11 abril, 2023

Abril 10 y 11 del 23

Corte Constitucional 

 

 

 

Sentencia T 047 de 2023

 

RECUERDAN CUALES SON ELEMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA GARANTIZAR DERECHO A LA SALUD.

 

 

Las accionantes interpusieron acciones de tutela en contra de, entre otras, las EPS a las que están afiliadas. Esto, por cuanto a su juicio, estas entidades vulneraron, entre otros, su derecho fundamental a la salud. En concreto, pidieron que el juez de tutela ordene a las accionadas que autoricen y presten el servicio de transporte urbano o intermunicipal, con la finalidad de acceder a tratamientos y procedimientos ordenados por los médicos tratantes adscritos a las respectivas entidades. Además, solicitaron (i) tratamiento integral (casos 1 y 4), (ii) silla de ruedas y concentrador portátil (caso 3), así como (iii) alojamiento y alimentación para ellas y sus acompañantes (casos 2 y 4). La Sala constató que en el caso 1 se configuró, de manera parcial, CAO. Esto, respecto del reconocimiento de transporte interurbano, que no en relación con la solicitud de tratamiento integral. En el caso 2 se configuró el fenómeno de cosa juzgada. Dichas cuestiones previas no se examinaron respecto de los casos 3 y 4, porque las pruebas que obran en el expediente no dan cuenta de su configuración. En el análisis de fondo del caso 3, la Sala comprobó que se acreditaron los elementos para el reconocimiento del transporte urbano y de la silla de ruedas. Por el contrario, no encontró justificada la necesidad del concentrador portátil. Asimismo, la Sala consideró que la EPS accionada no dio respuesta de fondo a la petición de la accionante. Por todo lo anterior, la Sala ordenará a la EPS accionada que, en el término de 48 horas, (i) adelante los trámites para el reconocimiento, autorización y prestación del servicio de transporte, previa orden del médico tratante y (ii) lleve a cabo las gestiones para la valoración de la pertinencia de la silla de ruedas. En todo caso, la Sala instará a la accionada para que (iii) se abstenga de incurrir en acciones u omisiones que amenacen o vulneren el derecho fundamental de petición de la accionante.

 

 

 

Sentencia C 438 de 2022

 

SE PRESENTÓ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 2195 DE 2022, “[P]OR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, POR ESTIMAR QUE ÉL VULNERA LOS ARTÍCULOS 4, 29, 119, 267, 268 NUMERAL 5, Y 272 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

 

 En el presente caso, la Corte estudió la demanda interpuesta por un ciudadano en contra del artículo 37 de la Ley 2195 de 2022, “[p]or medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, tras considerar, como único cargo,  que este contraviene los artículos 4, 119, 267, 268.5, y 272 de la Constitución, en tanto somete a los particulares a responsabilidad fiscal sin haber realizado gestión fiscal conforme a los títulos habilitantes para ello. Bajo ese contexto, la Sala Plena, antes de formular el problema jurídico, se ocupó de analizar lo relativo a la aptitud sustantiva de la demanda concluyendo que, en efecto, esta cumplía con los requisitos previstos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de esta Corporación en esa materia, esto es, que los argumentos señalados en la acción pública de inconstitucionalidad fueron claros, ciertos, pertinentes, específicos, y suficientes para suscitar una duda mínima para que la Corte se pronunciara sobre el fondo del cargo formulado. Luego, la Sala Plena consideró necesario realizar la integración de la unidad normativa con la proposición completa del artículo 37 de la Ley 2195 de 2022,  puesto que, si bien la demanda fue presentada formalmente en contra del artículo 37, lo cierto es que materialmente el concepto de la violación recayó únicamente sobre la expresión “sin ser gestores fiscales”. Motivo por el cual, con la finalidad  de conservar la uniformidad del ordenamiento, es necesario incluir en el análisis de mérito sobre la norma en su conjunto a fin de que la sentencia cobije otros elementos en ella contenidos.

