Agosto 15 – 19 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2016 00649 00 de 2016.

LAS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NIEGUEN EL PAGO DE PRESTACIONES AL TRABAJADOR DEBEN SER DEMANDADOS ANTE EL JUEZ LABORAL. Aunque inicialmente la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas en contra de actos administrativos, es necesario tener en cuenta que aquellos actos que niegan el pago de acreencias laborales al trabajador adquieren todas las características de un título ejecutivo, el cual puede hacerse exigible ante el juez del trabajo ya que se trata de una obligación expresa, clara y exigible, es un documento que proviene del deudor y constituye plena prueba contra el mismo; de modo que un acto con estos atributos no puede ser demandado a través de los medios de control (nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho), sino que el pago debe ser reclamado a través de una demanda ejecutiva laboral. Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Expediente 52001 11 02 000 2016 00014 01 de 2016

ES OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD REQUERIDA RESPONDER DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL Y DE FONDO LA PETICIÓN INTERPUESTA POR EL INTERESADO. A pesar de las reiteradas consultas efectuadas por la parte demandante para indagar sobre la petición presentada, la entidad accionada no dio respuesta de fondo y dentro del término legal establecido; la vulneración al derecho de petición es susceptible de ser protegida mediante la acción de tutela ya que así lo contemplan la Constitución y la ley, por lo tanto no son de recibo los argumentos de la entidad accionada al señalar que nunca se cumplió el requisito de subsidiariedad, debido a que las pruebas demuestran que la accionante hizo uso de todos los recursos permitidos para tratar de obtener una respuesta a su petición. Modifica. M.P. Rafael Alberto García Adarve, Temas: Petición. Responder. Término legal. Subsidiariedad.

Expediente 41001 11 02 000 2014 00153 01 de 2016.

EL ABOGADO DEBE INFORMAR A LA MENOR BREVEDAD POSIBLE LA RECEPCIÓN DE DINEROS DE SU CLIENTE. Señala la Sala Disciplinaria de segunda instancia que el sujeto sancionado incurrió en falta a la honradez del abogado, ya que a pesar de estar facultado por su cliente para efectuar el cobro judicial de una deuda nunca rindió el respectivo informe a su poderdante, y efectuó el cobro de los títulos de depósito judicial entregados por la parte demandada sin hacer devolución del dinero a su cliente; adicionalmente la entrega de dichos dineros solo fue efectuada una vez que el investigado tuvo conocimiento del proceso disciplinario en su contra, por lo tanto no hay lugar a tener en cuenta más atenuantes de responsabilidad que aquellos aplicados por el juez de primera instancia. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Atenuantes de responsabilidad. Proceso disciplinario. Honradez del abogado.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00587 00 de 2016.

LA COMPETENCIA PARA DECIDIR SOBRE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES INCUMPLIDAS, SI NO EXISTEN CLÁUSULAS EXORBITANTES, CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN CIVIL. Los particulares y el Estado pueden celebrar contratos de condiciones uniformes para la prestación de servicios públicos domiciliarios, y ante la existencia de incumplimientos contractuales de alguna de las partes es necesario resaltar que no siempre la competencia para estos asuntos, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que si bien se trata de relaciones con entidades públicas cuando en el contrato no haya aplicación de cláusulas exorbitantes, se trata de un asunto de naturaleza comercial cuyo conflicto debe ser dirimido por el juez ordinario civil.Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Obligaciones contractuales. Cláusulas exorbitantes. Incumplimientos.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00623 00 de 2016.

DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA PARA DECIDIR CONFLICTOS ENTRE TRABAJADORES OFICIALES Y ENTIDADES PÚBLICAS. Frente al conflicto de jurisdicciones surgido entre los despachos laboral y administrativo, señala el Consejo Superior de la Judicatura que la competencia corresponde a la jurisdicción laboral al tratarse de controversias surgidas en materia pensional, también hace referencia al hecho de que la Ley 1437 de 2011 la cual regula lo relacionado con la jurisdicción contencioso administrativa, define de manera expresa que no son competencia de dicha jurisdicción los conflictos de carácter laboral que puedan surgir entre entidades públicas y sus trabajadores oficiales. Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.  Temas: Conflictos laborales. Trabajadores oficiales. Entidades públicas.

Expediente 63001 11 02 000 2014 00217 01 de 2016.

EN SUS ACTUACIONES EL PROFESIONAL DEL DERECHO DEBE COLABORAR CON LA RECTA Y LEAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El abogado sancionado aportó en el trámite laboral de su cliente una certificación de incapacidad falsa y cuya inconsistencia fue advertida por el despacho que conocía el proceso, lo cual evidencia que el apoderado pretendió obtener un fallo a favor de los intereses de su cliente sin importar la falsedad antes mencionada; esta conducta fue realizada de manera dolosa ya que el profesional de derecho sabía la ilicitud de su comportamiento, lo cual constituye una falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, contemplada en el artículo 33 de la Ley 1123 de 2007. Confirma. M.P. Rafael Alberto García Adarve. Temas: Administración de justicia. Falsedad. Certificación.

Expediente 63001 11 02 000 2012 00352 01 de 2016.

LOS JUECES DE PAZ NO PUEDEN CONOCER ASUNTOS QUE NO CORRESPONDAN A SU JURISDICCIÓN. Aunque es evidente que el sancionado incurrió en falta disciplinaria al haber conocido de un suceso que no correspondía a su jurisdicción, ya que las partes nunca acudieron de común acuerdo ante el juez de paz para resolver sus diferencias, en primera instancia no se tuvo en cuenta que de acuerdo a reiterados pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y las leyes existentes, es necesario que las decisiones se apoyen en las leyes disciplinarias que regulan el cargo que ocupa el sancionado; pero al desconocer dicha obligación se impidió una efectiva defensa del juez de paz frente a los cargos de los cuales fue declarado responsable. Decreta. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. M.P. Martha Patricia Zea Ramos.

Expediente 05001 11 02 000 2016 00191 01 de 2016.

ES DEBER DEL PETICIONARIO INFORMAR A LA ENTIDAD CONSULTADA LA DIRECCIÓN A LA CUAL DESEA SER NOTIFICADO. La Constitución y la ley reconocen la derecho de los ciudadanos de hacer consultas respetuosas a las entidades públicas, estando estas obligadas a contestar dentro del término legal correspondiente y de fondo la petición recibida, sin que ello implique responder de manera favorable o desfavorable a las pretensiones del consultante; en cuanto a la notificación de la respuesta el interesado debe estar pendiente del recibo de la misma en la dirección proporcionada, o en caso de modificaciones informar en el menor tiempo posible a la entidad ya que en caso contrario, no será responsabilidad de esta cualquier inconsistencia que se pueda presentar al respecto. Revoca. M.P. Camilo Montoya Reyes. Temas: Peticionario. Dirección. Modificaciones. Notificado.

Expediente 66001 11 02 000 2013 00472 01 de 2016.

LOS FUNCIONARIOS SOLO PUEDEN SER JUZGADOS CONFORME A LAS LEYES QUE REGULEN LAS FUNCIONES DE SU CARGO. La sanción de las conductas contrarias a las leyes que en el ejercicio de su cargo realicen los jueces de paz, no puede ser juzgada de acuerdo con la Ley 270 de 1996 al no ser esta la norma que regula las funciones, obligaciones y prohibiciones de los jueces de paz, ya que existe una normatividad exclusiva para estos como es la Ley 197 de 1999; de modo que al juzgar a alguien conforme a leyes que no se relacionan con la naturaleza de su cargo, el juez desconoce el derecho a la defensa y el debido proceso del investigado y se configura una causal de nulidad que debe ser subsanada. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco.Temas: Funcionarios. Cargo. Leyes. Defensa. Debido proceso.

Expediente 76001 11 02 000 2015 02285 00 de 2016.

PREVIO A EFECTUAR EL DESPIDO DE UNA PERSONA CON ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA OFICINA DEL TRABAJO. En la sentencia T-864 de 2011 la Corte Constitucional ha señalado que cuando una persona se encuentra en estabilidad laboral reforzada, no puede ser objeto de despido por parte de su empleador inclusive si este lo justifica en que el contrato laboral está por terminar, ya que esto requiere la autorización de la Oficina del Trabajo; de manera que para el caso en estudio la accionante no debió ser despedida de su trabajo ya que al tener una condición de salud especial, la ley le otorga especial protección frente a posibles situaciones de desempleo y le garantiza la continuidad de la prestación del servicio médico. Revoca. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. Temas: Condición de salud especial. Despido. Servicio médico.

Expediente 73001 11 02 000 2012 01139 01 de 2016.

