Agosto 29 – Septiembre 2 del 2016

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 01 02 000 2016 00493 00 de 2016

PUEDEN DEMANDARSE EJECUTIVAMENTE LAS OBLIGACIONES EXPRESAS, CLARAS Y EXIGIBLES QUE CONSTEN EN DOCUMENTOS QUE PROVENGAN DEL DEUDOR O DE SU CAUSANTE. Con ocasión de la demanda presentada por el apoderado de la parte actora, se adjuntó entre otros documentos, copia de la Resolución 4667 del 13 de diciembre de 2011 y Certificado de pago de las cesantías expedido por la Fiduprevisora, coligiéndose que el título ejecutivo complejo existe, y al contener una obligación clara, expresa y exigible, la misma debe ser cobrada por la vía ordinaria, tal como lo consagra el Código General del Proceso. Dirime. M.P. Pedro >Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Obligaciones. Documentos. Cobros.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00673 00 de 2016

JURISDICCIÓN COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN O DEMANDA POR EL PAGO DE LA SANCIÓN MORATORIA. Las controversias o demandas suscitadas con ocasión del cobro o reclamación de la sanción o indemnización moratoria deben ser asignadas a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en la medida en que, por una parte, su esencia es de naturaleza ejecutiva, vale decir, lo que se pretende es el pago de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título ejecutivo complejo, la que no puede ser cobrada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa porque no obedece a alguno de los casos taxativos previstos en la Ley 1437 de 2011. Dirime. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. . Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho. Sanción moratoria. Pago tardío. Cesantías. Entidad estatal. Título ejecutivo. Acto administrativo.

Expediente 11001 010 2000 2016 00680 00 de 2016

LOS PROCESOS QUE NO SE CARACTERICEN BAJO LOS PRECEPTOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PUEDEN TENER VOCACIÓN DIFERENTE A LA DE SER DECIDIDOS VÍA ORDINARIA. Como la carga crediticia no proviene de alguno de los cuatro casos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin dubitación alguna para esta Sala la jurisdicción competente para conocer del proceso de marras, ha de ser la ordinaria en su especialidad de laboral, afirmación que se hace con las advertencias y previsiones expuestas en la presente providencia. Dirime. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Temas: Competencia. Jurisdicción. Previsiones.

Expediente 73001 11 02 000 2013 00705 01 de 2016

LA SANCIÓN IMPUESTA POR LA SALA A QUO GUARDA SIMETRÍA CON EL COMPORTAMIENTO Y LA CULPABILIDAD DEL PROFESIONAL AL NO ACTUAR CON DILIGENCIA EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN. Sin lugar a equívocos el profesional del derecho, dejó de hacer las actuaciones propias de su gestión, pues no elevó solicitud con el fin de que la poderdante fuera tenida en cuenta como interesada, no aportó pruebas ni muchos menos, asistió al a la diligencia de declaración juramentada que rindió el 17 de septiembre de 2013. Así las cosas, en atención a los parámetros fijados para la tasación de la sanción previstos en el artículo 45 del Estatuto de la Abogacía y, dada la connotación de la falta endilgada, esta Superioridad considera legal y adecuada la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima que sancionó con suspensión en el ejercicio profesional por el término de 2 meses al abogado. Niega. M.P. Camilo Montoya Reyes. Temas: Diligencia. Connotación. Sanción.

Expediente 19001 11 02 000 2016 00023 01 (11868 28) de 2016.

LA RECLUSIÓN DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES DEBE EFECTUASE EN CENTROS ESTABLECIDOS PARA ELLOS. El juez de primera instancia no hizo una adecuada valoración de la acción de tutela interpuesta por los accionantes, ya que al ser ex integrantes de la Fuerza Pública su integridad física está en riesgo al tener que estar cerca de detenidos provenientes de grupos armados ilegales, los cuales pudieron haber sido capturados por el Batallón al cual pertenecieron los demandantes; es necesario tener en cuenta que el Código Nacional Penitenciario y Carcelario en su artículo 27 dispone que en caso de que integrantes de las Fuerzas Militares, deban cumplir con la detención preventiva en un centro de reclusión establecido de modo exclusivo para ellos, y a falta de estos en las instalaciones de la Unidad a la cual pertenecen. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Fuerzas Militares. Centro de reclusión. Detenidos.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00399 00 (11856 28) de 2016.

LAS RESOLUCIONES QUE NO DECIDEN CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PENAL SÍ ADMITEN REVOCATORIA SIEMPRE QUE EXISTAN NUEVOS ELEMENTOS PARA REINICIAR EL PROCEDIMIENTO. El conflicto de jurisdicciones estudiado por la Sala ya no existe, dado que la Justicia Penal Militar decidió archivar la investigación en contra de los integrantes del Ejército al no existir méritos suficientes para continuarla, lo cual obliga a inhibirse de tomar una decisión al respecto, aunque resalta la Sala Disciplinaria que si bien se trata de una resolución que archivó la investigación, esta admite revocatoria pero también goza de presunción de legalidad; en el caso de que la Fiscalía desee reabrir el caso cuando existen pronunciamientos que lo archiva, puede acudir a la Acción de Revisión para analizar a fondo la decisión que ordenó cesar la investigación adelantada. Abstenerse. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Presunción de legalidad. Acción de revisión. Archiva.

