9 febrero, 2023

9 Febrero del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia SU 347 de 2022

PRECISAN ALCANCE DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DEL 2005 EN CONVENCIONES COLECTIVAS

La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó dos acciones de tutela promovidas contra decisiones proferidas por las Salas de Descongestión No. 1 y 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferidas en procesos en los cuales de pretendía el reconocimiento de una pensión convencional. 201. Así, en el primer caso, expediente T-8.514.250, a esta corporación le correspondió determinar si la Sala de Descongestión No. 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente en la interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005 y, con ello, vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, a la seguridad social, a la negociación colectiva, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, al negarle el reconocimiento de su pensión convencional en los términos del artículo 98 de la contención colectiva de trabajo suscrita entre ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL con el argumento de no haber reunido los requisitos de edad y tiempo de servicio antes del 31 de julio de 2010. . La Sala Plena estableció que, en el asunto bajo revisión, se cumplían los requisitos generales de procedencia formal de la acción de tutela contra providencias judiciales. Posteriormente, la Corte concluyó que la Sala de Descongestión No. 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al desestimar los cargos de casación sin realizar un estudio de fondo, pues omitió (i) analizar el recurso de casación a la luz de un estándar de valoración flexible de los requisitos de técnica y (ii) efectuar una lectura integral de los cargos alegados, para determinar si la acusación podía entenderse «esencialmente fáctica».

 

Sentencia T 452 de 2022

CORTE NIEGA TUTELA PRESENTADA POR DIRECTOR DE CINE CONTRA PERIODISTAS POR PUBLICACIÓN DE REPORTAJE QUE CONTIENE TESTIMONIOS DE VARIAS MUJERES SOBRE PRESUNTOS ACTOS DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL.

“Las periodistas, por una parte, no violaron los derechos del peticionario, sino que presentaron un reportaje de interés público y político, que refleja un discurso especialmente protegido y necesario para enfrentar la discriminación contra la mujer y la violencia basada en género. Estas mujeres llevaron a la sociedad los ecos de las voces de otras mujeres, inseguras ante una institucionalidad que aún se evidencia precaria para enfrentar el acoso y el abuso; y que, en muchas ocasiones, termina por generar daños adicionales a las víctimas”. La Corte Constitucional negó la tutela que presentó el director de cine Ciro Alfonso Guerra Picón con el objeto de que las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño retiraran del portal feminista “Volcánicas” un reportaje publicado con el testimonio de ocho mujeres que lo acusan de cometer hechos de acoso o abuso sexual. Para adoptar su decisión la Sala Primera de Revisión, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, e integrada además por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo, (i) reiteró las premisas que han guiado la decisión de casos en los que entran en conflicto la garantía de los derechos a la libertad de expresión, por un lado, y a la honra, buen nombre y presunción de inocencia, por otro, destacando la distinción fundamental entre información y opinión, así como los deberes de veracidad e imparcialidad que son predicables del ejercicio periodístico respecto de la primera; (ii) se refirió al alcance de la protección constitucional del discurso que pretende denunciar la violencia basada en género, como herramienta democrática para defender el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y combatir la desigualdad estructural por razones de sexo y género; y, en dicho contexto (iii) habló sobre la validez del escrache y su relación con el periodismo feminista.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 03061 de 2022

APORTES PENSIONALES POSTERIORES AL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN OFICIAL PARA OBTENER LA PENSIÓN DEL ACUERDO 049 DE 1990

«ii)De la pensión de vejez a cargo de Colpensiones   El a quo precisó que el señor Díaz Araque nació el 4 de enero de 1947 conforme a la copia de su cédula de ciudadanía, fecha corroborada con el documento de identidad allegado a folio 10.  Tal hecho además está aceptado por Colpensiones en la Resolución GNR307234 del 19 de noviembre de 2013, en donde indicó que: “nació el 4 de enero de 1947 y actualmente cuenta con 66 años de edad” (f.° 8). No le asiste razón a la empresa apelante al aducir que la edad de una persona solo puede acreditarse a través del registro civil de nacimiento. Lo anterior porque la demostración de la edad como requisito para obtener la pensión de vejez no está sujeta a tarifa legal de pruebas y, por ende, no requiere de un medio de convicción solemne, pues, existe libertad probatoria para acreditar ese hecho. En efecto, sobre el particular la Corte explicó: “El tema puntual que controvierte el censor frente a la sentencia impugnada, se reduce a la prueba con la cual debe demostrarse la edad para acceder al derecho a la pensión de jubilación, pues considera que el Tribunal incurrió en error de derecho al dar por demostrado ese supuesto fáctico con un elemento de convicción ordinario y simple, distinto de aquel que señala el ordenamiento jurídico para esos efectos, como es, el registro civil o eclesiástico en el que se enuncie el día y la hora del nacimiento.

