Agosto 25 —

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2016 00330 00 de 2016.

DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado que de acuerdo con la Ley 393 de 1997, de las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto administrativo, conocen en primera instancia los jueces administrativos en el lugar de domicilio del accionante, y en segunda instancia el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento al cual pertenezca el juzgado de primera instancia; por lo tanto la norma es clara al señalar que la competencia para decidir las acciones de cumplimiento, está en cabeza del juez administrativo y este no puede excusarse en un aparente conflicto de jurisdicciones para no conocer del asunto planteado. Dirimir. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Competencia. Acciones de cumplimiento. Jueces administrativos.

Expediente 76001 11 02 000 2013 03222 01 de 2016.

SOLO PUEDEN SER OBJETO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA LAS DECISIONES JUDICIALES QUE VULNEREN DE MANERA CLARA LAS LEYES COLOMBIANAS. La actuación de la funcionaria que fue objeto de investigación disciplinaria, no constituye ninguna causal para la imposición de sanciones por parte de la autoridad competente, ya que al haber decretado medidas cautelares de embargo en contra de las cuentas bancarias del Instituto del Seguro Social (ISS) lo hizo teniendo en cuenta precedentes constitucionales relacionados con la excepción a la inembargabilidad, medidas que fueron decretadas dentro de los principios de independencia y autonomía de la rama judicial y por lo tanto no desconocen normas de superior categoría. Confirma.M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Precedentes constitucionales. Cuentas bancarias. Excepción a la inembargabilidad.

Expediente 11001 01 02 000 2015 03289 00 de 2016.

LOS CONFLICTOS DE ORIGEN LABORAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y SUS TRABAJADORES NO PUEDEN SER DIRIMIDOS POR EL JUEZ ADMINISTRATIVO. El artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 define cuáles son los asuntos que podrá conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y el artículo 105 del mismo código excluye de manera expresa cualquier asunto relacionado con conflictos de carácter laboral surgidos entre entidades públicas y sus trabajadores oficiales, de modo la norma es clara al respecto y al ser el asunto estudiado un conflicto de tal naturaleza, la competencia para decidir esta clase de controversias corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Conflictos. Origen laboral. Competencia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 19001 22 13 000 2016 00121 01 de 2016

SÓLO CON EL PODER DEBIDAMENTE OTORGADO LOS APODERADOS TENDRÁN LA CAPACIDAD DE INICIAR O CONTINUAR CON LAS ACTUACIONES PROCESALES DE CARÁCTER ORDINARIO Y CONSTITUCIONAL. La deficiencia estudiada es singularmente notable en este caso por cuanto fue destacada desde el inicio del trámite, cuando se apreció en los anexos que la postulación pretendía constituirse con la copia del poder conferido para el Proceso Ejecutivo Singular, y en razón de ello, la Magistrada Ponente en primera instancia, dispuso un requerimiento para que la solicitante allegara poder debidamente conferido, que la facultara para actuar en nombre y representación de la empresa ELECTROSERVICIOS S.A. dentro de la acción constitucional.Confirma. M.P. Luis Alonso Puerta. Temas: Poder. Continuación. Apoderamiento.

Expediente 08001 22 13 000 2016 00252 01 de 2016

LA RAZONABILIDAD DEL TÉRMINO PARA QUE SE CONFIGURE LA INMEDIATEZ DE LA SALVAGUARDA SE CONFIGURA OTRA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL RESGUARDO. Aunada y probada a la falta de legitimación en la causa para impetrar la tutela en virtud a la carencia de poder para obrar por parte del abogado que suscribe la solicitud, y que constituye una causal directa de improcedencia de la acción, al haberse impetrado esta desatendiendo el esencial principio de la inmediatez, conllevan a que se confirme la sentencia denegatoria del resguardo, por improcedente. Como quiera que la última actuación que el juez convocado se realizó sin mediar una justificación, el intento para que en sede de tutela se cuestione esa decisión. Confirma. M.P. Luis Alfonso Rico Puerta. Temas: Inmediatez. Resguardo. Improcedencia.

