10 julio, 2023

7 de Julio

Corte Constitucional 

Sentencia T 172 de 2023

AUTORIDADES JUDICIALES DEBEN SER GARANTES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

 En sede de revisión, correspondió a la Sala Cuarta conocer del caso de la señora LMCC, quien interpuso acción de tutela en contra del fallo proferido por la Comisaría Quince de Familia Antonio Nariño, el cual resolvió el segundo incidente de incumplimiento a la medida de protección 001-2020 otorgada por la misma entidad el 9 de enero de 2020, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida libre de violencia y a la dignidad humana y declarar probado el incidente de incumplimiento de la medida de protección en mención.  Por medio de Auto del 2 de diciembre de 2022, se decretó la práctica de pruebas en el proceso de referencia. Lo anterior, porque de la revisión de la documentación existente se evidenció que: (i) no obraban en el expediente las pruebas que según la accionante, fueron indebidamente valoradas por la Comisaría, entre ellas, la declaración testimonial de su madre y un audio y (ii) se han surtido actuaciones paralelas al proceso ante diferentes entidades y que parecen tener que ver con los hechos de la controversia. La Corte analizó la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial a la luz de los requisitos generales y específicos sentados por la jurisprudencia constitucional.

 

Sentencia T 070 de 2023

CORTE CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIA SOBRE SOLICITUDES DE TRASLADO PRESENTADAS POR DOCENTES AMENAZADOS

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente  00115 de 2023

NUEVA JURISPRUDENCIA SOBRE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR SALUD.

La protección de la estabilidad laboral reforzada que refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, se determina conforme a los siguientes parámetros objetivos: i) Existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo; ii) Existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que, al interactuar con el entorno laboral, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás; y iii) Conocimiento de los anteriores elementos por parte del empleador al momento del despido. La determinación de una situación de discapacidad analizada al amparo de la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad no depende de un factor numérico, pues verlo así sería mantener una visión que se enfoca en la persona y sus limitaciones -el baremo establecido en el manual de calificación de pérdida de capacidad laboral tiene vocación de ser aplicado en los campos de la seguridad social, para fines principales de aseguramiento, rehabilitación y prestacionales-

 

Expediente 00355 de 2023

 ¿MADRE DE CRIANZA ES BENEFICIARIA DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES?

La pensión de sobrevivientes de la Ley 797 de 2003 se extiende a la familia e hijos de crianza, en pro de la defensa de un concepto amplio de esta institución, su amparo sin lugar a discriminaciones por razón de su conformación y en aras de mantener la protección económica brindada por la persona que asumió la paternidad en forma responsable y por solidaridad -abuela en calidad de madre de crianza, que no como abuela del afiliado- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – Literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00003 de 2023

VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL – AUSENCIA DE CLARIDAD Y PRECISIÓN EN QUE INCURRIÓ EL IMPUGNANTE, OMITIÓ INDICAR LA CLASE DE YERRO EN QUE PRESUNTAMENTE INCURRIÓ EL AD QUEM BAJO LA VÍA INDIRECTA.  Aunque se dedujera que la clase escogida fue la del «error de derecho» -pues adujo la falta de valoración en conjunto de las pruebas-, lo cierto es que terminó entremezclando en un mismo cargo los dos tipos de errores.

Expediente 00928 de 2023

RECURSO DE CASACIÓN PREMATURO – POR AUSENCIA DE VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN, EN RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS DENTRO DE PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR CONSTITUIR LOS DEMANDANTES UN LITISCONSORCIO FACULTATIVO.

CUANTÍA PARA RECURRIR EN CASACIÓN – Se determina a partir del perjuicio que la decisión que se impugna ha ocasionado al recurrente. Deber de individualizar los perjuicios irrogados con la decisión. LISTISCONSORCIO FACULTATIVO – Lo conforman los reclamantes de perjuicios por lo que el justiprecio para acudir en casación debe de ser valorado en forma individual. Aplicación del Artículo 60 del Código General del Proceso

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 05284 de 2023

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS Y AL TRABAJO DE LOS ASPIRANTES EXCLUIDOS EN LA FASE II DE LA ETAPA DE LA CONVOCATORIA N.° 27 PARA PROVEER CARGOS DE FUNCIONARIOS JUDICIALES, CON BASE EN EL NUMERAL 3.5 DEL ARTÍCULO 3.° DEL ACUERDO PCSJA18-11077 DE 2018