Expediente 11001 01 02 000 2016 00360 00 (11840 28) de 2016.

EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA EL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES A FAVOR DEL EMPLEADO, DEBE SER DEMANDADO ANTE EL JUEZ DEL TRABAJO. Si bien la competencia para decidir demandas en contra de actos proferidos por entidades públicas está en cabeza de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se trata de actos que niegan de sumas de dinero provenientes de una relación de trabajo entre el empleado y la entidad pública, la Ley 1437 de 2011 es clara al definir que no se pueden dirimir en la jurisdicción ya mencionada los conflictos de origen laboral de organismos oficiales; lo anterior obedece al hecho de que el acto administrativo adquiere las características de un título ejecutivo laboral al contener una obligación expresa, clara y exigible, tiene origen en una relación de trabajo, es proveniente del deudor (la entidad pública) y constituye plena prueba contra el mismo, y es por esto que la facultad para dirimir tal clase de controversias recae sobre la jurisdicción ordinaria laboral. Dirimir. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Título ejecutivo laboral. Relación de trabajo. Entidad pública. Trabajador.

Expediente 68001 11 02 000 2011 00453 01 (2831) de 2016.

LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEBEN TENER PRACTICAR Y TENER EN CUENTA LAS PRUEBAS QUE SEAN PERTINENTES PARA PROFERIR DECISIÓN DE FONDO, YA QUE EN CASO CONTRARIO INCURREN EN CAUSAL DE SANCIÓN DISCIPLINARIA. Los elementos probatorios aportados al procedimiento sancionatorio permitieron demostrar que el juez disciplinado incurrió en una conducta dolosa, ya que decidió resolver favorablemente el recurso de hábeas corpus presentado por un recluso y que permitió la libertad de este, bajo el falso argumento de que no existía sentencia condenatoria aún y se trataba de una detención ilegal; pero es evidente que el sancionado tuvo conocimiento de la cartilla biográfica y de las sentencias debidamente ejecutoriadas que impusieron la condena por terrorismo y hurto, lo cual demuestra que a pesar de haber podido conocer tales pruebas y ser estas pertinentes para el asunto que conocía, decidió no tenerlas en cuenta y las decisiones judiciales previas sin que existiera ninguna justificación. Confirma. M.P. José Ovidio Claros Polanco. Temas: Pruebas. Decisiones judiciales. Ejecutoriadas. Conducta dolosa.

Expediente 19001 11 02 000 2016 00022 01 (11859 28) de 2016

DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CONTAGIADAS CON VIH. El Código Penitenciario y Carcelario en su artículo 106, modificado por el artículo 67 de la Ley 1709 de 2014, señaló una especial atención para los reclusos con enfermedades catastróficas o ruinosas, en el sentido que deben ser protegidos por la dirección del establecimiento penitenciario en el que se encuentren, con el objetivo de evitar su discriminación, estableciendo pabellones especiales con la única finalidad de proteger la salud de esta población, y cumpliendo con los protocolos médicos establecidos para garantizar su aislamiento cuando sea necesario. Revoca parcialmente. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Temas. Salud. Reclusos. VIH. Pabellones especiales. Discriminación. Protocolos médicos. Aislamiento.

Expediente 20001 11 02 000 2011 00495 01 (5055 15) de 2016.

LAS DECISIONES PROFERIDAS POR LOS FUNCIONARIOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MOTIVADAS Y TENER EN CUENTA LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO. De acuerdo con las conclusiones a las cuales llegó el juez de primera instancia, es evidente que el funcionario disciplinado no respetó las normas que rigen su cargo, ya que durante el procedimiento penal que era de su competencia profirió una serie de decisiones sin la debida motivación que exige la ley, tampoco analizó ninguna de las pruebas aportadas al expediente y al hacer caso omiso de estas, su decisión adolecía de graves defectos hasta el punto de que fue demandada mediante acción de tutela, la cual fue fallada favorablemente al accionante y decretó la nulidad de las decisiones del juez investigado. Confirma. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. . Temas: Decisiones. Motivadas. Pruebas. Defectos.

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 73001 31 10 005 2004 00327 01 de 2016

LA CENSURA NO DENUNCIÓ, EN DEFINITIVA, NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONFIGURATIVOS DEL ERROR DE IURE, EL CUAL SE ORIGINA POR LA APRECIACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO. Como el recurrente reprochó al Tribunal por haber admitido una situación fáctica distinta a la reconocida en la norma adjetiva, endilgándole que le concedió «valor persuasivo a un hecho fáctico ilegal», pero no indicó cuales reflexiones del juzgador ad quem evidenciaban esa situación; no señaló la regla probatoria presuntamente transgredida, ni explicó de qué forma se produjo su infracción sin embargo, y a pesar de la improsperidad de las acusaciones, debido a que a la impugnante está beneficiada con amparo de pobreza, no procede imponerle condena en costas No Casa. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Situaciones. Transgresión. Persuasión.

