10 julio, 2024

9 de Julio del 24

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 189 de 2024

REITERACION JURISPRUDENCIAL SOBRE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZO

En sede de revisión, correspondió a la Sala Quinta conocer del caso de JDG, una mujer migrante de nacionalidad venezolana que trabajaba para su ex pareja, el señor EFR, como administradora encargada de una salsamentaria y fue despedida de su trabajo por encontrarse en estado de embarazo.       La Corte analizó la procedencia de la acción de tutela conforme a los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. Acreditados los anteriores requisitos, a la Sala le correspondió analizar si el señor EFR vulneró los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la no discriminación y a la estabilidad laboral reforzada de JDG al despedirla del local Avícola y Salsamentaria pese a encontrarse en estado de embarazo. Para responder a estos planteamientos, se pronunció sobre: (i) la jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada de mujeres en estado de embarazo; (ii) los presupuestos para poder declarar la existencia de un contrato realidad; (iii) el valor probatorio de las capturas de WhatsApp en sede de tutela y (iv) la perspectiva de género en las decisiones judiciales y los conceptos de violencia económica y discriminación interseccional. eniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala Quinta de Revisión concluyó que el señor EFR sí vulneró los derechos al trabajo, al mínimo vital, a la no discriminación y a la estabilidad laboral reforzada de JDG al despedirla en razón de su estado de embarazo. Esto, debido a que se logró demostrar en sede de revisión que existía una relación laboral entre las partes, que el accionado tenía conocimiento del estado de embarazo de la accionante y, a pesar de ello, dio por terminado el vínculo laboral sin contar con la autorización del Ministerio de Trabajo.

 

Sentencia T 191 de 2024

RECUERDAN LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA Y DE CUIDADOR

La Corte Constitucional conoció la acción de tutela promovida por un menor de edad (sujeto de especial protección), a través de agente oficiosa, que tiene múltiples comorbilidades y un complejo cuadro clínico que en palabras de la neuropediatra: “es una enfermedad metabólica crónica incurable y múltiples comorbilidades derivadas de la misma que le configuran un carácter paliativo”. Inicialmente la agente oficiosa solicitó el servicio de cuidador y tratamiento integral para Félix, pero hasta el momento su salud es muy cambiante por sus múltiples enfermedades, haciendo que pase largos periodos hospitalizado al cuidado de diferentes especialidades, todo con la finalidad de dar calidad de vida o cuidados paliativos, esenciales para brindar unas condiciones dignas para poder sobrellevar los síntomas. Luego de efectuar el examen de procedencia de la acción de tutela, la Sala resolvió como problema jurídico, si la Nueva EPS vulneró el derecho a salud y vida en condiciones dignas del menor Félix, al negarle el servicio de cuidador y/o de enfermería, y tratamiento integral solicitado por Constanza, a cargo del proceso administrativo de restablecimientos de derechos; para lo cual desarrolló tres acápites: i) el derecho a la salud de los menores de edad; (ii) los requisitos para la prestación del servicio de enfermería y de cuidador; (iii) la figura del tratamiento integral y otros derechos y, finalmente; (iv) decidió el caso concreto. . En razón a todas consideraciones y análisis del caso concreto, la Sala encontró necesario, atendiendo las circunstancias especiales de Félix y de sus condiciones complejas de salud, revocar la decisión del juez de única instancia en la que negó el amparo a los derechos fundamentales, para en su lugar, amparar los derechos a la salud y vida digna de Félix. En consecuencia, i) ordenó a la Nueva EPS, que en las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, si aún no lo hubiera hecho, autorice el servicio de enfermería al menor accionante, caso en el cual estará obligado a brindarlo sin interponer barrera alguna. ii) Instar a la institución, a que examine la posible situación de sobrecarga de la señora Betty, madre sustituta a cargo del menor Félix, y si es del caso tomar las medidas correspondientes.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 01469 de 2024

PENSIÓN DE INVALIDEZ » CAUSACIÓN

× La calificación o determinación de la situación de invalidez y no en rigor la fecha de su estructuración es lo que determina el surgimiento del derecho pensional, esto es, su exigibilidad, lo anterior si se tiene en cuenta que antes de que se determine que la persona tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50 %, es imposible que exista certeza sobre el supuesto fáctico relevante -la invalidez-, que hace exigible el derecho .  » RECONOCIMIENTO Y PAGO

