11 marzo, 2024

8 marzo del 24

 Corte Constitucional 

 

Sentencia T 570 de 2023

CORTE AMPARA DERECHOS DE MUJER DE LA TERCERA EDAD DIAGNOSTICADA CON AFECCIONES PSIQUIÁTRICAS A QUIEN SE LE NEGÓ EL INGRESO A UN HOGAR GERIÁTRICO.

La Sala concluyó que las medidas de internación u hospitalización indefinidas de las personas en situación de discapacidad por razones de salud mental, sin que exista orden médica, profundizan su marginalización y exclusión social, agravan su situación de vulnerabilidad económica y social y son deshumanizantes. La Sala Séptima de Revisión amparó los derechos a la protección y asistencia social integral, igualdad y salud mental de Lorena, una mujer de 66 años, diagnosticada con afecciones psiquiátricas, quien fue internada en un hospital y se le negó el traslado a un hogar geriátrico de larga instancia. Josefina, gerente del Centro de Rehabilitación Integral, donde estaba internada Lorena, presentó tutela como agente oficiosa, toda vez que consideró vulnerados los derechos a la vida digna, al trato igualitario ante la ley, a la no discriminación, al principio de solidaridad y de dignidad humana, a la asistencia familiar y al acceso a oportunidades de orden económico, social y cultural. La accionante argumentó que el municipio de Nápoles vulneró estos derechos al negarse injustificadamente a recibirla en el Hogar Geriátrico del Municipio, a pesar de que los médicos tratantes señalaron que no era recomendable que siguiera hospitalizada. El municipio de Nápoles, por su parte, alegó que su negativa estaba justificada, puesto que (i) el reglamento de la institución no permite recibir a personas con afecciones psiquiátricas, (ii) la señora Lorena no se encuentra registrada en el SISBEN y (iii) no existe un concepto médico que indique que requiere asistencia especial en el hogar. Los jueces de instancia negaron el amparo. La Sala revocó la decisión y, en su lugar, amparó los derechos de la mujer al considerar que el hecho de que se negara de manera injustificada su traslado al hogar geriátrico condujo a que esta permaneciera hospitalizada en un centro de salud sin que existiera concepto médico que recomendara su internación permanente e indefinida. En su análisis, la Sala expuso tres puntos por los cuales existió vulneración. El primero se trata de la disposición del reglamento del hogar geriátrico que establece que no podrán ingresar los adultos mayores con “antecedentes psiquiátricos”. Para la Corte, esa premisa es abiertamente discriminatoria en tanto se crea una diferencia de trato desfavorable en los adultos mayores.

 

Sentencia T 033 de 2024

CORTE RESALTA LA IMPORTANCIA DE QUE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO, IMPLEMENTEN UN ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ATENCIÓN QUE PRESTAN.

La Sala exhortó a los jueces de instancia a adoptar decisiones fundadas en la jurisprudencia constitucional sobre la prohibición de discriminación de las personas LGBTIQ+ y sus familias. En marzo de 2023, Patricia, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, Gerardo, interpuso una acción de tutela en contra de la Clínica. A su juicio, la accionada vulneró los derechos fundamentales a la familia, a la igualdad, a no ser discriminados, a la vida en condiciones dignas, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad sexual, a la dignidad humana, a la integridad física y a la seguridad social, de los cuales son titulares ella y Gerardo. De un lado, porque en la consulta médica de 6 de marzo de 2023, un médico adscrito a la Clínica cuestionó que el niño pudiera tener dos mamás y que Patricia, quien no lo gestó, fuera su madre. De otro lado, por cuanto el 9 de marzo siguiente, la gerente de la Clínica informó a un medio de comunicación que lo sucedido en la cita médica de 6 de marzo había sido un “malentendido” que ya se había solucionado. Los jueces de instancia negaron la solicitud de amparo de los derechos fundamentales. Consideraron que las pruebas allegadas no daban cuenta del hecho discriminatorio alegado. A su juicio, los cuestionamientos que hizo el profesional de la salud, el 6 de marzo de 2023, tenían una finalidad constitucionalmente legítima: indagar sobre los antecedentes genéticos del niño. Además, enfatizaron en que la Clínica contaba con políticas de inclusión. La Sala Séptima de Revisión revocó la decisión de segunda instancia y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales (i) a la igualdad y a la dignidad humana de Patricia y de Gerardo(ii) el interés superior y el derecho a la salud de Gerardo, así como (iii) el libre desarrollo de la personalidad de Patricia. Para la Sala, la accionada incurrió en un acto y en un escenario de discriminación en contra de Patricia y de Gerardo. Lo primero, porque el lenguaje que utilizó el médico en la consulta de 6 de marzo de 2023 fue discriminatorio e invisibilizó la conformación del núcleo familiar de Gerardo. En efecto, sus afirmaciones y cuestionamientos reflejaron preconcepciones y estereotipos respecto de la configuración de la familia tradicional. La Corte reconoció la relevancia de la anamnesis –recolección de información del especialista en salud– de Gerardo para efectos del examen de su patología. Sin embargo, advirtió que la práctica de este procedimiento no puede desconocer las garantías de sujetos de especial protección como los niños, niñas y adolescentes, así como las personas con orientación sexual diversa, como es el caso Patricia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 03160 de 2024