Expediente 11001 02 03 000 2013 00966 00 de 2016

LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO SE SURTE DEJANDO RESERVADAS LAS EXIGENCIAS PARA LOS DOCUMENTOS QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES. La sentencia de la cual la parte actora pretende que surta efectos en el país, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues la decisiones contenidas en dicho proveído no son contrarias a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico de la filiación extramatrimonial. De esta manera, el objeto de los referidos pronunciamientos no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso. Concede. M.P. Ariel Salazar Ramírez. . Temas: Documentos. Condiciones. Filiación.

Expediente 11001 22 03 000 2016 00932 01 de 2016.

LA APLICACIÓN DE NORMAS QUE NO SE RELACIONAN CON EL PROCEDIMIENTO ADELANTADO, PUEDE IMPLICAR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PARTES. Aunque no se admite la tutela en contra de decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, por excepción es posible acudir a este mecanismo cuando exista de manera evidente un desconocimiento de derechos fundamentales, como aquellos casos en los cuales el juez adelanta procedimientos con normas que no regulan los trámites, o que por expreso mandato de la Corte Constitucional no ha sido posible su aplicación mediante analogía; por lo tanto el funcionario que adelante esta clase de actuaciones incurre en vías de hecho, siendo posible acudir al recurso de amparo para reclamar la protección de derechos fundamentales. Revoca. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Derechos fundamentales. Normas. Procedimiento. Relacionan.

Expediente 11001 02 03 000 2016 01749 00 de 2016.

LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER USADA PARA DESCONOCER LA INDEPENDENCIA DE LAS DISTINTAS JURISDICCIONES. Frente a los reclamos presentados por la accionante, señala la Corte que no hay lugar a fallar favorablemente la tutela ya que los argumentos presentados, solo se limitan a demostrar el desacuerdo existente por parte de la afectada con la sentencia que fue contraria a sus intereses; al no existir vulneración de derechos fundamentales es necesario señalar que el juez de tutela no puede intervenir en otros procesos, ya que ello implica desconocer la independencia y autonomía de las decisiones judiciales que han sido proferidas en el marco de la Constitución y la ley. Deniega. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Juez de tutela. Independencia. Autonomía. Decisiones judiciales.

Expediente 11001 31 10 010 2008 00162 01 de 2016

VALORACIÓN AUTÓNOMA POR PARTE DEL JUEZ DE LOS TESTIMONIOS, SOLO PUEDE SER ATACADA CUANDO EXISTA UN VERDADERO YERRO FÁCTICO. Dentro de la valoración de las pruebas los juzgadores cuentan de discreta autonomía, lo que en la apreciación de los testimonios comporta que el juzgador puede apreciar de manera autónoma su concordancia o discordancia y la suficiencia de la razón del dicho de los declarantes, para establecer la veracidad de sus manifestaciones y la credibilidad que le ofrezcan tales medios de convicción; de este modo, solamente procede cuestionar dicho actuar cuando se tenga prueba de la existencia de un yerro fáctico manifiesto y trascendente. Solamente el yerro paladino u ostensible, de este modo, no se puede deprecar la existencia de un error, pues sus deducciones fácticas acompasan con lo que se podía extraer de los testimonios y la prueba documental, circunstancia que por sí misma impide reconocer prosperidad a la crítica de la casacionista. No Casó. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Temas: Valoración Probatoria. Yerro Fáctico.

Expediente 25899 31 84 001 2011 00208 01 de 2016

DECLARADA NULIDAD DE LA SENTENCIA AL HABERSE VULNERADO EL DEBIDO PROCESO, AL NO PERMITIR EL DERECHO A LA DEFENSA DE LAS PARTES. Declarada la nulidad de la decisión emitida dentro del proceso incoado con el fin de que se declare que entre las partes existió tanto una unión marital de hecho, como la consecuente sociedad patrimonial, ante el error del juzgador al omitir ejecutar la audiencia consagrada en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que la misma está destinada para permitir a las partes el ejercicio del derecho a presentar los motivos singulares de la apelación y, en su caso, el resumen documental ulterior de lo alegado, por manera que solicitada oportunamente, de este modo no se desarrolló efectivamente el debido proceso, en particular, el derecho de defensa. Declaró Nula. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Nulidad. Debido Proceso.

 

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 67273 de 2016

TUTELA NO PUEDE UTILIZARSE EN REEMPLAZO DE LOS RECURSOS O ACCIONES IDÓNEAS PARA ATACAR ACTOS ADMINISTRATIVOS. Dicha pretensión no es de resorte del juez constitucional, por lo que el interesado debe hacer uso de las acciones legales que el legislador ha diseñado como las idóneas para debatir este tipo de situaciones; para ello puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que se revise la legalidad de los actos administrativos que estima lesivos y proponer allí la nulidad o incluso, obtener la suspensión provisional del mismo, en los estrictos términos de la Ley 1437 de 2011, artículo 230 y siguientes, mecanismo que se considera idóneo para la protección de sus derechos presuntamente conculcados. ConfirmaM.P. Gerardo Botero Zuluaga. Temas: Actos administrativos. Legalidad. Jurisdicción contenciosa. Nulidad. Suspensión provisional.

