8 marzo, 2024

7 de Marzo del 2024

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 494 de 2023

CORTE LE ORDENA A MINJUSTICIA Y MINSALUD ADOPTAR MEDIDAS TRANSITORIAS QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN EN SALUD EXTRAMURAL E INTRAMURAL DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD

 “El Ministerio de Justicia, en el informe semestral de seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, deberá incorporar un capítulo específico que reporte sobre los avances en la implementación de las medidas transitorias para garantizar la oportunidad y eficacia en la atención en salud-extramural e intramural- de la población privada de la libertad y los resultados como consecuencia de la adopción de dichas medidas”. La Sala Cuarta de Revisión también le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas de vigilancia, control y seguimiento a la prestación de servicios de salud en el sistema penitenciario y carcelario, con el fin de investigar los establecimientos, autoridades, funcionarios, EPS o IPS que dilaten, demoren o evadan la prestación oportuna de los servicios de salud para las personas privadas de la libertad. Asimismo, se ordenó ejercer control en los casos en que se nieguen o dilaten las autorizaciones, citas, traslados, suministro de medicamentos, entre otros, para las personas privadas de la libertad, y en los que no se asignen o autoricen las citas o procedimientos sin justificación. La decisión obedece al estudio de dos acciones de tutela que presentaron personas privadas de la libertad de la cárcel El Barne (Boyacá) y de Acacias (Meta), quienes informaron que padecen problemas de salud como hipertensión crónica, diabetes, entre otras afecciones, y no reciben los tratamientos respectivos. Los jueces de instancia declararon improcedentes los amparos, pero la Sala revocó tales determinaciones y amparó los derechos a la salud y al diagnóstico de los accionantes que están pendientes de entrega de medicamentos, realización de procedimientos quirúrgicos, entre otros servicios.

 

Sentencia T 550 de 2023

CORTE RECUERDA QUE EL EMPLEADOR QUE OMITE AFILIAR A SU TRABAJADOR AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES DEBE ASUMIR LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES Y ECONÓMICAS

 El llamado obedece al estudiar la tutela de una ciudadana a quien la empresa para la que trabajaba se negó a pagarle las incapacidades ocasionadas por un accidente laboral.  La Sala Octava de Revisión amparó los derechos al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social de una ciudadana. La mujer invocó el amparo toda vez que la empresa en la que trabajaba asando chorizos no le pagó las incapacidades causadas por un accidente laboral. La accionante sufrió múltiples quemaduras de segundo y tercer grado luego de encender una estufa que explotó por una fuga en la pipeta de gas, situación que había sido advertida por la mujer a su jefe directo en varias ocasiones. Los costos de los servicios de salud ascendieron a nueve millones de pesos toda vez que la entidad no la tenía afiliada a una ARL. En el proceso la empresa negó cualquier tipo de relación precontractual o contractual con la ciudadana para la manipulación de comidas en la parte interna o externa del establecimiento, puesto que, según afirmó, este no es su objeto social. La Sala amparó los derechos de la mujer al considerar que se vulneraron al no haber sido afiliada a la Sistema General de Riesgos Laborales. En su análisis también comprobó que sí existía un contrato laboral entre la accionante y la empresa. Así las cosas, la Corte reiteró la Sentencia T-124 de 2013 y recordó que le corresponde al empleador afiliar al trabajador a una Administradora de Riesgos Laborales o exigirle estar vinculado por el tiempo que dure la labor.   Esta obligación se extiende a cualquier modalidad contractual, y la omisión de esta imposición conlleva a la responsabilidad de proteger la salud del trabajador y en esa medida asegurar la atención médica que genere la ocurrencia de un accidente, así como el pago de las incapacidades e indemnizaciones. “La Corte Constitucional ha precisado que el empleador que omite el deber de afiliar a su trabajador al SGRL debe asumir la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas (…) de la misma forma como si lo hiciera una ARL”, expuso el fallo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 00138 de 2024

