Agosto 2 del 2016

Presidencia de la República

Ley 1801 de 2016

POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

Ley 1802 de 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA TASA REAL DE 0% DE INTERESES EN LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS POR EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO PARA ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1,2 Y 3.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2015 01301 00 de 2016.

LOS DELITOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA FUERA DEL SERVICIO ACTIVO NO SON COBIJADOS POR EL FUERO MILITAR. Aunque se reconozca la existencia de una jurisdicción penal especial para los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía en Colombia, es necesario resaltar que solo tiene competencia cuando se cometen delitos dentro del servicio activo y como consecuencia de las funciones asignadas, ya que aquellas conductas que desconocen garantías fundamentales deben ser asignadas por competencia a la justicia penal ordinaria, tal como lo ha señalado en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional; al tratarse de un homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario, es deber de la Fiscalía competente adelantar la investigación respectiva. Asigna. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Fuero militar. Jurisdicción penal especial. Derecho internacional humanitario.

Expediente 11001 11 02 000 2011 06767 02 de 2016.

ES DEBER DEL PROFESIONAL DEL DERECHO REPORTAR AL JUZGADO COMPETENTE LOS ABONOS DE LAS OBLIGACIONES COBRADAS POR VÍA EJECUTIVA. Gracias a las pruebas recaudadas durante la investigación disciplinaria, fue posible determinar que el abogado no se encargó de reportar los dineros recibidos por concepto del pago de la deuda que estaba siendo cobrada, sin ser de recibo las excusas presentadas por el disciplinable al manifestar que como acreedor tiene derecho a perseguir los bienes de su deudor, ya que la Ley 1123 de 2007, en el numeral 4º del artículo 37 es clara al expresar que constituye una falta a la debida diligencia profesional el hecho de omitir o retardar el reporte a los juzgados, de los abonos a las obligaciones que se estén cobrando judicialmente. Niega. M.P. Adolfo León Castillo Arbeláez. . Temas: Reporte. Juzgados. Obligaciones. Debida diligencia profesional.

Expediente 13001 11 02 000 2016 00017 01 de 2016.

LA OMISIÓN ADMINISTRATIVA FRENTE A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LOS CIUDADANOS IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. A pesar de las justificaciones presentadas por las entidades accionadas frente al recurso de amparo interpuesto por la ciudadana, es evidente que han transcurrido más de seis meses sin haber otorgado ninguna respuesta de fondo a la solicitud planteada por la peticionaria, lo cual le impide sin ninguna justificación legal el adecuado ejercicio de sus derechos fundamentales; las autoridades administrativas deben respetar el término consagrado en la ley para dar respuesta a las peticiones que eleven respetuosamente los ciudadanos, ya que en caso contrario dicha omisión es susceptible de ser debatida por vía de tutela ante el juez constitucional. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Omisión administrativa. Solicitudes. Vía de tutela

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 11001 02 03 000 2016 00936 00 de 2016.

NIEGAN ACCIÓN DE TUTELA POR NO ENCONTRARSE VULNERADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Por lineamiento jurisprudencial y tratándose de providencias judiciales, el resguardo constitucional procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley y, por supuesto se cumpla el requisito de la inmediatez. Niega. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. . Temas: Vulneración de Derechos Fundamentales.

Expediente 11001 02 03 000 2010 01759 00 de 2016

MANIOBRA FRAUDULENTA EXISTE EN TODOS LOS CASOS EN QUE UNA DE LAS PARTES EN UN PROCESO, O AMBAS, MUESTRAN UNA APARIENCIA DE VERDAD PROCESAL CON LA INTENCIÓN DE DERIVAR UN PROVECHO JUDICIAL. Discrepancia entre la verdad material y la que fue acreditada en el proceso. La censora, puntualmente, acusó a su contraparte en el proceso ejecutivo de haber utilizado maniobras fraudulentas para vencerla. Tales actos fueron: la formulación de excepciones de mérito, que en su opinión no atacaban el título ejecutivo y «trataban de suplir angustiosamente el haberse perdido la oportunidad para objetar la reclamación»; y la presentación de denuncias penales contra «funcionarios, empleados, abogados y contra el señor Jaime Ramírez Rodríguez», así como «quejas disciplinarias, denuncias y recusaciones», con lo que consiguió infundir temor a quienes debían resolver, y por tal causa sus providencias resultaron «desatinadas y abiertamente contradictorias con la reglamentación jurídica existente para el caso concreto». Ante el caso planteado la Corte concluyó que no son fraudulentos aquellos actos que han sido puestos a consideración del aparato judicial sin doblez o fingimiento alguno, y que los intervinientes han tenido la oportunidad de conocer y controvertir. Declara infundado. M.P. Ariel Salazar Martínez. Recurso extraordinario de revisión.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 44600 de 2016