SINDICATOS » ASAMBLEA GENERAL » FACULTADES

× La asamblea general de un sindicato tiene entre otras facultades exclusivas, las siguientes: i) La adopción de pliegos de peticiones que se deben presentar a los empleadores a más tardar dos meses después, ii) La designación de negociadores, iii) La elección de conciliadores y de árbitros, iv) La votación de la huelga en los casos de la ley y v) La disolución o liquidación del sindicato -artículo 376 del CST y artículo 55 de la Ley 50 de 1990- × La facultad expresa de la asamblea general de presentar el pliego de peticiones no limita o cercena la autonomía sindical o puede considerarse como una indebida intromisión en el derecho de asociación sindical, ello con el fin de precaver la multiplicidad de convenciones colectivas de un mismo sindicato con una misma empresa, sin perjuicio, de la posibilidad de coexistencia de dos o más organizaciones sindicales con la limitación de que los afiliados solamente tienen la posibilidad de beneficiarse únicamente de una sola convención colectiva -en principio, no se puede dar inicio a conflictos colectivos en cada una de las sedes en las que el sindicato tenga subdirectivas o comités-.

» REPRESENTACIÓN SINDICAL

× Para la existencia de un conflicto colectivo generador de derechos y obligaciones  es imperativo que el petitorio se presente por quien tenga la capacidad jurídica de representación; esto quiere decir que esté aprobado por el organismo competente y se presente dentro del término que consagra la ley

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00434 de 2024

RECURSO DE CASACIÓN – EXTRAORDINARIO CON CAUSALES TAXATIVAS.

Violación directa indirecta de  la norma sustancial por error de hecho. Valoración probatoria del juez de instancia.

 

Expediente 00503 de 2024

SIMULACIÓN ABSOLUTA – DE CONTRATO DE COMPRAVENTA. ACTOS DE SIMULACIÓN.

Capacidad de los herederos en impugnar los actos celebrados por el causante. Libertad probatoria para su demostración. Acreditación de los actos simulados a través de indicios graves como la no contestación de la demanda.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 63291 de 2024

LA PRUEBA SOBREVINIENTE Y SU PROCEDENCIA: UNA SENTENCIA JUDICIAL NO SE LE PUEDE ATRIBUIR COMO PRUEBA DE REFERENCIA

La jurisprudencia de esta Sala de tiempo atrás tiene decantado que: “[Su] decreto excepcional en el juicio fue concebido, no para cambiar la forma en la que se preparó la incorporación y práctica de las pruebas decretadas, ni con el fin de revivir oportunidades procesales fenecidas, sino para no privar a las partes de ofrecer el conocimiento contenido en aquel medio que siendo pertinente, conducente y útil, (i) surge en el curso del juicio, bien porque se deriva de otra prueba allí practicada y ello no era previsible, o porque en su desarrollo alguna de estas encuentra un elemento de convicción hasta ese momento desconocido; (ii) no fue descubierto oportunamente por motivo no imputable a la parte interesada en su práctica; (iii) es “muy significativo” o importante por su incidencia en el caso; y, (iv) su admisión no comporta serio perjuicio al derecho de defensa y a la integridad del juicio (…) Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de una prueba practicada en el juicio surja la necesidad de practicar otra; o cuando en desarrollo del juzgamiento alguna de las partes “encuentre” o se entere sobre la existencia de un medio de conocimiento que antes ignoraba, por alguna razón lógica y atendible.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 68001 23 33 000 2012 00001 de 2024

SE ORDENA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE LOS TRANSEÚNTES CON DISCAPACIDAD EN LA VÍA QUE COMUNICA BUCARAMANGA CON GIRÓN.