 

 

 

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

 

Expediente 89928 de 2023

 

Las diferencias salariales de trabajadores que desempeñan iguales o semejantes cargos deben justificarse en razones objetivas que no respondan al arbitrio del empleador o a odiosas diferencias originadas en el sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica del trabajador. En la igualdad o nivelación salarial corresponde al trabajador demostrar la diferencia de salarios y la identidad de cargos; al empleador le atañe probar que dicha diferencia obedece a factores objetivos, relacionados con la eficiencia y la jornada -el empleador es quien debe demostrar que el trato desigual o diferente tiene justificación-

 

 

 

Expediente 04089 de 2023

 

CONFLICTOS COLECTIVOS » ARBITRAMENTO » LAUDO ARBITRAL » DECISIÓN EN EQUIDAD.

 

Los árbitros pueden tomar en consideración, cuando sea necesario, lo estatuido en otras convenciones o pactos colectivos vigentes en el respectivo ámbito laboral, más ello no necesariamente significa que deban adoptar exactamente las disposiciones de los estatutos consultados -la remisión a los acuerdos es potestativa, no obligatoria. » DEVOLUCIÓN AL TRIBUNAL / La devolución procede cuando el tribunal de arbitramento tiene competencia para pronunciarse o se inhibe de adoptar una decisión de fondo a pesar de estar facultado para ello -comité trilateral permanente-. NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Un pronunciamiento del tribunal de arbitramento sobre obligaciones establecidas en la ley, resulta inane, como quiera que esta exige al empleador actuar de buena fe en el ejercicio de su actividad, y el hecho de ejercer represalias con motivo o con ocasión de la negociación colectiva, contraviene los postulados del derecho laboral y la libertad de asociación -todos los actos tendientes a no hacer efectiva la negociación colectiva se sancionan de acuerdo con lo dispuesto en las normas que regulan la materia-.

 

 

 

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

 

 

Expediente 03663 de 2023

 

CONTRATO DE SEGURO TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN /  DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL PREDIO EN EL QUE SE CONSTRUÍA EL PROYECTO INMOBILIARIO.

 

 Incumplimiento de las garantías pactadas en la póliza de seguro, por parte de la constructora y que inciden inevitablemente en el estado del riesgo. Artículo 1061 del Código de Comercio. Existencia de dos tipos de garantías: la carga que debe cumplirse coetáneamente a la celebración del contrato y aquellas que surgen con posterioridad al mismo, pero en todo caso deben ser cumplidas, previamente, a la perfección del contrato y o la ocurrencia del siniestro, según el caso, «sea o no sustancial respecto del riesgo». Diferencias entre la agravación del estado del riesgo y el incumplimiento de garantías. Durante el desarrollo del contrato el asegurado o tomador debe mantener el estado de riesgo y declarar su agravación, que supone en estricto sentido una carga de información. Objeción y pago de la indemnización solicitada. Artículo 1080 del Código de Comercio.

 

 

 

Expediente 03332 de 2023

 

UNIÓN MARITAL DE HECHO / COMUNIDAD DE VIDA: AUSENCIA DE ACREDITACIÓN.

 

Son escasos los detalles sobre las vivencias propias de una familia: reuniones, conflictos, objetivos comunes, actitudes que demuestren la voluntad de ambos de conformar una comunidad de vida permanente. Testimonio de oídas. contradicciones en la declaración frente a las fechas en las que presuntamente se dio inicio a la convivencia.

 

 

 

 CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

 

 

 

Expediente 127441 de 2023

 

EL DERECHO DEL TRABAJADOR A DISFRUTAR UN DESCANSO DEBE SER LIBRE DE CONDICIONES.

 

 Vacaciones – Disponibilidad presupuestal para la designación de reemplazos por vacaciones: la sujeción de las vacaciones a motivos financieros, conlleva la subordinación de las condiciones físicas y mentales del servidor judicial a motivaciones administrativas

 

 

 

Expediente 127035 de 2023

 

FISCALÍA TIENE LA FACULTAD DE ACLARAR, ADICIONAR O CORREGIR EL ESCRITO DE ACUSACIÓN

 

Proceso penal: vulneración del derecho por indebida interpretación del art. 339 del CPP, al decretar la nulidad del proceso desde la formulación de la imputación, inclusive, por deficiencia en la exposición de los hechos jurídicamente relevantes, sin otorgarle al fiscal la posibilidad de aclarar, adicionar, enmendar, modificar o corregir el escrito de acusación

 

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

 

 

 Expediente 11001 03 15 000 2022 05556 de 2023

 

 PARA LA CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR LA VULNERACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES POR DESCONOCIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 179 SUPERIOR, SE REQUIERE LA ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS COGNITIVO Y VOLITIVO DEL DOLO.