Expediente 67407 de 2016

NO LE ES POSIBLE AL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENAR EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE VIVIENDA, SIN QUE EL INTERESADO HUBIERE CUMPLIDO CON LOS TRÁMITES Y EXIGENCIAS LEGALMENTE DISPUESTOS PARA TAL FIN. La asignación de los beneficios que legalmente le corresponden a cada familia desplazada, así como su prórroga, se encuentran sometidas a unos requisitos, condiciones y órdenes de prioridad fijados legalmente, que no pueden ser desconocidos arbitrariamente. En ese sentido, la petición de amparo resulta improcedente para introducir reglas diferentes para la entrega de los subsidios y de las demás ayudas, de acuerdo con la condición de cada desplazado, so pena de invadir la competencia de las autoridades establecidas para tales efectos y vulnerar los derechos fundamentales de la demás población desplazada, que se encuentra a la espera de la asignación de tales beneficios. Confirma M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz Temas: Subsidios de vivienda. Beneficiario. Inscripción. Familias desplazadas. Trámite.

Expediente 53360 de 2016

COMO LO TIENE DICHO LA JURISPRUDENCIA, LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LA PENSIÓN OFICIAL SURGE DESDE LA FECHA EN QUE SU TITULAR SE HAYA RETIRADO DEL SERVICIO.No así en cuanto a su reconocimiento, pues para tal efecto los requisitos legales son apenas el tiempo de servicios y la edad mínima establecidas. Así lo expresa inequívocamente el artículo 76 del Decreto 1848 de 1969, aplicable a la pensión oficial prevista en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, cuando señala que la pensión de jubilación, una vez reconocida, se hace efectiva y debe pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del servicio oficial, hecho que deberá demostrar el interesado. No Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda BuelvasTemas: Pensión de jubilación. Pensión oficial. Pago. Reconocimiento. Retiro del servicio. Cotización.

Expediente 52952 de 2016

INDEMNIZACIONES POR MORA DEBIDO AL NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NO SON DE IMPOSICIÓN AUTOMÁTICA. Los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990 no consagran una presunción de mala fe para el empleador. Dado su carácter sancionatorio, es preciso analizar la conducta asumida por el deudor, en aras de verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su actuar y lo ubiquen en el terreno de la buena fe. No Casa M.P. Rigoberto Echeverri Bueno Temas: Sanción moratoria. Indemnización. Pago. Cesantías. Buena fe. Mala fe.

Expediente 67629 de 2016

REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISBÉN PARA SER BENEFICIARIO DE PROGRAMAS DE CRÉDITO, NO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO PARA ACCEDER AL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Al contrario, es un criterio de igualdad objetivo que fija las reglas diseñadas por la autoridad competente para su ejecución. Cuando se dice que el registro en el SISBEN no puede ser un impedimento para la garantía del derecho de educación, ello no significa que pueda ser omitido al momento de analizar las exigencias de la convocatoria, sino que es un presupuesto razonable diseñado para la adecuada ejecución de la política educativa y, por ende, es imperioso que los aspirantes lo cumplan si su pretensión es acceder a las becas. Modifica M.P. Fernando Castillo Cadena Temas: Acción de tutela. Créditos educativos. Programa. Beneficiario. Ser pilo paga. Registro, Sisbén. Política educativa. Becas.

Expediente 47144 de 2016

IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE ACREENCIAS LABORALES QUE SE CAUSAN SOLO A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Cuando se da el paso del Instituto de los Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, no hay lugar a reclamar frente al primero, las acreencias laborales que son exigibles a la terminación del vínculo como lo son las cesantías, la indemnización moratoria, la indemnización por despido injusto, ni la compensación por las vacaciones, porque en estos casos la relación laboral no termina por expresa disposición legal. No Casa.M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Temas: Pago. Acreencias laborales. Finalización. Contrato de trabajo.

Expediente 67191 de 2016

CONSOLIDACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS PARCIALES DE LAS PRUEBAS SE RIGE POR LAS REGLAS PROPIAS DEL RESPECTIVO CONCURSO DE MÉRITOS. Considera la Sala que los argumentos expuestos por la autoridad accionada no lucen arbitrarios, pues se sustentaron en la aplicación de la norma que gobernó el Concurso y que, en efecto, fue aceptada por el accionante al momento de inscribirse a la Convocatoria, de tal manera que su inconformidad frente a ese preciso aspecto debe ser planteada a través de los medios judiciales de control previstos en el Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Confirma. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. . Temas: Concurso de méritos. Resultados parciales. Pruebas. Divulgación. Consolidación. Convocatoria.

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 86760 del 2016

LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO POSTERIORES A LA TUTELA NO SIEMPRE PUEDEN SER OBJETO DE UN NUEVO PRONUNCIAMIENTO. No encuentra la Sala satisfechos los presupuestos de viabilidad de la acción de tutela en contra de la decisión emitida en virtud del incidente de desacato, y como quiera que la autoridad judicial accionada actuó con competencia para proferirla, señalando las razones para ello, sin que se observe actuación omisiva o contraria al ordenamiento aplicable, habida cuenta que el normal desacuerdo respecto de lo allí decidido carece de entidad para tacharla como vía de hecho, el presente accionamiento resulta improcedente. Confirma. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Temas: Pronunciamientos. Viabilidad. Competencia.