CÓMPUTO DE TIEMPO DE SERVICIO O SEMANAS DE COTIZACIÓN » DETERMINACIÓN DE LAS SEMANAS

La Ley 100 de 1993, al establecer un sistema de pensiones unificador para  los  sectores público y privado, equiparó el ingreso base de cotización a los salarios reales del trabajador, eliminando las tablas de categorías y aportes del Instituto de Seguros Sociales, lo que exige diferenciar la semana cotizada de la cotización, como elementos financieros para el cubrimiento de las prestaciones. La cotización se calcula en relación con el salario mensual o el ingreso percibido en el mismo período, sin perjuicio de que el período mensual de trabajo que cubre aquella se contabilice en veintiocho, treinta o treinta y un días, según corresponda, para ser transformados en semanas cotizadas mediante la división por siete, es decir, para efectos de establecer el número de semanas cotizadas el año debe tomarse según el calendario, esto es, trescientos sesenta y cinco o trescientos sesenta y seis días, según corresponda

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00469 de 2024

SENTENCIA SUSTITUTIVA

En proceso de responsabilidad civil en el cual la sociedad demandante desistió de las pretensiones frente a algunos de los demandados.

 

Expediente 00444 de 2024

SIMULACIÓN ABSOLUTA – DE CONTRATO DE COMPRAVENTA RESPECTO DE BIEN RURAL, CELEBRADO ENTRE EL FUTURO HEREDERO-MANDATARIO CON SUS OTROS HERMANOS, ANTE LA INMINENTE MUERTE DE LA CAUSANTE.

Elementos constitutivos de la sustracción indebida de bienes hereditarios: 1) sujeto activo que puede ser un heredero o futuro heredero, 2) sujeto pasivo perjudicado que puede ser heredero o futuro heredero, 3) conducta de alteración del acervo hereditario como acto u omisión tendiente a apropiarse de bienes relictos, 4) intención fraudulenta para lucrarse y perjudicar a los demás coherederos que debe ser probada. Hermenéutica del artículo 1288 y 1824 del Código Civil. Sanción aplicable al potencial heredero por la sustracción indebida de bienes hereditarios: Nulidad de los negocios jurídicos celebrados y perdida de la partición hereditaria. Improcedencia de la restitución de frutos en materia simulatoria respecto del poseedor de mala fe, frente a la intrascendencia del cargo.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 61166 de 2024

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO

La técnica legislativa adoptada en la estructuración de esa clase de tipos penales compromete el principio de legalidad del que hace parte el de tipicidad estricta, además del supuesto fáctico es imperativo que el contenido de la norma de remisión que nutra la descripción típica, la complemente de modo tal que ofrezca claridad y precisión en protección de aquel principio. “Es decir, que en nada contraría el ordenamiento superior el hecho de que el legislador recurra a esta modalidad de tipo penal, siempre y cuando verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquéllos aspectos de los que adolece el precepto en blanco, cuyos contenidos le sirvan efectivamente al intérprete, específicamente al juez penal, para precisar la conducta tipificada como punible, esto es, para realizar una adecuada integración normativa que cumpla con los requisitos que exige la plena realización del principio de legalidad”.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 04334 de 2024

LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1207 DE 2021 NO CONSTITUYE UN PARÁMETRO VÁLIDO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O NO DE RETIRAR LA INVESTIDURA AL CONGRESISTA ACCIONADO, EN ATENCIÓN A QUE, PARA EL MOMENTO DE SU JUZGAMIENTO, AQUELLA HABÍA SIDO RETIRADA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resuelve en segunda instancia la demanda de pérdida de investidura en contra del representante a la cámara Luis Ramiro Ricardo Buelvas por no cumplir con el requisito establecido en el parágrafo 3º del artículo transitorio 3º del Acto Legislativo 02 de 2021, en concordancia con el artículo 5º del decreto referido, toda vez que se encontraba domiciliado en un ente territorial que no formaba parte de la circunscripción electoral para la cual se inscribió y fue elegido.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Expediente 25000 23 42 000 2017 0090 de 2024

¿ SE CONFIGURA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO POR LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIA?

