8 junio, 2023

7 de Junio de 2023

Corte Constitucional 

 

Sentencia C 440 de 2022

PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA LOS ABOGADOS-CONCURRENCIA DE FUNCIONES DE INSTRUCCIÓN Y DE JUZGAMIENTO EN UN MISMO FUNCIONARIO.

La Sala Plena estudió una demanda de inconstitucionalidad contra dos disposiciones del Código Disciplinario del Abogado, en virtud de las cuales se establece que, en el marco de la actuación disciplinaria que se adelante contra los abogados en ejercicio, el magistrado al que corresponda por reparto la queja o informe llevará a cabo la instrucción a lo largo de la primera instancia hasta el momento en que se profiera sentencia por la Sala plural respectiva, mismo funcionario que registrará el proyecto de fallo dentro de un término de cinco días. El promotor de la acción formuló dos cargos en la demanda. En primer lugar, alegó la violación del artículo 8.1 de la CADH en concordancia con los artículos 29 y 93 de la Constitución Política, esgrimiendo al efecto que las normas acusadas desconocen las garantías judiciales y el derecho a un juez imparcial, en la medida en que permiten que el operador que se hizo cargo de la instrucción y calificación de la falta disciplinaria sea el mismo que funge como ponente en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, el demandante alegó la vulneración del artículo 13 superior, debido a que, en su criterio, las disposiciones objeto de censura lesionan el derecho a la igualdad, toda vez que la división de las facultades de instrucción y juzgamiento solo aplica actualmente para el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados públicos, mas no para los procesos disciplinarios contra los abogados en ejercicio de su profesión.

 

Sentencia C 053 de 2023

NORMAS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO-SE EQUIPARA LA SITUACIÓN DE PERSONAS UNIDAS POR VÍNCULOS DE CONSANGUINIDAD Y PARENTESCO CIVIL.

La Sala Plena resolvió una acción pública de inconstitucionalidad en la que se alegaba que los artículos 23-1 y 372 del Estatuto Tributario vulneraron el Preámbulo y los artículos 13 y 42 de la Constitución. Según el promotor de la acción los enunciados objeto de acusación contenían un trato desigual entre iguales por razones de origen familiar, ya que en ambas normas se contempla una diferenciación entre familiares que tengan un parentesco por consanguinidad o afinidad frente a aquellos que tienen un parentesco civil. En el artículo 23-1 ET, se determina una limitación para el diferimiento de los ingresos de los fondos de capital privado y fondos de inversión colectiva a que el mismo sea poseído directa o indirectamente en más de un 50% por miembros de una misma familia dentro del cuarto grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, excluyendo de dicha limitación a los familiares con parentesco civil. De manera análoga, el artículo 372 ET establece que existe responsabilidad solidaria por concepto de retención o percepción de importe tributario cuando el patrimonio neto del retenedor pertenezca a personas ligadas por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, de nuevo excluyendo de aquella disposición a los familiares con parentesco civil. Sobre el particular, la Sala Plena reiteró su jurisprudencia en relación con la prohibición constitucional de incurrir en discriminación por razón del origen familiar, como la reiterada jurisprudencia constitucional que, en el mismo sentido, ha manifestado que debe dispensarse un trato igualitario entre los distintos tipos de familia, sin importar la forma en que se constituye o la naturaleza de los vínculos derivados de ellas. En este sentido, se reiteró la restricción de predicar efectos disímiles de las normas jurídicas entre personas vinculadas por parentesco consanguíneo y civil.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 00806 de 2023

LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES > PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

La posibilidad que le otorga la ley a las partes de excluir la incidencia salarial a unos conceptos, no recae sobre los pagos retributivos del servicio o que tengan su causa en el trabajo prestado u ofrecido, sino sobre aquellos que pese a no compensar directamente el trabajo, pueden llegar a ser considerados salario. El acuerdo entre las partes orientado a especificar qué beneficios o auxilios extralegales no tienen incidencia salarial debe ser expreso, claro, preciso y detallado en los rubros que cobija, por ello la duda sobre si un emolumento es o no salario debe resolverse en favor de la regla general, esto es, que para todos los efectos es retributivo

 

Expediente 00803 de 2023

INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES > PROCEDENCIA > ANÁLISIS DE PRUEBAS.

Ausencia de buena fe de la sociedad demandada, puesto que no esgrimió razones atendibles que justificaran su conducta omisiva de no incluir en la liquidación de los derechos sociales de su trabajadora, el valor devengado por comisiones. LIQUIDACIÓN – Si la terminación del contrato ocurre después de la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002 y transcurridos veinticuatro meses el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar intereses moratorios a partir de la misma terminación del vínculo hasta que el pago se verifique -trabajador con salario superior al SMLMV-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00051 de 2023

DEMANDA REIVINDICATORIA. COMPETENCIA TERRITORIAL.