Expediente 86843 del 2016 de 2016.

EL RECURSO DE TUTELA NO PUEDE SER USADO PARA SUBSANAR ERRORES DE LA PARTE ACCIONANTE. La presentación del recurso de tutela implica haber cumplido con todos y cada uno de los presupuestos legales, los cuales son exigidos para que el juez admita el estudio y decida sobre el asunto demandado, pero para el caso en estudio es evidente que la parte accionante no cumple con el requisito de inmediatez al no haber interpuesto la tutela en el menor tiempo posible, y tal como lo reconoce no hizo uso del recurso de casación en contra de la sentencia demandada, de modo que no se cumplió tampoco con el recurso de subsidiariedad que implica haber agotado todos los mecanismos de protección legal existentes, antes de acudir al recurso de amparo. Confirma. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Temas: Tutela. Errores. Subsidiariedad. Inmediatez.

Expediente 45947 del 2016

EL JUICIO DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN NO OPERA EN RELACIÓN CON TRÁMITES YA AGOTADOS. Como lo tiene precisado la Sala, el juicio rescindente de la acción de revisión no opera en relación con trámites o actuaciones ya agotados aun cuando se evidencien irregularidades u omisiones trascendentes en el curso del proceso, las cuales debieron tener como escenario natural de discusión los recursos ordinarios o el extraordinario de casación. Declara. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Revisión. Discusión. Agotamiento.

Expediente 47859 del 2016

AL EMITIR UN CONCEPTO SOBRE EXTRADICIÓN EL JUEZ NACIONAL NO PUEDE DEFINIR CUESTIONES PROCESALES QUE SE DERIVEN DEL PROCESO LLEVADO POR EL JUEZ EXTRANJERO. Emitido concepto favorable respecto de la solicitud elevada para la extradición de la ciudadana colombiana LEYDI CAROLINA COLORADO GÓMEZ, requerida por el Gobierno de España por delitos contra la salud pública-tráfico de drogas. Teniendo en cuenta que la entidad que en las diligencias legalmente previstas para la extradición no es posible acometer dichas censuras y cuestionamientos, es decir, lo referente a la notificación y presentación de alegatos en el país solicitante, pues esos asuntos incumben de manera privativa al juez natural; de modo que solo en el escenario de la competencia del tribunal extranjero se pueden proponer y debatir. Reiterando que la labor de este cuerpo colegiado, en esta materia, se circunscribe a la verificación del cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos para la eventual concesión de la extradición, y no entrar a definir cuestionamientos procesales. Favorable. M.P. Eider Patiño Cabrera.Docum. Temas: Extradición. Debido Proceso. Administración de Justicia.

Expediente 46181 del 2016

REPARACIÓN DEBE RECONOCER IGUALMENTE LOS DAÑOS FÍSICOS COMO PSICOLÓGICOS CAUSADOS A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO. La Sala consideró que si bien el acusado podría tener derecho a la reclamada medida; sin embargo, es ante la entidad correspondiente donde se debe discutir el derecho, pues el juez de justicia y paz no se encuentra habilitado para que, amparado en la protección de los derechos de unas víctimas, vulnere los de otras más que han acudido a la entidad correspondiente, sujetándose a los procedimientos, turnos y el cumplimiento de los requisitos determinados para tal fin. En efecto, la vida de Algemiro Fernández Cabrales, se alteró de manera grave, no sólo por la afectación a la salud, los perjuicios fisiológicos y sicológicos, sino porque a raíz de las heridas recibidas en la cara, padece de deformidades físicas que desencadenaron en el abandono de su esposa y actualmente le impiden entablar una relación amorosa. En ese orden, se dispone, como medida de rehabilitación, que la UARIV coordine con el Ministerio de Salud y Protección Social, la atención integral que requiere la cual incluirá, además, de la ya ordenada en la sentencia de primera instancia, un tratamiento sicológico y/o psiquiátrico, según corresponda a la patología que se diagnostique y la valoración de las lesiones en el rostro que causan deformidad física. Aceptó. M.P. Patricia Salazar Cuellar. Temas: Reparación. Conflicto Armado.

Expediente 41245 del 2016

ACUSADO INCUMPLIÓ SU CONDICIÓN DE GARANTE AL CAUSAR UN PERJUICIO A LA PERSONA QUE ESTABA BAJO SU CUIDADO. Improcedente casar la sentencia por medio de la cual se condenó al recurrente por el delito de lesiones personales culposas, al establecer que el yerro de apreciación del sentenciador carece de relevancia frente a las conclusiones, dado que ningún yerro de apreciación probatoria relevante incurrió el fallador por atribuirle responsabilidad al acusado de la práctica de procedimiento médico a la afectada. Teniendo en cuenta, que en este caso el agente responde como coautor de la conducta punible, por violación a la posición de garante, lo que presupone haber dejado de actuar, teniendo el deber legal de evitar el resultado; la esencia de esta clase de conductas radica en la infracción del deber especial de impedir el resultado dañoso. No Casó. M.P. José Luis Barceló Camacho. Temas: Posición de Garante. Lesiones Personales.

