Agosto 1 al 5 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 66001 11 02 000 2014 00587 01 (11711 28) de 2016.

AL EFECTUAR UNA INDEBIDA FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS, SE GENERA UNA NULIDAD YA QUE SE DESCONOCE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DEL INVESTIGADO. El juez de primera instancia fundamentó su pliego de cargos teniendo en cuenta la Ley 1123 de 2007 (Estatuto del Abogado), lo cual no era procedente ya que al ser el disciplinado un auxiliar de la justicia no era posible aplicar dicha norma que solo es para los profesionales del derecho; de acuerdo a la apreciación señalada en segunda instancia la investigación debió tener en cuenta el Código Único Disciplinario, ya que al poseer una errada fundamentación normativa se generan nulidades que es necesario subsanar, debido a que se incurre en desconocimiento del debido proceso y el derecho a la defensa del disciplinado. Decreta. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas: Pliego de cargos. Nulidad. Investigado.

Expediente 05001 11 02 000 2014 01608 01 de 2016.

NO SE PUEDEN REALIZAR ACUSACIONES TEMERARIAS SIN CONTAR CON LAS PRUEBAS QUE LAS FUNDAMENTEN. El escrito presentado por el abogado no conservó la mesura ni el respeto a la contraparte, al presentar afirmaciones que carecían de algún fundamento probatorio y en la práctica le imputaba delitos que no fueron debidamente comprobados; tal como lo señaló el juez de primera instancia al ser el profesional del derecho un conocedor de las leyes debía saber que era necesario continuar de forma respetuosa el procedimiento de investigación sin incurrir en impedimentos para la recta administración de justicia, ya que en caso contrario es deber del Estado iniciar la correspondiente investigación disciplinaria sin perjuicio del procedimiento penal que se pueda adelantar. Confirma. M.P. Rafael Alberto García Adarve. . Temas: Acusaciones temerarias. Investigación disciplinaria. Mesura. Fundamento probatorio.

Expediente 73001 11 02 000 2012 00393 01 de 2016.

LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA SOLO SE PUEDE DETERMINAR CUANDO LOS HECHOS ESTÉN DEBIDAMENTE PROBADOS. A pesar de los señalamientos efectuados por la quejosa respecto de la omisión del abogado, es necesario resaltar que el juez de primera instancia no respetó el derecho a la presunción de inocencia de la cual gozaba el disciplinado, ya que consideró la existencia de una responsabilidad disciplinaria contraria al Estatuto del Abogado sin contar con las pruebas suficientes que permitieran demostrar el hecho; de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional es necesario decidir a favor del acusado cuando existan serias dudas sobre la responsabilidad del mismo. Revoca. M.P Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Responsabilidad disciplinaria. Presunción de inocencia. Pruebas.

Expediente 11001 01 02 000 2015 01301 00 de 2016.

LOS DELITOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA FUERA DEL SERVICIO ACTIVO NO SON COBIJADOS POR EL FUERO MILITAR. Aunque se reconozca la existencia de una jurisdicción penal especial para los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía en Colombia, es necesario resaltar que solo tiene competencia cuando se cometen delitos dentro del servicio activo y como consecuencia de las funciones asignadas, ya que aquellas conductas que desconocen garantías fundamentales deben ser asignadas por competencia a la justicia penal ordinaria, tal como lo ha señalado en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional; al tratarse de un homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario, es deber de la Fiscalía competente adelantar la investigación respectiva. Asigna. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Fuero militar. Jurisdicción penal especial. Derecho internacional humanitario.

Expediente 11001 11 02 000 2011 06767 02 de 2016.

ES DEBER DEL PROFESIONAL DEL DERECHO REPORTAR AL JUZGADO COMPETENTE LOS ABONOS DE LAS OBLIGACIONES COBRADAS POR VÍA EJECUTIVA. Gracias a las pruebas recaudadas durante la investigación disciplinaria, fue posible determinar que el abogado no se encargó de reportar los dineros recibidos por concepto del pago de la deuda que estaba siendo cobrada, sin ser de recibo las excusas presentadas por el disciplinable al manifestar que como acreedor tiene derecho a perseguir los bienes de su deudor, ya que la Ley 1123 de 2007, en el numeral 4º del artículo 37 es clara al expresar que constituye una falta a la debida diligencia profesional el hecho de omitir o retardar el reporte a los juzgados, de los abonos a las obligaciones que se estén cobrando judicialmente. Niega. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. . Temas: Reporte. Juzgados. Obligaciones. Debida diligencia profesional.

Expediente 13001 11 02 000 2016 00017 01 de 2016.

LA OMISIÓN ADMINISTRATIVA FRENTE A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS CIUDADANOS IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. A pesar de las justificaciones presentadas por las entidades accionadas frente al recurso de amparo interpuesto por la ciudadana, es evidente que han transcurrido más de seis meses sin haber otorgado ninguna respuesta de fondo a la solicitud planteada por la peticionaria, lo cual le impide sin ninguna justificación legal el adecuado ejercicio de sus derechos fundamentales; las autoridades administrativas deben respetar el término consagrado en la ley para dar respuesta a las peticiones que eleven respetuosamente los ciudadanos, ya que en caso contrario dicha omisión es susceptible de ser debatida por vía de tutela ante el juez constitucional. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Omisión administrativa. Solicitudes. Vía de tutela

Expediente 11001 01 02 000 2015 03917 00 de 2016.

EL LITIGIO RESPECTO DEL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES DEBE SER ADELANTADO ANTE EL RESPECTIVO JUEZ DEL TRABAJO. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo proferido por la entidad estatal, a través del cual se negó el pago de la sanción moratoria respecto de las cesantías de la parte demandante, constituye un título ejecutivo que contiene una obligación expresa, clara y exigible, además de provenir del deudor y constituir plena prueba contra él; de manera que al ser un documento en el cual se discute el pago de acreencias laborales a favor del trabajador, la competencia no corresponde al juez administrativo sino a la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Acreencias laborales. Juez del trabajo. Competencia.

Expediente 68001 11 02 000 2013 00820 01 de 2016.

EL PROFESIONAL DEL DERECHO NO DEBE USAR DE MANERA ARBITRARIA NI EXCESIVA LOS RECURSOS QUE LE PERMITE LA LEY. La actuación procesal adelantada por el disciplinado demuestra que estuvo destinada a tratar de dilatar el litigio, ocasionando una grave congestión a la administración de justicia y un desgaste a su contraparte al obligarla a estar atenta a cada recurso que interponía el sancionado, esta conducta es contraria a los deberes del abogado ya que no cumplió con la colaboración recta y leal en la administración de justicia, además de incurrir en actuaciones temerarias que impedían el tránsito normal del proceso; por lo tanto no son de recibo las excusas presentadas por el abogado al señalar que hizo de todos los recursos que le permite la ley, ya que gran parte de ellos fueron rechazados de plano por el juez competente. Confirma. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Actuaciones temerarias. Recursos. Litigio

Expediente 13001 11 02 000 2011 01123 01 de 2016.

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN IMPIDE QUE EL JUEZ CONTINÚE CON LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. Aunque es evidente la existencia de una indiligencia por parte del abogado investigado, al no haber defendido de manera satisfactoria y completa los intereses de su cliente dentro del proceso ejecutivo, señala la Sala Disciplinaria que la conducta no puede ser investigada por cuanto operó el fenómeno de la prescripción, al haber pasado más de cinco (5) años desde la fecha en que se cometió la conducta y la sentencia, situación que impide al juez continuar con el procedimiento y debe decretar la terminación del mismo. Termina. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Prescripción. Acción. Procedimiento.

Expediente 11001 11 02 000 2011 04923 01 de 2016.

EL ABOGADO NO PUEDE INCURRIR EN VÍAS DE HECHO PARA TRATAR DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE. El procedimiento adelantado permite inferir que la abogada sancionada tomo acciones de manera unilateral y faltando al deber obrar con recta justicia, que no son conformes con la ley y se configura una vía de hecho, es decir que existiendo mecanismos legales para adoptar una serie de medidas tendientes a tratar de cumplir con el objetivo que tenía decidió realizar la conducta reprochable por iniciativa propia, mediante actos fraudulentos que causaron perjuicios a intereses ajenos, lo cual no es aceptable para una profesión encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y es necesario imponer una sanción acorde con la conducta sancionada. Modifica. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Vía de hecho. Actos fraudulentos. Sanción.

Expediente 11001 01 02 000 2007 03078 02 de 2016.

ES DEBER DEL JUEZ NOTIFICAR LAS DECISIONES A LAS PARTES SO PENA DE VULNERAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Dentro del incidente de desacato adelantado en contra del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señala el Consejo Superior de la Judicatura que el Tribunal de primera instancia al adelantar el trámite no efectuó las correspondientes notificaciones que exige la ley, ni asignó curador ad lítem en el caso de que las notificaciones no fueran posibles, lo cual representa una vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso del investigado ya que es deber darle a conocer las decisiones judiciales sean o no favorables; este hecho se configura en una nulidad de todo el procedimiento que es necesario subsanar. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Debido proceso. Defensa. Notificaciones. Curador ad lítem.

Expediente 11001 11 02 000 2007 04260 02 de 2016.

DURANTE EL TRÁMITE NO HUBO CONSTANCIA DE HABER DADO A CONOCER LAS PROVIDENCIAS A LA PARTE REQUERIDA. Aunque existe un fallo de tutela que fue incumplido por parte de las autoridades administrativas accionadas y se hace necesario tomar las acciones pertinentes por parte del juez, el incidente de desacato no puede ser tramitado de manera arbitraria en el sentido de que no se den a conocer las decisiones tomadas dentro del mismo, ya que no existe constancia de haber notificado a las autoridades requeridas las decisiones del funcionario judicial y esto les impidió ejercer una efectiva controversia de las providencias ni de los cargos que les adjudican; por lo tanto es necesario solucionar tal situación ya que las normas legales y constitucionales así lo exigen. Decreta. M.P. María Rocío Cortés Vargas. . Tema: Fallo de tutela. Controversia. Cargos.

