Agosto 16 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2016 00649 00 de 2016.

LAS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NIEGUEN EL PAGO DE PRESTACIONES AL TRABAJADOR DEBEN SER DEMANDADOS ANTE EL JUEZ LABORAL. Aunque inicialmente la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas en contra de actos administrativos, es necesario tener en cuenta que aquellos actos que niegan el pago de acreencias laborales al trabajador adquieren todas las características de un título ejecutivo, el cual puede hacerse exigible ante el juez del trabajo ya que se trata de una obligación expresa, clara y exigible, es un documento que proviene del deudor y constituye plena prueba contra el mismo; de modo que un acto con estos atributos no puede ser demandado a través de los medios de control (nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho), sino que el pago debe ser reclamado a través de una demanda ejecutiva laboral. Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Expediente 52001 11 02 000 2016 00014 01 de 2016

ES OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD REQUERIDA RESPONDER DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL Y DE FONDO LA PETICIÓN INTERPUESTA POR EL INTERESADO. A pesar de las reiteradas consultas efectuadas por la parte demandante para indagar sobre la petición presentada, la entidad accionada no dio respuesta de fondo y dentro del término legal establecido; la vulneración al derecho de petición es susceptible de ser protegida mediante la acción de tutela ya que así lo contemplan la Constitución y la ley, por lo tanto no son de recibo los argumentos de la entidad accionada al señalar que nunca se cumplió el requisito de subsidiariedad, debido a que las pruebas demuestran que la accionante hizo uso de todos los recursos permitidos para tratar de obtener una respuesta a su petición. Modifica. M.P. Rafael Alberto García Adarve, Temas: Petición. Responder. Término legal. Subsidiariedad.

Expediente 41001 11 02 000 2014 00153 01 de 2016.

EL ABOGADO DEBE INFORMAR A LA MENOR BREVEDAD POSIBLE LA RECEPCIÓN DE DINEROS DE SU CLIENTE. Señala la Sala Disciplinaria de segunda instancia que el sujeto sancionado incurrió en falta a la honradez del abogado, ya que a pesar de estar facultado por su cliente para efectuar el cobro judicial de una deuda nunca rindió el respectivo informe a su poderdante, y efectuó el cobro de los títulos de depósito judicial entregados por la parte demandada sin hacer devolución del dinero a su cliente; adicionalmente la entrega de dichos dineros solo fue efectuada una vez que el investigado tuvo conocimiento del proceso disciplinario en su contra, por lo tanto no hay lugar a tener en cuenta más atenuantes de responsabilidad que aquellos aplicados por el juez de primera instancia. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Atenuantes de responsabilidad. Proceso disciplinario. Honradez del abogado.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 66001 22 13 000 2016 00291 01 de 2016

LA CORTE DEBE ADOPTAR MEDIDAS QUE PERMITAN EL REINTEGRO DE LOS MENORES A SU FAMILIA BIOLÓGICA. No observa la Sala que por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se hayan agotado otras opciones para preservar la integridad familiar y posibilitar el retorno de los niños a la misma, antes de acudir a la medida extrema de adopción. Por lo anterior, es menester resaltar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe garantizar el ingreso de los menores y su familia a programas que permitan restablecer sus derechos, a través del equipo interdisciplinario con que cuenta la institución para situaciones como la que aquí nos ocupa. Modifica. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. . Temas: Medidas. Familia biológica. Integridad.

Expediente 13001 22 21 000 2016 00051 01 de 2016.

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE RESPONDER DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL LAS PETICIONES EFECTUADAS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS. De acuerdo con la Ley 1755 de 2015 es deber de las entidades estatales contestar dentro del plazo establecido a las peticiones efectuadas por los ciudadanos, pero para el caso en estudio a pesar de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, la autoridad accionada no demostró haber contestado de fondo la consulta de la parte demandante lo cual constituye una vulneración injustificada al derecho fundamental de petición, habilitando al peticionario para que ejerza la acción del tutela con el fin de proteger sus derechos. Confirma. M.P. Margarita Cabello Blanco. Temas: Peticiones. Ciudadanos. Término legal. Derecho fundamental.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 42019 de 2016

PARA EFECTOS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES SE CUENTA EL TIEMPO LABORADO EN ENTIDADES OFICIALES, A PESAR QUE ÉSTE NO HAYA SIDO OBJETO DE APORTES A ENTIDADES DE PREVISIÓN O SEGURIDAD SOCIAL. Si bien en un principio la Corte no admitía la sumatoria de cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales con los tiempos de servicios en el sector público no cotizados a ninguna entidad de seguridad social, tal criterio fue rectificado a partir de la sentencia CSJ SL 4457 de 2014. Casa. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán.Temas: Sistema pensional. Reliquidación mesadas. Jubilación por aportes.