Expediente 11001 22 03 000 2016 00976 01

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA: AL EXISTIR OTROS MECANISMOS NO ES DABLE ACCEDER AL AMPARO CONSTITUCIONAL. La evidente existencia de otros medios de defensa judicial para la protección de los derechos invocados, demerita la imposición de la tutela, pues la misma, no tiene vocación tampoco como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional. Confirma. M.P. Luis Alfonso Rico Puerta. . Temas: Mecanismos. Improcedencia. Defensa Judicial.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 43780 de 2016

JURISPRUDENCIA DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE HA ESTIMADO COMO PRUDENCIAL EL TÉRMINO DE SEIS MESES PARA ACUDIR AL AMPARO CONSTITUCIONAL. De igual manera ha indicado que pese a que las disposiciones que disciplinan esta acción constitucional no fijan un término específico para su formulación, de acuerdo con los criterios de urgencia, celeridad y eficacia del artículo 3 del Decreto 2591 de 1991, que gobiernan dicho mecanismo, se requiere que el interesado actúe tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. Niega. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. Temas: Acción de tutela. Término. Formulación. Criterios. Hecho generador. Vulneración. Amenaza. Derechos fundamentales.

Expediente 43784 de 2016

JUEZ CONSTITUCIONAL NO PUEDE INTERVENIR EN AQUELLOS ASUNTOS EN LOS QUE EL JUEZ NATURAL OBRÓ CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Pese a las inconformidades expresadas por las accionantes, la acción de tutela está concebida como un medio de defensa excepcional y subsidiario al cual no puede acudirse como si se tratase de un recurso paralelo, adicional, sustituto u opcional de los procesos ordinarios diseñados por el legislador para la resolución de las diversas controversias que surgen entre los ciudadanos, pues de ser así se resquebrajaría el sistema jurídico al diluir la delimitación de las competencias que la constitución y la ley han atribuido a los Jueces de tutela y a los Jueces naturales. Niega. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán Temas: Acción de tutela. Juez constitucional. Juez natural. Delimitación de competencias.

Expediente 67321 de 2016

PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DEBE EXISTIR LA VALORACIÓN Y PRESCRIPCIÓN MÉDICA. La Corte ha indicado que no es viable una orden genérica y ulterior al respecto, pues la valoración y prescripción permiten evidenciar el estado de salud del paciente bajo un criterio técnico que sugiere la necesidad de su realización, lo que permite contar con verdaderos elementos de juicio que admiten sobrepasar un análisis formal para establecer fundadamente la violación de derechos fundamentales. Modifica parcialmente. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Temas: Salud. Tratamiento integral. Medicamentos. Prestación de servicios. Valoración. Prescripción médica.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 86723 del 2016

AÚN BAJO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINE EL ACCIONANTE LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE TOMARSE COMO UNA TERCERA INSTANCIA. Como la parte actora, en esencia, pretendió a través de esta acción censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, hizo tornar de improcedente el amparo solicitado, porque el Constituyente no le otorgó a la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de mecanismo paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial, ni como una alternativa en caso de no haber hecho uso de los mismos en debida forma. Confirma. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Instancias. Procedimiento. Mecanismos.

Expediente 86771 del 2016

LA ACCIÓN DE TUTELA SE FUNDA EN EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD: LA SOLICITUD DE AMPARO SÓLO PROCEDE CUANDO EL ACCIONANTE HAYA AGOTADO OPORTUNAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS RECURSOS. La acción de tutela no procederá cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que, en el presente caso no es posible acceder a la petición de amparo, por lo que se impartirá confirmación del fallo de tutela proferido por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. Confirma. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Temas: Recursos. Precedencia. Amparo.

Expediente 86608 del 2016

LA SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN POR RECLUSIÓN HOSPITALARIA O DOMICILIARIA PUEDE SER DISPUESTA POR EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS. La decisión del Director General del INPEC sea discrecional-reglada significa que ha de fundarse en criterios objetivos. En consecuencia, en este caso no se puede calificar de arbitraria ya que se soportó en el concepto de un médico, vertido el 27 de noviembre de 2015, según el cual las dolencias del señor recluido podían seguir siendo tratadas en el EMPASCAS de Cómbita. Y la realidad es que no obran ningún dictamen o valoración posterior que señale lo contrario, razón por la cual el juez de ejecución de penas no pudo determinar la viabilidad se la sustitución de la pena por reclusión domiciliaria.Confirma. M.P. José Luis Barceló Camacho. Temas: Reclusión. Dolencias. Sustitución.