Expediente 11001 01 02 000 2015 03971 00 de 2016.

LAS DECISIONES ESTATALES QUE NIEGUEN EL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES A FAVOR DEL TRABAJADOR, NO PUEDEN SER CONOCIDAS POR EL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley 1071 de 2006 en su artículo 5º establece un plazo perentorio para que la entidad pública pagadora ordene la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, y en caso de mora en el pago deberá cancelar de sus propios recursos al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías reclamadas; en el caso de que la entidad niegue dicho pago mediante acto administrativo debidamente motivado, no es posible discutirlo ante el juez administrativo ya que al tratarse de acreencias laborales, se configura la posibilidad de reclamar el pago mediante la vía ejecutiva ante el juez del trabajo. Dirimir. M.P. Martha Patricia Zea Ramos.Temas: Pago. Vía ejecutiva. Juez del trabajo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 68755 31 03 002 2008 00129 01 de 2016

UNIONES CONCUBINARIAS SON FUENTE DE UN VÍNCULO ECONÓMICO, SUJETO A LOS REQUISITOS DE UNA VERDADERA SOCIEDAD DE HECHO. Las sociedades de hecho derivadas de las relaciones concubinarias, no desaparecen, claro está, en los casos en que, pese a la existencia de la unión marital de hecho, los efectos patrimoniales universales quedan neutralizados, bien por haber durado la convivencia marital durante un tiempo inferior a dos años, ya porque las sociedades conyugales anteriores o simultáneas a la concubinaria de uno o de ambos compañeros permanentes no han sido disueltas. Casa. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Sociedad de hecho. Uniones concubinarias.

Expediente 05001 22 10 000 2016 00091 01 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER USADA PARA REABRIR DEBATES QUE YA FUERON DECIDIDOS. El desacuerdo manifestado por el accionante frente a la providencia judicial ajena a sus intereses, no puede ser defendido mediante la acción de tutela ya que le está otorgando una destinación no permitida por la ley, es decir que no es posible pretender reanudar debates debidamente finalizados ni actuar como una instancia adicional, ya que las decisiones tomadas por el juez sí respetaron el debido proceso y el derecho a la defensa del ciudadano reclamante. Confirma. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. . Temas: Acción de tutela. Debates. Instancia adicional.

Expediente 11001 02 03 000 2016 00936 00 de 2016.

NIEGAN ACCIÓN DE TUTELA POR NO ENCONTRARSE VULNERADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Por lineamiento jurisprudencial y tratándose de providencias judiciales, el resguardo constitucional procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley y, por supuesto se cumpla el requisito de la inmediatez. Niega. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. . Temas: Vulneración de Derechos Fundamentales.

Expediente 11001 02 03 000 2010 01759 00 de 2016

MANIOBRA FRAUDULENTA EXISTE EN TODOS LOS CASOS EN QUE UNA DE LAS PARTES EN UN PROCESO, O AMBAS, MUESTRAN UNA APARIENCIA DE VERDAD PROCESAL CON LA INTENCIÓN DE DERIVAR UN PROVECHO JUDICIAL. Discrepancia entre la verdad material y la que fue acreditada en el proceso. La censora, puntualmente, acusó a su contraparte en el proceso ejecutivo de haber utilizado maniobras fraudulentas para vencerla. Tales actos fueron: la formulación de excepciones de mérito, que en su opinión no atacaban el título ejecutivo y «trataban de suplir angustiosamente el haberse perdido la oportunidad para objetar la reclamación»; y la presentación de denuncias penales contra «funcionarios, empleados, abogados y contra el señor Jaime Ramírez Rodríguez», así como «quejas disciplinarias, denuncias y recusaciones», con lo que consiguió infundir temor a quienes debían resolver, y por tal causa sus providencias resultaron «desatinadas y abiertamente contradictorias con la reglamentación jurídica existente para el caso concreto». Ante el caso planteado la Corte concluyó que no son fraudulentos aquellos actos que han sido puestos a consideración del aparato judicial sin doblez o fingimiento alguno, y que los intervinientes han tenido la oportunidad de conocer y controvertir. Declara infundado. M.P. Ariel Salazar Martínez. Recurso extraordinario de revisión.

Expediente 76001 22 10 000 2016 00044 01 de 2016

LAS AUTORIDADES RESEÑADAS LESIONARON LA PRERROGATIVA DEPRECADA POR LA PROMOTORA, PUES NO RESPONDIÓ SU PRETENSIÓN DE SER INCLUIDA EN EL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. No se dará curso al reclamo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS, relacionado con la ausencia de atribuciones legales de éste para pronunciarse sobre la reclamación de la interesada tendiente a su inclusión en el Registro Único de Víctimas, teniendo en cuenta que la orden de responder las solicitudes extrañadas dada por el Tribunal Constitucional a quo, solo cobijó a los entes arriba referenciados. Confirma. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.. Temas: Víctimas. Reclamo. Autoridades.

Expediente 11001 02 03 000 2016 00923 00 de 2016

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DOTA AL JUEZ DE AUTONOMÍA PLENA, DE MANERA QUE SÓLO EL YERRO OSTENSIBLE, INNEGABLE Y TRASCENDENTE, SIRVE DE APOYO POR VÍA DE TUTELA. Para fundamentar un ataque en sede constitucional endilgándole al funcionario de conocimiento la incursión en vía de hecho al valorar los medios de convicción recaudados, no basta hacer una nueva evaluación de tal acopio suasorio, ya que no puede confundirse ese medio extraordinario de impugnación con las diversas opiniones que los involucrados tengan sobre la forma en que debió ser definido el litigio. Niega. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. . Temas: Autonomía. Función Jurisdiccional. Tutela.

Expediente 11001 22 03 000 2016 00420 01 de 2016

LA RECONSTRUCCIÓN DE UN LITIGIO PUEDE IMPULSARSE A INSTANCIA DE PARTE U OFICIOSAMENTE. La pérdida total o parcial de un expediente judicial bien que se deba a destrucción, sustracción, ocultamiento o sustitución, es un acontecimiento que a toda costa debe evitarse y que, en caso de ocurrir, da origen a una situación de suyo anómala frente a la cual incumbe, por encima de cualquiera otra consideración, ocuparse de remediar sus perniciosos efectos y, con diligente firmeza, hacer lo posible para restituir lo faltante a la mayor brevedad, siendo este, y no ninguno otro diferente, el marco de referencia único que nunca debería perderse de vista en punto de entender el genuino significado de ciertos trámites especiales instituidos y reglados por las leyes para lograr la reconstrucción de expedientes. Modifica. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Litigio. Destrucción. Reconstrucción.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01025 00 de 2016.

CONCEDEN ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA JUDICIAL, POR ENCONTRARSE VULNERADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Por lineamiento jurisprudencial y tratándose de providencias judiciales, el resguardo constitucional procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley y, por supuesto se cumpla el requisito de la inmediatez. Concede. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Temas: Vulneración de Derechos Fundamentales.

Expediente 11001 31 03 021 2007 00657 02 de 2016

CONSTITUYE PRINCIPIO DE SEÑALADA IMPORTANCIA, QUE A NINGUNA PARTE LE ESTÁ DADO FABRICARSE SU PROPIA PRUEBA.  Aceptar como cierta e indiscutible la manifestación de voluntad que solo favorece a los otorgantes, expresada con posterioridad al vencimiento de las etapas procesales conferidas para solicitar pruebas, sería permitir que durante la contienda los intervinientes reforzaran en el camino sus posiciones cuando en un trámite de usucapión pero que cobra vigencia para esta clase de asuntos, se evidencia. No Casa. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.  Temas: Voluntad. Importancia. Prueba.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 43364 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES PROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS JUDICIALES QUE OBSERVARON UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY. La decisión del Tribunal de revocar la decisión de primera instancia que declaraba la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, se hizo de manera correcta y sin desconocer las garantías fundamentales de la parte demandante, ya que tras un proceso de valoración probatoria y con alto grado de certeza se pudo determinar que solo existía un contrato laboral a término fijo debidamente firmado, el cual fue terminado de manera correcta por parte del empleador y no había lugar a reclamar a través de la demanda el pago de prestaciones laborales que nunca existieron. Niega. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. . Temas: Acción de tutela. Sentencias judiciales. Valoración probatoria.

Expediente 43386 de 2016.

EL REQUISITO DE INMEDIATEZ ES PRIMORDIAL PARA QUE EL JUEZ ACEPTE EL RECURSO DE AMPARO. La inconformidad del demandante respecto del reconocimiento de su régimen pensional reclamado ante el juez, no puede ser discutida mediante la acción de tutela ya que es necesario resaltar que la providencia judicial atacada fue proferida más de 11 años después de que se interpusiera la tutela estudiada, razón suficiente para señalar que la misma no prospera al no respetar el requisito de inmediatez exigido por la jurisprudencia constitucional. Niega. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. . Temas: Requisito de inmediatez. Reconocimiento pensional. Tutela.

Expediente 43446 de 2016.