Un ciudadano presentó una demanda en ejercicio de la acción popular contra los municipios de Bucaramanga y Girón, Santander, y la Nación, Ministerio de Transporte, ya que, en criterio del actor, los accionados construyeron andenes a los dos costados de la vía que comunica Bucaramanga con Girón (tramo 10 La Salle – Palenque), entre los años 2011 y 2012, sin tener en cuenta las disposiciones que exigen el uso de enchapes o losetas texturizadas que sirven para guiar y alertar a la colectividad, en especial, a la población con discapacidad visual.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 08001 23 31 000 2002 00207 de 2024

SECCION SEGUNDA RECUERDA QUE ENTIDAD TIENE POTESTAD DE ELEGIR CUÁLES EMPLEADOS INCORPORA CUANDO REALIZA SUPRESIÓN DE CARGOS

[L]a carrera administrativa no confiere un derecho de inamovilidad absoluta, pues la estabilidad de los empleados que acceden a dicho sistema debe armonizarse con las necesidades técnicas, económicas y de modernización de la administración en aras de lograr su mayor eficiencia y la consecución de los fines del Estado. Además, los procesos de reestructuración tampoco conducen a un desconocimiento de los derechos laborales de los empleados de carrera, ya que se han previsto medidas tendientes a lograr su incorporación en otro empleo y, en caso de que ello no sea viable, reconocer una indemnización encaminada a resarcir el daño que ocasiona la culminación de su vínculo laboral. A su vez, dichos procesos deben obedecer a razones ciertas y verificables con el objetivo de que no se incurra en un ejercicio ilegítimo o arbitrario de la potestad en comento.(…) [E]n el Decreto 486 de 1998 se crearon 20 cargos de técnico, código y grado 401-02 y que este número no fue disminuido por el Decreto 210 de 2001, pues dicho acto administrativo no se refirió a los cargos en particular; por lo tanto, el Decreto 0218 de 2001, que sí hizo mención en este aspecto fue el que redujo las plazas a un total de 16. Bajo este contexto, se concluye que no le asiste razón al actor en el sentido de indicar que el cargo que ocupaba no desapareció en la nueva planta de personal e inclusive se incrementaron sus vacantes, pues desde el punto de vista de la denominación sí hubo una reducción de las plazas, en tanto pasaron de 20 a 16. En este orden de ideas, no tiene vocación de prosperidad el argumento del accionante en el sentido de indicar que el empleo que desempeñaba no fue suprimido, pues se encuentra suficientemente acreditado que ello ocurrió con la expedición del Decreto 0218 de 2001.

 

NOTA DE RELATORÍA: Referente a que la reestructuración de las entidades públicas no pugna con el derecho a la carrera administrativa, pues ello obedece a una medida legítima inspirada en la protección del interés general, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-954 de 2001.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 66001 23 33 000 2015 00290 de 2024

SE EXIME DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A EX GERENTE DE EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA POR APARENTE DESPIDO IRREGULAR

Se repite en contra de la demandada con el fin de que se la declare patrimonialmente responsable, a título de culpa grave, debido a que en la condición de gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira ordenó desvincular al entonces subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa de dicha entidad, decisión que posteriormente fue objeto de controversia en un proceso ordinario laboral que terminó con sentencia condenatoria en contra de la referida empresa por virtud de la cual fue obligada a reintegrarlo al cargo y a pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir, sumas de dinero que la empresa pretende recuperar a través de la presente acción.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 11001 03 28 000 2023 00050 de 2024

SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

Se demandó la nulidad de la elección del señor Javier Alberto Ayala Amaya como rector de la Universidad Militar Nueva Granada aduciendo que: (i) fue elegido sin que se cumpliera con la mayoría simple exigida en el Reglamento del Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada, Acuerdo 03 de 2016, que para el caso exigía el voto favorable de al menos siete (7) miembros del Consejo Superior Universitario; y, (ii) hubo violación de la cuota de género dado que en la terna no se incluyó a una candidata mujer. La Sala declaró la nulidad de la elección del rector de la Universidad Militar Nueva Granada teniendo en cuenta que no se cumplió con la mayoría simple de votos requerida para su elección.

 

Expediente 11001 03 28 000 2022 0258 de 2024

SE DECLARÓ LA NULIDAD DEL ACTO DE ELECCIÓN DE UN SENADOR DE LA REPÚBLICA.

Síntesis del caso: Se demandó la nulidad del acto de elección del señor Alexander López Maya como senador de la República para el periodo 2022-2026, quien fue inscrito como candidato por el Partido Polo Democrático Alternativo, el cual hizo parte de la coalición Pacto Histórico, aduciendo que el demandado incurrió en la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, relativa a la prohibición de doble militancia política en la modalidad de apoyo. La Sala declaró la nulidad de la elección del senador, luego de concluir que, en efecto, se demostró el apoyo por parte del señor Alexander López Maya al señor Jorge Édgar Flórez Herrera, candidato inscrito por el Partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de Santander para el período 2022-2026.