 

Expediente 3084 de 2022

SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL PAGO DE LAS ACREENCIAS GENERADAS EN LA VINCULACIÓN LABORAL DE LA DEMANDANTE CON EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE DISTRIMENSAJES EAT

«Para el Tribunal, no obstante encontrarse demostrada la prestación personal de los servicios de Sofía Rojas, como mensajera para la entrega de las facturas del impuesto predial unificado, en el municipio de Buenaventura, “[…] al ser el último de los nombrados, el beneficiario del servicio prestado por la actora y no tener posibilidad la supuesta empleadora –DISTRIMENSAJES EAT- de delegar la subordinación laboral en un tercero, dado que esta situación la ha previsto la ley para otro tipo de relaciones jurídicas; el estudio de la relación laboral y los elementos que la configuran debe analizarse respecto del ente territorial”. Para la censura, sin controvertir la prestación de los servicios de la demandante como mensajera que encontró demostrados el ad quem, deriva el yerro que sustenta el cargo del estudio que hace el juez de la alzada para establecer “una relación laboral directamente con el Municipio accionado”, “[…] cuando, conforme lo solicitado desde la demanda inicial y reiterado en el escrito de apelación, una vez se declare a DISTRIMENSAJES EAT como empleadora de la señora SOFÍA ROJAS, se deberá imponer a ésta el pago de cada una de las condenas allí aludidas, de las cuales deberá declararse solidariamente responsable al MUNICIPIO DE BUENAVENTURA”. Por lo anterior, considera que resultaba irrelevante, para efectos de establecer la responsabilidad solidaria deprecada del ente municipal, “hacer algún tipo de distinción acerca de la naturaleza jurídica del ente”, toda vez que la solidaridad no deviene de esa relación sino por ministerio de la ley, por lo que, en su decir,

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 01964 de 2022

CONTRATO DE PROMESA DE PERMUTA

Nulidad del contrato de promesa de permuta, en razón de la indeterminación del plazo de celebración y el objeto del contrato prometido: ausencia de referencia de individualización, como la ubicación, la dirección exacta, o incluso el folio de matrícula inmobiliaria de los predios sobre los que versaría la futura transferencia y del registro de los linderos especiales de los «módulos comerciales» o de otros datos que permitieran establecer con claridad el objeto del contrato prometido.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 60199 de 2022

JUEZ – PODERES Y MEDIDAS CORRECCIONALES: ARRESTO, REQUISITOS

La Sala de Casación Penal resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala Especial de Primera Instancia, mediante la cual se condenó al recurrente a 48 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, luego de hallarlo autor responsable del delito de privación ilegal de la libertad. En esta oportunidad, la Sala confirmó la decisión, al encontrar probado, más allá de toda duda razonable, que el procesado, en su calidad de magistrado de Sala Disciplinaria, abusando de sus funciones, soslayó el debido proceso y violó de manera flagrante los derechos fundamentales a la defensa y contradicción de un abogado al que sancionó correctivamente con arresto.

 

Expediente 59100 de 2022

TRÁFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES – ELEMENTOS: VERBOS RECTORES, CONSERVAR, ELEMENTO SUBJETIVO, INTENCIÓN DE CONSUMO O COMERCIALIZACIÓN, DEMOSTRACIÓN

Al resolver la impugnación especial formulada contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual se condenó al procesado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, la Corte analizó si la imputación fáctica realizada fue indeterminada, de tal manera que ocasionara la nulidad de la actuación. Para el efecto, la Sala reiteró su jurisprudencia sobre las características que debe reunir la atribución de los hechos jurídicamente relevantes, de cara a sus finalidades en el marco del debido proceso. De igual manera, examinó la valoración de las pruebas llevada a cabo por el Tribunal, para finalmente revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, mantener la absolución dispuesta por la primera instancia, al considerar que no fue desvirtuada la presunción de inocencia que cobija al procesado, en aplicación del principio de in dubio pro reo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 15001 23 33 000 2016 00615 de 2022

SE SANCIONÓ DISCIPLINARIAMENTE A COMISARIA DE FAMILIA DE TUNJA POR NO PROFERIR MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA QUERELLANTE, QUE MURIÓ 2 DÍAS DESPUÉS DE HABER ASISTIDO A LA COMISARÍA TERCERA DE FAMILIA POR LAS AGRESIONES RECIBIDAS DE SU CÓNYUGE.