× El carácter complejo del riesgo de invalidez y las distintas contingencias que pueden surgir en la configuración de la pensión que lo cubre, no deben impedir que el afiliado exija a la última administradora que gestionó sus aportes un acceso oportuno y expedito de su derecho pensional .  » PENSIÓN DE INVALIDEZ, LEY 776 DE 2002 » RECONOCIMIENTO  Y  PAGO: × En los eventos en los que la enfermedad laboral se estructura o  desarrolla  durante  la afiliación a varias entidades administradoras, el parágrafo 2, del inciso 2 del artículo 1 de la Ley 776 de 2002, asigna la responsabilidad del reconocimiento y pago directo a la última entidad que administra el riesgo al momento en que surge el derecho pensional de invalidez y preserva la posibilidad de repetir proporcionalmente contra las otras entidades o incluso al empleador si hubo periodos sin cobertura  Tratándose de afiliados que tienen enfermedades de tipo crónico, congénito o degenerativo, es viable, conforme las particularidades de cada caso, tener en cuenta una fecha diferente a la de estructuración de invalidez dictaminada por un organismo científico, como punto de partida para el conteo de los aportes mínimos exigidos por la ley, si se acredita que corresponde al momento en el que el padecimiento se manifiesta de tal forma que le impide a la persona continuar, siendo laboralmente productiva y proveerse por sí mismo del sustento económico (SL1539-2024)

 

Expediente 01140 de 2024

PENSIONES » ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES » OBLIGACIONES

× El pago de los aportes a una entidad distinta de aquella a la cual  debe  realizarse,  no desconoce el deber que la ley les asigna a las administradoras de pensiones que por error reciben aportes de trabajadores no afiliados, de actuar conforme a los términos previstos, con el fin de que la devolución de los aportes se haga de forma expedita -la tardanza o dificultades que puedan presentarse en ese trámite administrativo no pueden perjudicar a los afiliados y,o sus beneficiarios, máxime  cuando el trabajador cumple con su deber ante el sistema de seguridad social de causar la cotización con la prestación de sus servicios- .  APORTES » PAGO A ENTIDAD DISTINTA A LA QUE  CORRESPONDE:  × El pago de los aportes a una entidad distinta a la cual debía realizarse, no exime a la administradora del régimen pensional a efectuar el reconocimiento de la prestación económica correspondiente

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 57851 de 2024

DELITOS ESPECIALES – AUTORÍA MEDIATA: EL EXTRANEUS NO PUEDE SER AUTOR MEDIATO DE UN INJUSTO ESPECIAL / EL AUTOR MEDIATO Y EL SUJETO INSTRUMENTALIZADO DEBEN TENER LA MISMA CALIDAD EXIGIDA POR EL TIPO /  INTERVINIENTE – NO SE CONFIGURA: CUANDO NO EXISTE AUTOR MATERIAL / PARTICIPACIÓN – NO SE CONFIGURA: SI NO EXISTE EL AUTOR MATERIAL

La Sala Penal resolvió el recurso de casación interpuesto por el defensor de JIL y JFNZ, contra el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, mediante el cual confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Santander de Quilichao, que los condenó, en calidad de intervinientes, penalmente responsables del delito de peculado por apropiación agravado, en concurso heterogéneo con el reato de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Corte casó parcialmente la sentencia impugnada, en el sentido de declarar la extinción de la acción penal, por prescripción, a favor de MLVS, JIL y JFNZ, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y, en consecuencia, ordenó la preclusión de la actuación seguida en su contra. Igualmente, modificó el fallo condenatorio de segundo grado proferido contra JFNZ, HJBL y JIL, condenándolos como coautores responsables del delito de estafa agravada, a 85 meses y 29 días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa por la suma de $209’850.243. Para el efecto, la Sala de Casación Penal analizó la figura de la participación, específicamente la del interviniente, concluyendo que, para que pueda responder como coautor de un delito de infracción de deber, es imprescindible que se demuestren los elementos propios de la coautoría; esto es, que se encuentre acreditada más allá de toda duda razonable, la existencia de un acuerdo o plan común entre el intraneus y el extraneus, en el que cada uno desempeñe una tarea específica trascendente para la consecución del fin propuesto, que exige que todos actúen con conocimiento y voluntad orientada a la realización de un mismo objetivo delictivo. Sobre el tema, explicó que, una cosa es que no se logre identificar o juzgar al autor especial o sujeto activo calificado que ha cometido el delito junto con el particular, y otra muy distinta es que en la comisión del delito no haya concurrido dolosamente el autor especial o sujeto activo calificado, pues, en este último evento, no puede haber lugar a la figura del interviniente, en tanto, ésta exige necesariamente la concurrencia dolosa de ambos. Sin embargo, en este caso se demostró que MLVS no realizó el delito en conjunción de voluntades con JFNZ, HJBL y JIL, a tal punto que fue absuelta en ambas instancias por el reato de peculado por apropiación agravado, al encontrarse acreditado, más allá de toda duda razonable, que estaba convencida de que la propuesta de inversión presentada por los procesados era seria, segura, confiable, rentable y beneficiosa para el hospital que gerenciaba, como consecuencia del engaño del que fue víctima. Por lo expuesto, la Sala concluyó que JFNZ, HJBL y JIL, no pueden ser tenidos como intervinientes responsables del delito de peculado por apropiación agravado, sino como autores del punible de estafa agravada.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 080001 23 31 000 2010 00291 de 2024