Tratándose de asuntos, entre otros, donde se ejerciten derechos reales o de restitución de tenencia, el legislador estableció como fuero privativo el del juez del lugar donde estén ubicados los bienes. Si el bien se halla ubicado en distintas circunscripciones territoriales, es competente el juez de cualquiera de ellas a elección del demandante, el cual manifestó su predilección al radicar la demanda. Artículo 28 numeral 7º CGP.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

 

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 2022 00279 de 2023

LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, AL RESOLVER UN CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS, DETERMINÓ QUE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE APORTES POR EL TIEMPO QUE UN PENSIONADO LABORÓ EN UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA QUE CARECÍA DE PERSONERÍA JURÍDICA.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 Expediente 19001 23 33 000 2016 00100 01 de 2023

PRECISAN POTESTAD DISCIPLINARIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

El demandante ostenta la calidad de servidor público en virtud de su condición de profesor de planta de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca, por lo que se encuentra sometido al Estatuto Docente de la citada institución -Artículo 7 del Acuerdo 024 de 1993- que regula el ejercicio de la docencia, su ingreso, ejercicio, escalafón, ascenso, deberes y derechos, funciones, capacitación, evaluación, estímulos, inhabilidades, régimen disciplinario y situaciones administrativas; y a más de ello, en lo referente al régimen disciplinario, se encuentra sujeto a la Ley 734 de 2002, como quiera que el Acuerdo 069 de 200253 , adoptó dicha norma cómo disposición única disciplinaria de los servidores públicos de la institución. Se encuentra acreditado para la Sala el incumplimiento contractual del demandante frente a la Universidad del Cauca al no entregar la constancia de terminación de la maestría dentro del año siguiente a la culminación de la comisión de estudio, cómo se deduce del literal h), de la cláusula tercera contractual -“h) Culminados los estudios, deberá presentar la certificación suscrita por el Director del programa a la interventoría. Igualmente, deberá hacer entrega de la constancia de terminación de la Maestría, dentro del año siguiente a la finalización del mismo”-. En ese sentido, la violación del artículo 35 numeral 1 del C.U.D., que prevé las prohibiciones a los servidores públicos, entre otras, la de incumplir los deberes y obligaciones, que para el caso de marras, deviene de lo plasmado en el Acuerdo 024 de 1993, artículo 45, literales a), que, <> Así las cosas, y ante el incumplimiento contractual por parte del disciplinado, al no haber entregado la constancia de terminación de la maestría, dentro del año siguiente a la finalización de la comisión de estudios, ello se adecúa típicamente a lo señalado en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002, y al Acuerdo 024 de 1993, artículo 45, y conforme a la jurisprudencia constitucional C-030 de 2012, que hace referencia a los tipos abiertos o conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria.

 

Expediente 68001 23 33 000 2017 00633 01 de 2023

¿SE PRESENTA UNA RELACIÓN LABORAL ENCUBIERTA A TRAVÉS DE ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS?

Cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, inexorablemente se impone el reconocimiento de las prestaciones sociales generadas, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal. Ello en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental. De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su jurisprudencia y señaló que el pago de las prestaciones que se reconocen como consecuencia de la nulidad del acto administrativo que negó la existencia de la relación laboral, procede a título de restablecimiento del derecho y no como reparación integral del daño. […] es de señalar que la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 estableció las siguientes pautas de unificación frente a varios aspectos del contrato realidad como son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable» (temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii) improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el contratista

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 36 000 2013 01822 02 de 2023 

¿EL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA OTORGA A FAVOR DEL CONCESIONARIO UN DERECHO REAL DE DOMINIO SOBRE EL ÁREA OTORGADA O SOBRE LOS MINERALES QUE SE ENCUENTRAN EN ELLA?

La Constitución Política reconoció expresamente al Estado su condición de único propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y le asignó al Congreso de la República la función de determinar o establecer las condiciones de explotación de dichos recursos. En observancia de lo anterior, el legislador expidió la Ley 685 de 2001, contentiva del actual Código de Minas, la cual determinó que el derecho a explorar y explotar minas, que son de exclusiva propiedad estatal, solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. El artículo 45 del Código de Minas establece que el contrato de concesión minera es aquel celebrado entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de éste, los estudios, trabajos y obras de exploración y explotación de minerales “de propiedad estatal” que puedan encontrarse dentro de una zona determinada, mientras que el artículo 58 de la misma codificación, al enunciar los derechos que surgen del contrato de concesión minera, explica que éste solo otorga al concesionario la facultad excluyente de efectuar dentro de la zona concedida, los estudios, trabajos y obras necesarias para determinar la existencia de los minerales objeto del contrato y explotarlos. Así mismo, el artículo 15 es expreso en señalar que el contrato de concesión no transfiere al beneficiario un derecho de propiedad de los minerales «in situ».

 Expediente 19001 23 31 000 2003 01397 01 de 2023

¿PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA PARA PRECISAR LA PROPORCIÓN POR LA CUAL DEBE RESPONDER CADA ENTIDAD CONDENADA, CUANDO EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LA CONDENA SE PUEDE EXIGIR A CUALQUIERA DE LAS DEMANDADAS DECLARADAS RESPONSABLES, POR SER UNA CONDENA SOLIDARIA?

La petición de aclaración presentada por la apoderada del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. no es procedente porque el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 30 de marzo de 2022 es claro en establecer que la condena impuesta es solidaria; ello implica que a cada una de las entidades condenadas se le puede exigir el pago de la totalidad de la condena, en los términos del artículo 1568 inciso 2° del Código Civil. (…) Además, el artículo 2344 del mismo código establece la solidaridad en el pago de perjuicios (…)Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala negará la solicitud de aclaración presentada por la apoderada del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., pues se entiende que si la condena es solidaria no es necesario precisar en la sentencia la proporción por la cual debe responder cada entidad condenada, por cuanto se puede exigir el pago de la totalidad de la condena a cualquiera de las demandadas declaradas responsables