  La Procuraduría General de la Nación sancionó en 2016 con suspensión por el término de diez (10) meses a la demandante, en razón a que, en su calidad de comisaria tercera de familia de Tunja, no aplicó la medida de protección que correspondía a la solicitud presentada por una querellante, quien falleció a los 2 días siguientes de haber concurrido a ese despacho, víctima de agresiones físicas provenientes de su cónyuge. Agresor al que solo conminó y amonestó para que no incurriera en dichas actuaciones, a pesar de que existían antecedentes de violencia intrafamiliar en su contra, debidamente denunciados, informados y documentados ante otras autoridades.

 

Expediente 17001 23 33 000 2018 00523 01 de 2022

¿PROCEDE ACEPTAR EL DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, TENIENDO EN CUENTA QUE AÚN NO SE HA PROFERIDO SENTENCIA Y QUE EL ABOGADO TIENE FACULTAD PARA ELEVAR TAL SOLICITUD, ADEMÁS, DE NO CONDENAR EN COSTAS A LA PARTE ACTORA POR CUANTO LA DEMANDADA GUARDO SILENCIO DEL TRASLADO DEL PRESENTE DESISTIMIENTO?
Si, [E]l desistimiento de las pretensiones tiene las siguientes características: i) Es unilateral, por regla general. En consecuencia, para su aceptación basta con la manifestación realizada por la parte demandante. ii) Es incondicional, salvo acuerdo entre las partes. iii) El demandante podrá desistir de la demanda mientras no se haya proferido la sentencia que ponga fin al proceso; es decir, puede solicitarse, inclusive, durante la etapa de segunda instancia. iv) Cuando se desiste de la totalidad de las pretensiones, se genera una terminación anticipada del proceso. v) Si el desistimiento no alude a la totalidad de las pretensiones o no proviene de todos los demandantes, el proceso debe continuar respecto de las peticiones y personas no comprendidas en él. vi) La aceptación del desistimiento tiene iguales efectos que una sentencia absolutoria; conlleva la renuncia y extinción del derecho pretendido y hace tránsito a cosa juzgada. Por lo tanto, impide adelantar un nuevo litigio que verse sobre los mismos hechos y pretensiones. (…) Lo anterior indica, entre otras cosas, que el demandante puede desistir de las pretensiones siempre y cuando no se haya proferido sentencia que ponga fin al proceso(…)

NOTA DE RELATORÍA: Referente al desistimiento de las pretensiones, ver: C: de E, Sección Segunda, Subsección A, Auto del 3 de abril de 2019, Rad. 11001 03 25 000 2016 01071 00 (4780-2016), M.P., Rafael Francisco Suárez Vargas.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2014 00507 de 2022

LA SECCIÓN CUARTA UNIFICÓ LA JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN CON EL PLAZO PARA CORREGIR LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS A EFECTOS DE ENMENDAR ERRORES DE IMPUTACIÓN DE SALDOS A FAVOR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 962 DE 2005. 

Se dictó sentencia de unificación sobre el plazo para corregir las declaraciones tributarias a efectos de enmendar errores de imputación de saldos a favor y de anticipos de impuestos, en los términos del artículo 43 de la Ley 962 de 2005. Concretamente, se establecieron como reglas jurisprudenciales de unificación las siguientes: 1. La solicitud para corregir errores en la imputación de saldos a favor o de anticipos de impuestos de un periodo de declaración al siguiente, realizada con sustento en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, no está sometida al límite del término de firmeza de las declaraciones tributarias ni a los términos de oportunidad para las correcciones de los artículos 588 y 589 del ET. 2. El procedimiento especial de corrección previsto en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 habilita realizar modificaciones a la declaración tributaria para aumentar o para disminuir las sumas imputadas de un período declarado al siguiente. 3. Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites pendientes de resolver en vía administrativa y judicial. No podrán aplicarse a conflictos previamente decididos.