ENTENDIMIENTO UNÍVOCO DE LA NORMA CONVENCIONAL FRENTE A LA PENSIÓN RESTRINGIDA DE JUBILACIÓN. La cláusula convencional tiene la estructura propia de una pensión restringida, de manera que no resulta necesario que el trabajador tenga cumplida la edad en el momento de la presentación de la demanda, pues basta con que se demuestre el cumplimiento del tiempo de servicio a la entidad y el retiro del cargo por cualquier razón distinta al despido sin justa causa. Casa parcialmente. M.P. Gerardo Botero Zuluaga Temas: Norma convencional. Pensión restringida. Pensión sanción. Requisitos.

Expediente 44605 de 2016

CONFIGURACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL. La línea que de tiempo atrás ha trazado la Corporación, es que para que opere la sustitución patronal se requiere que el trabajador continúe prestando efectivamente sus servicios al nuevo empleador. Casa parcialmente. M.P. Gerardo Botero Zuluaga.  Temas: Sustitución patronal. Prestación de servicios. Continuidad. Empleador.

Expediente 43424 de 2016.

EL ACCIONANTE DEBE APORTAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA DEMOSTRAR LOS DERECHOS VULNERADOS. La acción de tutela interpuesta por el demandante para exigir el reclamo de sus derechos no puede ser fallada de manera favorable, ya que a pesar de señalar varias decisiones judiciales adversas a sus intereses nunca aporto copia o alguna otra prueba que permitiera demostrar la existencia de las mismas, siendo deber del accionante aportar todos los elementos probatorios que fundamenten la existencia de presuntos derechos vulnerados. Niega. M.P. Fernando Castillo Cadena. . Temas: Pruebas. Derechos vulnerados. Decisiones judiciales.

Expediente 43442 de 2016.

LAS SENTENCIAS QUE FUERON PROFERIDAS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y RESPETANDO LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES NO PUEDEN SER IMPUGNADAS MEDIANTE LA ACCIÓN DE TUTELA. Frente a los reclamos presentados por los accionantes en su recurso de amparo, señala la Corte Suprema de Justicia que los hechos señalados como una posible vulneración de derechos fundamentales no encuentra ninguna justificación, ya que los errores presentados en los anexos de la demanda no pueden ser corregidos de oficio por el juez, debido a que implicaría inmiscuirse en un asunto que no es de su competencia y para tal efecto es que decreta la inadmisión de la demanda, otorgando a los demandantes un plazo legal para que la corrijan y puedan interponerla en debida forma. Niega. M.P. Fernando Castillo Cadena. Temas: Inadmisión. Demanda. Errores.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Auto 47145 de 2016

LAS PETICIONES NO SOLUCIONADAS NO SON COMPETENCIA DE LA CORTE SO PENA DE VIOLENTAR LA DOBLE INSTANCIA. Le asiste razón a los apelantes al echar de menos un pronunciamiento del A quo respecto de su solicitud probatoria, pues en la sesión del 6 de octubre de 2015 no hizo referencia alguna a la solicitud de información al INCODER, bien fuera para denegarla o decretarla. De esta manera, como la mencionada petición quedó sin solución, falencia que la Corte no puede suplir, en tanto tal procedimiento vulneraría el principio de la doble instancia, se decretó la nulidad parcial de la audiencia preparatoria, a efectos de que el A quo se pronuncie sobre la pretensión probatoria de la defensa. Declara. M.P. Patricia Salazar Cuellar. Temas: Pronunciamientos. Nulidad. Pretensiones.

Expediente 86359 de 2016

EL JUEZ LE IMPOSIBILITÓ A LA PARTE ACTORA PROPONER LOS MEDIOS DE DEFENSA QUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO LE OFRECE PARA DERRUIR LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ LA APELACIÓN DE FORMA ADVERSA A SUS INTERESES. Resultó evidente y protuberante, de esa forma, la lesión experimentada por el solicitante en la medida que le fue anulada la facultad de conocer los argumentos que condujeron al fallador de segundo grado a revocar la sentencia recurrida y, de paso, se itera, la posibilidad de refutar ese pronunciamiento. Ampara el debido proceso. M.P. Gustavo Enrique Malo. Derecho fundamental al debido proceso.