EL JUEZ DE LA ACCIÓN DE GRUPO DEBERÁ INHIBIRSE PARA RESOLVER DE FONDO EL ASUNTO SIEMPRE QUE SE PRETENDA LA DEVOLUCIÓN DE UN IMPUESTO COBRADO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA CONFIGURACIÓN DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a través de la Sala Séptima Especial de Decisión, en el marco de una revisión eventual de acción de grupo, precisó la regla de unificación jurisprudencial según la cual este mecanismo no es procedente para reclamar la devolución del pago de tributos decretados en actos administrativos que posteriormente son declarados nulos, en el sentido de eliminar de ella la posibilidad excepcional de desconocimiento cuando se alegue la configuración de un daño antijurídico y disponer, en consecuencia, que el juez debe inhibirse para hacer un pronunciamiento de fondo.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA

 

Expediente 25000 23 42 000 2015 03335 de 2024

EN DECISIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, SE ENFATIZÓ QUE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA NO ES UN ASUNTO FAMILIAR PRIVADO AJENO AL ESTADO O A SUS AUTORIDADES, PUES A ÉSTOS LES ASISTE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS CONDUCENTES A PRESERVAR Y GARANTIZAR EL ADECUADO EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN LAS RELACIONES ENTRE INDIVIDUOS, MÁXIME CUANDO EL ESTADO COLOMBIANO TIENE COMPROMISOS INTERNACIONALES PARA ENFRENTAR LA DISCRIMINACIÓN Y LAS DIVERSAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. EN ESE SENTIDO, TAMBIÉN SE ACLARÓ LA CAUSAL DE “DEFECTO FÁCTICO” POR LA OMISIÓN EN EL DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS.

El actor a través de apoderado cuestionó las decisiones disciplinarias por las cuales fue sancionado, considerando que la entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido proceso, por defecto fáctico a causa de la omisión en la práctica de pruebas decretadas, especialmente aquella de orden psicológico destinada a establecer el estado mental del disciplinado, a quien le fue aplicada la sanción de destitución con inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por ejercer violencia intrafamiliar contra su señora causándole la muerte.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA

 

Expediente 54001 23 31 000 2010 00353 de 2024

SE APLICÓ EL CRITERIO DE FLEXIBILIZACIÓN FRENTE A LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y SE CONDENÓ AL EJÉRCITO NACIONAL POR OTRO CASO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE UN CAMPESINO, BAJO EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE FALLA DEL SERVICIO, AL INCUMPLIR SUS DEBERES CONSTITUCIONALES Y LEGALES.

 “El campesino (…), habría perdido la vida el 29 de diciembre de 2007 en la vereda Mata de Tilo del municipio de Teorama – Norte de Santander a manos de miembros del Ejército Nacional, quienes lo reportaron como un guerrillero “NN” dado de baja en enfrentamientos con la fuerza pública. Dentro de la investigación penal que se adelantó por tales hechos, uno de los militares implicados confesó que se trató de una ejecución extrajudicial de las comúnmente llamadas “falsos positivos”. El colectivo familiar próximo del señor (…) se presenta ante este contencioso para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados con tal suceso.”

 

SECCION QUINTA

 

Expediente 25000 23 41 000 2023 01717 de 2024

LA SECCIÓN QUINTA INSTÓ A LA SUBSECCIÓN “A”, SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, PARA QUE EN LO SUCESIVO PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

Sobíe el paíticulaí dispuso en la paíte consideíativa lo siguiente: “Finalmente, la Sala advieíte que, en punto de la íegla juíispíudencial que aquí se íeiteía, es posición pacífica de la Coípoíación peímitií que en la etapa de subsanación de la demanda el extíemo accionado íemita esta y sus anexos al demandado, y no únicamente de maneía concomitante a la píesentación de la demanda. Poí ello, se insta a la Subsección “A”, Sección Píimeía del Tíibunal Administíativo de Cundinamaíca, paía que, en lo sucesivo, píovea sobíe la admisión de la demanda cuando se acíedite el cumplimiento del íequisito píevisto en el oídinal 8 del aítículo 162 del CPACA de foíma posteíioí a la íadicación de aquella.”