11 septiembre, 2023

8 de Septiembre del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 238 de 2023

PROTEGEN A CIUDADANO FRENTE A MAL CÁLCULO DE CADUCIDAD DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.

 El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia (Arts. 29 y 229, CP), al igual que se le respeten la protección y las garantías judiciales (Arts. 8.1 y 25 de la CADH, Ley 16 de 1972); pidió que, como consecuencia del amparo constitucional, se ordene al Tribunal accionado que profiera una nueva decisión resolviendo de fondo las pretensiones de la demanda. En el escrito de tutela el accionante adujo que el Tribunal acusado incurrió en (i) defecto procedimental absoluto por aplicar indebidamente del artículo 136.8 del CCA, en razón a que no era dable declarar la caducidad de la acción de reparación directa porque el daño antijurídico que se invocó corresponde al acaecido con la muerte de la señora Beatriz Amparo Gómez Holguín (q.e.p.d.); por lo tanto, el término con el que se contaba para incoar la demanda debe computarse desde la fecha en que la paciente murió (21 de febrero de 2010) y no a partir del momento en que se le diagnosticó el tumor cerebral (7 de julio de 2009). En tal sentido, explicó que las deficiencias en la atención médica por el diagnóstico tardío, fue el daño ocasionado a la señora Gómez reclamado por su sucesión, el cual es diferente del que solicitan directamente los demás demandantes, incluyéndolo a él; y, (ii) defecto por desconocimiento del precedente judicial unificado el 29 de enero de 2021 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, a partir del cual es posible inaplicar el término de caducidad de la acción cuando exista una circunstancia objetiva que impida acudir a la jurisdicción.  Vale precisar que la Sala, apoyada en el principio iura novit curia, readecuó los planteamientos del primer reparo, al defecto sustantivo en tanto apelan a la indebida aplicación de una disposición legal.

 

Sentencia T 289 de 2023

 LA SALA REITERÓ LA JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET Y REDES SOCIALES, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD Y A LA IMAGEN Y, POR ÚLTIMO, SE REFIRIÓ LA PROTECCIÓN ESPECIALÍSIMA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN REDES SOCIALES.

El 6 de abril de 2021 la señora María Victoria Leguizamo presentó acción de tutela en contra de los señores Yordy Medina Noriega y Raymond Carrillo, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la intimidad, a la vida digna y a la integridad personal de un grupo de mujeres transgénero. Ello, porque los accionados presuntamente realizaron una entrevista al grupo de mujeres que fue publicada en la red social Facebook sin el consentimiento previo de aquellas. En consecuencia, solicitó (i) tutelar los derechos fundamentales que aduce vulnerados, (ii) ordenar a los accionados eliminar de manera inmediata el video y presentar disculpas públicas. Al revisar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, la Sala concluyó que la acción es improcedente respecto de la María Victoria Leguizamo Parales y de las mujeres transgénero YB, RRP y SN por falta de legitimación en la causa por activa y por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En lo que se refiere a al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela de la menor de edad YM, la Sala encontró que la acción de tutela presentada por la señora Leguizamo Perales satisfizo los requisitos de la agencia oficiosa a partir de un análisis flexible de la ratificación de la voluntad de la menor de edad YM.         .

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 01815 de 2023

DEBERES, PODERES Y RESPONSABILIDAD DEL JUEZ » HECHO SOBREVINIENTE

El juez laboral en aras de garantizar los derechos al mínimo vital, la vida digna y el acceso a la administración de justicia frente a prestaciones como la de vejez, debe atender las circunstancias sobrevinientes en el pleito, que permitan consolidarla, siempre que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas por la parte interesada, a más tardar, en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de  que  entre  el  expediente  al despacho para sentencia.