 

Corte Constitucional

Sentencia T 199 de 2016

CON EL DEBIDO MATERIAL PROBATORIO SE ADJUDICARÁ LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL A LA CÓNYUGE Y COMPAÑERA PERMANENTE. Esta Sala protegió los derechos de la esposa y de la compañera permanente de manera transitoria y ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social a que se les reconozca y pague en la misma proporción el 50% de la pensión del señor Rojas, mientras que la jurisdicción ordinaria laboral define cuáles serán los porcentajes correspondientes de la sustitución pensional en virtud del tiempo convivido, tanto a la cónyuge como a la compañera permanente. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Temas: Sustitución. Pensión. Adjudicación.

Sentencia T 228 de 2016

LA EXISTENCIA DE UN YERRO AMERITA LA DEVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA QUE SEAN CORREGIDOS. Se encuentra demostrado que los jueces de instancia infringieron el precedente sentado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, al declararse inhibidos para fallar, motivo por el cual, se protegerán los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dejando sin efectos las decisiones del Juzgado Tercero Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá, para que en su lugar, el a quo subsane los yerros evidenciados en esta providencia. Revoca. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. . Temas: Devolución. Expedientes. Yerros.

Sentencia T 229 de 2016

LA RENUNCIA DE UN SERVIDOR NO PUEDE ESTAR SOMETIDA A PROCESOS DISCIPLINARIOS. En el presente proceso resulta arbitrario que la Universidad habiendo previsto el docente la presentación de su carta de renuncia para que procediera a la terminación legal de su vínculo y habiendo insistido en ella en 2 oportunidades, hoy lo someta a un trámite disciplinario, no solo afectando su permanencia en la institución para la cual laboraba sino afectando la posibilidad de obtener la condonación de la beca obtenida con Colciencias, por cuanto la condonación del contrato de crédito educativo depende de que se cumpla a satisfacción con el programa de estudios y de su vinculación a la entidad que lo presentó. Revoca parcialmente. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Temas: Renuncia. Terminación. Condonación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 76001 23 31 000 2001 00872 01 de 2016

REESTRUCTURACIÓN OFICIOSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. El artículo 36 del Decreto 1558 de 1998, dispone que la autoridad competente está autorizada para efectuar en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios así lo exijan, una reestructuración para mejorar la prestación del servicio, el cual se debe sustentar con un estudio técnico en condiciones normales de demanda. Confirma C.P. María Claudia Rojas. Temas: Reestructuración. Transporte público. Estudio técnico.

Expediente 11001 03 24 000 2015 00044 00 de 2016

NEGADA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. La mencionada sentencia de unificación, no reconoció derecho alguno en favor del demandante, en tanto confirmó el fallo de primera instancia, proferido el 20 de junio de 1997 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual negó las pretensiones de la demanda; las cuales tenían por objeto que se declarara la nulidad de los fallos sancionatorios emanados de la Procuraduría General de la Nación en contra del General Velandia Hurtado, y, en consecuencia, como restablecimiento del derecho, se le reintegrara al cargo, reconociéndole los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir, así como los daños extrapatrimoniales causados, con ocasión de dicha sanción. Rechazar. M.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Extensión de jurisprudencia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 11001 03 15 000 2016 00551 00 de 2016

SUSPENSIÓN DEL CARGO DE ALCALDE NO IMPLICA SEPARACIÓN DEL MISMO. La ley es clara al señalar que la persona que ejerce como alcalde tiene autoridad política, por lo que se encuentra inhabilitado para ejercer como tal, entre otros, aquel que tenga vínculo por matrimonio con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido como alcaldes. La norma no diferencia entre alcaldes suspendidos o no de sus funciones, sino que parte del hecho de que quien ocupa el cargo de alcalde tiene autoridad política. Niega. C.P. William Hernández Gómez. Temas: Suspensión del cargo. Alcalde. Autoridad política. Vínculo matrimonial.

Expediente 25000 23 42 000 2013 00563 01 (0637 14) de 2016

RÉGIMEN PENSIONAL APLICABLE A LOS CONGRESISTAS. Si bien se originó en la Ley 4 de 1992 y se desarrolló en el Decreto 1359 de 1993, sus contornos se restringieron con la creación del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, de modo que a partir de esta ley sólo resulta aplicable en virtud del régimen de transición que señaló el Decreto 1293 de 1994, siempre que tuvieran una expectativa legítima de adquirir el derecho pensional a la vigencia de esas disposiciones. Confirma. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Temas: Régimen pensional. Congresistas. Régimen de transición. Expectativa legítima.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 11001 03 26 000 2015 00139 00 (55224) DE 2016.