AL NOMBRAR LOS FUNCIONARIOS DE SU DESPACHO, EL JUEZ DEBE CONOCER LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA PODER DESEMPEÑAR LOS CARGOS VACANTES.Frente a los argumentos presentados por la funcionaria sancionada señala la Sala Disciplinaria, que al ser designada jueza y ser conocedora de la ley debía tener especial cuidado al designar los funcionarios de su despacho, ya que existen una serio de exigencias en cuanto a la formación profesional de los aspirantes previamente establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, es decir era necesario dar pleno cumplimiento a estos requisitos sin que existiera como justificación, la dificultad de conseguir personal capacitado y que reuniera las condiciones del cargo. Confirma.M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Cargo. Condiciones. Aspirantes. Formación profesional.

Expediente 63001 11 02 000 2011 00213 01 de 2016.

LA APLICACIÓN DE UN RÉGIMEN DISCIPLINARIO INCORRECTO IMPLICA DECRETAR LA NULIDAD DE TODO EL PROCEDIMIENTO ADELANTADO. A pesar de haber adelantado la investigación sancionatoria en contra del juez de paz, la Sala de segunda instancia señala que existe una deficiencia que impide continuar con el procedimiento, ya que el juez competente fundamentó su decisión en la Ley 734 de 2002 la cual es una norma aplicable a los servidores públicos, régimen disciplinario que no corresponde a la naturaleza del cargo del investigado, debido a que al ser un juez de paz la decisión debió tener en cuenta los artículos 15 al 18 de la Ley 497 de 1999 que consagran el régimen de inhabilidades para jueces de paz. Decreta. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. . Temas: Régimen disciplinario. Jueces de paz. Nulidad.

Expediente 63001 11 02 000 2011 00297 02 de 2016.

EL DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS PROCESALES APLICABLES A LA CONDUCTA SANCIONABLE, GENERA EL DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El artículo 29 de la Constitución Política establece el principio de legalidad, de modo que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto del cual se le responsabiliza, siempre que se respeten las formalidades y garantías establecidas en las leyes, de manera que es necesario tener en cuenta la calidad del cargo que desempeña la persona disciplinada, para determinar el régimen legal aplicable en la sanción a imponer ya que cualquier actuación contraria a esta obligación constitucional, implica vulnerar los derechos al debido proceso y la defensa del demandado y decretar la nulidad del procedimiento adelantado. Decreta. M.P. Martha Patricia Zea Ramos. Temas: Debido proceso. Desconocimiento. Nulidad. Defensa.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 66001 22 13 000 2016 00291 01 de 2016

LA CORTE DEBE ADOPTAR MEDIDAS QUE PERMITAN EL REINTEGRO DE LOS MENORES A SU FAMILIA BIOLÓGICA. No observa la Sala que por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se hayan agotado otras opciones para preservar la integridad familiar y posibilitar el retorno de los niños a la misma, antes de acudir a la medida extrema de adopción. Por lo anterior, es menester resaltar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe garantizar el ingreso de los menores y su familia a programas que permitan restablecer sus derechos, a través del equipo interdisciplinario con que cuenta la institución para situaciones como la que aquí nos ocupa. Modifica. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. . Temas: Medidas. Familia biológica. Integridad.

Expediente 13001 22 21 000 2016 00051 01 de 2016.

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE RESPONDER DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL LAS PETICIONES EFECTUADAS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS. De acuerdo con la Ley 1755 de 2015 es deber de las entidades estatales contestar dentro del plazo establecido a las peticiones efectuadas por los ciudadanos, pero para el caso en estudio a pesar de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, la autoridad accionada no demostró haber contestado de fondo la consulta de la parte demandante lo cual constituye una vulneración injustificada al derecho fundamental de petición, habilitando al peticionario para que ejerza la acción del tutela con el fin de proteger sus derechos. Confirma. M.P. Margarita Cabello Blanco. Temas: Peticiones. Ciudadanos. Término legal. Derecho fundamental.

Expediente 68001 31 03 002 2007 00105 01 de 2016

AL QUEDAR SIN PISO LA PROVIDENCIA MATERIA DE CENSURA, CORRESPONDE A LA CORTE, EN SEDE DE INSTANCIA, DESATAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA CONTRA EL FALLO DE ATACADO. Revisado el expediente se hace necesario el decreto de una prueba de oficio, por lo que en uso de las facultades conferidas por los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, se dispondrá la práctica de un dictamen pericial a fin de que sean calculados los frutos producidos por el inmueble objeto de la litis o, en el evento de que no lo hayan sido, los que hubiere podido dejar con medina inteligencia y cuidado, desde el 7 de mayo de 2007 y hasta la fecha de expedición de la pericia. Casa. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. . Temas: Censura. Práctica. Cálculos.

Expediente 05001 22 10 000 2016 00156 01 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES PROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS QUE FUERON PROFERIDAS CON EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. Los reclamos presentados por la accionante en su recurso de amparo no encuentran justificación, ya que la decisión del juez demandado se ajustan a derecho y como lo ha sostenido en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional, la acción de tutela por regla general no es procedente contra decisiones judiciales definitivas a menos que exista un evidente desconocimiento de derechos fundamentales, lo cual no ocurre para el litigio estudiado; ya que el juez al dictar sentencia señaló los argumentos tanto probatorios como legales en los cuales basó su decisión, y no incurrió en vulneración de derechos constitucionales en ningún momento. Confirma. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Temas: Sentencias. Procedente. Derechos fundamentales. Desconocimiento.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01910 00 de 2016.

EN LAS ACCIONES DE TUTELA ES DEBER DEL DEMANDANTE DEMOSTRAR LA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Cuando alguien pretende a través del recurso de amparo la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados, es necesario que demuestre ante el juez tal situación contraria a la Constitución y las leyes, es decir que la carga de la prueba corresponde al demandante ya que al no indicar o demostrar nada, el juez competente no puede acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta y en el caso de sentencias judiciales también debe demostrarse la vulneración, ya que no puede usarse este mecanismo para revocar la decisión del funcionario solo porque el accionante no está de acuerdo con la misma.Niega. M.P. Ariel Salazar Ramírez. . Temas: Derechos fundamentales. Sentencias judiciales. Accionante.

Expediente 68001 31 10 004 2005 00493 01 de 2016

PARA EVALUAR SI LA SENTENCIA ES CONGRUENTE, SENCILLAMENTE SE LA DEBE COTEJAR, POR UNA PARTE CON LAS PRETENSIONES Y LOS HECHOS CONSIGNADOS EN LA DEMANDA, Y POR LA OTRA, CON LAS EXCEPCIONES DEL DEMANDADO. La diferencia radical entre los errores de juzgamiento y los que se presentan en la actividad procesal del fallador, estriba en que en los primeros recaen sobre el raciocinio del juez al paso que el segundo recae en el comportamiento en el trámite del asunto. En la categoría de los primeros (error in judicando), se ubica la causal primera y en la de los errores in procedendo se ubica la segunda pues al paso que en la causal primera se persigue que la Corte reconozca en la sentencia impugnada la violación directa de la ley sustancial o como consecuencia de errores cometidos en el campo de las pruebas, en la segunda lo que se busca es que se realice un parangón entre lo pedido o excepcionado y lo decidido, de modo que resalte la incoherencia de lo resuelto según las pautas. No Casa. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Temas: Cotejo. Excepciones. Pretensiones.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01661 00 de 2016.

EL RECURSO DE AMPARO NO PUEDE SER USADO COMO UNA INSTANCIA MÁS EN CONTRA DE DECISIONES JUDICIALES QUE NO DESCONOCEN GARANTÍAS FUNDAMENTALES. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la tutela fue instituida como un mecanismo transitorio para la protección de derechos fundamentales, que sean amenazados como consecuencia de decisiones administrativas o particulares con atribuciones públicas; adicionalmente solo se permite interponer la tutela en contra de decisiones judiciales cuando exista vulneración de derechos fundamentales y exista una irrefutable vía de hecho, que no permita su solución a través de los mecanismos ordinarios que la ley permite, ya que en caso de no cumplir con dichas exigencias el juez constitucional puede denegar la tutela interpuesta. Deniega. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Temas: Tutela. Vía de hecho. Vulneración. Derechos fundamentales.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 42019 de 2016

PARA EFECTOS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES SE CUENTA EL TIEMPO LABORADO EN ENTIDADES OFICIALES, A PESAR QUE ÉSTE NO HAYA SIDO OBJETO DE APORTES A ENTIDADES DE PREVISIÓN O SEGURIDAD SOCIAL. Si bien en un principio la Corte no admitía la sumatoria de cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales con los tiempos de servicios en el sector público no cotizados a ninguna entidad de seguridad social, tal criterio fue rectificado a partir de la sentencia CSJ SL 4457 de 2014. Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán.Temas: Sistema pensional. Reliquidación mesadas. Jubilación por aportes.