Expediente 42129 del 2016

LAS TORTURAS NO SE CONFIGURAN COMO CONDUCTAS DE ORDEN MILITAR SINO COMO LESIONES PERSONALES. La obligación de los soldados de hacer en el piso rollitos por espacio de noventa minutos, mientras eran golpeados con varas o ramas en sus glúteos y piernas por sus demás compañeros, que les causaron incapacidad de quince días, y untadas sus caras de boñiga; para luego hacerlos beber agua salada, comer fríjoles crudos, tomar café amargo y sumergirse en un tanque de agua, no son tratos inhumanos o degradantes simplemente, ni acciones correctivas propias de la disciplina militar como lo considera el casacionista, sino actos de tortura. No Casa. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero

 

 

 

Corte Constitucional

 

Sentencia T 267 del 2016

LA RECEPCIÓN Y DEBIDA UTILIZACIÓN DE LA AYUDA A VÍCTIMAS DEBE SER UN HECHO SUPERVISADO POR LA UARIV. En el presenta caso se presentó la necesidad de ordenar a la UARIV que determine el estado actual de las ayudas recibidas por la víctimas y sus núcleos familiares, para que adelante y concluya las acciones necesarias para que se les garantice el acceso efectivo a los planes y programas de atención y estabilización diseñados para población desplazada. Esto incluye el ofrecerles una solución definitiva mediante la ejecución de programas serios y continuados de estabilización socioeconómica, hasta tanto las condiciones de vulnerabilidad sean superadas Levanta. M.P. Jorge Ignacio Palacio Palacio. Temas: Utilización. Supervisión. Víctimas.

Sentencia T 293 del 2016

LA CONDUCTA DEL JUEZ POTENCIALMENTE, PUEDE DERIVAR EN UN DEFECTO ORGÁNICO PUES, AL NO EXISTIR CERTEZA SOBRE LA NATURALEZA DEL BIEN, TAMPOCO SE TIENE CLARIDAD SOBRE SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO. A pesar de la presunción que admite prueba en contrario, el juez debe velar no solo por esclarecer la veracidad de los hechos, sino que, en estos casos, también debe propugnar por determinar la naturaleza jurídica del bien a través de las pruebas oficiosas pertinentes. En esa medida, de existir indicios que permitan inferir, en algún grado, la probabilidad de que se trata de un bien de la Nación, la autoridad judicial deberá vincular al Incoder para lograr esclarecer la situación y, de ser el caso, desvirtuar la presunción en pro de una adecuada protección del patrimonio público y evitar una usurpación de competencias. Revoca. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza. Martelo. Temas: Defecto Orgánico. Patrimonio. Competencia.

Sentencia T 308 de 2016

NI EL JUEZ CONSTITUCIONAL NI LOS FONDOS DE PENSIONES PUEDEN ALTERAR LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE INVALIDEZ DEFINIDA POR LAS AUTORIDADES MÉDICAS COMPETENTES. Por lo tanto, para determinar el momento de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de manera permanente y definitiva las Salas de Revisión han tenido en cuenta la fecha de calificación de invalidez o la fecha de la última cotización efectuada porque se presume que fue allí cuando su padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió seguir continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo de sustento económico, o inclusive, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional. Revoca. M.P. Alejandro Linares Cantillo.Temas: Pensión de invalidez. Estructuración. Semanas cotizadas. Pérdida capacidad laboral. Calificación. Última cotización. Solicitud.

Sentencia T 296 de 2016

LIBRE ESCOGENCIA COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. La Corte ha señalado que el derecho a la libertad de escogencia ya sea de EPS o de IPS, en principio, puede ser ejercido y solicitada su protección, por aquellas personas que pertenezcan a los regímenes contributivo o subsidiado, comoquiera que tal prerrogativa corresponde al desarrollo del mandato legal previsto en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993. No obstante, esta Corporación reconoció la posibilidad que las personas que hacen parte de un régimen exceptuado, gocen del derecho de libertad de escogencia de manera restringida, pues aunque no pueden elegir la entidad promotora de salud que quieren que les administre ese servicio, dado que en los regímenes exceptuados solo existe una entidad encargada de ello, sí pueden seleccionar una IPS, con la que su EPS hubiere suscrito contrato o convenio, el cual se encuentre vigente. Revoca M.P. Alejandro Linares Cantillo Temas: Sistema de salud. Libre escogencia. Principio rector. Regímenes. EPS. IPS.

Sentencia T 304 de 2016

AUNQUE LA MUERTE DEL PETICIONARIO OCURRA DURANTE EL TRÁMITE DE LA TUTELA, CORTE CONSTITUCIONAL CONSERVA LA COMPETENCIA PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CUESTIÓN OBJETO DE DEBATE. Esta Corporación ha determinado que la carencia actual de objeto que se origina por el fallecimiento del actor o de la persona a favor de quien se invocó el amparo, no conduce a declarar la improcedencia de la acción, pues la Corte Constitucional puede estudiar el fondo del asunto para evaluar si hubo vulneración de las garantías superiores, en virtud de la función de pedagogía constitucional que también realiza a través de los fallos de tutela y para evitar que situaciones como ésta se repitan. Revoca M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Temas: Tutela. Peticionario. Fallecimiento. Competencia. Carencia actual de objeto. Estudio de fondo.