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir a quienes presentaron y aprobaron la prueba de conocimientos, que anexaran la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para ocupar el cargo, a través de una manifestación adicional y complementaria a la registrada en el momento de seleccionar la opción «aceptar», desplegada en el cuadro de diálogo del aplicativo Kactus, durante la inscripción al concurso. Vulneración del derecho de acceso a cargos públicos, al excluir a los accionantes del concurso de méritos para proveer cargos de funcionarios judiciales, en virtud de la convocatoria n.° 27, por no presentar en formato PDF la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para ocupar el cargo, sin tener en cuenta que ésta fue refrendada mediante el cuadernillo de preguntas en la aplicación de la prueba escrita . Vulneración del derecho a la igualdad, con la decisión de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, de excluir a los aspirantes quienes aprobaron la prueba escrita por no haber aportado la declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades (STP5284-2023)

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente  11001 03 15 000 2022 02581 de 2023

EL RECONOCIMIENTO DE LA REPARACIÓN POR AFECTACIONES A BIENES O DERECHOS CONSTITUCIONAL O CONVENCIONALMENTE AMPARADOS NO VULNERA EL DERECHO DE DEFENSA NI EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CUANDO ESTE HA SIDO INVOCADO EN LA DEMANDA EN ALGUNA DE SUS MODALIDADES Y ESTÉ ACREDITADO EN EL PROCESO.

 En ejercicio del recurso extraordinario de revisión, se solicitó infirmar la sentencia del 5 de marzo de 2021, mediante la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia del 20 de octubre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde se negaron las pretensiones de la demanda por no acreditarse que el daño antijurídico alegado.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente  17001 23 33 000 2018 00261 de 2023

A LOS BENEFICIARIOS DE PENSIÓN GRACIA, TAMBIÉN LES CORRESPONDE EFECTUAR APORTES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, EN LOS TÉRMINOS DEL PARÁGRAFO 2.º DEL ARTÍCULO 279 DE LA LEY 100 DE 1993.

 Beneficiario de la pensión gracia requirió a Cajanal la suspensión del descuento del 12% realizado sobre su pensión por aportes a salud y el reintegro de los valores descontados por este concepto, petición que fue resuelta negativamente. Inconforme con la decisión, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la citada entidad, solicitando como restablecimiento de su derecho, ordenar a la demandada a reintegrar y dejar de descontar de sus mesadas pensionales el 12% destinado a servicios de salud. El Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales, en sentencia de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda. La UGPP invocó la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», al estimar que a los beneficiarios de pensión gracia, como lo era el demandado (q.e.p.d.), también les corresponde efectuar aportes por concepto de Seguridad Social en salud, en los términos del parágrafo 2.º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 13001 23 31 000 2007 00812 de 2023

NO PUEDE PASARSE DIRECTAMENTE DE UN HECHO INDICADOR A UN HECHO INDICADO SIN DEVELAR LAS REGLAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE HACE ESE TRÁNSITO.

Un paciente acude al Hospital Naval de Cartagena por padecer dolores lumbares con compromiso de las piernas, recibiendo un tratamiento de fisioterapia sin mejoría alguna. Posteriormente, presentó un cuadro de vejiga neurogénica —disminución del chorro urinario— asociado con un trastorno neurológico. Luego de varios exámenes se le diagnosticó una discopatía degenerativa múltiple con herniación y fue intervenido quirúrgicamente. Aunque la cirugía se desarrolló sin complicación alguna, horas después el paciente refiere no sentir ni poder mover las piernas. El neurólogo tratante determinó que el paciente padecía mielopatía trasversa y se decidió su remisión al Hospital Militar Central de Bogotá, en donde se le practicó una segunda cirugía de descompresión del canal lumbar y drenaje de hematoma epidural. Desde ese momento, no volvió a recuperar la movilidad de sus piernas, producto de una lesión medular isquémica toracolumbar. Por considerar que su paraplejia devino de una falla en el procedimiento del primer acto quirúrgico y de las deficiencias en el diagnóstico post operatorio, él como afectado y su colectivo familiar demandan en reparación directa.