Expediente 67325 de 2016

VÍA DE HECHO SE DESCARTA CUANDO SE ADVIERTE QUE LA DECISIÓN JUDICIAL NO CARECE DE MOTIVACIÓN, O NO ES CAPRICHOSA NI SUBJETIVA. Esta Corporación ha sido constante en sostener que la función del juez de tutela no es la de invadir la órbita de competencia del juez natural del proceso, cuando en virtud de su facultad de libre apreciación toma una decisión, pues ello resultaría contrario a la seguridad jurídica del Estado de Derecho. Confirma M.P. Gerardo Botero Zuluaga. . Temas: Acción de tutela. Providencia judicial. Vía de hecho. Motivación. Competencia. Libre apreciación.

Expediente 67357 de 2016

CUANDO SE DESCONOCE EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD, ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE. El amparo constitucional resulta inviable cuando lo que el accionante pretende es que a través de este mecanismo y en forma directa, se le reconozca la pensión de invalidez, teniendo a su alcance para este propósito, otro medio de defensa judicial, que ejercita de manera concomitante ante la justicia ordinaria. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán  Temas: Acción de tutela. Principio. Subsidiariedad. Improcedencia. Reconocimiento. Pensión de invalidez. Medios ordinarios.

Expediente 42350 de 2016

FALTA DE COTIZACIÓN NO SUPONE NECESARIAMENTE LA DESAFILIACIÓN DEL SISTEMA PENSIONAL. No es exacto afirmar que la desafiliación del sistema de pensiones pueda presentarse de manera tácita, pues aquella supone un acto de declaración de voluntad, bien sea del empleador o del afiliado, que, desde luego, debe ser conocido por la entidad de seguridad social respectiva, que habrá de tomar las medidas administrativas correspondientes para que el afiliado pueda considerarse excluido del sistema. No Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán.Temas: Sistema pensional. Falta de cotización. Desafiliación.

Expediente 45684 de 2016

DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ ASÍ NO SE HAYA COTIZADO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS ANTERIORES A SU ESTRUCTURACIÓN. Quien ha cumplido los requisitos en materia de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media, tiene derecho a la pensión de invalidez, así no haya cotizado en los últimos 3 años anteriores a la estructuración del estado de invalidez como lo exige la Ley 860 de 2003. Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. Temas: Pensión de invalidez. Requisitos pensión de vejez. Semanas cotizadas. Estructuración de invalidez.

Expediente 67187 de 2016

DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA SON VULNERADOS CUANDO EN LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE PROGRAMA AUDIENCIA, SE FIJA UNA FECHA DIFERENTE A LA QUE CONSTA EN LA PROVIDENCIA. Cuando una notificación es incorrecta, inexacta o no reúne los requisitos legales, la providencia no adquiere firmeza, es decir no se ejecutoría, y por lo tanto, debe declararse la nulidad de la notificación censurada y de las actuaciones posteriores que dependan de ella, en los términos del artículo 146 del C.P.C. Confirma. M.P. Fernando Castillo Cadena.Temas: Debido proceso. Derecho de defensa. Notificación. Auto. Audiencia. Fecha. Providencia. Firmeza. Nulidad.

Expediente 43806 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE UTILIZARSE COMO OTRA INSTANCIA ANTE EL FRACASO DEL FIN PROPUESTO A TRAVÉS DEL PROCESO NATURAL. El amparo constitucional es procedente contra providencias o sentencias judiciales, sólo si con las actuaciones u omisiones de los jueces, resultan violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales; además que está limitada, primero a aquellas situaciones en las cuales el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, en cuyo caso se convierte en mecanismo principal y, en segundo lugar, cuando aun existiendo aquél, se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Niega M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Acción de tutela. Providencia judicial. Procedencia.

Expediente 67331 de 2016

COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA SE ACTIVA SOLO EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA FALTA DE ARGUMENTACIÓN DECISORIA CONVIERTE LA PROVIDENCIA EN UNA ARBITRARIEDAD. La acción de tutela no constituye otra instancia en la que las partes tengan la posibilidad de hacer valer las posiciones jurídicas desatendidas en el trámite legal, máxime cuando estas fueron analizadas con criterios mínimos de razonabilidad, de allí que al advertirse la falta de arbitrariedad en la misma, no exista, por tanto, conculcación de garantías constitucionales.Confirma M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Acción de tutela. Providencia judicial. Procedencia. Arbitrariedad.

Expediente 67085 de 2016

TUTELA NO PUEDE SER EMPLEADA COMO UNA VÍA SUSTITUTIVA DE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA. La acción de amparo es procedente únicamente cuando el actor no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial o cuando ya ha agotado todos los que tiene a su alcance o, en su defecto, cuando demuestre la inminencia de un perjuicio irremediable que se le pudiera ocasionar con determinada decisión. Confirma M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Temas: Acción de tutela. Procedencia. Medios ordinarios. Mecanismos de defensa.

Expediente 66829 de 2016

TUTELA RESULTA IMPROCEDENTE PARA PARA ATACAR PROVIDENCIAS QUE RESUELVEN EL FONDO DE UNA ACCIÓN POPULAR DEBIDA Y LEGÍTIMAMENTE ADELANTADA. Cuando se está en presencia de dos acciones de la misma naturaleza, no es posible alegar la configuración de vías de hecho en las decisiones que se adopten en cualquiera de ellas y someterlas nuevamente al conocimiento del juez de tutela, para que éste vuelva a reexaminar en una extraña revaloración probatoria los criterios expuestos en otra acción constitucional, ya que existirá siempre la posibilidad de incurrirse en otro error, lo que conllevaría a la creación de un “círculo vicioso” que haría interminable la presentación de acciones de tutela, desviando el objetivo final para el cual fueron creados los jueces constitucionales. Confirma M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Providencia. Acción de tutela. Procedencia. Acción popular.

Expediente 67387 de 2016

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CASO DE MORA JUDICIAL. Por tratarse de la omisión de una autoridad pública, basta señalar que en el caso de comprobarse una dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente a fin de amparar el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Confirma. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán.Temas: Acción de tutela. Mora judicial. Dilación injustificada. Proceso. Administración de justicia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 41667 de 2016

EL INCUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN SUSTITUTIVA POR PARTE DE LA MENOR DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA. En aplicación de lo dispuesto en la norma, y de los principios acogidos por los instrumentos internacionales que abogan por que la privación de la libertad en casos de menores solo se aplique como último recurso, y que cuando sea posible se opte por acudir a medidas sustitutivas, reemplazará la sanción de privación de la libertad en centro de atención especializado por la de libertad asistida o vigilada, por el tiempo que falta para el agotamiento de la primera. Casa Parcialmente. M.P. José Francisco Acuña Vizcaya. Temas: Aplicación. Privación de la Libertad. Reemplazo.

Expediente 43146 de 2016

SE CONFIRMÓ EL CRITERIO CON EL QUE FUERON IMPUESTAS CON LA MISMA INTENSIDAD POR EL JUEZ A QUO LAS PENAS, ES DECIR, UN QUANTUM SEMEJANTE A LA PENA PRINCIPAL. Se deben tener en cuenta los criterios de proporcionalidad que guiaron al juzgador en la atribución de la pena de prisión, esto es, que en relación con el delito base (Homicidio consumado), con el error en los extremos punitivos que viene de anotarse, al mínimo que es posible imponer, valga decir, 208 meses, incrementó 10 meses, para un total parcial de 218 meses de prisión, lo que equivale al 20.30% del margen de movilidad de que trata el artículo 61 del Código Penal. Casa. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. .Temas: Proporcionalidad. Prisión. Movilidad.

Expediente 44425 de 2016

LO NO CONTEMPLADO EN LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O EN LA DE ACUSACIÓN O EN LOS ALEGATOS FINALES NO PUEDE SER OBJETO DE ESTUDIO DURANTE EL PROCESO. Como ocurrió con el procesado, los juzgadores estaban impedidos para emitir fallo alguno aunque fuera de orden absolutorio, como en efecto ocurrió en torno al secuestro, por cuanto no hizo parte de la imputación, tampoco se contempló en la acusación oral y escrita ni en los alegatos de cierre de la fiscalía, razón por la que se impone anular parcialmente la sentencia de primera instancia frente al referido comportamiento delictivo. Casa Oficiosamente. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Imputación. Acusación. Instancias.

Expediente 86695 del 2016 

EL NO DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS FALLOS DE TUTELA SE TORNA COMO UN DESACATO. Aunque el representante legal de TUYA S.A. aseguró que cumplió la orden de tutela emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, lo cierto es que la misma no fue acatada en debida forma, ya que en dicho fallo se ordenó la remisión de los vouchers originales de las de las compras realizadas el día 17 de febrero de 2012 con las tarjeta de crédito que se encuentra a nombre de la accionante, lo cual no ocurrió ya que el Área Jurídica de esa sociedad se limitó remitir copias de los mismos. Por tal motivo, no se puede declarar cumplido el fallo de tutela proferido por el A quo. Modifica. M.P. Eyder Patiño Cabrera. . Temas: Tutela. Cumplimiento. Fallos. Vouchers.