 

Expediente 02067 de 2023

COMPATIBILIDAD Y COMPARTIBILIDAD PENSIONAL » COMPARTIBILIDAD PENSIONAL

La mesada adicional de junio se mantiene a quienes hayan causado el derecho a la pensión antes de la expedición del Acto Legislativo 001 de 2005, pues se está frente a un derecho adquirido, por ende, el empleador solo se subroga, en la medida en que el sistema la asuma. Para que opere la subrogación pensional total es necesario: i) Que el valor de la mesada pensional reconocida por el ente de seguridad social, sea igual o mayor a la reconocida por el empleador, ii) Que sea reconocida la misma densidad de mesadas anualizadas que le había reconocido el empleador. /  El hecho que el valor de las catorce mesadas reconocidas por el empleador sea inferior a las trece reconocidas por la entidad administradora de fondos de pensiones, no conlleva a entender que se subroga completamente por el sistema, por ende, no es dado acudir al cálculo anual para efectuar una comparación fundada en el quantum del ingreso  » ANÁLISIS DE PRUEBAS. / Error del tribunal al considerar que se había presentado una subrogación total por parte de la administradora de pensiones, pues al anualizar el valor de las trece mesadas encontró que el total de lo percibido por el demandante de parte del sistema de seguridad social era superior a lo que hubiere recibido por el empleador y por tanto este no tenía la obligación de pagar la mesada catorce -el accionante acordó en la conciliación, un derecho pensional de jubilación de catorce mesadas anuales, por lo que tal prerrogativa ingresó a su patrimonio, por ende, en los términos de tal convenio ese derecho adquirido no se extingue por un mayor valor total anualizado-.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00248 de 2023

C ONTRATO DE OBRA –  INCUMPLIMIENTO EN CONTRATO DE OBRA CIVIL EN OBLIGACIÓN DE HACER.

Solidaridad en la responsabilidad por el incumplimiento en la entrega de obras de infraestructura y de mejoramiento común. Contrato de compraventa con organización sindical.

Expediente 00267 de 2023

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO –  CONCEPTO. DIFERENCIAS. ETAPAS DEL JUZGAMIENTO.

Diligencias. Oposición. Proceso tramitado por el Código de Procedimiento Civil, artículos 461 a 466 del estatuto.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 60332 de 2023

DELITO – ELEMENTOS SUBJETIVOS DISTINTOS DEL DOLO, ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO O ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL INJUSTO: CONCEPTO / TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES – ELEMENTOS: VERBOS RECTORES, LLEVAR CONSIGO, INTENCIÓN DE SUMINISTRO, SIN FINES DE COMERCIALIZACIÓN

La Sala de Casación Penal, resolvió el recurso de casación promovido por el defensor de L.C.I.G. en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la cual confirmó -con modificaciones- el fallo emitido por el Juzgado 27 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, condenando a la mencionada procesada como autora del delito de tráfico,  fabricación o porte de estupefacientes. Lo anterior, al considerar que, la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia de la acusada, generándose una duda sobre su responsabilidad. Para el efecto, la Sala, reiteró su jurisprudencia relativa al porte de estupefacientes con fines de suministro, sin intención de distribución ni comercialización, en el que la conducta resulta atípica debido a la ausencia del elemento subjetivo diverso al dolo exigido para su tipicidad. Al respecto, sostuvo que, el suministro a la persona con quien se posee una estrecha relación vital o el suministro para consumo compartido, son equiparables al consumo individual, debido al carácter autónomo y espontáneo de los consumidores y a la relación horizontal existente entre ellos. Ello por cuanto, el peligro generado para la salud es meramente individual, y por consiguiente, no alcanza el carácter público que caracteriza al bien jurídico protegido por el artículo 376 del Código Penal.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 76001 23 31 000 2008 00846 de 2023

LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADUANEROS CONSTITUIDA MEDIANTE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO Y LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEL BENEFICIARIO CONTRA EL ASEGURADOR

La sociedad comercial SEGUROS DEL ESTADO S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con el objeto de que se declare la nulidad de los mediante los cuales se impuso sanción a un declarante en el régimen de importación y se ordenó hacer efectiva la póliza 042110926, por valor de $2.237.637.237,30.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente19001 23 33 000 201 400324 02 de 2023

CONSEJO DE ESTADO RECUERDA SI LOS DIPUTADOS DE ASAMBLEAS TIENEN DERECHO A LAS PRESTACIONES CON LAS QUE CUENTAN LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