 

Corte Constitucional

Sentencia T 351 del 2016

EL DESATENDIMIENTO DE DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA PENSIONAL AFECTA EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Es censurable a la Administración que en desatención a las decisiones judiciales, cambie la situación jurídica de los administrados y los mantenga en vilo y estado de zozobra sobre sus propios derechos pensionales. En ese sentido, encuentra esta Sala que COLPENSIONES ha actuado por fuera de los mandatos constitucionales y, con ello, ha comprometido los derechos fundamentales del accionante. Revoca. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Temas: Pensión. Compromiso. Mandatos.

Sentencia T 366 del 2016

EL DICTAMEN DE UNA ENFERMEDAD EN LA INFANCIA DEBE SER ANALIZADO PREVIO ESTABLECIMIENTO DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL Y LAS CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES LA PERSONA PUDO TRABAJAR. El hecho de que la pérdida de capacidad laboral de la actora hubiese sido determinada en su infancia desconoce la materialidad de los hechos que demuestran que sí contaba con la capacidad para trabajar y vincularse al sistema de seguridad social en pensiones de manera autónoma, cuestión que hubiera seguido realizando de no ser por la evolución del cáncer de tiroides con el que fue diagnosticada recientemente. Revoca. M.P. Alberto Rojas Ríos. . Temas: Dictamen. Capacidad Laboral. Diagnóstico.

Sentencia T 368 del 2016

EL DESPIDO DE PERSONAL COBIJADO POR FUERO DE ESTABILIDAD LABORAL DEBIDO A SU SITUACIÓN DE SALUD SE TORNA A TODA VISTA IMPROCEDENTE. En el desarrollo de la litis se comprobó que la empresa accionada tenía pleno conocimiento de la situación de salud del accionante, pero que aun así prosiguió con el despido, alegando el incumplimiento de las funciones propias del cargo, sin que para ello mediara autorización del Ministerio del Trabajo. Por tal motivo, concluyó que el actor le fue vulnerado su derecho a la estabilidad laboral reforzada por lo cual debió ordenarse su reintegro sin solución de continuidad y pagarse la sanción que prevé la ley para el despido discriminatorio. Revoca. M.P. Alberto Rojas Ríos.  Temas: Conclusión. Reintegro. Estabilidad.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2015 00759 00 (2495 2015) de 2016

FUNDAMENTO TELEOLÓGICO DE LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA. El Consejo de Estado ha indicado que la razón de ser de esta figura es la solución de controversias en sede administrativa, que a su vez evita acudir al órgano judicial para resolver la litis y conlleva a la materialización del principio de legalidad y el derecho de igualdad, de tal suerte que el administrado puede solicitar a la autoridad legalmente competente la extensión de los efectos de una sentencia de unificación en la que se haya reconocido un derecho, siempre que acredite identidad fáctica y jurídica frente al demandante en la providencia invocada. Rechaza. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Extensión de jurisprudencia. Sentencia de unificación. Controversias. Sede administrativa. Identidad fáctica y jurídica.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00771 00 (2547 2015) de 2016

ÓRGANO DE CIERRE DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA REITERA LAS SENTENCIAS QUE SON CONSIDERADAS DE UNIFICACIÓN. El artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 al regular este tipo de sentencias señaló que son aquellas que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia, las proferidas al decidir los recursos extraordinarios, y las relativas al mecanismo eventual de revisión en las acciones populares y de grupo. Rechaza. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. . Temas: Extensión de jurisprudencia. Procedencia. Sentencia de unificación. Efectos.

Expediente 11001 03 25 000 2015 00895 00 (3357 2015) de 2016

PROCEDIMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS. El artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que si se niegan la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad administrativa hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 ibídem, el interesado puede acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que debe acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente. Rechaza. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez . Temas: Extensión de jurisprudencia. Sentencia de unificación. Silencio. Autoridad. Escrito razonado.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 47001 23 31 000 2005 00205 01 (40413) de 2016

EL ALEGATO DE HECHOS CONTRARIOS A LA REALIDAD PROCESAL EN MATERIA PENAL AFECTA LOS EFECTOS DE REPARACIÓN O SOLICITUD DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS.En el trámite procesal resulta inadmisible que el demandante, luego de tratar de inducir en error a la administración de justicia, entregarle a las autoridades un documento falso y actuar de forma dolosa contra su ex empleada para que fuera declarada responsable en proceso penal por un delito que no cometió y al ser investigado y privado de la libertad al adelantarse en su contra una actuación de la misma índole por el aporte de dicho documento falso, procure una reparación aseverando la autenticidad de del referido escrito y el desconocimiento de los resultados de las dos pruebas grafológicas, para luego afirmar que nunca se resolvió durante el proceso penal el dilema respecto a su legitimidad. Confirma. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Inducción. Adelantamiento. Pruebas Grafológicas.