Expediente 86743 del 2016

NO ES DE RECIBO, QUE EN SEDE DE IMPUGNACIÓN SE ADICIONEN HECHOS NUEVOS CON LOS QUE SE LESIONARÍA EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO DE QUIENES INTERVIENEN EN EL TRÁMITE. La Corte considera desacertado que la parte actora acuda en impugnación al acusar vulnerados sus derechos fundamentales frente a las presuntas irregularidades que se presentaron con la acción de habeas corpus promovida ante esta Corporación, sobre el cual la Sala de Casación Penal no tuvo la oportunidad de controvertir dichas afirmaciones dentro del trámite de tutela y, por tal razón, no se pronunciara sobre la novedosa pretensión elevada por la parte accionante, toda vez que por la vía de impugnación no es dable sorprender al accionado con nuevos argumentos que no fueron debatidos en el proceso constitucional. Confirma. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Impugnación. Argumentos. Lesión.

Expediente 86775 del 2016

LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA NO PUEDE REABRIR DEBATES QUE CON ANTELACIÓN Y EN OTRAS JURISDICCIONES YA HAN SIDO CENSURADOS. La acción de tutela no es una herramienta jurídica complementaria, que en este evento, se convertiría prácticamente en una instancia adicional, no es adecuado plantear por esta senda la incursión en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la determinación que ordenó la preclusión de la investigación. Lo anterior, deriva en que argumentos como los presentados por el accionante son incompatibles con el amparo, pues pretende revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello, y con exclusividad ante los fiscales competentes; no así ante el juez constitucional. Niega. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Arbitrariedad. Argumentos. Incompatibilidad.

Expediente 42548 de 2016

LA VENTA DE COSA AJENA ES VÁLIDA EN EL TRÁMITE PROCESAL CIVIL. De acuerdo con los artículos 1871 del Código Civil y 907 del Código de Comercio, la venta de cosa ajena vale. Sin embargo, hoy en día esas normas deben interpretarse en función, precisamente, de la visión que le ha dado al principio de buena fe su constitucionalización. Por tanto, debe entenderse que ese tipo de transacciones son válidas sólo en la medida en que el vendedor en forma sincera y leal informa al comprador desde un principio la situación real del bien porque si. No Casa. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Venta. Interpretación. Trámites.

Expediente 86731 de 2016

LA ACCIONANTE NO EXPUSO SITUACIÓN ALGUNA DE CARÁCTER PARTICULAR DE LA QUE SE DESPRENDA UNA APREMIANTE INTERVENCIÓN CONSTITUCIONAL PARA EVITAR LA CONFIGURACIÓN DE UN PERJUICIO DE CARÁCTER IRREMEDIABLE. El razonamiento de los funcionarios que resolvieron este asunto no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, toda vez que en manera alguna se percibe ilegítimo o arbitrario, como se quiere hacer ver, pues sus conclusiones resultan sensatas, y si ello es así, no puede utilizarse válidamente la acción de tutela, bajo el pretexto de vías de hecho inexistentes, siendo que la accionante discrepa de la conclusión que obtuvo frente a su pedimento, la cual en esta sede constitucional no tiene posibilidades de prosperar. Niega. M.P. Eugenio Fernández Carlier. . Temas: Intervención. Perjuicio. Contravención.

Expediente 85638 de 2016

DETERMINAR SI EFECTIVAMENTE FUE VULNERADO EL DERECHO A LA IGUALDAD DEBE SER CUESTIÓN DE UNA PONDERACIÓN DE SITUACIONES SIMILARES. No es posible emitir ningún pronunciamiento respecto de la alegada violación del derecho a la igualdad, pues el actor solamente señaló su situación de discapacidad porque perdió un brazo, sin indicar de qué manera ello se ha traducido en un trato discriminatorio, ni con relación a quién. De esta manera, el demandante no mencionó que otra persona en su misma condición haya sido tratada de manera distinta o que una en situación diferente haya sido tratada de forma similar, ello impide efectuar el test de ponderación constitucional Niega. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. . Temas: Ponderación. Igualdad. Vulneración.

 

Corte Constitucional

 

Sentencia C 361 del 2016

EL BLOQUEO O TRASLADO DEL VEHÍCULO COMO MEDIDA CORRECTIVA NO AFECTA LA CONSTITUCIÓN. La medida complementaria y correctiva de bloqueo o traslado del vehículo contemplada en las disposiciones contenidas en el artículo 127 del CNT es razonable bajo cada uno de los supuestos analizados. Se trata de una disposición que imponen una restricción a un derecho, en favor de un fin constitucionalmente relevante, a través de un medio que no está prohibido y es adecuado y es efectivamente conducente para lograr el fin buscado. Exequible. M.P. Luis Ernesto Vargas silva. Temas: Restricción. Prohibición. Vehículos.

Sentencia C 327 del 2016

UNA LECTURA SISTEMÁTICA DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD INDICA QUE LA VIDA PRENATAL NO OSTENTA LA TITULARIDAD DEL DERECHO A LA VIDA. La determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el deber de protección de la vida desde la concepción, establecido en el artículo 4.1. de la Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no tiene el mismo grado de protección que el derecho a la vida. Exequible. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Temas: Nacimiento. Lectura. Constitucionalidad.

Sentencia T 289 de 2016

EXCEPCIONALMENTE LA ACCIÓN DE TUTELA ES UN MECANISMO IDÓNEO PARA CUESTIONAR LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR. De la jurisprudencia vigente en esta materia se desprende que están legitimados en la causa por activa los hijos, la cónyuge o compañera permanente en aquellos casos en que la incorporación al servicio militar implica la amenaza o vulneración de los hijos por nacer o los menores de edad; los padres del conscripto, siempre y cuando actúen en calidad de agentes oficiosos, lo manifiesten así o se logre inferir de la tutela, pues la jurisprudencia constitucional ha entendido que el hecho de estar prestando el servicio militar, imposibilita materialmente al afectado para que por sí mismo, ejerza la defensa de sus derechos fundamentales. Confirma. M.P. Alejandro Linares Cantillo Temas: Acción de tutela. Servicio militar. Descuartelamiento. Legitimación en la causa.

Sentencia C 299 de 2016

CORTE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN ” DEL DELITO” CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 118 DEL CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 118 (parcial) de la Ley 65 de 1993. Efectivamente el precepto legal cuestionado apela a una formula genérica que carece de una concreción en la misma disposición demandada. Precisamente, allí se estipula que antes de someter a elección de los internos la lista de aspirantes al Consejo de Disciplina, ésta debe ser sometida a la autorización del director del establecimiento carcelario, quien para el efecto deberá tener como criterio decisión la consideración del delito en que se haya incurrido. No se precisa cuáles son los hechos punibles que inhabilitan la participación de los internos, pues dicha valoración se somete a la discrecionalidad del director, a menos que los reglamentos internos de cada centro carcelario dispongan algo sobre la materia. Declara inexequible M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez . Temas: Inexequibilidad. Código Penitenciario. Consejo de Disciplina. Internos. Lista de aspirantes. Discrecionalidad.

Sentencia T 334 de 2016

IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA SOLICITAR LA DECLARATORIA DEL CONTRATO DE TRABAJO Y EL PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES. Esta Corporación ha sido clara en establecer que debido a la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, en principio, es un asunto que es competencia del juez ordinario laboral, quien deberá determinar si existió o no la relación laboral y, por lo tanto, si hay lugar al pago de las acreencias y sanciones establecidas en la ley, por lo que sólo será procedente el amparo cuando exista una vulneración de los derechos constitucionales fundamentales de una persona de especial protección. Revoca M.P. Alejandro Linares Cantillo Temas: Acción de tutela. Declaratoria contrato de trabajo. Pago. Acreencias laborales. Competencia juez ordinario.

Sentencia T 340 de 2016

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. Cuando a la formulación de la acción de amparo y al inicio del trámite constitucional, le sigue la cesación de la conducta que se identificó como causa de la afectación de los derechos fundamentales, se entiende que hay un hecho superado, caracterizado por la satisfacción íntegra de lo solicitado por el accionante. Solo así puede considerarse que la acción, como una unidad, carece de sentido en tanto lo que se esperaba de ella se obtuvo, antes de la intervención del juez. Confirma M.P. Gloria Stella Ortiz Temas: Acción de tutela. Carencia actual de objeto. Hecho superado. Cesación de la conducta.

Sentencia T 291 de 2016

CARGA DE LA PRUEBA EN LOS CASOS EN QUE SE DISCUTE LA EXISTENCIA DE UN TRATO BASADO EN CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS DE DISCRIMINACIÓN.La autoridad judicial debe aplicar la carga dinámica de la prueba a favor del extremo accionante, es decir, la obligación probatoria se invierte y pasa a cargo del extremo accionado. Esta pauta radica en la dificultad que tiene la parte débil (víctima de un trato diferencial) de una determinada relación para acceder a los documentos y demás materiales probatorios necesarios para acreditar que cierta situación es desfavorable y constituye un desconocimiento de sus derechos fundamentales. En otros términos, el juez de tutela debe trasladar la carga de la prueba a la persona (natural o jurídica) que presuntamente ejerce el trato diferencial, pues ésta cuenta con todos los medios suficientes para demostrar que su proceder no constituye o no se enmarca en algún acto discriminatorio, lo que significa que es insuficiente para el operador jurídico la simple negación de los hechos por parte de quien se presume que los ejecuta. Revoca M.P. Alberto Rojas . Temas: Carga probatoria. Trato discriminatorio. Categorías sospechosas. Inversión de la carga.

