10 abril, 2024

9 de abril del 24

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 476 de 2023

 CORTE RECUERDA QUE PROCEDIMIENTO DE FERTILIZACIÓN IN VITRO SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE EXCLUIDO DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD

Karen Patricia Blanco Julio, de 26 años, fue diagnosticada con infertilidad no especificada a causa de la patología de obstrucción tubárica proximal izquierda y distal derecha, por lo cual un médico especialista en ginecología de Profamilia le recomendó iniciar el tratamiento de fertilización in vitro. La accionante solicitó la autorización del tratamiento a su EPS, Coosalud, que lo negó, al considerar que le había brindado y garantizado los tratamientos y procedimientos médicos pertinentes y adecuados para su patología, sumado a que el tratamiento médico de fertilización in vitro se encuentra excluido del PBS. Ante la negativa, la señora Blanco Julio interpuso demanda de tutela en contra de su EPS, en la que solicitó que se ordenara este tratamiento, como medio para proteger sus derechos reproductivos.            Los jueces de instancia negaron el amparo al considerar que la accionante no acreditó las exigencias dispuestas en el artículo 4 de la Ley 1953 de 2019 y precisadas en la Sentencia SU-074 de 2020, indispensables para garantizar la financiación parcial y excepcional de tratamientos de fertilización in vitro por medio de recursos públicos.            Para la Sala, el presente caso evidencia una inadecuada interpretación no solo de las partes e intervinientes en el proceso, sino de los jueces de instancia, del marco normativo y jurisprudencial para la garantía de los derechos reproductivos, cuando se pretenden resguardar por medio del procedimiento de fertilización in vitro, específicamente detallado en el Título 4.2. En atención a esta circunstancia, ordenará que se cumplan, de manera estricta, las tres fases a que se hizo referencia en el fj. 45, para verificar si el caso de la tutelante puede ser objeto de una financiación parcial, con cargo a recursos públicos, de un número máximo de tres ciclos para este tratamiento de reproducción asistida.

 

Sentencia T 083 de 2024

CORTE REITERA QUE EL DEBER DE VELAR POR LA INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO NO ES ABSOLUTO, DADO QUE ENCUENTRA UN LÍMITE EN LOS DERECHOS DE QUIENES SE DEDICAN A LAS VENTAS INFORMALES

La Corte ha entendido que ante una tensión entre la protección del espacio público y los derechos de los vendedores informales lo que corresponde es armonizar los derechos que se encuentran en tensión.  La Sala Cuarta de Revisión amparó los derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la libertad de escoger profesión u oficio de una mujer de 72 años, quien fue desalojada de un predio en el marco de un proceso policivo de restitución de bienes inmuebles de uso público. La accionante señaló que se desempeñaba desde hace más de 30 años como vendedora informal en un kiosko ubicado en la zona del Jarillón de Cali, por lo que solicitó protección del derecho al trabajo. En única instancia, se declaró improcedente el amparo, pero la Sala revocó la decisión y, en su lugar, consideró que la Inspección Urbana de Policía incurrió en un desconocimiento del precedente constitucional en materia del principio de confianza legítima y el derecho al trabajo de los vendedores informales. Estimó que dicho desconocimiento derivó, a su vez, en la vulneración de los derechos de la accionante. La Sala, si bien reconoció el deber de las autoridades de proteger el espacio público, incluso cuando se trata de implementar el proyecto Plan Jarillón para mitigar riesgos causados por la ola invernal, también consideró que la obligación de las autoridades administrativas de proteger el espacio público no es absoluta, especialmente cuando entra en tensión con los derechos de los vendedores informales. La Sala recordó que lo que corresponde en estos casos es armonizar el deber de proteger el espacio público con los derechos de quienes, amparados por el principio de confianza legítima, se han dedicado a las ventas informales. En el caso concreto, la Corte encontró que durante el proceso de restitución de bienes inmuebles de uso público se ignoró que la accionante es un sujeto de especial protección constitucional, dado que es vendedora informal, adulta mayor y víctima reconocida de desplazamiento forzado.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 98910 de 2024

