9 febrero, 2024

8 DE Febrero del 24

Corte Constitucional 

 

Sentencia Su 155 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA-VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR DEFECTO FÁCTICO EN LA VALORACIÓN DE LA FALLA EN EL SERVICIO MÉDICO

En este caso se ataca la decisión judicial proferida al interior de una demanda de reparación directa interpuesta por los accionantes en contra de entidades de carácter hospitalario, con ocasión de los perjuicios causados por la falla en la prestación del servicio médico que conllevó a la muerte de su hermano, al no efectuar un diagnóstico oportuno y, por tanto, no dar el tratamiento adecuado. Con la precitada providencia se revocó el favorable adoptado en primera instancia y, en su lugar, se negó la declaración del daño antijurídico y, por lo tanto, la reparación de los perjuicios causados como consecuencia del referido deceso. Se aduce que la mencionada providencia incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, debido a que no valoró adecuadamente el acervo probatorio y no tuvo en cuenta algunos pronunciamientos del Consejo de Estado relacionados con la falla en el servicio en casos de responsabilidad médica. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se hace una caracterización de los defectos invocados y se concluye que la decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico por una indebida, irrazonable o arbitraria valoración probatoria de aquello que se desprendía de la historia clínica y de las pruebas testimoniales, en el sentido de que indicaban una actuación negligente en la atención médica brindada al paciente por las instituciones demandadas. Se CONCEDE el amparo invocado.

 

Sentencia Su 386  de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

En este caso se cuestiona la decisión judicial de segunda instancia que se profirió dentro del trámite de una acción de cumplimiento promovida por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) en contra del Ministerio del Deporte. Con dicha providencia se negaron las pretensiones dirigidas a que se ordenara al Ministerio el cumplimiento de la función de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos, particularmente, la obligación de aprobar sus estatutos no sociales, reglamentos y reformas. Se aduce que este fallo incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. El primero, por establecer que la aprobación de estatutos no sociales y reglamentos no era exigible al Ministerio del Deporte, dado que la norma no contenía un término para su ejercicio y acatamiento. El segundo, por no tener en cuenta en el análisis ni en la decisión, el contenido de las comunicaciones del Ministerio en mención, en las que afirmó no tener competencia para revisar y aprobar los estatutos y reglamentos. Se verificó el cumplimiento de los presupuestos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analizó la configuración de los defectos invocados. Así mismo, se desarrolló la siguiente temática: 1º. El alcance de la competencia de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte sobre los reglamentos de las organizaciones deportivas. 2º. El desarrollo normativo y jurisprudencial de la acción de cumplimiento. Luego de concluir que la providencia censurada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico,

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 93829 de 2023

 CORTE ORDENA PAGAR PENSIÓN DE INVALIDEZ A JOVEN CON ESQUIZOFRENIA ESTRUCTURADA CUANDO TENÍA 12 AÑOS

Por regla general para el reconocimiento de la pensión de invalidez la normativa que rige es la vigente al momento de la estructuración de la invalidez; sin embargo, considerando las condiciones de especial protección que merecen determinadas personas, como las que padecen afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos legales es procedente atender, para el cómputo de las semanas, la fecha del dictamen sobre pérdida de capacidad laboral, la de la solicitud pensional o la última cotización efectuada, o cuando la enfermedad supone la manifestación de secuelas ulteriores, previo análisis de la situación particular. Aunque la discapacidad laboral en las enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas se puede estructurar en determinada fecha, la persona puede mantener una capacidad residual de trabajo que le permite continuar activa laboralmente, con la obligación de realizar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte que ofrece el sistema, los que resultan plenamente válidos y con los cuales puede alcanzar el reconocimiento de la prestación. La capacidad laboral residual que habilita contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez por enfermedad crónica, congénita o degenerativa, constituye un desarrollo al principio de la solidaridad, consagrado en el artículo 1 de la CN, que resalta la existencia de un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general -no afecta al sistema general de pensiones y los principios que lo rigen, entre ellos, el de la sostenibilidad financiera-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

 

Expediente 00434 de 2023

PRUEBA – VALORACIÓN EFECTUADA POR EL JUEZ SEGÚN LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.

Recurso de casación interpuesto por considerar indebida la valoración probatoria.

Expediente 00470 de 2023

PRUEBA ILÍCITA – PARALELO CON LA LÍCITA.

Las primeras son aquellas que no violan «alguna prohibición legal expresa o tácita, referente al medio mismo, al procedimiento para obtenerlo, o al hecho particular investigado», mientras que  las segundas, son las «que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan».