Expediente 2500 23 26 000 2007 00664 01 (46818) de 2016

LA PROHIBICIONES DEL CPACA AMERITAN UN ESTUDIO DE FONDO PREVIO A LA RECEPCIÓN DEL RECURSO. Posterior al análisis del proceso se concluyó que el acto de revocatoria directa constituyó un acto de naturaleza extraordinaria que no reabrió la oportunidad para presentar recursos en la vía gubernativa, contra la decisión de apertura de la licitación, como se hizo constar en la parte decisoria de Resolución 061 de 2007, y que, las otras actuaciones ocurridas en el procedimiento de licitación pública, tales como las adendas al pliego de condiciones y la evaluación de los denominados “factores verificables” en la Licitación Pública 2007-0038, eran de trámite. Confirma. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Prohibición. Oportunidad. Procedimiento.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2012 00221 01 (20610) de 2016.

EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES NO PUEDE INCLUIR AQUELLOS FACTORES QUE NO CONSTITUYEN SALARIO PARA EL TRABAJADOR. El proceso de cobro de aportes parafiscales adelantado por el ICBF en contra de la sociedad demandante no fue realizado en debida forma, ya que no tuvo en cuenta las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que hacen referencia a la manera en que se puede pactar el pago entre el trabajador y el empleador, ya que las bonificaciones que sean de carácter ocasional y que así hayan sido acordadas en el contrato de trabajo, no pasan a integrar la base salarial del empleado y por lo tanto tampoco hacen parte de la base gravable del tributo. Confirma. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Expediente 05001 23 31 000 2005 00703 01 de 2016.

EN MATERIA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ESTE TRIBUTO NO PUEDE SER COBRADO A LOS SERVICIOS DE SALUD PERTENECIENTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. La entidad estatal demandada no podía someter al gravamen de industria y comercio, los servicios de salud prestados por la empresa actora ya que tal como se ha expresado la Ley 100 de 1993 y a través de diversos pronunciamientos judiciales, aunque se trate de entidades privadas que ofrezcan servicios de salud estos se consideran adscritos o hacen parte integral del Sistema de Seguridad Social a menos que las normas contengan disposiciones contrarias, de modo que se trataba de un cobro de lo no debido y en caso de haber pagado alguna suma de dinero, el municipio debe reintegrar las mismas junto con la indexación correspondiente al contribuyente. Modifica. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Temas: Servicios de salud. Sistema de seguridad social. Cobro de lo no debido.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 28 000 2015 00030 00 de 2016

LAS EXPEDICIONES DE NORMATIVIDAD NACIONAL NO SIEMPRE PUEDEN SER PUESTAS A CONSIDERACIÓN DEL PÚBLICO. Para la Sala resultaría contrario a todo orden que la administración, para el desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, en lo que toca al ejercicio de sus labores misionales, deba consultar cada una de sus actuaciones con la ciudadanía pues ello redundaría en un desquiciamiento de las potestades que el ordenamiento confiere para que estas sean desarrolladas conforme los principios que gobiernan la función pública. Conforme a lo expuesto, la respuesta al interrogante “¿Debía someterse a consideración del público antes de su expedición el Decreto 2033 de 2015?” es negativa. Niega. M.P. Alberto Yepes Barreiro.Temas: Consideración. Actuaciones. Administración.

 

Consejo Superior de la Judicatura

Acuerdo 10549 de 2016

NUEVO PLAN DE INVERSIONES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL. Consejo Superior de la Judicatura ordenó aprobar la modificación del Plan de Inversiones del Centro de Documentación Judicial – CENDOJ para la vigencia 2016, del proyecto “Divulgación, documentación y preservación de la Memoria Histórica de la Rama Judicial a Nivel Nacional”. Temas: Vigencia. Aprobación. Inversión

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