Sentencia T 434 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA PIERDE SU EFICACIA Y RAZÓN DE SER CUANDO LA VIOLACIÓN O AMENAZA DE LOS DERECHOS ES SUPERADA. La Corte Constitucional, en diferentes providencias, ha manifestado que cuando se presenta una acción de tutela y los supuestos fácticos que la motivaron han sido superados, el pronunciamiento que el juez constitucional realice para ordenar la protección de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados podría perder eficacia e incluso resultaría inocuo o insustancial. Declara M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 2016 Temas: Acción de tutela. Carencia de objeto. Hecho superado. Servicios de salud. Traslado. EPS. Continuidad. Tratamiento.

Sentencia T 322 de 2016

PENSIÓN SANCIÓN Y PENSIÓN INVALIDEZ SON COMPATIBLES. Así lo dijo la Corte Constitucional luego de indicar que la prohibición de devengar dos prestaciones a la cual se refiere la Ley 100 de 1993 se origina cuando estas buscan la misma finalidad y se financien con aportes hechos al mismo fondo pensional, por la misma persona y por los mismos tiempos cotizados. Enfatizó que las pensiones de invalidez y sanción son compatibles, puesto que esta última no se financia con los aportes efectuados por el solicitante, sino con los recursos del empleador.

Sentencia SU 394 de 2016

NO DICTAR LAS PROVIDENCIAS EN LOS TÉRMINOS DE LEY VULNERA LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La mora judicial sólo se justifica en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley. Desde esta perspectiva, para determinar si en un caso concreto se ha observado un plazo razonable la jurisprudencia constitucional ha acogido los tres elementos aplicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a saber: la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado; y la conducta de las autoridades públicas.Revoca parcialmente M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado Temas: Investigación penal. Debido proceso. Administración de justicia. Plazo razonable. Mora judicial. Imprevisibilidad.

Sentencia C 262 del 2016

SE REQUIERE UN PRONUNCIAMIENTO QUE LE OTORGUE EFICACIA NORMATIVA A LA INSTITUCIÓN DE LA GUARDA CUANDO SE PRODUZCA LA SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. Análisis artículo 310 (parcial) del Código Civil. La Sala profirió una sentencia modulada sustitutiva de tal forma que la palabra cónyuges sea reemplazada por padres, considerando que esto no implica la invasión de la libertad de configuración del legislador o el quebrantamiento del principio de la división de los poderes públicos, puesto que la Corte no está construyendo una nueva disposición legal sino que simplemente está adecuándola para que esta armonice con el sentido de la institución jurídica que desarrolla y resulte coherente con las demás sobre la materia presentes en el ordenamiento jurídico. Inexequible. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. . Temas: Pronunciamiento. Suspensión. Análisis.

Sentencia T 307 de 2016

QUIEN REALIZA PRÁCTICA JURÍDICA NO REMUNERADA EN UNA PERSONERÍA MUNICIPAL, ADQUIERE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO POR EL TIEMPO QUE PRESTA SUS SERVICIOS A DICHA ENTIDAD. La judicatura no remunerada que se realiza en entidades públicas, como la Procuraduría General de la Nación y, por analogía en las Personerías Municipales, se desarrolla en calidad de servidor público y conlleva no solo el ejercicio transitorio de una función pública, sino también de un cargo o empleo público, por lo cual, resultan incompatibles con el desempeño de dicho cargo otros empleos, salvo que se trate del ejercicio de la docencia e investigación académica. Confirma. M.P. Alejandro Linares Cantillo Temas: Práctica jurídica. Judicatura Ad honorem. Personería municipal. Servidor público. Entidades públicas. Incompatibilidad.

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 18001 23 31 000 2000 00278 01 de 2016

PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En desarrollo del principio de legalidad, toda medida punitiva estatal en lo sustancial o material requiere norma jurídica preexistente que tipifique o lo dé carácter de reprensible a la conducta o hecho por la cual se persiga aplicar una medida de esa clase, y que fije la medida punitiva o sanción a imponer en el caso concreto. Revoca. M.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Actuaciones. Legalidad. Preexistencia.

Expediente 11001 03 24 000 2016 00146 00 de 2016

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL LITERAL K DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 533 DE 1994, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN COMÚN DE DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES. Se considera que la disposición reglamentaria censurada no le podía otorgar al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) una función previamente asignada por el literal b) del artículo 38 de la Decisión 345 de la CAN al Comité Subregional para la Protección de las Variedades Vegetales, referente a la homologación de los procedimientos, exámenes, pruebas de laboratorio y depósito o cultivo de muestras que fueren necesarias para el registro de la variedad. Decreta. C.P. Guillermo Vargas Ayala Temas: Suspensión provisional. Variedades vegetales. Registro. Función. Homologación.