CORRESPONDE AL ACCIONANTE APORTAR LAS PRUEBAS QUE PERMITAN DEMOSTRAR LA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Respecto a los señalamientos efectuados en la acción de tutela por parte del demandante, relacionados con los reiterados impedimentos por parte de las autoridades demandadas para que pudiera intervenir de manera efectiva en el proceso, no obran en las copias digitales remitidas ninguna negativa o constancia de que nunca fue notificado del auto admisorio de la demanda, o que fuera desconocido el fuero circunstancial al cual tenía derecho por pertenecer a la organización sindical. Niega. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. . Temas: Accionante. Pruebas. Organización sindical.

Expediente 44600 de 2016

ENTENDIMIENTO UNÍVOCO DE LA NORMA CONVENCIONAL FRENTE A LA PENSIÓN RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN. La cláusula convencional tiene la estructura propia de una pensión restringida, de manera que no resulta necesario que el trabajador tenga cumplida la edad en el momento de la presentación de la demanda, pues basta con que se demuestre el cumplimiento del tiempo de servicio a la entidad y el retiro del cargo por cualquier razón distinta al despido sin justa causa. Casa parcialmente. M.P. Gerardo Botero Zuluaga Temas: Norma convencional. Pensión restringida. Pensión sanción. Requisitos.

Expediente 44605 de 2016

CONFIGURACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL. La línea que de tiempo atrás ha trazado la Corporación, es que para que opere la sustitución patronal se requiere que el trabajador continúe prestando efectivamente sus servicios al nuevo empleador. Casa parcialmente. M.P. Gerardo Botero Zuluaga.  Temas: Sustitución patronal. Prestación de servicios. Continuidad. Empleador.

Expediente 43424 de 2016.

EL ACCIONANTE DEBE APORTAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA DEMOSTRAR LOS DERECHOS VULNERADOS. La acción de tutela interpuesta por el demandante para exigir el reclamo de sus derechos no puede ser fallada de manera favorable, ya que a pesar de señalar varias decisiones judiciales adversas a sus intereses nunca aporto copia o alguna otra prueba que permitiera demostrar la existencia de las mismas, siendo deber del accionante aportar todos los elementos probatorios que fundamenten la existencia de presuntos derechos vulnerados. Niega. M.P. Fernando Castillo Cadena. . Temas: Pruebas. Derechos vulnerados. Decisiones judiciales.

Expediente 43442 de 2016.

LAS SENTENCIAS QUE FUERON PROFERIDAS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y RESPETANDO LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES NO PUEDEN SER IMPUGNADAS MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA. Frente a los reclamos presentados por los accionantes en su recurso de amparo, señala la Corte Suprema de Justicia que los hechos señalados como una posible vulneración de derechos fundamentales no encuentra ninguna justificación, ya que los errores presentados en los anexos de la demanda no pueden ser corregidos de oficio por el juez, debido a que implicaría inmiscuirse en un asunto que no es de su competencia y para tal efecto es que decreta la inadmisión de la demanda, otorgando a los demandantes un plazo legal para que la corrijan y puedan interponerla en debida forma. Niega. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Inadmisión. Demanda. Errores.

Expediente 66359 de 2016

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. Cuando el derecho de petición formulado por el promotor de la acción de tutela ha sido resuelto por la entidad accionada y comunicado en debida forma, se ha considerado que tal respuesta se adecúa a los parámetros de materialización del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 constitucional, que ha adoctrinado la jurisprudencia, en tanto debe ser clara y correspondiente con lo solicitado, independientemente de que sea favorable o no a los intereses del peticionario. Revoca. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas . Temas: Derecho de petición. Respuesta. Notificación. Carencia actual de objeto. Hecho superado.

Expediente 43866 de 2016

CAUSACIÓN DE LA PENSIÓN SANCIÓN O RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN. Dicha prestación se causa por completar determinado tiempo de servicio ante una misma empresa y el retiro por los motivos previstos, siendo la edad, una mera condición para su exigibilidad. Casa parcialmente. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Temas: Pensión sanción. Restringida de jubilación. Tiempo de servicio. Retiro. Causación. Edad.

Expediente 66439 de 2016.

LA AGENCIA OFICIOSA NO PUEDE SER EJERCIDA CUANDO LA PARTE AGENCIADA PUEDA VALERSE POR SÍ MISMA. A pesar de los señalamientos efectuados por quien ejercía la agencia oficiosa de la parte demandante, de que esta tenía problemas de salud tanto físicos como mentales para ejercer sus derechos por sí misma, señala la Corte Suprema de Justicia que la acción de tutela no está llamada a prosperar debido a que no hay presuntos derechos vulnerados, adicionalmente en el proceso civil la agenciada interpuso el recurso de apelación por sí misma lo cual demuestra que carece de impedimentos para hacer uso de sus facultades mentales. Confirma. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Agencia oficiosa. Agenciada. Derechos.

Expediente 43121 de 2016

ORDEN DE REINTEGRO PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA PIERDE SUS EFECTOS CUANDO ES REVOCADA. El reintegro de un trabajador como consecuencia de una orden de tutela, genera los efectos de todo restablecimiento de un contrato de trabajo, siempre y cuando se haya ordenado de manera definitiva, y no con sentencia proferida en primera instancia que, tras ser revocada, pierde su vigencia y desaparece de la vida jurídica. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. . Temas: Orden de reintegro. Efectos. Sentencia definitiva. Vigencia.

Expediente 43429 de 2016

PARA ACCEDER A LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ SE DEBE DEMOSTRAR QUE SE LABORÓ EN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. No por el hecho de que una empresa sea clasificada como de alto o máximo riesgo, se puede predicar que todos sus trabajadores despliegan actividades de este tipo, pues se trata de dos conceptos con tratamientos y consecuencias diferentes. En ese sentido, nada impide que una empresa sea catalogada como de alto riesgo y que al mismo tiempo, mantenga trabajadores que despliegan labores alejadas del alto riesgo para la salud. No Casa M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Actividades de alto riesgo. Pensión especial de vejez.

Expediente 45619 de 2016

CLAÚSULA MEDIANTE LA CUAL SE PACTAN INTERESES POR PRÉSTAMOS A TRABAJADORES, NO ES INEFICAZ. Cuando empleador y trabajador suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales acuerdan intereses por préstamos, que frente a las condiciones normales de la banca y el comercio redundan en beneficios para el trabajador, y que su desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase de abuso, no quebrantan de ninguna manera los principios protectores establecidos a favor de los mismos. No Casa. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Documento disponible al público en julio de 2016. Tema

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 42930 de 2016

CONDENADO PERMITIÓ EL INICIO DE LICITACIÓN Y FIRMA DE UN CONTRATO SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES. Improcedente varía la decisión al establecer que la condena impuesta no obedeció a una simple sanción de tipo penal a un servidor público por desatender un simple aspecto técnico en la tramitación de un contrato de obra, siendo que el reproche imputado es que el accionado no evitó un resultado típico es decir la violación de los principios de planeación y responsabilidad en materia de contratación administrativa, más aún cuando el mismo tenía la capacidad, los medios de control y el conocimiento de la situación para evitarlo. Siendo el mismo quien inicio la licitación a pesar de no haberse elaborado los diseños suficientes para iniciar la obra. Permitió la modificación del material de relleno fluido en el pliego de condiciones, tanto en su calidad de resistencia como en las áreas en las cuales iba a aplicarse. Y siempre estuvo al tanto de tales incidencias. No Casó. M.P. Eugenio Fernández Carlier. . Temas: Contratación Estatal. Casación.

Expediente 85863 de 2016

PALMARIA SE OFRECE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO QUIERA QUE CONTÓ LA QUEJOSA CON UN MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL EFECTIVO. Razón le asistió al a quo al descartar el supuesto perjuicio irremediable respecto de la memorialista al no haber podido continuar con el proceso concursal, toda vez que respecto del cargo al cual aspiraba tan sólo le asistía una mera expectativa, de manera que no puede pretender la estructuración de una situación especialmente grave, ante la imposibilidad de continuar con la postulación para ocupar un cargo que nunca ha ostentado. Revoca. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.Temas: Perjuicio. Postulación. Improcedencia.

Expediente 86023 de 2016

INDIVIDUALIDAD DEL CONOCIMIENTO DE PROCESOS POR PARTE DEL JUEZ NATURAL. Con el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, lo aportado al expediente constitucional no acredita que el actor haya sido discriminada al interior del proceso penal, en relación con otras personas. Cabe precisar al respecto que cada asunto de competencia del juez natural debe ser valorado de manera individual, amparado en los principios de autonomía e independencia judicial, consagrados en el artículo 228 de la Carta Política, en tanto sus efectos son exclusivamente inter partes. Confirma. M.P. Eyder Patiño Cabrera.  Temas: Procesos. Conocimiento. Individualidad.

Auto 47145 de 2016

LAS PETICIONES NO SOLUCIONADAS NO SON COMPETENCIA DE LA CORTE SO PENA DE VIOLENTAR LA DOBLE INSTANCIA. Le asiste razón a los apelantes al echar de menos un pronunciamiento del A quo respecto de su solicitud probatoria, pues en la sesión del 6 de octubre de 2015 no hizo referencia alguna a la solicitud de información al INCODER, bien fuera para denegarla o decretarla. De esta manera, como la mencionada petición quedó sin solución, falencia que la Corte no puede suplir, en tanto tal procedimiento vulneraría el principio de la doble instancia, se decretó la nulidad parcial de la audiencia preparatoria, a efectos de que el A quo se pronuncie sobre la pretensión probatoria de la defensa. Declara. M.P. Patricia Salazar Cuellar. Temas: Pronunciamientos. Nulidad. Pretensiones.

