesta definitiva sea la de archivar y negar el traslado, exigiéndole a una persona certificada como víctima de desplazamiento forzado, que retorne al lugar donde recibe las amenazas en el que peligra su vida y la de sus hijos, o de lo contrario se expondría a una sanción que afectaría su empleo como funcionaria de carrera administrativa en la Secretaría de Seguridad de Bogotá”, expone el fallo.

 

  Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 02857 de 2023

CONTRATO DE TRABAJO » TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA

× En situaciones en las que por decisión unilateral del patrono o bien por acuerdo entre las partes, se consignan normas en el contrato de trabajo, la convención colectiva o el reglamento interno, que no dejan claro las conductas en que puede incurrir el trabajador, o el incumplimiento de la obligación contractual que genera la terminación del contrato con justa causa, el juez laboral debe juzgar la gravedad o no de la falta, en tanto las consecuencias que alcanza una estipulación en ese sentido, puede llevar a la renuncia de derechos sociales, dados los efectos jurídicos que encarna la terminación del contrato de trabajo.  » DEBERES, PODERES Y RESPONSABILIDAD DEL JUEZ.  – En situaciones en las que el empleador consigna normas que no develan con claridad las conductas en que pudiera incurrir el trabajador, o que no dejan claro cuál es el incumplimiento de la obligación contractual que genera la terminación del contrato con justa causa, el juez debe apreciar la gravedad de la conducta, conforme a las obligaciones y prohibiciones especiales de que tratan los artículos 58 y 60 del CST atendiendo las circunstancias o características particulares de cada caso

 

Expediente 02855 de 2023

PENSIONES LEGALES » PENSIÓN DE INVALIDEZ

× Aunque la discapacidad laboral en las enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas se puede estructurar en determinada fecha, la persona puede mantener una capacidad residual de trabajo que le permite continuar activa laboralmente, con la obligación de realizar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte que ofrece el sistema, los que resultan plenamente válidos y con los cuales puede alcanzar el reconocimiento de la prestación. La capacidad laboral residual que habilita contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez por enfermedad crónica, congénita o degenerativa, constituye un desarrollo al principio de la solidaridad, consagrado en el artículo 1 de la CN, que resalta la existencia de un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general -no afecta al sistema general de pensiones y los principios que lo rigen, entre ellos, el de la sostenibilidad financiera-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00361 de 2023

CONTRATO DE DONACIÓN – CESIÓN DE DERECHOS HERENCIALES. FORMALIDADES EXIGIDAS PARA SU VALIDEZ.

Insinuación notarial y fides pública. Error en la insinuación en cuanto no se realizó en la notaria del círculo correspondiente al domicilio de la donante. Nulidad absoluta por falta de insinuación en la forma exigida por la ley. Imposibilidad de fijar la cuantía del acto. (

Expediente 00426 de 2023

COSA JUZGADA – EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA FRENTE AL ACAECIMIENTO DEL FENÓMENO DE LA COSA JUZGADA PLANTEADA POR EL DEMANDADO EN UN SEGUNDO PROCESO DE FILIACIÓN BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY 721 DE 2001.

La existencia de cosa juzgada, solo puede tener eco en la definición de la controversia si se hubiesen edificado en hechos o circunstancias diferentes a los desestimados mediante sentencia T-249 de 2018. El salvamento de voto y la aclaración no tienen la relevancia que predica el demandado, en tanto no refleja la posición mayoritaria.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

Expediente 55855 de 2023

SECUESTRO SIMPLE – AGRAVADO: INCREMENTO PUNITIVO, CUANDO LA CONDUCTA SE REALICE POR PERSONA QUE SEA SERVIDOR PÚBLICO O QUE SEA O HAYA SIDO MIEMBRO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN – Alcance: no se vulnera por la valoración de las manifestaciones del procesado, expresadas ante terceros de manera voluntaria, cuando no se ha iniciado una actuación procesal penal

La Corte Suprema de Justicia, decidió el recurso de casación interpuesto por el defensor de JEPM en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca, que revocó la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho (Cundinamarca) y, en su lugar, lo condenó por el delito de secuestro agravado. La Sala no casó el fallo condenatorio, al encontrar que, las pruebas practicadas durante el juicio oral demuestran más allá de duda razonable que el procesado, siendo Sargento del Ejército Nacional, participó conscientemente en un operativo ilegal, orientado a buscar una “guaca” o “caleta”, para lo que amedrentaron con armas de fuego a las víctimas, a quienes mantuvieron privadas de su libertad por varias horas. En esta oportunidad, la Corte recordó su jurisprudencia en torno a la forma cómo deben ser valoradas las declaraciones espontáneas del procesado y su relación con el derecho a la no autoincriminación. Así mismo, consideró que, en el presente caso, con la prueba testimonial, en conjunto con los demás medios probatorios, se logró la individualización del victimario.