Sentencia T 354 de 2016

ES DISCRIMINATORIO EL CONCEPTO RESTRINGIDO DE FAMILIA APLICADO POR UNA EMPRESA PARA ESTABLECER LOS BENEFICIARIOS DE UNA CONVENCIÓN COLECTIVA. Al cobijar únicamente a los padres biológicos y los adoptantes, toda vez que el mismo derecho le asiste y debe reconocerse a los padres de crianza. No hay justificación para que a un trabajador, que tiene la misma relación que tendría un hijo con su madre biológica o adoptiva, le nieguen la inscripción de ella en dicha calidad, bajo el argumento de no existir un vínculo jurídico o de consanguinidad, cuando se evidencia una situación de hecho que da muestra de que se han creado lazos de fraternidad, respeto, afecto y convivencia entre ellos. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Temas: Convención colectiva. Beneficios. Padres de crianza. Sistema de salud.

Sentencia C 274 del 2016

LA CORTE HA DISEÑADO UNAS PAUTAS Y REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN ARAS DE ARMONIZAR SU GARANTÍA CON LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PACIENTES. Analizada la demanda de inconstitucionalidad y una vez declarada la inconstitucionalidad parcial del parágrafo del artículo 9° de la Ley 911 de 2004 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se distan otras disposiciones”, el contenido de este precepto será del siguiente tenor: “el profesional de enfermería podrá hacer uso de la objeción de conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus derechos o imponérsele sanciones”. Inexequible. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Temas: Imposición. Requisitos. Garantías.

Sentencia T 288A de 2016

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA. Esta Corporación ha sostenido que el derecho a la consulta previa adquiere el carácter de fundamental en cuanto involucra un conjunto amplio de garantías de las cuales depende la subsistencia y preservación de la integridad étnica y cultural de los grupos étnicos, indígenas y tribales. La participación no se reduce meramente a una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia ambiental, sino que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las comunidades. Revoca M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. . Temas: Consulta previa. Grupo étnico. Afectación del territorio raizal. Proyecto. Participación.

Sentencia C 328 del 2016

EL RECONOCIMIENTO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD NO CONTRARÍA LA CONSTITUCIÓN. La Corte declaró la exequibilidad condicionada de la expresión censurada (artículo 5º (parcial) de la Ley 1709 de 2014), bajo el entendido de que el apoderado de confianza de la persona privada de la libertad podrá solicitar el reconocimiento de los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión, pues de esta manera se garantizan el principio de igualdad, los derechos fundamentales intangibles de los reclusos como son el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia. Declara Exequible. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Temas: Mecanismos. Garantías. Derechos Fundamentales.

Sentencia T 282 A de 2016

SATISFECHAS LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ACCEDER A LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA, ÉSTA SE HA DE OTORGAR, ASÍ LOS APORTES SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. Ello atendiendo entre otras cosas a que las normas de carácter laboral, en tanto son normas de orden público, tienen efecto general e inmediato lo que significa que se aplica a las situaciones vigentes o en curso en el momento en que aquéllas entren a regir, pero no tiene efecto retroactivo, esto es, no afecta situaciones jurídicamente consolidadas. Revoca. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Temas: Indemnización sustitutiva. Aportes. Efecto general e inmediato. Normas laborales.

Sentencia C 336 del 2016

IMPROCEDENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL: LA NORMA ATACADA AL ESTAR DEROGADA NO PRODUCÍA EFECTOS JURÍDICOS. La Corte Constitucional decidió inhibirse respecto de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 50 del Código Civil, al encontrar que la norma atacada había sido derogada orgánicamente por normas posteriores, tales como, la Ley 5 de 1975, el Código del Menor y el Código de la Infancia y la Adolescencia, mismas que de plano eliminaron cualquier trato discriminatorio frente al hijo adoptivo. De este modo, del texto no se evidencia que la norma se encuentre produciendo efectos jurídicos a pesar de estar derogada, ya que, en la actualidad no se podrían llevar a cabo adopciones con los efectos previstos en la disposición demandada. Inhibida. M.P. Alejandro Linares Cantillo. . Temas: Derogación. Constitucionalidad. Hijo Adoptivo.

Sentencia T 357 de 2016

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LAS PERSONAS PRÓXIMAS A PENSIONARSE. No debe confundirse la estabilidad laboral de los prepensionados con la figura del retén social, para concluir erróneamente que la mencionada estabilidad solo es aplicable en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública. El derecho a la estabilidad laboral reforzada que de esta condición se deriva se concretiza en la garantía de no desvinculación del servicio por el mero acaecimiento del plazo pactado o presuntivo como causa suficiente de terminación, por lo que deberá ordenarse el reintegro de los trabajadores próximos a pensionarse cuyos contratos hayan sido terminados por estas causales cuando quiera que la finalización de la relación laboral signifique para el trabajador una afectación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, verificable por el hecho de que el sustento del trabajador y se derive del salario que percibía. Revoca M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Temas: Trabajador oficial. Duración contrato. Prepensionado. Retén social. Estabilidad laboral reforzada.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 81001 23 33 000 2016 00002 01 de 2016.

EN LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA NO HAY LUGAR AL REINTEGRO, CUANDO EL CARGO QUE OCUPABA ERA DE CARÁCTER TRANSITORIO. Si bien la Constitución y las leyes otorgan una protección especial a las mujeres embarazadas para garantizarles su derecho al trabajo, no es posible que en todos los eventos que el juez decrete el reintegro de la persona despedida ya que la Corte Constitucional ha definido, en reiterada jurisprudencia, los casos en los cuales no son procedentes los reintegros: la empresa fue liquidada o está en proceso de extinción de la persona jurídica, el origen de la desvinculación debido a que el cargo ocupado fue provisto por concurso de méritos, cuando el cargo ocupado en la administración pública sea creado con carácter transitorio (conocidos como descongestión), y cuando existencia de la relación laboral entre las partes depende íntimamente de la existencia de un contrato previo celebrado por el empleador. Modifica. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Temas: Mujer embarazada. Reintegro. Cargo. Carácter transitorio.

Expediente 05001 23 31 000 2003 00103 01 de 2016

EL  HECHO DE EVALUAR EL PERITAJE PRESENTADO REDUNDA EN UN DEBER PROCESAL PARA EL JUEZ AL HABER SIDO APORTADO AL PROCESO. Si bien el a quo fue desacertado en la invocación de los argumentos por los cuales descartó la evaluación del dictamen aportado como prueba en la demanda; ello no implica en modo alguno que su evaluación en esta instancia derive en su eficacia para desvirtuar el aportado por la Administración, pues como se señaló, tal avalúo no se halla dotado de elementos jurídicos ni fácticos que permitan otorgarle el efecto probatorio favorable pretendido por la recurrente. Confirma. M.P. Guillermo Vargas Ayala. . Temas: Peritaje. Evaluación. Aporte.

Expediente 11001 03 24 000 2013 00286 00 de 2016

LAS VIOLACIONES COMO SUSTENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PUEDEN TORNARSE IMPROCEDENTES. De una primera lectura del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y del Decreto que lo reglamentó, no surge la violación alegada como sustento de la medida cautelar, en razón a que no se vislumbra que por el hecho del establecimiento de la tasa se esté afectando la libre competencia, ni obran en el plenario pruebas que así lo demuestren. No Repone. M.P. María Elizabet García González. Temas: Sustento. Medidas Cautelares. Competencia.

Expediente 15001 23 31 000 2011 00095 02 de 2016

IRREGULARIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO FUE COMPROBADO, SIENDO IMPROCEDENTE DETERMINAR ALGÚN ERROR LEGAL. Teniendo en cuenta que para que se decrete la suspensión provisional de un acto administrativo, es necesario que el quebrantamiento de la norma superior sea directo por parte del acto administrativo demandado; igualmente, resulta necesario que el Juez con sólo la apreciación y confrontación directa, o por los documentos públicos aducidos con la demanda, aprecie sin esfuerzo que existe contradicción al ordenamiento jurídico. De este modo, y al no encontrar un acto de tales aspectos es improcedente revocar el acto por medio de la cual se niega una solicitud de licencia ambiental. Confirmó. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. . Temas: Apelación. Licencia Ambiental.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2016 00244 00 de 2016

PRESUPUESTOS PARA QUE EL CONSEJO DE ESTADO DICTE SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN A SOLICITUD DE PARTE. Conforme lo establece el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, cuando a solicitud de parte se pretende que el órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa, dicte una sentencia de este tipo, la petición debe formularse mediante una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia social o económica o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.No Avoca. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Supuestos. Unificación jurisprudencial. Solicitud de parte. Petición. Importancia jurídica. Trascendencia.