Expediente 86359 de 2016

EL JUEZ LE IMPOSIBILITÓ A LA PARTE ACTORA PROPONER LOS MEDIOS DE DEFENSA QUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO LE OFRECE PARA DERRUIR LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ LA APELACIÓN DE FORMA ADVERSA A SUS INTERESES. Resultó evidente y protuberante, de esa forma, la lesión experimentada por el solicitante en la medida que le fue anulada la facultad de conocer los argumentos que condujeron al fallador de segundo grado a revocar la sentencia recurrida y, de paso, se itera, la posibilidad de refutar ese pronunciamiento. Ampara el debido proceso. M.P. Gustavo Enrique Malo. Derecho fundamental al debido proceso.

Auto 47223 de 2016

EL TRIBUNAL PUDO EQUIVOCARSE EN SU APRECIACIÓN, ELLO NO CONDUCE TAMPOCO A DEFINIR PASIBLE DE INVALIDACIÓN EL TRÁMITE. Asumir que fueron vulnerados los principios de imparcialidad de independencia, pero ello de ninguna manera puede tener como soporte único la existencia de la causal de impedimento, conforme lo anotado, motivo por el cual se obliga del demandante establecer con precisión cómo se materializaron esos factores en la actuación de la jueza y qué efecto dañoso específico produjeron para el acusado. Confirma. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. . Temas: Imparcialidad. Precisión. Actuación.

Expediente 86005 de 20116

LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD PENAL QUE SE HIZO EN CONTRA DEL PETENTE PERO QUE NO CORRESPONDE A LA PENA ACCESORIA QUE LE FUERE IMPUESTA NO PUEDE SER OBJETO DE REPROCHE POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL. Al no avizorarse la vulneración de los derechos fundamentales del actor por parte de la Procuraduría General de la Nación y ante la improcedencia de la tutela en este caso, el fallo será revocado en tanto tuteló los derechos del libelista frente a dicha entidad para en su lugar negar por improcedente el amparo, conforme se precisó. Revoca. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Temas: Responsabilidad. Pena Accesoria. Amparo.

Expediente 86165 de 2016

SI LA PARTE ACTORA RENUNCIÓ DE FORMA VOLUNTARIA AL EJERCICIO DE LOS INSTRUMENTOS JUDICIALES PROCEDENTES, SUS PRETENSIONES CARECEN DE VOCACIÓN DE PROSPERIDAD. La existencia de un procedimiento apto al interior del respectivo asunto, al cual necesariamente debe acudir el infractor, releva al juez de tutela para emitir un pronunciamiento al respecto, circunstancia que se traduce en razón adicional para denegar el amparo pretendido. Lo anterior significa que los argumentos expuestos en la demanda de tutela relacionados con la situación de salud del tutelante pueden ser expuestos ante el juez de conocimiento en aras a intentar una modificación de la sanción impuesta, quien, con fundamento en los elementos de prueba que se alleguen, adoptará la determinación que en derecho corresponda. Declara. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. . Temas: Pretensiones. Instrumentos Judiciales. Renuncia.

Auto 47454 de 2016

SI LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AFECTAN A LA RAMA JUDICIAL CUANDO LA CONDUCTA PUNIBLE INVESTIGADA ES EJECUTADA POR JUECES DE LA REPÚBLICA, PUEDE SER SUJETO PASIVO DE LA CONDUCTA DE PREVARICATO POR ACCIÓN. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como representante de la Rama Jurisdiccional, le asiste interés en participar en el presente proceso penal como víctima, pues las decisiones que la Fiscalía reprocha como ostensiblemente contrarias a la ley, fueron emitidas por dos jueces de la República, con lo que se afecta de forma negativa la percepción que la comunidad tiene sobre la administración de justicia y por ende, le concierne la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Confirma. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. Temas: Decisiones. Investigación. Conductas.

Expediente 86042 de 2016

NO ES SUFICIENTE QUE LA PETICIONARIA MANIFIESTE DE MANERA AISLADA LA EXISTENCIA DE UN PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. Se entiende insuficiente sostener que se ha desconocido el precedente y limitarse a acompañar citas o copias de las sentencias que contienen los precedentes que se estiman desconocidos. Por lo anterior, resulta indispensable mostrar que los hechos relevantes son iguales o similares, que el problema jurídico de ambos casos es igual o similar en lo relevante y que la providencia infractora del precedente no ofrece explicación alguna para justificar el cambio o que dicha justificación resulta absolutamente inadmisible. Confirma. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Precedente. Relevancia. Desconocimiento.

 

Corte Constitucional

 

Sentencia T 278 de 2016

ESTRUCTURACIÓN PENSIONAL SE DIO ACORDE A LAS CONDICIONES DE TIEMPO Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL. Argumento presentado para negar el reconocimiento pensional no es de recibo, pues es incuestionable que el accionante acredita el cumplimiento de los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo en situación de discapacidad, el anterior presupuesto debido a que la pérdida de su capacidad laboral fue calificada en 56.60%, con fecha de estructuración 7 de octubre de 1968 y el fallecimiento del causante acaeció el 15 de enero de 2007. Aunado a ello, mediante sentencia emitida el 23 de abril de 2012, el Juzgado Veinte de Familia de Bogotá D.C. declaró su interdicción. Revocó. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Temas: Pensión. Tutela.

Sentencia T 199 de 2016

CON EL DEBIDO MATERIAL PROBATORIO SE ADJUDICARÁ LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL A LA CÓNYUGE Y COMPAÑERA PERMANENTE. Esta Sala protegió los derechos de la esposa y de la compañera permanente de manera transitoria y ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social a que se les reconozca y pague en la misma proporción el 50% de la pensión del señor Rojas, mientras que la jurisdicción ordinaria laboral define cuáles serán los porcentajes correspondientes de la sustitución pensional en virtud del tiempo convivido, tanto a la cónyuge como a la compañera permanente. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Temas: Sustitución. Pensión. Adjudicación.

Sentencia T 228 de 2016

LA EXISTENCIA DE UN YERRO AMERITA LA DEVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA QUE SEAN CORREGIDOS. Se encuentra demostrado que los jueces de instancia infringieron el precedente sentado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, al declararse inhibidos para fallar, motivo por el cual, se protegerán los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dejando sin efectos las decisiones del Juzgado Tercero Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá, para que en su lugar, el a quo subsane los yerros evidenciados en esta providencia. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. . Temas: Devolución. Expedientes. Yerros.

Sentencia T 229 de 2016

LA RENUNCIA DE UN SERVIDOR NO PUEDE ESTAR SOMETIDA A PROCESOS DISCIPLINARIOS. En el presente proceso resulta arbitrario que la Universidad habiendo previsto el docente la presentación de su carta de renuncia para que procediera a la terminación legal de su vínculo y habiendo insistido en ella en 2 oportunidades, hoy lo someta a un trámite disciplinario, no solo afectando su permanencia en la institución para la cual laboraba sino afectando la posibilidad de obtener la condonación de la beca obtenida con Colciencias, por cuanto la condonación del contrato de crédito educativo depende de que se cumpla a satisfacción con el programa de estudios y de su vinculación a la entidad que lo presentó. Revoca parcialmente. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Temas: Renuncia. Terminación. Condonación.

Sentencia C 297 del 2016

LA VIOLENCIA A LA QUE SE REFIERE EL LITERAL ACUSADO ES VIOLENCIA DE GÉNERO, COMO UNA CIRCUNSTANCIA CONTEXTUAL PARA DETERMINAR EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: LA INTENCIÓN DE MATAR POR EL HECHO DE SER MUJER O POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO. Feminicidio. Tipificación penal. Demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761 de 2015. El demandante argumenta que el aparte normativo acusado vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso, consignados en los artículos 1 y 29 de la Constitución. Considera, que la determinación de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una calificación especial, generan una indeterminación en el ingrediente subjetivo del tipo, pues no constituyen suficiente evidencia para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al género femenino. Exequibilidad Condicionada. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Feminicidio.

Sentencia C 273 del 2016

LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO DE MINAS DESCONOCIÓ LA RESERVA DE LEY ORGÁNICA, POR TRATARSE DE UNA NORMA CONTENIDA EN UNA LEY ORDINARIA. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 La Sala analizó si se vulnera la reserva de ley orgánica cuando en una disposición contenida en una ley ordinaria el Congreso prohíbe a las autoridades del orden territorial, establecer zonas excluidas de la minería, inclusive en los planes de ordenamiento territorial. Para la Corte, la prohibición legal a las autoridades regionales, locales o seccionales para establecer que zonas del territorio quedan excluidas de manera permanente o temporal de actividad minera requería de la expedición de una norma legal de naturaleza orgánica, por tratarse de la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Declara Inexequible. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Exclusión zonas de minería.

Sentencia T 295 del 2016

LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES EL MECANISMO JUDICIAL PROCEDENTE PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR, TODA VEZ QUE ÉSTE NO SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD MANIFIESTA. El actor padecía una enfermedad catastrófica y producto de ella le fue calificada una pérdida de capacidad laboral del 66.09%. Con base en dicha calificación le fue reconocida una pensión de invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia. Varios años después y luego de que le realizaran valoraciones médicas con diagnóstico favorable, se comenzó un proceso de recalificación del estado de invalidez en donde las Juntas Regional y Nacional determinaron una incapacidad del 38.89% por enfermedad común. Con este nuevo diagnóstico la aseguradora le informó que daría por terminada la obligación pensional que se tenía bajo el contrato de seguro de Renta Vitalicia, de acuerdo al artículo 70 de la Ley 100 de 1993. Con la acción de tutela se pretende que la reanude el pago de la prestación y se afilie al actor al Sistema de Seguridad Social en Salud. Se reitera jurisprudencia relacionada con el principio de subsidiariedad en la acción de tutela y se analizan las particularidades del caso. Confirma Parcialmente. M.P. Gloria Stella Ortiz Improcedencia por incumplir requisito de subsidiariedad.