 

Expediente 64208 de 2023

NON BIS IN IDEM – NO SE VULNERA: CUANDO SE DECRETA LA NULIDAD DENTRO DEL PROCESO PENAL / SENTENCIA – DEFECTOS DE MOTIVACIÓN: LESIONA EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ES CAUSAL DE NULIDAD

La Sala de Casación Penal decidió las impugnaciones especiales promovidas por los defensores de DLHF, CCPG y AEGC, quienes luego de ser absueltas por el Juzgado 1 Penal del Circuito de Maicao por el delito de peculado por apropiación agravado en la modalidad de continuado, fueron condenadas por el Tribunal de Riohacha como coautoras del mencionado punible. La Corte confirmó la sentencia impugnada, mediante la cual se condenó por primera vez a DLHF como coautora del delito continuado de peculado por apropiación agravado, en cuanto decidió encargar al secretario general el manejo de los recursos provenientes de regalías para abordar los asuntos de la secretaría de salud e hizo caso omiso a la información que le fue suministrada acerca de las irregularidades que éste cometía en la legalización, de lo cual puede deducirse, su proceder doloso, así como su condición de coautora, en cuanto aliada con aquél para esquilmar los recursos provenientes de las regalías. De otra parte, la Sala revocó el fallo que condenó a CCPG y AEGC, para, en su lugar, absolverlas por el delito objeto de acusación, ya que, respecto de CCPG no se acreditó que firmó las resoluciones de avances económicos con dolo de peculado, ni que procedió de manera mancomunada con otros para tener la condición de coautora de aquel punible; y, en relación con AEGC, de igual manera, no se demostraron los elementos objetivos y subjetivos del delito, de manera que subsiste la duda sobre la configuración del hecho y su responsabilidad. Finalmente, la Corte recordó a los funcionarios judiciales que, la indemnización de perjuicios procede frente a los delitos contra la administración pública.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00394 de 2023

LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL SON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA CONOCER Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA COMPENSATORIO POR VACACIONES, ELEVADAS POR LOS SERVIDORES JUDICIALES QUE EJERCEN LA ATENCIÓN DE HÁBEAS CORPUS Y/O QUE CUMPLEN TURNOS CON OCASIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DURANTE EL PERÍODO DE VACACIONES.

Conflicto de competencias administrativas suscitado entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, con el fin de establecer cuál es la autoridad competente para conocer de la solicitud de autorización para compensatorio por vacaciones presentada por un juez penal con función de conocimiento.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 03248 de 2023

LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEÑALA QUE, ANTE SU DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, NO ES POSIBLE INVOCAR NI ESTUDIAR LA CAUSA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1207 DE 2021.

Síntesis del caso: La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resuelve en segunda instancia la demanda de pérdida de investidura en contra del representante a la cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz nro. 8 Luis Ramiro Ricardo Buelvas por una presunta violación del régimen de inhabilidades, específicamente por no cumplir con los requisitos para ser elegido por dicha circunscripción y por haber incurrido en la inhabilidad del numeral tercero del artículo 179 superior

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 23001 23 33 000 2017 00485 de 2023

SE CONFIGURA LA CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON LA INIMPUTABILIDAD PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 28 Y 41 DE LAS LEYES 734 DE 2002 Y 1015 DE 2006, CUANDO NO EXISTE CERTEZA DE QUE EL ACTOR, CON EL DIAGNÓSTICO QUE SE LE EFECTUÓ DESPUÉS DE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS, HUBIERA ACTUADO CON PLENA CONCIENCIA DE SUS ACTOS BAJO UNA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA.

El actor, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en orden a que fuese declarada la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por medio de los cuales fue declarado responsable disciplinariamente y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, en razón a que su conducta estaba amparada bajo una causal de exclusión de responsabilidad, la inimputabilidad, por cuanto, al momento de la ocurrencia de los hechos, padecía de un trastorno mental en el control de sus impulsos, lo cual fue corroborado por un profesional de la salud y por los declarantes dentro de la investigación, quienes afirmaron que los días previos a la ocurrencia de los hechos habían notado al patrullero muy exaltado

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 70001 23 31 000 2010 00016 de 2023

LA FISCALÍA DEBE RESPONDER A TÍTULO DE FALLA DEL SERVICIO, POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DE UNA PERSONA, CUANDO LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO RESULTA ILEGAL POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LEY.

 “El señor [víctima directa de privación de la libertad], previa orden del Fiscal 16 Seccional de Sincelejo, fue capturado en Ovejas (Sucre) el 17 de agosto de 2003, sindicado de Rebelión y vinculado a una investigación abierta con asiento en informes de Policía Judicial e Inteligencia, como en el dicho de los informantes, que sirvieron de base para que, el 2 de septiembre de 2003, se definiera su situación jurídica con detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, decisión que, en sede de segunda instancia, el 7 de noviembre de 2003 revocó el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Sincelejo, quien dispuso su libertad inmediata después de dos meses y veinte días de privación. Finalmente, el 3 de febrero de 2006 el Juez Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, fincado en el principio In dubio pro reo le absolvió, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Sincelejo el 25 de junio de 2007. Los demandantes reclaman por los perjuicios materiales e inmateriales que, en su sentir, sobrevinieron a este proceso y a la privación de la libertad dictaminada dentro del mismo.”

 

Expediente 15001 23 33 000 2023 00210 de 2023

SE VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA SERVIDORA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL A QUIEN SE LE ORDENÓ SU TRASLADO A UN MUNICIPIO DEL CHOCÓ Y QUIEN ADEMÁS DE TENER UNA EDAD AVANZADA PADECE UN ESTADO DE SALUD QUE REQUIERE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

El Consejo de Estado, en su rol de juez constitucional amparó el derecho fundamental a la salud de la accionante, a quien su empleador, Registraduría Nacional del Estado Civil, le ordenó de manera abrupta un traslado al municipio de Bagadó, Chocó, sin valorar su estado de salud y avanzada edad. Resultó acreditado que en el municipio al que sería trasladada no presta atención la Nueva EPS en la que se encuentra afiliada la tutelante.