Expediente 67325 de 2016

VÍA DE HECHO SE DESCARTA CUANDO SE ADVIERTE QUE LA DECISIÓN JUDICIAL NO CARECE DE MOTIVACIÓN, O NO ES CAPRICHOSA NI SUBJETIVA. Esta Corporación ha sido constante en sostener que la función del juez de tutela no es la de invadir la órbita de competencia del juez natural del proceso, cuando en virtud de su facultad de libre apreciación toma una decisión, pues ello resultaría contrario a la seguridad jurídica del Estado de Derecho. Confirma M.P. Gerardo Botero Zuluaga. . Temas: Acción de tutela. Providencia judicial. Vía de hecho. Motivación. Competencia. Libre apreciación.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 41667 de 2016

EL INCUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN SUSTITUTIVA POR PARTE DE LA MENOR DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA. En aplicación de lo dispuesto en la norma, y de los principios acogidos por los instrumentos internacionales que abogan por que la privación de la libertad en casos de menores solo se aplique como último recurso, y que cuando sea posible se opte por acudir a medidas sustitutivas, reemplazará la sanción de privación de la libertad en centro de atención especializado por la de libertad asistida o vigilada, por el tiempo que falta para el agotamiento de la primera. Casa Parcialmente. M.P. José Francisco Acuña Vizcaya. Temas: Aplicación. Privación de la Libertad. Reemplazo.

Expediente 43146 de 2016

SE CONFIRMÓ EL CRITERIO CON EL QUE FUERON IMPUESTAS CON LA MISMA INTENSIDAD POR EL JUEZ A QUO LAS PENAS, ES DECIR, UN QUANTUM SEMEJANTE A LA PENA PRINCIPAL. Se deben tener en cuenta los criterios de proporcionalidad que guiaron al juzgador en la atribución de la pena de prisión, esto es, que en relación con el delito base (Homicidio consumado), con el error en los extremos punitivos que viene de anotarse, al mínimo que es posible imponer, valga decir, 208 meses, incrementó 10 meses, para un total parcial de 218 meses de prisión, lo que equivale al 20.30% del margen de movilidad de que trata el artículo 61 del Código Penal. Casa. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. .Temas: Proporcionalidad. Prisión. Movilidad.

Expediente 44425 de 2016

LO NO CONTEMPLADO EN LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O EN LA DE ACUSACIÓN O EN LOS ALEGATOS FINALES NO PUEDE SER OBJETO DE ESTUDIO DURANTE EL PROCESO. Como ocurrió con el procesado, los juzgadores estaban impedidos para emitir fallo alguno aunque fuera de orden absolutorio, como en efecto ocurrió en torno al secuestro, por cuanto no hizo parte de la imputación, tampoco se contempló en la acusación oral y escrita ni en los alegatos de cierre de la fiscalía, razón por la que se impone anular parcialmente la sentencia de primera instancia frente al referido comportamiento delictivo. Casa Oficiosamente. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Temas: Imputación. Acusación. Instancias.

 

Corte Constitucional

Sentencia C 361 del 2016

EL BLOQUEO O TRASLADO DEL VEHÍCULO COMO MEDIDA CORRECTIVA NO AFECTA LA CONSTITUCIÓN. La medida complementaria y correctiva de bloqueo o traslado del vehículo contemplada en las disposiciones contenidas en el artículo 127 del CNT es razonable bajo cada uno de los supuestos analizados. Se trata de una disposición que imponen una restricción a un derecho, en favor de un fin constitucionalmente relevante, a través de un medio que no está prohibido y es adecuado y es efectivamente conducente para lograr el fin buscado. Exequible. M.P. Luis Ernesto Vargas silva. Temas: Restricción. Prohibición. Vehículos.

Sentencia C 327 del 2016

UNA LECTURA SISTEMÁTICA DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD INDICA QUE LA VIDA PRENATAL NO OSTENTA LA TITULARIDAD DEL DERECHO A LA VIDA. La determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el deber de protección de la vida desde la concepción, establecido en el artículo 4.1. de la Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no tiene el mismo grado de protección que el derecho a la vida. Exequible. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Temas: Nacimiento. Lectura. Constitucionalidad.