Sentencia T 198 de 2016

VIABILIDAD EXCEPCIONAL DE AMPARAR DERECHOS COLECTIVOS MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA. No obstante ser la acción popular el mecanismo judicial diseñado para proteger los derechos colectivos, en el evento en que se transgredan o amenacen derechos fundamentales como producto de la violación a una prerrogativa colectiva, la acción de tutela se torna procedente, siempre que se demuestre que la acción popular no es idónea, que existe conexidad entre la afectación a los derechos colectivos y los derechos fundamentales invocados, se constate la violación o amenaza de éstos y la persona afectada sea la demandante. Confirma parcialmente. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  Temas: Tutela. Derechos colectivos. Conexidad. Acción popular.

Sentencia T 220 de 2016

TUTELA DEL DERECHO A LA SALUD PARA GARANTIZAR EL PAGO DEL TRASLADO Y ESTADÍA DEL PACIENTE CON UN ACOMPAÑANTE. La Corte ha indicado que ello es procedente siempre que el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas, y ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado. Una vez verificados estos requisitos, el juez constitucional debe ordenar el desplazamiento medicalizado o el pago total del valor de transporte y estadía para acceder a servicios médicos que no revistan el carácter de urgencias médicas. Revoca. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  Temas: Tutela. Servicios médicos. Derecho a la salud. Pago traslado y estadía.

Sentencia T 269 de 2016

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA ADVERTIDO QUE LA OMISIÓN DEL DEBER DE TRATO ESPECIAL PUEDE SER CONTROVERTIDA POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA. En especial en tratándose de un grupo poblacional sometido a constante marginación y exclusión social, como lo es el caso de una persona en situación de discapacidad, quien encuentra constantes barreras y obstáculos en términos de accesibilidad a lugares abiertos al público, lo que genera su baja o casi inexistente participación en los diferentes ámbitos de la vida, y por ende, el impedimento para el goce efectivo de sus derechos. Revoca. M.P. María Victoria Calle Correa. . Temas: Tutela. Trato especial. Situación de discapacidad. Accesibilidad.

Sentencia T 238 de 2016

LA ÓRBITA DE ACCIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL SÓLO PUEDE INTERFERIR EN LA DEL JUEZ ORDINARIO EN CASOS EXCEPCIONALES PERO NUNCA PUEDE LLEGAR AL EXABRUPTO DE CONVERTIRSE EN UN INSTRUMENTO PARA EVADIR EL CURSO NORMAL ESTABLECIDO. En el evento en que simultáneamente se encuentre en curso el recurso extraordinario de casación y el trámite de revisión de tutela por parte de la Corte Constitucional, el desistimiento del primero no hace que el examen de subsidiariedad sea más laxo pues la decisión de no llevar la controversia por su curso normal sólo es imputable al accionante y no puede conllevar a que se declare la procedencia de la acción. confirma. M.P. Jorge Ignacio Preteltt Chaljub. Temas: Procedencia. Subsidiariedad. Controversia.

 

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

 

Expediente 11001 03 06 000 2016 00034 00 de 2016

COMPETENCIA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PENSIONALES. En relación con la distribución de las competencias que actualmente tienen asignadas la UGPP y COLPENSIONES para reconocer y pagar pensiones en el régimen solidario de prima media con prestación definida, se reitera que se encuentra en cabeza de la UGPP el reconocimiento y pago de las prestaciones de aquellas personas que, antes del 1 de julio de 2009, adquirieron el derecho a la pensión, es decir, cumplieron los requisitos de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos, siempre y cuando para entonces estuvieran afiliadas a CAJANAL. En los demás casos, por ejemplo, quienes se trasladaron de CAJANAL al ISS sin haber cumplido la edad exigida por la normatividad que les fuera aplicable, el reconocimiento y pago de las pensiones compete a COLPENSIONES. Declara C.P. Álvaro Namen Vargas Temas: Competencia. Reconocimiento de derechos pensionales. Régimen de prima media. Cumplimiento de requisitos.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 25000 23 24 000 2008 00129 01 de 2016.

LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PUEDE IMPONER SANCIONES A LOS BANCOS CUANDO REALICEN ACTIVIDADES VIGILADAS POR ESTA AUTORIDAD. Los argumentos señalados por la parte demandante en su recurso de apelación no son correctos, ya que las entidades financieras asociadas a las redes se encuentran obligadas a cumplir los deberes asumidos, lo cual no implica en sí que se sometan a la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio pero es posible que esta imponga sanciones, cuando se evidencie incumplimiento de obligaciones generadas en actividades que son de su competencia; por lo tanto la negativa del Banco BBVA S.A. de proporcionar la información requerida por la parte demandada, era causal para imponer la respectiva sanción. Confirma. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Temas: Competencia. Sanción. Información.

Expediente 76001 23 31 000 2001 00872 01 de 2016

REESTRUCTURACIÓN OFICIOSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. El artículo 36 del Decreto 1558 de 1998, dispone que la autoridad competente está autorizada para efectuar en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios así lo exijan, una reestructuración para mejorar la prestación del servicio, el cual se debe sustentar con un estudio técnico en condiciones normales de demanda. Confirma C.P. María Claudia Rojas. Temas: Reestructuración. Transporte público. Estudio técnico.

Expediente 11001 03 24 000 2015 00044 00 de 2016

NEGADA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. La mencionada sentencia de unificación, no reconoció derecho alguno en favor del demandante, en tanto confirmó el fallo de primera instancia, proferido el 20 de junio de 1997 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual negó las pretensiones de la demanda; las cuales tenían por objeto que se declarara la nulidad de los fallos sancionatorios emanados de la Procuraduría General de la Nación en contra del General Velandia Hurtado, y, en consecuencia, como restablecimiento del derecho, se le reintegrara al cargo, reconociéndole los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir, así como los daños extrapatrimoniales causados, con ocasión de dicha sanción. Rechazar. M.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Extensión de jurisprudencia.

Expediente 05001 23 31 000 2001 00141 01 de 2016

CON LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 446 DE 1998, SE PRODUJO UNA MODIFICACIÓN IMPORTANTE EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA. A partir de ese momento el régimen de excepciones cambió, en el entendido que se resuelven directamente por la autoridad administrativa que adelanta la actuación y la apelación de tales decisiones es la que corresponde conocer a jueces y tribunales administrativos, según la cuantía del cobro. Revoca C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés Temas: Caducidad. Excepción. Jurisdicción coactiva. Acto administrativo.

Expediente 05001 23 33 000 2013 00763 01 de 2016.

IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. Según el Artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, para poder pedir pruebas en la segunda instancia, se establece que únicamente serán decretadas, practicadas y valoradas, las pruebas que cumplan con los siguientes supuestos: 1. Que las partes las soliciten de común acuerdo; 2. Que hubiesen sido decretadas en la primera instancia y se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo para practicarlas o para cumplir los requisitos para su perfeccionamiento. 3. Que versen sobre hechos ocurridos después de trascurrida la oportunidad para pedirlas en primera instancia y sólo para desvirtuar tales hechos. 4. Que se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Por lo anterior y para el caso que nos ocupa, la solicitud de pruebas en segunda instancia efectuada por la accionante no cumplió con ninguno de los supuestos referidos; partiendo del primero de ellos que exige que las pruebas que se pretenda hacer valer en segunda instancia, deben ser solicitadas por las partes, de común acuerdo, circunstancia que no encuentra respaldo probatorio en el proceso, pues la prueba fue solicitada en el mismo memorial en el cual la accionante sustentó el recurso de apelación. Confirma. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Temas: Recurso de Súplica. Pruebas.

Expediente 25000 23 41 000 2015 00850 01 de 2016

CUANDO DESDE EL INICIO DEL PROCESO SE CONTROVIERTE EL ACTO DE NOTIFICACIÓN, NO ES PROCEDENTE RECHAZAR DE PLANO LA DEMANDA POR CADUCIDAD. El término de caducidad sólo puede contabilizarse a partir del momento en el que la Administración ha dado a conocer el acto, a través de su comunicación, notificación, ejecución o publicación. A menos de que en la demanda se controvierta, precisamente, el procedimiento de notificación, caso en el cual deberá tramitarse el proceso, para que en la sentencia se defina si la demanda se presentó de manera oportuna. Revoca. M.P. María Elizabeth García González. . Temas: Notificación. Proceso. Sentencias.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 68001 23 33 000 2013 00435 01 (1720 14) de 2016

CONFORME AL NUEVO ESTATUTO PROCESAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, BASTA LA SIMPLE MENCIÓN Y SUSTENTO DEL VÍNCULO LEGAL O CONTRACTUAL PARA EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Lo anterior no es óbice, para que el funcionario judicial desde la misma decisión sobre la petición, pueda negar dicha posibilidad con el fin de evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia y propender por la maximización de los principios de economía y celeridad procesal, en caso de constatar que el llamamiento es totalmente infundado o no se encuentra conexión alguna que ligue la responsabilidad del llamado con el objeto del proceso. Revoca C.P. William Hernández Gómez Temas: Llamamiento en garantía. Requisitos. Objeto procesal.

Expediente 25000 23 42 000 2013 00827 01 (2748 14) de 2016

CONDICIONES PARA RECONOCER LA PENSIÓN GRACIA. La pensión gracias se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en Colegios del orden departamental, Distrital o municipal, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional. En estas condiciones, teniendo claro que la demandante se vinculó al servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980 y que su vinculación fue de carácter territorial, no queda duda de que cumple la exigencia establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, para que sea reconocido a su favor el derecho mencionado. Revocó. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Temas: Pensión Gracia. Laboral.