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 63001 de 2023

SISTEMA PENAL ACUSATORIO – PRUEBA COMÚN: REGLAS JURISPRUDENCIALES

La Sala de Casación Penal se pronunció sobre los recursos de apelación interpuestos por los defensores de EJCB, LFHC y RPM contra el auto proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, mediante el cual, entre otras determinaciones, negó algunas de las pruebas testimoniales que postularon los recurrentes, así como la exclusión de los resultados de las interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía General de la Nación. La Corte revocó parcialmente el auto impugnado, para, en su lugar, decretar las pruebas testimoniales de JJCE y JAGC solicitadas por RPM y EJCB, para lo cual, sintetizó las reglas jurisprudenciales en relación con la prueba de interés común. De igual manera, al momento de analizar la solicitud de exclusión de las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía, fundamentada en que la audiencia de control posterior no se llevó a cabo dentro de los términos dispuestos en el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, la Sala explicó que la norma es clara en ordenar que la comparecencia del fiscal ante el juez de garantías para que realice la audiencia de legalidad sobre lo actuado debe hacerse dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de las órdenes, expresión que no admite discusiones en torno a que el cómputo debe hacerse a partir de la terminación de la diligencia. Sin embargo, en el presente caso, la Fiscalía atendió la carga que le correspondía, esto es, dentro del plazo de 24 horas siguientes a la recepción del informe de policía judicial, solicitó que se llevara a cabo el correspondiente control judicial posterior a las interceptaciones, pero fue la defensa quien propició las circunstancias que impidieron el cabal desarrollo de la diligencia dentro del término correspondiente.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00272 de 2023

La Sala de Consulta y Servicio Civil, al resolver un conflicto de competencias administrativas, determinó que el Ministerio de Salud y Protección Social es la autoridad competente para adelantar todo lo relativo a la inscripción de los actos que afectan la vida jurídica de las instituciones prestadoras de servicios de salud sin ánimo de lucro del nivel nacional, en el Registro Especial de Instituciones del sector salud.

Conflicto de competencias administrativas suscitado entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Casanare -Secretaría de Salud-, con el fin de establecer cuál es la autoridad competente para para atender la solicitud de inscripción en el Registro Especial de Instituciones, de las decisiones de disolución y liquidación de una corporación prestadora de salud sin ánimo de lucro, de la remoción de sus representantes legales, de la designación de su liquidador y de la posterior anulación de estas decisiones; así como la inscripción de la designación de los nuevos representantes legales y la consecuente expedición del certificado de existencia y representación de la corporación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 08001 23 33 000 2019 00529 de 2023

SECCIÓN SEGUNDA PROFIRIÓ SENTENCIA DE UNIFICACIÓN FIJANDO REGLA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA REMUNERACIÓN DEL CARGO DE ABOGADO ASESOR GRADO 23 DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS.

El actor demandó a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, inaplicar por “inconstitucional” el artículo 1.°del Acuerdo PSAA 11-8346 del 29 de julio de2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto asignó el “grado 23” al cargo de “abogado asesor” creado en cada despacho de los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico; consecuencia de lo anterior, declarar la nulidad del Oficio DESAJBAO17- 1931 del 28 de junio de 2017, proferido por el director seccional de Administración Judicial de Barranquilla, que le negó el reconocimiento y pago del salario establecido para el cargo de abogado asesor del Tribunal Administrativo del Atlántico, en los términos de los Decretos expedidos por el gobierno nacional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 05001 23 31 000 1999 02151 de 2023

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA SOBRE LOS EFECTOS QUE PRODUCE LA AUSENCIA DE SALVEDADES CUANDO SE FIRMAN SUSPENSIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS DEL PLAZO CONTRACTUAL O SE PACTAN CONTRATOS ADICIONALES U OTROSÍES.

“El 22 de abril de 1997, Construcciones Vélez y Asociados SA-Convel SA y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA celebraron el contrato n.° 00007 para la construcción de la estructura de concreto de la torre norte de la sede principal en Medellín, que fue prorrogado en dos oportunidades. Reclamó los perjuicios por el trabajo en horario extendido de sus empleados, la mayor permanencia en obra y los intereses moratorios por el pago tardío de unas actas”.

 

Expediente 41001 23 33 000 2023 00008 de 2023

SECCION CUARTA RECUERDA QUE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIA EN PROVISIONALIDAD EMBARAZADA VA HASTA QUE CULMINE LICENCIA DE MATERNIDAD

[E]sta Sala modificará la orden consignada en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia con el fin de que se entienda que el empleador, en caso de que la señora [P.V.L.] quede desvinculada del juzgado con ocasión del reintegro definitivo de su titular, debe hacer los aportes a la seguridad social en su favor durante todo el periodo de la licencia de maternidad y hasta que culmine, y no solamente hasta que adquiera el derecho a ella, como lo consignó en la parte resolutiva de la providencia impugnada. (…) Adicional a lo anterior, la demandante en la impugnación solicitó que se extendiera el amparo concedido y, por consiguiente, se le reubicara en un cargo de igual o similar categoría al que desempeñaba, pues, si bien en la actualidad se encontraba ocupando el de asistente judicial en provisionalidad en el Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva su permanencia seguía sujeta a la licencia por incapacidad otorgada a la titular del cargo, lo cual ponía en riesgo sus derechos fundamentales y los de su hijo. (…) No obstante, para Sala no es procedente acceder a dicha pretensión, pues, tal como ya se dijo, la Corte Constitucional en sentencia SU-070 de 2013 dispuso que la medida de protección que procede en estos casos consiste en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad de la mujer embarazada, pues esta clase de funcionarios gozan de una estabilidad relativa que debe ceder frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos. (…) Lo anterior no obsta para que el nominador, consciente de esa condición, pueda tomar las medidas afirmativas pertinentes, necesarias y suficientes para que, en caso tener margen de maniobra, logre que la empleada que goza de dicha estabilidad laboral sea la última en ser retirada o pueda ser reubicada en otro cargo de dicha dependencia.