Sentencia T 289 de 2016

EXCEPCIONALMENTE LA ACCIÓN DE TUTELA ES UN MECANISMO IDÓNEO PARA CUESTIONAR LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR. De la jurisprudencia vigente en esta materia se desprende que están legitimados en la causa por activa los hijos, la cónyuge o compañera permanente en aquellos casos en que la incorporación al servicio militar implica la amenaza o vulneración de los hijos por nacer o los menores de edad; los padres del conscripto, siempre y cuando actúen en calidad de agentes oficiosos, lo manifiesten así o se logre inferir de la tutela, pues la jurisprudencia constitucional ha entendido que el hecho de estar prestando el servicio militar, imposibilita materialmente al afectado para que por sí mismo, ejerza la defensa de sus derechos fundamentales. Confirma. M.P. Alejandro Linares Cantillo Temas: Acción de tutela. Servicio militar. Descuartelamiento. Legitimación en la causa.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 81001 23 33 000 2016 00002 01 de 2016.

EN LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA NO HAY LUGAR AL REINTEGRO, CUANDO EL CARGO QUE OCUPABA ERA DE CARÁCTER TRANSITORIO. Si bien la Constitución y las leyes otorgan una protección especial a las mujeres embarazadas para garantizarles su derecho al trabajo, no es posible que en todos los eventos que el juez decrete el reintegro de la persona despedida ya que la Corte Constitucional ha definido, en reiterada jurisprudencia, los casos en los cuales no son procedentes los reintegros: la empresa fue liquidada o está en proceso de extinción de la persona jurídica, el origen de la desvinculación debido a que el cargo ocupado fue provisto por concurso de méritos, cuando el cargo ocupado en la administración pública sea creado con carácter transitorio (conocidos como descongestión), y cuando existencia de la relación laboral entre las partes depende íntimamente de la existencia de un contrato previo celebrado por el empleador. Modifica. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Temas: Mujer embarazada. Reintegro. Cargo. Carácter transitorio.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 11001 03 25 000 2016 00244 00 de 2016

PRESUPUESTOS PARA QUE EL CONSEJO DE ESTADO DICTE SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN A SOLICITUD DE PARTE. Conforme lo establece el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, cuando a solicitud de parte se pretende que el órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa, dicte una sentencia de este tipo, la petición debe formularse mediante una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia social o económica o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.No Avoca. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Supuestos. Unificación jurisprudencial. Solicitud de parte. Petición. Importancia jurídica. Trascendencia.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 11001 03 26 000 2016 00044 00 (56580) de 2016

NATURALEZA EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL DEL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES. Su finalidad teniente a proteger la garantía fundamental al debido proceso, hacen que éste sólo sea procedente por vicios procedimentales o in procedendo, más no de juzgamiento o in iudicando y con fundamento en las causales expresa y taxativamente señaladas. De esa manera, se torna a todas luces improcedente que en sede de anulación el Juez Contencioso Administrativo aborde nuevamente el estudio y análisis del asunto de fondo, reviva el debate probatorio efectuado en el curso del trámite arbitral, o cuestione los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria utilizada por el juez arbitral para adoptar su decisión. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa Temas: Laudo arbitral. Anulación. Finalidad. Vicios procedimentales. Causales. Taxatividad.

Expediente 13001 23 31 000 2003 02167 01 (41482) de 2016.

EL RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO IMPLICA QUE EL JUEZ DECRETE EL PAGO DE INDEMNIZACIONES A LOS AFECTADOS. Las apreciaciones efectuadas por el Tribunal de primera instancia no fueron correctas, ya que aunque reconoció la existencia de responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por la muerte del hijo de los demandantes, no decretó el pago de indemnizaciones e inclusive la exoneró de tal deber sin que existiera justificación alguna para tal manera de proceder; es necesario tener en cuenta la existencia de precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado en tal clase de controversias, ya que allí se han definido los parámetros para el pago de indemnizaciones a familiares, siempre que se encuentre debidamente probada la falla administrativa que causó los perjuicios. Revoca. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Responsabilidad patrimonial del Estado.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 25000 23 27 000 2011 00296 01 (19732) de 2016.

EN EL IMPUESTO PREDIAL TANTO EL PROPIETARIO COMO EL POSEEDOR MATERIAL SON DEUDORES SOLIDARIOS DEL TRIBUTO. El artículo 18 del Decreto 352 de 2002 ha establecido que existe solidaridad entre el propietario y el poseedor del inmueble, de manera que la Administración Distrital estaba facultada para exigir el pago del impuesto predial a cualquiera de los sujetos, sin importar quien posea materialmente o goce del bien; la parte demandante solo dejó de ser sujeto pasivo del impuesto en el momento en que hizo registro de la compraventa efectuada, es decir desde el año 2006 y siguientes, ya que como lo han establecido las normas civiles la transferencia de la propiedad se perfecciona una vez registrada la venta ante la oficina competente. Confirma.C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Temas: Propiedad. Transferencia. Solidaridad. Registro.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 13001 23 33 000 2016 00100 01 de 2016.