Expediente 11001 03 15 000 2016 00551 00 de 2016

SUSPENSIÓN DEL CARGO DE ALCALDE NO IMPLICA SEPARACIÓN DEL MISMO. La ley es clara al señalar que la persona que ejerce como alcalde tiene autoridad política, por lo que se encuentra inhabilitado para ejercer como tal, entre otros, aquel que tenga vínculo por matrimonio con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido como alcaldes. La norma no diferencia entre alcaldes suspendidos o no de sus funciones, sino que parte del hecho de que quien ocupa el cargo de alcalde tiene autoridad política. Niega. C.P. William Hernández Gómez. Temas: Suspensión del cargo. Alcalde. Autoridad política. Vínculo matrimonial.

Expediente 25000 23 42 000 2013 00563 01 (0637 14) de 2016

RÉGIMEN PENSIONAL APLICABLE A LOS CONGRESISTAS. Si bien se originó en la Ley 4 de 1992 y se desarrolló en el Decreto 1359 de 1993, sus contornos se restringieron con la creación del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, de modo que a partir de esta ley sólo resulta aplicable en virtud del régimen de transición que señaló el Decreto 1293 de 1994, siempre que tuvieran una expectativa legítima de adquirir el derecho pensional a la vigencia de esas disposiciones. Confirma. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Temas: Régimen pensional. Congresistas. Régimen de transición. Expectativa legítima.

Expediente 63001 23 33 000 2015 00170 01 (3528 2015) de 2016.

IMPEDIMENTOS DE LOS MAGISTRADOS PARA CONOCER DE ALGUNOS ASUNTOS. La Sala de Sección estima infundado los impedimentos manifestados por los Magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío, para conocer de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, cuyo objeto hace referencia a la inclusión de la prima especial como factor salarial contenida en el art. 14 de la Ley 4 de 1992 durante el periodo en que la demandante ocupó el cargo de Fiscal Seccional. En este orden de ideas los Magistrados de esa corporación no se ven inmersos en la situación descrita en la citada causal, puesto que no tienen interés directo o indirecto en las resultas del proceso. Declara.C.P. Gabriel Valbuena Hernández. . Temas: Impedimentos y Recusasiones.

Expediente 05001 23 33 000 2015 01430 01 (4192 2015) de 2016.

SEGÚN EL RÉGIMEN DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES, ES OBLIGACIÓN DEL FALLADOR DECLARARSE IMPEDIDO DE UN ASUNTO EN PARTICULAR. Al tenor del artículo 141 del Código General del Proceso, se enumeran las causales de recusación que excusan al fallador para el conocimiento de un determinado asunto y con fundamento en las cuales debe declararse el impedimento sobreviniente. Esta causal debe estar sustentada por el Juez o Magistrado que la propone ante los demás consejeros de la sala, en caso contrario será declarada infundada. Declara. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Solicitud de Extension y Unificacion de Jurisprudencia.

Expediente 85001 23 31 000 2012 00032 02 (2119 14) de 2016

REQUISITOS PARA QUE UN PARTICULAR OSTENTE LA CALIDAD DE FUNCIONARIO DE HECHO. Para que exista esta clase de vinculación es necesario acreditar la existencia del cargo público, el ejercicio de las funciones de forma irregular (sin que medie nombramiento o elección según el caso, ni posesión o que estos ya no estén vigentes) y que se ejercen las funciones en las mismas condiciones en las que lo haría un funcionario de planta de la entidad. Además puede predicarse la existencia del funcionario de hecho cuando la persona ejerza funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones. Confirma C.P. William Hernández Gómez. Temas: Funcionario de hecho. Empleo público. Requisitos. Vinculación.

Expediente 11001 03 25 000 2010 00142 00 (1064 10) de 2016

NULIDAD DE FALLOS DISCIPLINARIOS POR FALSA MOTIVACIÓN. No se puede endilgar responsabilidad disciplinaria al investigado con fundamento en conductas que no estén plenamente descritas en la ley como tal, pues en el ente investigador solo está facultado para aplicarla con precisión, claridad y objetividad en aquellos casos que el legislador ha previsto faltas de esta naturaleza. Cuando se encuentra que la sustentación fáctica y jurídica de los actos administrativos no corresponde a la realidad, se configura una falsa motivación, que viola el debido proceso y el derecho de defensa, y por tanto, genera la nulidad de los respectivos actos. Declara. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.Temas: Nulidad. Actos administrativos. Fallos disciplinarios. Falsa motivación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 73001 23 31 000 2005 02348 01 (39423) de 2016.

POR DECRETO REGLAMENTARIO, LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO ES LA SUCESORA PROCESAL DEL EXTINTO DAS. La Presidencia de la República, allegó el Decreto Reglamentario No. 108 de 22 de enero de 2016, mediante el cual solicita que se vincule como sucesor procesal del DAS, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, teniendo en cuenta que el Artículo 18 del Decreto 4057 de 2011 estableció que al cierre del DAS, los procesos y demás reclamaciones en curso serían entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva a las cuales les correspondiera asumir las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal, se encuentra que le corresponde a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado suceder al DAS en los Procesos Judiciales de Reparación Directa, máxime cuando las pretensiones tengan relación con la labor investigativa que adelantaba el DAS en ejercicio de su función de policía judicial, y que dicha función sería residual, toda vez que como bien se indicó, la Fiscalía no hace parte de la Rama Ejecutiva, entendiéndose que se trasladaría esa función a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Reconoce. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. . Temas: Responsabilidad Administrativa del Estado. DAS. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Expediente 73001 23 31 000 2005 02813 01 (34529) de 2016

PROCESOS SOBRE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD TRAMITADOS POR EL DAS, A SU CIERRE PASARON AL CONOCIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA. Procede la solicitud de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado solicita que se le reconozca como sucesora procesal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo anterior basado en el artículo 18 del Decreto 4057 de 2011 que estableció que al cierre del DAS, los procesos y demás reclamaciones en curso serían entregados a las entidades de la Rama Ejecutiva a las cuales les correspondiera asumir las funciones de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal, encontrándose, que la mencionada entidad es sucesora en lo referente a la acción de reparación directa originaria de los hechos en este caso, nació con ocasión de la privación de la libertad de los ciudadanos. Dejó sin Efectos. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Administración de Justicia. Sucesor Procesal.

Expediente 11001 03 26 000 2015 00139 00 (55224) DE 2016.

SOLICITUD DE UNIFICACIÓN Y EXTENSIÓN JURISPRUDENCIAL, ES RECHAZADA POR NO CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA LEY 1437 DE 2011. Una de las novedades que trajo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fueron la Solicitud de Extensión de Jurisprudencia y el Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia, los cuales están reglados por una solemnidades que no se pueden desacreditar. Para el caso en estudio, los solicitantes no demostraron ni manifestaron haber actuado como parte demandante en un proceso judicial que hubiese sido resuelto con sentencia adversa, contra la cual hubieren interpuesto recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia ante el respectivo Tribunal Administrativo, como tampoco acreditaron la presentación de solicitud de extensión de jurisprudencia ante las autoridades administrativas competentes, razón por la cual, no es posible tramitar su petición bajo ninguno de los dos mecanismos aquí analizados. Rechaza. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Solicitud de Extension y Unificacion de Jurisprudencia.

Expediente 54001 23 31 000 1997 11758 01 (37581) de 2016.

DECLARAN LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN FRENTE A LOS CARGOS PÚBLICOS SUPRIMIDOS MEDIANTE ORDENANZA No.038 POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER. Así lo expresó el Consejo de Estado, luego de considerar que fue indebida la Acción de Reparación Directa incoada por los Demandantes, ya que se debía determinar con certeza cuál es la fuente de los daños cuya indemnización se reclaman, esto es, si estos devienen de la expedición de un acto administrativo o de una acción, omisión u operación de la administración. En caso de esté ante el primero de los eventos descritos será preciso estudiar si la demanda se fundó en la supuesta ilegalidad del acto. Asimismo la corporación consideró que en la medida en que el daño cuya indemnización pretende el actor se concretó en un acto administrativo y que la fuente del mismo es su supuesta ilegalidad, la acción de reparación directa incoada no era la adecuada, sino que, en su lugar, debió haberse interpuesto la de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de cuatro (4) meses contados desde el momento en el cual se surtió el retiro del servicio dispuesto en el acto administrativo cuya legalidad se cuestiona. Confirma. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Excepción de Inepta Demanda. Falla en el Servicio.

Expediente 47001 23 31 000 2005 01061 01 (36541) de 2016.

EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE DEBE APLICARSE EN LOS HOMICIDIOS DEL PERSONAL MILITAR. La Jurisprudencia del Consejo de Estado hizo la distinción entre la Responsabilidad que se deriva por los daños sufridos durante y con ocasión de la prestación del Servicio Militar Obligatorio, de la que resulta de los daños que soportan los integrantes de las Fuerzas Militares que se enlistan voluntariamente al servicio. Esto es así porque, en el primer caso, la prestación del servicio es impuesta a los ciudadanos por el ordenamiento jurídico, mientras que en el segundo la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, lo cual implica que asume los riesgos inherentes al desempeño de la carrera militar o policial. Modifica. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Proceso Administrativo de Extinción de Dominio. Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva.

Expediente 52001 23 31 000 2001 11399 01 (31066) de 2016.