Expediente 25000 23 42 000 2012 00122 01 de 2016

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA NO ES UN DERECHO EXCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PREVIAMENTE CALIFICADA. Dicha garantía cobija también a los no calificados, pues la discapacidad es una condición comprobable empíricamente en la realidad que no puede sujetarse a una formalidad como el dictamen de las Juntas de Calificación de Invalidez, en estricto apego al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, establecido en el artículo 53 Constitucional. Confirma. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Libre nombramiento y remoción. Declaratoria de insubsistencia. Cargo. Discrecionalidad. Buen servicio. Estabilidad laboral reforzada. Discapacitados.

Expediente 27001 23 33 000 2013 00154 01 de 2016

DERECHO AL PAGO DE LAS CESANTÍAS ES DE ORDEN PÚBLICO, IRRENUNCIABLE E IMPRESCRIPTIBLE. El derecho a las cesantías no está consagrado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, por tanto, no se les debe aplicar la prescripción trienal contenida en las mismas, además, ni la Ley 6 de 1945 como tampoco la Ley 65 de 1946 establecieron un término para solicitar su pago, pues las mismas son un ahorro a favor del trabajador cuya finalidad está encaminada a suplir las necesidades de este cuando quede cesante. Confirma. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. . Temas: Prescripción. Excepción. Acción laboral. Cesantías.

Expediente 25000 23 25 000 2011 00812 01 (0807 2015) de 2016

LA NORMA PROCESAL ESTABLECE UNA OPORTUNIDAD PARA RECURRIR LA SENTENCIA AL INTERIOR DE UN PROCESO Y OTRA, PARA CONTROVERTIR EL AUTO QUE RESUELVE UNA SOLICITUD DE CORRECCIÓN CONTRA DICHA PROVIDENCIA. A la luz del artículo 331 del C.P.C, actual artículo 302 del Código General del Proceso, en los eventos en que se pide aclaración o complementación de una providencia, ésta queda ejecutoriada una vez se resuelva la solicitud; no obstante cuando lo que se requiere es la corrección de la sentencia contencioso administrativa, su firmeza se produce al vencimiento de los diez días con que cuentan las partes para impugnar el referido proveído. Confirma. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Notificación. Sentencias. Ejecutoria. Solicitud. Corrección. Aclaración. Complementación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 26 000 2016 00044 00 (56580) de 2016

NATURALEZA EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL DEL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES. Su finalidad teniente a proteger la garantía fundamental al debido proceso, hacen que éste sólo sea procedente por vicios procedimentales o in procedendo, más no de juzgamiento o in iudicando y con fundamento en las causales expresa y taxativamente señaladas. De esa manera, se torna a todas luces improcedente que en sede de anulación el Juez Contencioso Administrativo aborde nuevamente el estudio y análisis del asunto de fondo, reviva el debate probatorio efectuado en el curso del trámite arbitral, o cuestione los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria utilizada por el juez arbitral para adoptar su decisión. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa Temas: Laudo arbitral. Anulación. Finalidad. Vicios procedimentales. Causales. Taxatividad.

Expediente 13001 23 31 000 2003 02167 01 (41482) de 2016.

EL RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO IMPLICA QUE EL JUEZ DECRETE EL PAGO DE INDEMNIZACIONES A LOS AFECTADOS. Las apreciaciones efectuadas por el Tribunal de primera instancia no fueron correctas, ya que aunque reconoció la existencia de responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por la muerte del hijo de los demandantes, no decretó el pago de indemnizaciones e inclusive la exoneró de tal deber sin que existiera justificación alguna para tal manera de proceder; es necesario tener en cuenta la existencia de precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado en tal clase de controversias, ya que allí se han definido los parámetros para el pago de indemnizaciones a familiares, siempre que se encuentre debidamente probada la falla administrativa que causó los perjuicios. Revoca. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Responsabilidad patrimonial del Estado.

Expediente 25000 23 26 000 1999 00015 02 (35534) de 2016

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA OMISIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL SE CONFIGURARÁ ÚNICAMENTE CUANDO LOS DAÑOS CAUSADOS SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES VIGILADAS. Ninguna responsabilidad puede endilgarse a la Superintendencia Financiera, razón por la cual habrá de modificarse el fallo apelado en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, no como consecuencia de declarar probadas las excepciones de acción indebida y caducidad de la acción, como lo hizo el a quo, sino por ausencia de la falla en el servicio aludida por los demandantes. Modifica. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Vigilancia. Responsabilidad. Actuación.

Expediente 25000 23 26 000 1999 02026 01 (33580) de 2016

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS SE ENCUENTRAN LEGITIMADAS PARA INCOAR LA ACCIÓN CONTRACTUAL. La Sala ha sostenido que las aseguradoras pueden atacar los actos mediante los cuales la administración pública declara el siniestro por incumplimiento, como también contra aquellos proferidos con ocasión de la actividad contractual cuando en relación con los mismos a la aseguradora le asista un interés directo. Confirma C.P. Hernán Andrade Rincón. . Temas: Acción contractual. Liquidación de contrato. Compañías aseguradoras. Siniestro. Incumplimiento.

Expediente 6600 12331 000 2000 00663 02 (31403) de 2016

ACTOR DEJÓ CADUCAR EL TÉRMINO PARA IMPONER LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA FRENTE AL DESPOJO DEL BIEN INMUEBLE. Teniendo en cuenta que el despojo del predio del actor se dio en 1998, se concreta que el mismo pudo tener conocimiento del mismo con anterioridad es decir el 26 de diciembre de 1997, fecha en la cual se dio inicio a las obras por parte de la entidad accionada, se entiende que desde esa fecha surgió el interés para acceder a la administración de justicia, transcurriendo ello hasta el 26 de enero de 2000. No obstante, el actor presentó la demanda sólo hasta el 15 de agosto de 2000, razón por la cual es claro y evidente que la acción de reparación no se ejerció oportunamente y se encuentra caducada. Confirmó. M.P. Jaime Orlando santofimio Gamboa. Temas: Acción de Reparación. Despojo. Caducidad del Término.

Expediente 66001 23 31 000 2004 00739 01 (36241) de 2016

PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO NO LOGRARON DETERMINAR QUE EL ESTADO DE LA VÍA FUE LA CAUSANTE DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Al establecer que la opinión del testigo en relación con la posible causa del accidente no se constituye en prueba de ello, y al no contarse con algún otro medio de prueba que ofrezca certeza acerca de lo que ocurrió el día de los hechos, es procedente revocar la decisión que declaró responsable al municipio accionado de los perjuicios causados a los accionantes en accidente de tránsito, seguido a esto las fotos aportadas al proceso no dan certeza si las mismas corresponden a al mismo día en que ocurrió el accidente. De este modo, las consideraciones anteriormente expuestas en relación con la falta de prueba acerca del hecho dañoso coinciden con el argumento de defensa del municipio de Dosquebradas a lo largo del proceso, esto es, la imposibilidad de establecer si el accidente de tránsito fue consecuencia de que la motocicleta cayera a un hueco. Revocó. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.  Temas: Reparación. Accidente de Tránsito.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 27 000 2011 00296 01 (19732) de 2016.

EN EL IMPUESTO PREDIAL TANTO EL PROPIETARIO COMO EL POSEEDOR MATERIAL SON DEUDORES SOLIDARIOS DEL TRIBUTO. El artículo 18 del Decreto 352 de 2002 ha establecido que existe solidaridad entre el propietario y el poseedor del inmueble, de manera que la Administración Distrital estaba facultada para exigir el pago del impuesto predial a cualquiera de los sujetos, sin importar quien posea materialmente o goce del bien; la parte demandante solo dejó de ser sujeto pasivo del impuesto en el momento en que hizo registro de la compraventa efectuada, es decir desde el año 2006 y siguientes, ya que como lo han establecido las normas civiles la transferencia de la propiedad se perfecciona una vez registrada la venta ante la oficina competente. Confirma.C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Temas: Propiedad. Transferencia. Solidaridad. Registro.

Expediente 25000 23 37 000 2012 00077 01 (20328) de 2016.

LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO ADELANTADOS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEBEN TENER COMO FUNDAMENTO NORMAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.Contrario a los argumentos expresados por la parte demandante, señala el Consejo de Estado que el procedimiento de cobro adelantado por el Distrito Capital debido a la omisión en el pago del impuesto del “fondo de pobres”, fue realizado teniendo en cuenta las normas vigentes que regulan este tributo y garantizando los derechos al debido proceso y la defensa de la persona jurídica requerida; por lo tanto es acertada la actuación de la Administración Distrital al haber proferido la liquidación de aforo imponiendo la respectiva sanción por no declarar, ya que como se mencionó anteriormente, las normas en las cuales se fundamenta el cobro sí se encuentran vigentes. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Procedimientos de cobro. Impuesto del fondo de pobres. Sanción por no declarar.