EN MATERIA ELECTORAL EL AUTO QUE RECHAZA LA REFORMA DE LA DEMANDA SÍ PUEDE SER OBJETO DE IMPUGNACIÓN ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO. El legislador quiso que en asuntos electorales las figuras de admisión, inadmisión y rechazo de la demanda y los recursos procedentes en cada caso fueran tratados de forma diferenciada, tal como lo expresa el artículo 276 de la Ley 1437 de 2011, la cual regula todo lo relacionado con la jurisdicción de lo contencioso administrativo; dicha norma y las demás que regulan las demandas electorales permiten la posibilidad de que el auto que rechaza la reforma de la demanda pueda ser impugnado, de modo que no hay lugar a la actuación del juez de primera instancia ya que la misma no se ajusta a las normas que regulan esta clase de controversias. Revoca. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.  Temas: Demandas electorales. Controversias. Reforma. Demanda. Auto. Rechaza.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

Expediente 11001 22 04 000 201600634 01 de 2016

EL TRATAMIENTO DE JUSTICIA PARA LOS INTEGRANTES DE LAS FARC DEBE SER OTORGADO A QUIEN CUMPLA CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN LA LEY. El accionante no demostró cumplir los requisitos que exige la ley para que el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Justicia Transicional, tramite el beneficio jurídico del indulto, razón suficiente para establecer que los derechos fundamentales del accionante no han sido vulnerados. Declara. M.P. Alberto Poveda Perdomo. Temas: Integrantes. Justicia. Requisitos.

Expediente 11001 22 04 000 2015 03217 00 de 2016

EL QUE SE TENGA INTERÉS EN UN PROCESO DETERMINADO NO SE TRADUCE NECESARIAMENTE EN LA LEGITIMIDAD PARA ACTUAR EN TUTELA CONTRA LAS SENTENCIAS QUE ALLÍ SE PROFIERAN. No se compadece la acción incoada con el último de los presupuestos, ya que el actor procura hacer uso del amparo constitucional luego de transcurridos más de tres meses de estar en firme la providencia cuestionada, y sin que tampoco pueda desconocer la Sala que los hechos denunciados por el quejoso tuvieron ocurrencia en el año 2000, siendo puestos en conocimiento de la autoridad solo el 9 de octubre de 2012, transcurridos más de 12 años desde el momento de la presunta comisión de las conductas punibles, circunstancia que, en tanto no presenta justificación, descarta de plano la necesidad urgente de proteger los derechos fundamentales presuntamente conculcados. No tutela. M.P. Jairo José Agudelo Parra. DocuTemas: Traducción. Protección. Interés.

Expediente 11001 22 04 000 2016 00333 00 de 2016.

EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA ES INDISPENSABLE PARA QUE EL JUEZ PUEDA ADMITIRLA. Las inconformidades del quejoso con las actuaciones de las entidades demandadas no pueden ser decididas a través del mecanismo de tutela, ya que como señala una de las demandadas el accionante cuenta con otros medios de defensa en contra del proceso de selección adelantado por parte de la Agencia Nacional de Minería; tal hecho torna improcedente la tutela ya que antes de acudir a ella, es necesario haber ejercido todos los medios de defensa disponibles que permite la ley en contra de las actuaciones demandadas, de modo que al no cumplir el requisito de subsidiariedad tampoco hay lugar a decidir de manera favorable la tutela.Declara. M.P. Jairo José Agudelo Parra. . Temas: Subsidiariedad. Juez. Medios de defensa.

 

Procuraduría General de la Nación

Concepto 6143 de 2016

AL NO SEÑALAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SE AFECTA EL DEBIDO PROCESO. El jefe del Ministerio Público solicitó a la corte Constitucional condicionar la constitucionalidad del numeral 4 del artículo 8 de la Ley 1678 de 2013, en el sentido de que dicha circunstancia deba sujetarse a la posterior decisión del juez penal, quien precisamente es la autoridad competente para proferir la sentencia correspondiente teniendo en cuenta la responsabilidad penal del becario acusado. Temas: Debido Proceso. Inocencia. Competencia.