NIEGAN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR NO ACREDITARSE LA MORA (DAÑO) DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, mediante Acto Administrativo inició un Proceso de Extinción de Dominio respecto de un inmueble de propiedad del demandante; sin embargo, posteriormente mediante pronunciamiento administrativo, la entidad resolvió revocar la decisión inicial y concluyó no extinguir el dominio del predio en mención, debido a la dificultad que encontró en identificar bien sus linderos. El actor no puede alegar que debido al Proceso Administrativo Especial y a su extensión en el tiempo, colonos invadieron sus predios e hicieron imposible que este volviera a explotar sus cultivos y a criar su ganado, razón por la cual no le asiste el derecho de reclamar el valor total de dicho terreno, máxime cundo antes de la terminación del Proceso de Extinción de Dominio, el actor dejó de visitar al predio. Niega. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Temas: Proceso Administrativo de Extinción de Dominio. Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 73001 23 33 000 2013 00205 02 (21128) de 2016.

NO SE PUEDEN IMPONER SANCIONES A LA TARIFA MÁXIMA SI EXISTE VOLUNTAD DEL CONTRIBUYENTE PARA SOLUCIONAR EL ERROR REALIZADO. El Estatuto Tributario contempla la posibilidad de reducir la sanción por no enviar información hasta en un diez por ciento (10%) de la suma determinada, si la omisión se subsana antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al veinte por ciento (20%) si el error se subsana dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la sanción, para obtener este beneficio se requiere que el contribuyente presente escrito donde acepta la sanción reducida, acredite el cumplimiento de la omisión y compruebe el pago o acuerdo de pago de la misma. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Sanción. Acuerdo de pago. Reducción.

Expediente 08001 23 33 000 2013 00420 01 (21354) de 2016.

LA NOTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL IMPIDE QUE SE CONTINÚE CON EL PROCESO DE COBRO. Aunque la Autoridad Tributaria considerara desconocer los gastos presentados por el contribuyente y propusiera la modificación de la declaración privada, está comprobado que no respetó el debido proceso de la parte demandante ya que desconoció la aplicación del artículo 710 del Estatuto Tributario, el cual dispone el plazo de seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o su ampliación, según corresponda, para que la Administración practique la liquidación de revisión si hay mérito para ello; debido a que la notificación se hizo de manera extemporánea no era posible adelantar el proceso de cobro e implica la pérdida de competencia de la entidad. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Notificación extemporánea. Proceso de cobro. Competencia.

Expediente 13001 23 33 000 2013 00016 01 (21559) de 2016.

LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN IMPLICA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN AL CONTRIBUYENTE DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL. En reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado ha señalado que el término de un (1) año para resolver el recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial, incluye también notificar en debida forma y dentro del mismo plazo la respuesta de la administración tributaria al contribuyente, so pena de que se configure una causal de nulidad que tiene como consecuencia la pérdida de la competencia temporal del Estado, y la imposibilidad de continuar con el procedimiento administrativo de cobro en contra del deudor requerido. Revoca. C.P. Jorge Octavio Ramírez RamírezTemas: Competencia temporal. Pérdida. Cobro.

Expediente 08001 23 31 000 2009 00013 01 (20711) de 2016.

EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO SE DEBEN INDICAR Y COMPROBAR DE MANERA CLARA LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE. El Instituto del Seguro Social al proferir la liquidación que sirvió como título ejecutivo para adelantar el procedimiento de cobro, solo se limitó a señalar las sumas de dinero que debía entidad requerida por concepto de aportes “patrono-laborales”, pero no existe prueba mediante la cual se pudiera señalar de manera clara el método a través del cual el Seguro Social logró determinar la deuda pendiente, lo cual desconoce de manera evidente las leyes colombianas, las cuales exigen que los actos administrativos deben estar debidamente motivados y que en los procedimientos en contra de los administrados, se deben respetar los derechos fundamentales de estos. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. .Temas: Actos administrativos. Procedimiento de cobro. Motivados.

Expediente 11001 03 15 000 2016 00822 00 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA PROCEDE CONTRA DECISIONES JUDICIALES CUANDO ESTAS DESCONOZCAN O INTERPRETEN DE MANERA ERRADA LAS LEYES. Es claro, tal como lo expresa el reclamante en su acción de tutela, que las autoridades judiciales requeridas no hicieron una adecuada aplicación de las normas relacionadas con la asignación de retiro, las cuales establecen de manera clara el porcentaje al cual tiene derecho como prima de antigüedad por el tiempo laborado, debido a que efectuaron un reconocimiento distinto a la suma establecida en la ley lo cual implica que el juez dejó de lado el respeto y cumplimiento de las leyes; esta situación genera una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa del demandante. Tutela. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Derechos fundamentales. Asignación de retiro. Prima de antigüedad.

Expediente 15001 23 33 000 2013 00675 01 (21185) de 2016.

EL BENEFICIO DE AUDITORÍA NO ES APLICABLE A LAS DECLARACIONES PRIVADAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y RETENCIÓN EN LA FUENTE. Contrario a lo que manifiesta el contribuyente sobre el beneficio de auditoría para la su declaración del impuesto sobre las ventas y la consiguiente firmeza de la misma, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el beneficio de auditoría para las declaraciones de IVA y retención en la fuente desapareció a partir del año gravable 2004, de manera que solo se puede aplicar de modo exclusivo al impuesto sobre la renta; por lo tanto la Administración de Impuestos notificó en debida forma el requerimiento ya que la firmeza de las declaraciones de IVA no se configuró, al no cumplir con los requisitos generales exigidos por los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Beneficio de auditoría. Declaraciones. Firmeza.

Expediente 25000 23 24 000 2005 00871 01 (20936) de 2016.

LOS PAGOS A TRABAJADORES PENSIONADOS NO PUEDEN SER EXCLUIDOS DEL CÁLCULO ACTUARIAL EXIGIDO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS. Teniendo en cuenta que el artículo 36 de la Ley 100 dispuso la creación de un régimen de transición para los trabajadores próximos a pensionarse, dentro del cálculo actuarial exigido por la Superintendencia Financiera al Banco Popular no era posible excluir a los trabajadores ya pensionados, ya que no son de recibo los argumentos presentados por la parte demandante al señalar que fueron vinculados a la entidad antes de la privatización de la misma; las funciones ejercidas por la Superintendencia Financiera sí se ajustan a la ley ya que en el caso del Banco requerido, no es posible excluir esa clase de pasivos dentro del informe exigido. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Temas: Trabajadores pensionados. Cálculo actuarial. Entidades financieras.

Expediente 05001 23 33 000 2014 01938 01 de 2016.

ES NECESARIO EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA ANTES DE ACUDIR ANTE EL JUEZ ADMINISTRATIVO. La entidad demandada en ningún momento incurrió en vías de hecho al efectuar el procedimiento de cobro, ya que las normas contencioso administrativas y tributarias exigen que antes de acudir ante el juez administrativo, es necesario que se haya agotado la vía gubernativa ante la propia entidad, es decir, que se haya hecho uso de todos los recursos por parte del requerido para controvertir las decisiones de la administración; en caso de que no se configure el agotamiento de la vía gubernativa antes señalada, no es posible por parte del juez admitir la demanda. Confirma.C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Vía gubernativa. Juez administrativo. Demanda.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 13001 23 33 000 2015 00766 01 de 2016

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONSTITUYE UN NUEVO PROCESO Y NO UNA INSTANCIA ADICIONAL. En lo que respecta al término para la interposición del recurso dependiendo de la causal alegada, el artículo 251 del CPACA fijó un plazo para su interposición, específicamente en relación con los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. El recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original. Confirma. C.P. Alberto Yepes Barreiro. . Recurso extraordinario de revisión.

Expediente 11001 03 15 000 2015 03461 01 de 2016

NORMA SOBRE TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA DEBE INTERPRETARSE ACORDE CON UN ENFOQUE CONSTITUCIONAL FUNDADO EN LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Acción de tutela contra providencia judicial proferida por la sección tercera del Consejo de Estado. No puede responsabilizarse al actor por la demora de las autoridades en la ejecución de la orden, y por ello, lo correcto es entender que éste solo tuvo conocimiento de que no recuperaría su bien, hasta el 25 de octubre de 1997 fecha en la que se resolvió de manera definitiva abstenerse de realizar el lanzamiento por ocupación de hecho en vista del asentamiento de más de 240 familias en el terreno. Entonces, no se entiende por qué razón, no se contó el término de caducidad, desde la actuación definitiva, en la que el actor tuvo conocimiento de que no se llevaría a cabo el desalojo, pues hasta ese momento, la administración estaba en trámite de realizar la mencionada diligencia. Así pues, con un enfoque constitucional fundado en la salvaguarda de los derechos fundamentales, y sobre todo, tomando en cuenta las muy especiales circunstancias que rodearon el caso concreto, en el que se vulneró el derecho a la propiedad privada como deber del Estado, se evidencia que concurren los presupuestos exigidos para conceder el amparo constitucional, toda vez que la providencia enjuiciada incurrió en defecto sustantivo reseñado. Revoca. C.P. Alberto Yepes Barreiro.  Código contencioso administrativo – articulo 136 – numeral 8. Acción de tutela contra providencia judicial.

Expediente 11001 03 15 000 2015 02667 01 de 2016

EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA NECESARIA PARA CONTROVERTIR LA PROVIDENCIA CON LA QUE SE RESOLVIÓ EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.  Bajo las consideraciones efectuadas a lo largo de esta providencia, la Sala confirmó el fallo de tutela dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto negó el amparo. Por ende, en el presente evento, la Sala amparó el derecho de acceso a la administración de justicia del tutelante, así como el de la tutela judicial efectiva, al haberse constatado que la sentencia de 17 de julio de 2003, dictada dentro del proceso que adelantó en contra de la Fiscalía General de la Nación por la muerte de su hijo, el accionante y la autoridad judicial no tuvieron oportunidad de conocer la corrección de la prueba de balística, como consecuencia de la conducta de la dependencia de la Fiscalía, que no suministró la información correcta sobre el proyectil que fue retirado del cuerpo del menor. Confirma. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Temas: Amparo. Oportunidad. Dependencia.