ACCIDENTE DE TRABAJO > CULPA PATRONAL > PROCEDENCIA

Por regla general, el empleador responde por los actos u omisiones culposos en que incurran sus representantes o trabajadores dependientes en desarrollo de sus actividades o labores -culpa in vigilando o in eligendo-, excepto cuando se demuestre que el comportamiento dañino no pudo ser previsto o impedido por el empleador, aun ejerciendo el cuidado ordinario. En el análisis de la culpa suficientemente comprobada del empleador se deben tener en cuenta las obligaciones generales, específicas y, de ser el caso, excepcionales, que le atañen en torno a los riesgos inherentes y expresados, así como los controles que haya ejercido en el medio, en la fuente y en la persona, en relación con la tarea ejecutada por el trabajador al momento del infortunio laboral -el deber de seguridad no se estima cumplido con la sola capacitación para ejercer trabajos en altura.

INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS > PROCEDENCIA – Para que se cause la indemnización total y ordinaria de perjuicios debe encontrarse suficientemente probada la culpa patronal en la ocurrencia del accidente o la enfermedad profesional, el daño generado por causa o con ocasión del trabajo y el nexo de causalidad entre el daño y la culpa

 

Expediente 96185 de 2024

EMPLEADORES TIENEN LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE LOS EMOLUMENTOS ENTREGADOS AL TRABAJADOR CORRESPONDEN A MERA LIBERALIDAD, SO PENA DE CONSTITUIR SALARIO

Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar que el pago denominado bonificación por mera liberalidad era constitutivo de salario, pues sí bien la bonificación dependía de unos indicadores de factores grupales, hubo una valoración individual del desempeño de cada trabajador, al punto que si no asistía o si era calificado por alguna novedad, se afectaba el reconocimiento del bono, podía disminuir o no ser cancelado, lo que, demostraba que efectivamente sí retribuía directamente el servicio, pues dependía de la ejecución del contrato en sí. El juez tratándose de la naturaleza salarial de un pago, más allá de la forma, denominación o instrumento jurídico que se emplee, debe fundarse en evidencia concreta de que, realmente, no retribuye el servicio prestado, por lo que tiene el deber de confrontar lo convenido con la verdadera esencia del rubro que se discute

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00326 de 2024

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN – INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE.

De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso debe existir consonancia entre la sentencia, los hechos y las pretensiones de la demanda. Los cargos planteados carecen de simetría de cara a las razones de respaldo del fallo impugnado en casación. Existencia de falencias de técnica en la redacción de los ataques. ARANTÍA – De los acabados y líneas vitales en contrato de construcción, constituye una obligación cuando es legal. Diferencias con la garantía de “estabilidad de la obra”. (Artículo 2060 numeral 3° del Código Civil). Término de duración. Requisitos de validez

 

Expediente 00444 de 2024

ACTUALIZAN SUJETOS SANCIONABLES POR DESAPARECER FRAUDULENTAMENTE COSAS HEREDITARIAS

Simulación absoluta – de contrato de compraventa respecto de bien rural, celebrado entre el futuro heredero-mandatario con sus otros hermanos, ante la inminente muerte de la causante. Elementos constitutivos de la sustracción indebida de bienes hereditarios: 1) sujeto activo que puede ser un heredero o futuro heredero, 2) sujeto pasivo perjudicado que puede ser heredero o futuro heredero, 3) conducta de alteración del acervo hereditario como acto u omisión tendiente a apropiarse de bienes relictos, 4) intención fraudulenta para lucrarse y perjudicar a los demás coherederos que debe ser probada. Hermenéutica del artículo 1288 y 1824 del código civil. Sanción aplicable al potencial heredero por la sustracción indebida de bienes hereditarios: nulidad de los negocios jurídicos celebrados y perdida de la partición hereditaria. Improcedencia de la restitución de frutos en materia simulatoria respecto del poseedor de mala fe, frente a la intrascendencia del cargo.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00748 de 2024

LA UGPP ES LA ENTIDAD RESPONSABLE DE ASUMIR LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER MISIONAL QUE SE ENCONTRARAN EN TRÁMITE AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA LIQUIDACIÓN DE CAJANAL.