Si, De la revisión de la investigación disciplinaria, se verifica que frente a las citaciones para notificación del demandante de las providencias proferidas dentro del proceso disciplinario, lo siguiente: Para notificar los autos de apertura de investigación disciplinaria y de formulación de pliego de cargos, se remitieron citaciones a la calle 99 #10-32, de las cuales reposa constancia de envío los días 9 de septiembre de 2013 y 25 de agosto de 2015. La primera de las citaciones fue devuelta por encontrarse desocupado el edificio8 , y respecto de la segunda no reposa constancia de recibido . Por lo anterior, se procedió a la notificación por edicto frente al auto que da apertura a la investigación disciplinaria y frente al pliego de cargos, se designó un apoderado de oficio, a quien se le notificó personalmente dicha decisión el 10 de septiembre de 201511 . Mediante oficio 14-2-0530 del 12 de febrero de 2014, el curador urbano 02 de Bogotá, (…) informa que viene ejerciendo dicho cargo desde el 21 de agosto de 2012 y que por lo tanto la hoja de vida de (…), reposa en la Subdirección de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de BogotáPara notificar la decisión de primera instancia del 27 de noviembre de 2015, la Procuraduría remitió citación nuevamente a la dirección calle 99 #10-3213 y a la dirección aportada por la apoderada de oficio. Frente a esta citación, respecto de la primera no reposa constancia de envío o recibido y frente a la segunda, consta que la apoderada de oficio compareció a notificarse de forma personal el 10 de diciembre de 2015 . La apoderada de oficio, mediante memorial radicado el 14 de diciembre de 2015, manifestó que no recurría el fallo disciplinario de primera instancia. Posteriormente, se profirió la decisión aclaratoria de la providencia de primera instancia, el 30 de diciembre de 201517, acto que también se notificó de forma personal a la apoderada de oficio . Respecto del demandante, reposa oficio de citación para notificación personal a la dirección calle 99 #10-32, sin constancia de envío, recibido o devolución. Así las cosas, de lo expuesto se constata que dentro del proceso no se efectuó la notificación en debida forma de los actos administrativos proferidos dentro de la actuación disciplinaria a (…), en especial, del fallo de primera instancia de 27 de noviembre de 2015, por medio del cual la Procuraduría Segunda Distrital sancionó al demandante con multa equivalente a 20 SMLMV. En efecto, la Procuraduría Segunda Distrital dentro de todo el proceso disciplinario adelantado en contra del actor, remitió citaciones para la notificación personal del demandante a la calle 99 #10-32, sin tener en cuenta que la citación fue devuelta por el correo informando que el edificio se encontraba desocupado, que el curador urbano 02 de Bogotá informó mediante oficio del 12 de febrero de 2014 que la dirección de la curaduría era otra (calle 97 #13-55) y que para esta fecha ya no se encontraba en ejercicio de dicho empleo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 68001 23 31 000 2012 00130 de 2024

¿LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DISCUTIDOS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBEN SER DECLARADOS NULOS PORQUE LA PÓLIZA QUE SE PRETENDE AFECTAR NO ESTABA VIGENTE PARA LA ÉPOCA DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO?

 “El presente litigio versa sobre legalidad de la Resolución n.º 2189 del 2 de abril de 2009 y de su confirmatoria, esto es, la Resolución n.º 4202 del 15 de julio de 2009, mediante las cuales el INVIAS declaró el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra n.º 1350 del 22 de agosto 2005, así como también de la Resolución n.º 3020 del 9 de julio de 2010 y su confirmatoria, es decir, la Resolución n.º 5198 del 2 de noviembre de 2010, por medio de las cuales el INVIAS declaró el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo y le ordenó al contratista devolver el anticipo no amortizado, y el consecuente restablecimiento del derecho”

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 66001 23 33 000 2022 00116 de 2024

SE SUSPENDEN PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 75 DEL ACUERDO 021 DE 2021, DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA (RISARALDA), EN CUANTO A LA TARIFA DEL 10 X1000 DE ICA PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN EL MUNICIPIO.

Se revocó el auto del 20 de junio de 2023, en el que el Tribunal Administrativo de Risaralda negó la suspensión provisional del artículo 75 (parcial) del Acuerdo 021 de 2021, proferido por el Concejo Municipal de La Virginia (Risaralda). En su lugar, se decretó la referida medida cautelar, respecto de la tarifa del 10 X1000 para el impuesto de industria y comercio aplicable a las actividades financieras y de seguros que desarrollen las entidades del sector financiero en el municipio. Lo anterior, porque la Sala concluyó que de la confrontación de dicho artículo 75 con las normas superiores invocadas como violadas -artículos 287 y 313 (núm. 4) de la Constitución Política y artículo 208 del Código de Régimen Municipal- se evidencia que el mismo señala una tarifa que no se ajusta a la prevista en el Código de Régimen Municipal para las actividades que realizan las entidades pertenecientes al sector financiero, que es del 5×1000, con excepción de las corporaciones de ahorro y vivienda.