Expediente 25000 23 41 000 2016 00569 01 de 2016

LA VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD DE UN MENOR DEBE SER PROTEGIDA DE MANERA INMEDIATA. Las órdenes del Tribunal a quo exigen de quien vulneró y pone en amenaza los derechos fundamentales de la menor, una actuación tendiente a conjurar tal agravio, conminándola a autorizar no solo el examen que ella requiere, sino también, de ser necesario, de adelantar la contratación con el centro médico donde este se deba realizar.Modifica. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Vulneración. Autorización. Salud.

 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta

 

Expediente 2010 002404 01 de 2016

EN CONSECUENCIA, SE CONSIDERA QUE LAS ENTIDADES DEMANDADAS NO INCURREN EN DESACATO DE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS POR EL CONSEJO DE ESTADO Y POR LO CUAL SE RESOLVERÁ EN TAL SENTIDO. Tanto la CRC como la ANTV cumplieron cabalmente con las obligaciones a su cargo, habida cuenta que no solo realizaron las gestiones necesarias para identificar las fallas del mercado y la organización del mercado, sino que una vez encontradas estas, expidieron las normas regulatorias que permiten mitigar las falencias detectadas, por lo que encuentra manifiesto que las conclusiones a las que llegaron son el resultado de todas las actividades desplegadas y el estudio minucioso llevado a cabo junto con la Universidad Nacional y, no de la mera improvisación, razón por la cual, del análisis y la valoración de todos los informes y documentos allegados se concluye que el marco regulatorio existente garantiza el pluralismo informativo y la libre competencia. Declara. M.P. Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda. Temas: Obligaciones. Valoración. Consecuencia.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. Sala Civil

 

Expediente 11001 31 03 006 2013 00275 01 de 2016

MODIFICACIÓN DEL INTERÉS BANCARIO DEL CRÉDITO, SE HIZO BAJO LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA EL ACUERDO EFECTUADO ENTRE LAS PARTES. La alegada capitalización de intereses, base de la pretensión tercera toral, fenómeno que el demandado acepta se presentó en el crédito en estudio, tampoco constituye un incumplimiento del contrato de mutuo, pues para antes de la expedición de la ley 546 ese mecanismo guardaba conformidad con el ordenamiento y, por ende, era permitido, tanto que ni siquiera estaba particularmente reglamentado para los préstamos de vivienda, de donde refulge que su implementación. Adicional a lo mencionado se establece que la alteración de la unidad monetaria acordada para el crédito, por la utilizada por la entidad prestataria, no es arbitraria; por el contrario, obedeció a las disposiciones que sobre la materia orientó el legislador, no siendo posible desgajar de ese hecho la responsabilidad reclamada. Confirmó. M.P. Luis Roberto Suárez González. Temas: Civil. Interés Bancario.

Expediente 1100 1310 3041 2013 00072 01

LAS NUEVAS FACTURAS DE VENTA SE EXPIDIERON CON EL PROPÓSITO DE DEFRAUDAR A UN TERCERO. Para el Tribunal es evidente que si el ejecutado aspiraba a descargarse del pago de las obligaciones que se ejecutan no le bastaba simplemente con volver contra el contenido de sus propios actos, desconociendo el valor de la firma que impuso en unos documentos sobre la base de invocar un presunto fraude del que no habría sido víctima él mismo sino un tercero, y del cual, en todo caso, no existe el menor indicio. Confirma. M.P. Germán Valenzuela Valbuena. . Temas: Aspiración. Desconocimiento. Facturas.

Expediente 2016 00236 00 de 2016.

LA ESTABILIDAD LABORAL ES APLICABLE A LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIÓN DE PRE PENSIONADOS. De acuerdo a las pruebas acreditadas en la acción de tutela presentada, la accionante estaba próxima a obtener su pensión de jubilación ya que demostró el cumplimiento de las semanas de cotización y el tiempo laborado con el Estado, lo cual permite demostrar que estaba a un año de obtener dicha pensión y no era procedente decretar su despido por parte de la entidad accionada, desconociendo la estabilidad laboral existente para las personas “pre pensionadas” y el hecho de que tal situación fue informada a su empleador varias veces sin que tuviera en cuenta tal circunstancia. Concede. M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas. emas: Estabilidad laboral. Pensión de jubilación. Pre pensionados.

 

Corte Constitucional

 

Comunicado de Prensa 27 de 2016

LA CORTE CONSTITUCIONAL SE INHIBIÓ DE EMITIR UN FALLO DE FONDO POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO SOBRE EL CUAL PRONUNCIARSE. En atención a que el artículo 50 del Código Civil fue derogado orgánicamente por normas posteriores , como la Ley 5 a de 19975, el Código del Menor y el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Corte Constitucional y la norma no produce ningún efecto. Temas: Carencia de Objeto. Inhibición. Pronunciamiento.

 

 

 

 Presidencia de la República

Ley 1801 de 2016

POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

Ley 1802 de 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA TASA REAL DE 0% DE INTERESES EN LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS POR EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO PARA ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1,2 Y 3.

Ley 1804 de 2016

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA POlÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 

Ministerio de Trabajo

 

Concepto 43561 de 2016

SANCIONES E INFRACCIONES POR VIOLENTAR LA NORMATIVIDAD LABORAL. Si se llegaran a evidenciar infracciones a la normatividad laboral este Ministerio puede imponer las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad con el artículo 485 del Código Sustantivo del Trabajo. Temas: Infracciones. Sanciones. Violentación.

Concepto 55181 de 2016

LICENCIAS DE ENFERMEDAD A CARGO DE LOS EMPLEADORES. Serán de cargo del Empleador el valor de las licencias por enfermedad general o maternidad a que tengan derecho sus trabajadores, en los eventos en que no proceda el reembolso de las mismas por parte de la EPS, o en el evento en que dicho empleador incurra en mora, durante el período que dure la licencia, en el pago de las cotizaciones correspondientes a cualquiera de sus trabajadores frente al sistema. Temas: Licencias. Cotizaciones. Reembolso.

Concepto 102129 de 2016

DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. Los sindicatos deben estar compuestos por trabajadores o empleadores, por cuanto el origen del derecho de libertad sindical tiene la defensa y procura de mejores condiciones laborales, por lo que resulta incompatible la conformación de un sindicato dentro de una CTA, conformado por sus socios, por cuanto estos ostentan conjuntamente la calidad de dueños, es decir, ni son trabajadores ni están subordinados a nadie ni nada diferente que a sus estatutos y reglamentos.

Concepto 107409 de 2016

TRABAJADORES QUE TIENEN FUERO SINDICAL. El artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 12 de la Ley 584 de 2000 dispone que están amparados por esta garantía los fundadores del sindicato, los adherentes, los miembros de la junta directiva y subdirectiva, sin pasar de cinco principales y cinco suplentes y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un principal y un suplente, así como dos miembros de la comisión estatutaria de reclamos. . Temas: Fuero sindical. Trabajadores. Garantía.

Concepto 95958 de 2016

COMPENSATORIOS POR DOMINICALES HABITUALES LABORADOS. El artículo 59 de la Ley 4 de 1913 consagra la manera en que se deben entender los plazos y su contabilización, indicando que todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderán que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, por ello es que si se labora en el mes tres o más dominicales, se debe tener en cuenta el número de dominicales laborados en el mes calendario y no en el interregno de un mes, pues esa es la acepción correcta de la expresión. Temas: Compensatorios. Dominicales habituales laborados. Mes calendario.

Concepto 124340 de 2016

FUERO SINDICAL PARA FUNDADORES Y ADHERENTES. El nacimiento de la protección para los fundadores y adherentes de un sindicato, no está sujeto a condición alguna, distinta de la constitución del mismo y la prueba de la existencia de dicho fuero que se materializa con la comunicación al empleador acerca de la creación de la organización. Temas: Fuero sindical. Fundadores. Adherentes. Protección.

Concepto 95880 de 2016

PERÍODO DE PRUEBA EN CONTRATOS SUCESIVOS. Al tener el periodo de prueba como finalidad por parte del empleador la de comprobar de manera objetiva las aptitudes del trabajador para el desempeño de las labores encomendadas, es claro, que el mismo pierde su fundamento cuando se está ante una nueva vinculación que en esencia no difiere de las anteriores, razón por la cual sólo es válida la estipulación hecha para el primer contrato.Temas: Contrato sucesivos. Período de prueba. Estipulación. Validez.

Concepto 41457 de 2016

ACUERDOS DE FORMALIZACIÓN EN CONTRATOS SINDICALES. Los acuerdos de formalización se originaron para los eventos del contrato de trabajo por cuanto este implica legalizar la situación laboral de las personas que prestan sus servicios personales con el desconocimiento de los derechos laborales individuales y colectivos, razón por la cual el contrato sindical no estaría sujeto a un acuerdo hasta tanto no se demuestre que este ha sido utilizado como una forma de tercerización. Temas: Acuerdos de formalización laboral. Contrato sindical.

Concepto 44720 de 2016

COBRO DE CUOTA SINDICAL POR EXTENSIÓN DE BENEFICIOS CONVENCIONALES. Si se ha establecido que quienes se beneficien de una convención colectiva que no pertenezcan a la organización sindical deben cancelar el valor por concepto de cuota sindical, la organización está en la libertad de establecer el mecanismo para lograr su recaudo, por lo tanto, si se acordó la manifestación expresa por parte del trabajador se reitera que lo acordado por las partes en el marco de la negociación colectiva tiene efecto vinculante y de forzoso cumplimiento entre quienes lo suscriben. . Temas: Cuota sindical. Beneficios convencionales. Extensión. Organización sindical.