Conflicto de competencias administrativas suscitado entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y el Ministerio de Salud y Protección Social-, con el fin de establecer cuál es la autoridad competente para conocer y tramitar la solicitud presentada por el municipio de Villavicencio, en relación con la cuota parte pensional establecida mediante un acto administrativo a cargo de Cajanal

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 05318 de 2024

SE CONFIRMA EL AMPARO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UN CIUDADANO A QUIEN, EN EL PROCESO ORDINARIO, SE LE HABÍA REVOCADO POR CADUCIDAD, LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA INTERPUESTA CONTRA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. AL ACTOR SE LE EXPIDIÓ UN PASAPORTE APARENTEMENTE IRREGULAR PARA SALIR DEL PAÍS CUANDO ERA NIÑO Y CON ÉSTE LO LLEVARON Y ADOPTARON EN ESTADOS UNIDOS, DONDE FUE VÍCTIMA DE GRAVES MALTRATOS POR SU FAMILIA ADOPTANTE

El Ministerio de Relaciones Exteriores expidió un pasaporte para salir del país a nombre de un menor de edad que quedó huérfano, con fundamento en una autorización aparentemente falsa, expedida por un juez de menores. Fue enviado a Estados Unidos y posteriormente fue nacionalizado y adoptado por una pareja norteamericana donde sufrió constantes abusos sexuales, físicos y psicológicos por más de 11 años, de tal gravedad que condujeron a que un Juez Federal de los Estados Unidos lo declarara como discapacitado y no apto para trabajar. En el año 2013 formuló una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener información sobre los documentos que sirvieron de soporte para autorizar y expedir el pasaporte con el que fue sacado del país, recibiendo dos respuestas de fechas 2 y 11 de julio de 2013, con las cuales le adjuntaron algunos de los documentos soporte, sin que se incluyera la providencia judicial presuntamente emitida por el juez de menores. Demandó mediante el medio de control de reparación directa y en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió parcialmente las pretensiones de la demanda, por la pérdida de arraigo familiar, la nacionalidad, el nombre de pila, los amigos de infancia, la lengua patria, las creencias religiosas y el equilibrio emocional. Sin embargo, en segunda instancia se revocó la decisión y se declaró la caducidad del medio de control.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA

 

Expediente 73001 23 33 000 2023 00346 de 2024

PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y QUE, EN CONSECUENCIA, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DISFRUTE DE LAS VACACIONES DE SERVIDORES JUDICIALES.

se presenta acción de TUTELA contra el acto administrativo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué que negó la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo del tutelante quien se desempeña como servidor judicial y solicitó el disfrute de sus vacaciones. Lo interesante del caso, es que el Despacho ponente realiza un cambio de postura en aplicación de la tesis fijada por la Corte Constitucional en la SU-296 de 2023. Con anterioridad, el Despacho ponente consideraba que para estos casos era necesario agotar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con apoyo en las medidas cautelares. Sin embargo, el cambio de línea jurisprudencial obedece a que en estos casos existe una injerencia directa del derecho a disfrutar vacaciones con los derechos a la salud y dignidad humana de los servidores de la rama judicial. Por lo tanto, el medio ordinario, si bien resulta idóneo, no es eficaz para la garantía oportuna de los derechos fundamentales.

 

SECCION CUARTA

 

Expediente 63001 23 33 000 2023 00047 de 2024

SE SUSPENDEN PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 43 DEL ACUERDO 023 DE 2022, QUE AUTORIZÓ LA TARIFA ÚNICA DEL 10X1000 DE ICA PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ (QUINDÍO).

Se revocó el auto del 2 de agosto de 2023, en el que el Tribunal Administrativo del Quindío negó la suspensión provisional del artículo 43 del Acuerdo 023 de 2022, normativa contentiva del Estatuto Tributario del municipio de Calarcá, expedido por el Concejo del mismo municipio. En su lugar, se decretó la medida cautelar de dicho artículo, porque la Sala concluyó que de su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas -artículos 287 y 313 (num. 4) de la Constitución Política y artículo 208 del Código de Régimen Municipal- se evidencia que el mismo fija una tarifa del 10 X1000 para el impuesto de industria y comercio aplicable al sector financiero del municipio, la cual no se ajusta a la prevista en el Código de Régimen Municipal para las actividades que realizan las entidades pertenecientes a tal sector económico, que es del 5×1000, con excepción de las corporaciones de ahorro y vivienda.