Las prestaciones sociales de los miembros de las Asambleas son las que están contempladas en la Ley 6ª de 1.945 y sus normas complementarias, así como las modificaciones introducidas en materia de seguridad social en la Ley 100 de 1.993 y, en lo que respecta a la liquidación de cesantías, conforme a las Leyes 344 de 1996 y 362 de 1997. En este punto, es importante aclarar que si bien es cierto en ley posterior -Ley 1871 de 2017- se fijó el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las Asambleas, tal disposición tan solo se enuncia para concluir el marco normativo que rige la materia, pero no es aplicable al caso concreto, comoquiera que las prestaciones que reclama el demandante corresponden al período 2009-2011, es decir, anterior a su expedición y, por ende, su situación no está gobernada por lo allí dispuesto. Así las cosas, y toda vez que lo que pretende el señor (…) es el reconocimiento de las vacaciones, las primas de vacaciones y de servicios, se debe concluir que como estas no están contempladas en la Ley 6.ª de 1945, no es viable acceder a esa pretensión, postura que es consecuente con los diversos pronunciamientos que, al respecto, ha realizado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la cual se comparte en su integridad, y en la que además precisó que tampoco tienen derecho a la prima de servicios, por las razones expuestas en el concepto 1166 del 25 de noviembre de 1998, previamente transcrito.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 76001 23 31 000 2005 00292 de 2023

¿SE CONFIGURÓ LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE EMCALI, BAJO EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RIESGO EXCEPCIONAL, AL ACREDITARSE QUE FUE LA INDEBIDA UBICACIÓN DE SUS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LA CAUSA DE LAS LESIONES POR ELECTROCUCIÓN SUFRIDAS POR LA MENOR?

El riesgo excepcional que genera la presunción de responsabilidad sobre la entidad demandada en su condición de propietaria de una red eléctrica se estructuró al acreditarse que la red estaba a una distancia inferior de la permitida: esa circunstancia es la que determina jurídicamente que el daño se le impute causalmente a la red, así se trate de una cosa inerte. Si la red hubiera estado adecuadamente ubicada, se habría demostrado que fue la víctima quien entró en contacto con ella y, por lo tanto, se configuraría lo que denomina la doctrina el “rol absolutamente pasivo de la cosa”. El contacto se le atribuye a la red por su indebida colocación y la ubicación de la víctima termina siendo solo una condición del daño que no puede tenerse como causa jurídicamente determinante del mismo. (…) Y menos puede considerarse esta actuación como constitutiva de culpa en los términos del artículo 2357 del Código Civil, puesto que no está acreditado que los demandantes hubiesen creado un riesgo desaprobado. En esa medida, se destaca que la utilización de listones o de instrumentos similares para recoger ropa no está desaprobada o prohibida por ninguna norma, sino que se trata de un riesgo permitido o de un riesgo general de la vida. Por el contrario, fue Emcali quien creó el riesgo desaprobado al violar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-. El ámbito de protección del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- precisamente tiene por objeto impedir que las personas entren en contacto con las redes eléctricas y prevenir el riesgo de electrocución. Por lo tanto, en este caso, la creación del riesgo desaprobado –violación del reglamento técnico– fue lo que generó el daño: la electrocución de la meno

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 41001 23 33 000 2019 00470 01 de 2023

CONTRIBUYENTE PUEDE CORREGIR ANTICIPO PESE A NO HABER SIDO OBJETADO POR LA DIAN.

Con miras a desatar la litis, partirá la Sala de reiterar el criterio definido por esta judicatura en el sentido de que en las correcciones provocadas por la Administración, con ocasión a un requerimiento especial o una liquidación oficial de revisión, el contribuyente carece de libertad para configurar el contenido de la declaración, como cuando presenta correcciones voluntarias, de manera que, las modificaciones deben contraerse a las glosas propuestas en el acto oficial, so pena de invalidar la corrección. Esto salvo que, la modificación a otro renglón de la declaración surja como consecuencia de la aceptación total o parcial de la glosa propuesta o determinada. Entonces, si en la corrección se modifican renglones distintos a los glosados por la autoridad, debe analizarse si tal variación se deriva de la glosa propuesta (sentencias del 29 de abril de 2021 y del 02 de diciembre de 2021, exps. 20745 y 23832, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez y Myriam Stella Gutiérrez Argüello). 3.2- Para el caso sometido a análisis, se encuentra probado que el 30 de junio de 2016, la demandante corrigió voluntariamente la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) correspondiente al año gravable 2015, en la cual registró $15.463.000 como valor del anticipo de la sobretasa para el año gravable siguiente (…), que fue modificada por la Administración, mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 900.005, del 29 de mayo de 2018, aumentando los ingresos brutos, disminuyendo costos y deducciones e imponiendo sanción por inexactitud