Expediente 68001 23 31 000 2011 00802 01 (21790) de 2016.

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA DIAN RESPECTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXÓGENA. El artículo 637 del Estatuto Tributario dispone que las sanciones pueden ser impuestas a través de liquidaciones oficiales o resoluciones independientes, y en este segundo caso el artículo 638 del mismo estatuto determina que la facultad de la autoridad tributaria implica, que deba formularse el pliego de cargos correspondiente dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se presente la declaración de renta y complementarios, del periodo en que ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, en caso de infracciones continuas en el tiempo. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Infracciones. Facultad sancionatoria. Pliego de cargos.

Expediente 76001 23 31 010 2007 01510 01 (21250) de 2016.

EL GASTO ASUMIDO POR LA DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, PUEDE SER DEDUCIBLE SIEMPRE QUE TENGA RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD GENERADORA DE RENTA. Respecto a la discusión surgida entre la DIAN y la empresa demandante, el Consejo de Estado da la razón a esta última ya que el costo en que incurrió por concepto de destrucción de medicamentos vencidos, fue realizado debido a exigencias legales en materia sanitaria relacionadas con el tratamiento de medicamentos que por su fecha de vencimiento no es posible que sean comercializados, y al ser la actividad generadora de renta la venta de medicamentos por parte del contribuyente dicho costo antes señalado, cumple con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario para ser considerado como una expensa necesaria, y por lo tanto deducible en el impuesto sobre la renta y complementarios. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de ValenciaTemas: Medicamentos vencidos. Destrucción. Tratamiento. Renta.

Expediente 05001 23 31 000 2007 00539 01 (19998) de 2016.

AL MOMENTO DE DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO, EL CONTRIBUYENTE SOLO PUEDE HACER USO DE LAS DEDUCCIONES QUE ESTÉN EXPRESAMENTE PERMITIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS. Tal como lo señala el Consejo de Estado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estaba legalmente facultada para modificar la declaración tributaria de la sociedad demandante, ya que respecto a la liquidación del impuesto para preservar la seguridad democrática se debieron incluir los ajustes integrales por inflación de los bienes raíces de la contribuyente, adicionalmente los Decretos 1838 de 2002 y 1949 del mismo año solo permiten excluir de la base gravable de dicho impuesto, el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales a partir del 31 de agosto de 2002, y no el valor de saneamiento fiscal de los bienes que hizo la sociedad requerida. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. . Temas: Base gravable. Deducciones. Normas tributarias.

Expediente 05001 23 31 000 2010 01320 01 (20369) de 2016.

TODO INGRESO SUSCEPTIBLE DE INCREMENTAR EL PATRIMONIO DEL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA GRAVADO, A MENOS QUE LAS NORMAS CONTEMPLEN ALGUNA EXENCIÓN. Contrario a la posición manifestada por el Tribunal de primera instancia, a pesar de que contablemente se le da un tratamiento distinto a los aportes ordinarios y extraordinarios que los socios hicieron al club demandante, es evidente que dichos aportes causaron un incremento patrimonial de la actora y no como manifiesta esta, que se trataron de recursos destinados de modo exclusivo al cumplimiento del fin social para el cual fue constituida; de manera que esos aportes tienen la calidad de ingresos ya que causan un incremento del patrimonio del contribuyente, y por lo tanto no pueden ser excluidos de la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios. Revoca. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. .Temas: Aportes. Ingresos. Incremento patrimonial.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 13001 23 33 000 2016 00100 01 de 2016.

EN MATERIA ELECTORAL EL AUTO QUE RECHAZA LA REFORMA DE LA DEMANDA SÍ PUEDE SER OBJETO DE IMPUGNACIÓN ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO. El legislador quiso que en asuntos electorales las figuras de admisión, inadmisión y rechazo de la demanda y los recursos procedentes en cada caso fueran tratados de forma diferenciada, tal como lo expresa el artículo 276 de la Ley 1437 de 2011, la cual regula todo lo relacionado con la jurisdicción de lo contencioso administrativo; dicha norma y las demás que regulan las demandas electorales permiten la posibilidad de que el auto que rechaza la reforma de la demanda pueda ser impugnado, de modo que no hay lugar a la actuación del juez de primera instancia ya que la misma no se ajusta a las normas que regulan esta clase de controversias. Revoca. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.  Temas: Demandas electorales. Controversias. Reforma. Demanda. Auto. Rechaza.

Expediente 47001 33 31 751 2016 00011 01 de 2016.

AUNQUE SE DEBE RESPETAR EL ORDEN DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES, LAS PERSONAS CON PROTECCIÓN REFORZADA TIENEN DERECHO A RECIBIR SU PAGO DE MANERA ANTICIPADA. En materia de indemnizaciones, las normas colombianas establecen el deber de respetar el orden en que los sujetos acudieron a la justicia, para exigir el pago de indemnizaciones por daños causados por el Estado aunque tal orden no puede ser aplicad de manera rígida, ya que tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional hay personas que se encuentran en estado de debilidad o vulnerabilidad manifiesta, bien sea por condiciones de edad, económicas o sociales que amerita la realización de acciones por parte del Estado para garantizar sus derechos y el disfrute del pago de la indemnización. Revoca. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Temas: Vulnerabilidad manifiesta. Indemnización. Pago. Orden.

Expediente 41001 23 33 000 2016 00059 01 de 2016.

CUANDO LA PARTE SOLICITANTE DEMUESTRE PLENAMENTE LOS HECHOS MENCIONADOS EN SU PETICIÓN EL JUEZ NO PUEDE OPONERSE A DECRETAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS DEMANDADOS. La decisión de primera instancia que negó la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados, no tuvo en cuenta que de acuerdo a las pruebas aportadas por el demandante, efectivamente la contraparte pudo haber incurrido en régimen de inhabilidades para ejercer el cargo para el cual fue designado; de modo que si las pruebas demostraban de manera inequívoca los cargos señalados en la demanda el juez debía proceder a decretar la suspensión provisional de los actos demandados. Revoca. C.P. Rocío Araujo Duarte. Temas: Actos demandados. Pruebas. Cargos.

Expediente 68001 23 33 000 2016 00206 01 de 2016

EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN PUEDE SER ACEPTADO CUANDO EL MISMO SE JUSTIFIQUE. En el presente caso el actor interpuso recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de no suspender provisionalmente los efectos del acto de elección de la señora Oliva Olivella Guarín como Contralora de Barrancabermeja 2016-2019. Sin embargo, ante esta Sección, manifestó su deseo de desistir de la alzada, petición que será aceptada. Acepta. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Temas: Apelación. Desistimiento. Justificación.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 22 04 000 201600634 01 de 2016

EL TRATAMIENTO DE JUSTICIA PARA LOS INTEGRANTES DE LAS FARC DEBE SER OTORGADO A QUIEN CUMPLA CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN LA LEY. El accionante no demostró cumplir los requisitos que exige la ley para que el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Justicia Transicional, tramite el beneficio jurídico del indulto, razón suficiente para establecer que los derechos fundamentales del accionante no han sido vulnerados. Declara. M.P. Alberto Poveda Perdomo. Temas: Integrantes. Justicia. Requisitos.

Expediente 11001 22 04 000 2015 03217 00 de 2016

EL QUE SE TENGA INTERÉS EN UN PROCESO DETERMINADO NO SE TRADUCE NECESARIAMENTE EN LA LEGITIMIDAD PARA ACTUAR EN TUTELA CONTRA LAS SENTENCIAS QUE ALLÍ SE PROFIERAN. No se compadece la acción incoada con el último de los presupuestos, ya que el actor procura hacer uso del amparo constitucional luego de transcurridos más de tres meses de estar en firme la providencia cuestionada, y sin que tampoco pueda desconocer la Sala que los hechos denunciados por el quejoso tuvieron ocurrencia en el año 2000, siendo puestos en conocimiento de la autoridad solo el 9 de octubre de 2012, transcurridos más de 12 años desde el momento de la presunta comisión de las conductas punibles, circunstancia que, en tanto no presenta justificación, descarta de plano la necesidad urgente de proteger los derechos fundamentales presuntamente conculcados. No tutela. M.P. Jairo José Agudelo Parra. DocuTemas: Traducción. Protección. Interés.

Expediente 11001 22 04 000 2016 00333 00 de 2016.

EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA ES INDISPENSABLE PARA QUE EL JUEZ PUEDA ADMITIRLA. Las inconformidades del quejoso con las actuaciones de las entidades demandadas no pueden ser decididas a través del mecanismo de tutela, ya que como señala una de las demandadas el accionante cuenta con otros medios de defensa en contra del proceso de selección adelantado por parte de la Agencia Nacional de Minería; tal hecho torna improcedente la tutela ya que antes de acudir a ella, es necesario haber ejercido todos los medios de defensa disponibles que permite la ley en contra de las actuaciones demandadas, de modo que al no cumplir el requisito de subsidiariedad tampoco hay lugar a decidir de manera favorable la tutela.Declara. M.P. Jairo José Agudelo Parra. . Temas: Subsidiariedad. Juez. Medios de defensa.

Expediente 11001 2204 000 2016 00520 00 de 2016

SI BIEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR ES EXIGIBLE A TODOS LOS CIUDADANOS VARONES, NO LO ES PARA AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES. A pesar de estar demostrado que el accionante, en la oportunidad que tuvo, requirió de manera verbal a la autoridad dejándoles saber que debía ser considerada su condición de hijo único, aún se encuentra a disposición del Ejército Nacional prestando servicio militar obligatorio, del que podría estar excluido, vulnerándose sus derechos a la dignidad humana y debido proceso, por tanto resulta procedente su amparo. Concede. M.P. Fernando Adolfo Pareja Reinemer. Temas: Excepciones. Requerimientos. Dignidad.

Expediente 11001 31 09 001 2015 00154 01 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER ASUMIDA COMO UN MEDIO DE DEFENSA PARALELO EN CONTRA DE DECISIONES JUDICIALES DEBIDAMENTE PROFERIDAS. Cuando las decisiones del juez fueron emitidas de acuerdo a las normas que regulen la controversia decidida, exista una suficiente motivación para indicar las razones de la sentencia y no haya vulneración de derechos fundamentales, no pueden haber causales que pueda invocar la parte actora para interponer una acción de tutela en contra de la entidad requerida, ya que esta brindó los espacios para que el demandante ejerciera su derecho a la defensa en contra de los actos administrativos que eran desfavorables a sus pretensiones; por lo tanto la acción de tutela no puede ser usada como una instancia más para intentar revocar decisiones del juez. Confirma. M.P. Jairo José Agudelo Parra. . Temas: Decisiones. Instancia. Medio de defensa.

Expediente 11001 60 00 000 2015 01923 01 de 2016

LAS PONDERACIONES EFECTUADAS EN ESA OPORTUNIDAD POR EL JUEZ AL REALIZAR LA DOSIFICACIÓN PUNITIVA FUERON DIVERSAS A LAS PROPIAS DE UN JUICIO ORDINARIO QUE SE CARACTERIZA POR LA INMEDIACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA. El conocimiento previo por alguna de las formas de terminación anticipada del proceso no afecta la imparcialidad del funcionario y, por ende, no da lugar a la declaratoria de impedimento, pues en tales eventos no se aborda una labor de valoración probatoria. De esta manera, cuando por decisión voluntaria de los imputados se pone término a la investigación de manera anticipada, la actuación de la autoridad judicial se contrae a dictar sentencia de conformidad con lo convenido por las partes. Declara. M.P. Ramiro Riaño Riaño. Temas: Indemnización. Procesos. Investigación.

Expediente 11001 62 00 000 2010 00016 01 de 2016

LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA SUSTITUTIVA DEBERÁ SER DENEGADA, POR NO ACREDITARSE EL FACTOR OBJETIVO DEL BENEFICIO. Cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta; y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem. Revoca. M.P. Ramiro Riaño Riaño. Temas: Concesión. Sanciones. Suspensión.

 

Ministerio de Salud y Protección Social

 

Concepto 1257471 de 2016

EXPEDICIÓN DE INCAPACIDADES RETROACTIVAS DE ORIGEN COMÚN. La Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, con el memorado de registro 20164200138253 ha indicado, que no se puede expedir certificado de incapacidad con vigencia retroactiva en el caso de pacientes de atención ambulatoria, exceptuándose de esta prohibición aquellos casos en los cuales se determina que el episodio de ausentismo laboral tuvo origen en trastornos de la memoria, confusión mental, desorientación en tiempo y espacio y otras alteraciones de la esfera psíquica, como consecuencia de patología psiquiátrica, causas orgánicas o intoxicación con psicotrópicos y/o alcohol y accidentes de trabajo que generen politraumatismos severos. En estos eventos el certificado lo puede expedir únicamente el médico especialista tratante y su retroactividad no debe ser superior a treinta días calendario, contados a partir de la fecha de expedición. Temas: Expedición. Incapacidades. Retroactivas. Origen común.

Concepto 1271281 de 2016

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE EPS Y USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD. Como bien lo disponen los artículos 38 y 126 de la Ley 1438 de 2011, la entidad llamada a resolver este tipo de conflictos, en torno a la determinación del responsable en el pago de los servicios de salud prestados al afiliado del sistema, es la Superintendencia Nacional de Salud. Temas: Competencia. Controversias. EPS. Usuarios. Sistema de salud. Pago. Servicios.

Concepto 1255901 de 2016

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD. Si bien el artículo 2.2.3.1 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, no prevé para los casos de incumplimiento, la posibilidad de que se tomen medidas cautelares en contra de dichas entidades, los aportantes (acreedores) pueden informar tal situación a la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que en el marco de su función jurisdiccional, la cual se encuentra establecida en el literal g) del artículo 412 de la Ley 1122 de 2007, adicionado por el artículo 1264 de la Ley 1438 de 20115, podrá dirimir los conflictos que se susciten entre las Entidades Promotoras de Salud y los aportantes. Temas: Pago. Prestaciones económicas. Incumplimiento. EPS. EOC. Supersalud. Función jurisdiccional. Conflictos. Aportantes.

Concepto 1288811 de 2016

VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 1740 DE 2008, SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y ENTIDADES ADAPTADAS PREVISTAS EN EL SISTEMA DE HABILITACIÓN. Como quiera que con la expedición del Decreto 2702 de 2014, hoy incorporado en el Decreto 780 de 2016, se actualizaron y ajustaron las condiciones financieras y de solvencia del Sistema Único de Habilitación de las Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Entidades Adaptadas de Salud, la Resolución 1740 de 2008, perdió su asidero normativo, por lo que actualmente se entiende derogada tácitamente. Temas: Sistema de salud. Condiciones financieras. Solvencia. Habilitación. EPS. Régimen contributivo. Entidades adaptadas.

 

Consejo Superior de la Judicatura

Decreto 1166 de 2016

TRÁMITE DE LA PRESENTACIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN CAMBIARÁ. Minjusticia consideró necesario que el ejercicio del derecho de petición verbal promueva el acceso de la ciudadanía a los servicios ofrecidos por el Estado, para que el requisito de la presentación por escrito no sea obstáculo para el ejercicio de los derechos individuales y, de la misma manera, no afecte la celeridad de los trámites administrativos. Temas: Petición. Trámite. Celeridad.

Acuerdo 10546 de 2016

CREACIÓN DE CARGOS EN LA SALA DE CASACIÓN CIVIL. Con el presente acuerdo se pretende aclarar el artículo 1 del acuerdo PSAA16-10538 de 2016, por el cual se crearon unos cargos transitorios en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se establece la creación de cargos en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Temas: Creación. Cargos. Aclaración.

Decreto 1167 de 2016

SE SUPRIMEN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 1069 DE 2015 (DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO). Con el objeto de compilar, racionalizar y contar con un instrumento jurídico único para el sector de Justicia y del Derecho, se realizó la agrupación de normas reglamentarias del sector en un solo texto, por lo que las mismas se incorporaron sin ninguna modificación o sustitución de su contenido normativo. Sin embargo, se ordenó la modificación y supresión de algunas disposiciones del artículo 2.2.4.3.1.1.2. del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Temas: Reglamento. Incorporación. Sustitución.

 

Ministerio de Trabajo

 

Concepto 61454 de 2016

RETENCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA. Los descuentos por este concepto se hacen tal y como lo haya ordenado el Juez en su providencia, sin embargo, si en la misma tan solo se mencionara que de sebe hacer la retención sobre el salario, se entiende que debe hacerse sobre la sumatoria de los elementos que lo constituyen, antes de los descuentos pertinentes, pues se estaría a la acepción que sobre salario hace el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Temas: Retención. Cuota alimentaria. Descuentos. Salario. Orden judicial.

 

Procuraduría General de la Nación

 

Concepto 6143 de 2016

AL NO SEÑALAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SE AFECTA EL DEBIDO PROCESO. El jefe del Ministerio Público solicitó a la corte Constitucional condicionar la constitucionalidad del numeral 4 del artículo 8 de la Ley 1678 de 2013, en el sentido de que dicha circunstancia deba sujetarse a la posterior decisión del juez penal, quien precisamente es la autoridad competente para proferir la sentencia correspondiente teniendo en cuenta la responsabilidad penal del becario acusado. Temas: Debido Proceso. Inocencia. Competencia.

2 comentarios en “Agosto 15 – 19 del 2016

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