 

 

En ejercicio del medio de control de pérdida de investidura en contra del senador Polivio Leandro Rosales Cadena, un ciudadano solicitó que le fuera impuesta dicha sanción por una presunta violación del régimen de inhabilidades, específicamente por haber celebrado un contrato con una entidad pública en interés de terceros y por haber sido representante legal de una entidades que administran tributos o contribuciones fiscales dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección.

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

 

 

Expediente 11001 03 24 000 2010 00466 de 2023

 

 SE DECLARA LA NULIDAD DE ALGUNOS APARTES DEL DECRETO 2820 DE 2010, POR EXTRALIMITACIÓN DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA.

 

 Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, para que se anulen los artículos 8°, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 23, 25 a 27, 29 a 31, 33 a 38, 40, 42, 44 a 49 y 51 parágrafo 3° del Decreto 2820 de 5 de agosto de 2010, «Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales».

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

 

Expediente 27001 23 33 000 2016 00025 de 2023

 

LA TIPICIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA HA DE ESTAR ADECUADAMENTE COMPROBADA, SO PENA DE AFECTAR EL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DISCIPLINARIO DE FALSA MOTIVACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN, DE INCURRIR EN EL DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

 

  La Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento del Chocó, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que determinó la nulidad de las decisiones disciplinarias con base en las cuales se destituyó a una docente oficial, del mimo modo y a título de restablecimiento del derecho, ordenó su reintegro, el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de devengar durante el período de 24 meses, previo el descuento de los aportes de seguridad social.

 

 

 

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

 

 

Expediente 150001 23 33 000 2019 00076 de 2023

 

SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SE HACE EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CON CARGO A LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, POR LA INOBSERVANCIA DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADELANTAR EL CIERRE AMBIENTAL DEL CONTRATO.

 

  “Las partes celebraron un contrato de obra, una vez culminado el plazo de ejecución el contratista no presentó todos los documentos requeridos para adelantar el cierre ambiental. La entidad contratante pretende la declaratoria de incumplimiento y que se haga efectiva la cláusula penal pecuniaria con cargo a la póliza que ampara el contrato.” 

 

  

 

Expediente 05001 23 31 000 20111 01824 de 2023

 

ACTOS DE EPM QUE IMPONEN MULTAS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, NO CONSTITUYEN ACTOS ADMINISTRATIVOS.

 

  “El actor solicitó la declaratoria de la nulidad de los actos proferidos por Empresas Públicas de Medellín – EPM en los que se materializaron deducciones por incumplimiento, en un contrato regido por el derecho privado, que tenía por objeto el diseño, fabricación y selección de elementos y componentes, ensamblaje, pruebas en fábrica, embalaje, transporte, suministro del sistema de prevención y protección contra incendio.” 

 

 

 

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

 

 

Expediente 11001 03 15 000 20222 05245 de 2023

 

SE VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA DE LA TERCERA EDAD, COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, CUANDO SE CONDICIONA EL PAGO DE LA CONDENA DE UNA RELIQUIDACIÓN PENSIONAL, HASTA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

 

 

Se presenta acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, en razón a que dentro de un proceso ejecutivo adelantado contra la UGPP, por el pago de una reliquidación pensional de una persona de la tercera edad, como sujeto de especial protección constitucional, se dispuso consignar los dineros objeto de una condena judicial en una cuenta especial bancaria, hasta tanto se resolviera el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de segunda instancia, dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que había accedido a las pretensiones del accionante. El juez de tutela, en sede de segunda instancia, decide revocar la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto el asunto goza de amplia relevancia constitucional y, en su lugar, decide amparar los derechos fundamentales de la parte actora, al considerar que las decisiones proferidas por la autoridad judicial accionada incurrieron en los yerros endilgados en el escrito tutelar.