SOLICITUD DE UNIFICACIÓN Y EXTENSIÓN JURISPRUDENCIAL, ES RECHAZADA POR NO CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA LEY 1437 DE 2011. Una de las novedades que trajo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fueron la Solicitud de Extensión de Jurisprudencia y el Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia, los cuales están reglados por una solemnidades que no se pueden desacreditar. Para el caso en estudio, los solicitantes no demostraron ni manifestaron haber actuado como parte demandante en un proceso judicial que hubiese sido resuelto con sentencia adversa, contra la cual hubieren interpuesto recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia ante el respectivo Tribunal Administrativo, como tampoco acreditaron la presentación de solicitud de extensión de jurisprudencia ante las autoridades administrativas competentes, razón por la cual, no es posible tramitar su petición bajo ninguno de los dos mecanismos aquí analizados. Rechaza. M.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Solicitud de Extension y Unificacion de Jurisprudencia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 08001 23 31 000 2009 00013 01 (20711) de 2016.

EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO SE DEBEN INDICAR Y COMPROBAR DE MANERA CLARA LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE. El Instituto del Seguro Social al proferir la liquidación que sirvió como título ejecutivo para adelantar el procedimiento de cobro, solo se limitó a señalar las sumas de dinero que debía entidad requerida por concepto de aportes “patrono-laborales”, pero no existe prueba mediante la cual se pudiera señalar de manera clara el método a través del cual el Seguro Social logró determinar la deuda pendiente, lo cual desconoce de manera evidente las leyes colombianas, las cuales exigen que los actos administrativos deben estar debidamente motivados y que en los procedimientos en contra de los administrados, se deben respetar los derechos fundamentales de estos. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. .Temas: Actos administrativos. Procedimiento de cobro. Motivados.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 13001 23 33 000 2015 00766 01 de 2016

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONSTITUYE UN NUEVO PROCESO Y NO UNA INSTANCIA ADICIONAL. En lo que respecta al término para la interposición del recurso dependiendo de la causal alegada, el artículo 251 del CPACA fijó un plazo para su interposición, específicamente en relación con los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. El recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original. Confirma. C.P. Alberto Yepes Barreiro. . Recurso extraordinario de revisión.

Expediente 11001 03 15 000 2015 03461 01 de 2016

NORMA SOBRE TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA DEBE INTERPRETARSE ACORDE CON UN ENFOQUE CONSTITUCIONAL FUNDADO EN LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Acción de tutela contra providencia judicial proferida por la sección tercera del Consejo de Estado. No puede responsabilizarse al actor por la demora de las autoridades en la ejecución de la orden, y por ello, lo correcto es entender que éste solo tuvo conocimiento de que no recuperaría su bien, hasta el 25 de octubre de 1997 fecha en la que se resolvió de manera definitiva abstenerse de realizar el lanzamiento por ocupación de hecho en vista del asentamiento de más de 240 familias en el terreno. Entonces, no se entiende por qué razón, no se contó el término de caducidad, desde la actuación definitiva, en la que el actor tuvo conocimiento de que no se llevaría a cabo el desalojo, pues hasta ese momento, la administración estaba en trámite de realizar la mencionada diligencia. Así pues, con un enfoque constitucional fundado en la salvaguarda de los derechos fundamentales, y sobre todo, tomando en cuenta las muy especiales circunstancias que rodearon el caso concreto, en el que se vulneró el derecho a la propiedad privada como deber del Estado, se evidencia que concurren los presupuestos exigidos para conceder el amparo constitucional, toda vez que la providencia enjuiciada incurrió en defecto sustantivo reseñado. Revoca. C.P. Alberto Yepes Barreiro.  Código contencioso administrativo – articulo 136 – numeral 8. Acción de tutela contra providencia judicial.

 

Ministerio de Trabajo

Concepto 102129 de 2016

DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. Los sindicatos deben estar compuestos por trabajadores o empleadores, por cuanto el origen del derecho de libertad sindical tiene la defensa y procura de mejores condiciones laborales, por lo que resulta incompatible la conformación de un sindicato dentro de una CTA, conformado por sus socios, por cuanto estos ostentan conjuntamente la calidad de dueños, es decir, ni son trabajadores ni están subordinados a nadie ni nada diferente que a sus estatutos y reglamentos.

Concepto 107409 de 2016

TRABAJADORES QUE TIENEN FUERO SINDICAL. El artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 12 de la Ley 584 de 2000 dispone que están amparados por esta garantía los fundadores del sindicato, los adherentes, los miembros de la junta directiva y subdirectiva, sin pasar de cinco principales y cinco suplentes y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un principal y un suplente, así como dos miembros de la comisión estatutaria de reclamos. . Temas: Fuero sindical. Trabajadores. Garantía.