Expediente 11001 03 24 000 2016 00050 00 de 2016

LA EXISTENCIA DE UN DEPÓSITO NO CONFIERE DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD. Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional, su contestación, y una vez confrontada la disposición demandada con la norma que se invoca como fundamento de dicha petición, el Despacho no encuentra razones de legalidad que hagan necesario decretar la medida cautelar de suspensión para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. De conformidad con lo anterior, no se advierte en este momento procesal que la entidad demandada hubiera desconocido las normas aplicables al caso sino que, en principio, se fundamentó en ellas para proferir el acto acusado. Niega. M.P. Guillermo Vargas Ayala.Temas: Depósito. Exclusividad. Petición.

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 15 000 2016 00351 00 de 2016

VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS EN LOS PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA. Pese a no ofrecer la suficiente certeza para acreditar la ocurrencia de los hechos debe ser analizado de manera armónica con las demás pruebas. En tratándose de asuntos que versan sobre delitos cometidos por grupo subversivos al margen de la Ley, esta Corporación ha sido enfática en afirmar que la pruebas indirectas como el testimonio de oídas pueden ser útiles para reconstruir la verdad material y aclarar el contexto de los delitos cometidos. Tutela C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Valoración probatoria. Testimonio de oídas. Prueba indirecta. Reparación directa.

Expediente 85001 33 33 002 2013 00060 01 de 2016

CONSEJO DE ESTADO AVOCA CONOCIMIENTO CON EL OBJETO DE PROFERIR SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL EN TORNO AL REAJUSTE SALARIAL DE SOLDADOS VOLUNTARIOS QUE SE PROFESIONALIZARON. Se evidencia la necesidad de sentar, y por esa vía, unificar la jurisprudencia, pues, además de que la materia debatida no ha sido estudiada por la Corporación en ejercicio del rol que le atribuye el artículo 237 Superior de Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, sino como juez de tutela, los pronunciamientos realizados por la Corporación no han guardado uniformidad de criterio. Avoca C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. . Temas: Sentencia de unificación. Reajuste salarial. Soldados voluntarios. Soldados profesionales.

Expediente 11001 03 15 000 2016 00789 00 de 2016

NO EXISTE LÍNEA PACÍFICA EN LA SECCIÓN SEGUNDA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO A DOCENTES DE LA SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS. El juez competente para decidir acerca de una posible unificación de jurisprudencia es el Consejo de Estado, como Juez Supremo de lo contencioso administrativo, razón por la cual, el juez de tutela no puede intervenir en asuntos que, legalmente, no son de su competencia, situación que conlleva a concluir, que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para decidir dentro de asuntos, respecto de los cuales existen diversas posturas, como es el caso del reconocimiento o no de la sanción moratoria en favor de los docentes oficiales. Niega C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Temas: Sanción moratoria. Pago tardío de cesantías. Docentes oficiales. Unificación de jurisprudencia.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 85001 23 31 000 2010 00076 01 (41976) de 2016

LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DERIVA EN EL PAGO DE PERJUICIOS AL AFECTADO. Forzoso resulta concluir que el daño causado a los demandantes por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el sindicado es jurídicamente imputable a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual la Sala confirmó la sentencia apelada, en cuanto declaró la responsabilidad de esta por los hechos narrados en la demanda, así como la condena por concepto de perjuicios materiales e inmateriales, pues, a pesar de que el objeto del recurso de apelación estuvo orientado a que se absolviera a la demandada, lo cual supone la inconformidad frente a la condena patrimonial impuesta en su contra en primera instancia. Confirma. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Temas: Pago. Perjuicios. Imputabilidad.

Expediente 27001 23 31 26 000 2012 00086 01 (47539) de 2016

LOS CONTRATOS ESTATALES COMPROMETEN CONTRACTUALMENTE POR COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD. Del análisis de los documentos traídos con la demanda, la Sala concluye que los documentos allegados como base del recaudo ejecutivo, carecen de autenticidad y tampoco provienen del deudor, con lo que basta para confirmar la decisión recurrida. De esta manera, en este caso, está probado que, la facultad o competencia del interventor en su condición de interventor liquidador, se limitaba a la visita técnica y supervisión del contrato, tal como se desprende claramente de la Resolución emanada del Subdirector Marítimo y Fluvial del Instituto Nacional de Vías, expedida mucho tiempo después de la Resolución 003741 de 17 de junio de 2003. Confirma. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  Temas: Contratos. Competencia. Compromiso.

Expediente 25000 23 36 000 2014 00670 01 (55622) de 2016

IMPEDIMENTOS SE ESTABLECEN COMO GARANTÍA DE LA IMPARCIALIDAD QUE DEBEN TENER LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR. Para ello la ley procesal relaciona, de manera taxativa, unas causales cuya configuración, en relación con quien deba decidir un asunto, lo separa de su conocimiento. Por manera que, es necesario analizar en cada caso, si las circunstancias alegadas por quien se declara impedido son constitutivas de alguna de las causales previstas en los artículos 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 141 del Código de General del General del Proceso. Declara C.P. Stella Conto Díaz del Castillo Temas: Impedimento. Causales. Funcionarios judiciales. Labor. Interés directo.

Expediente 54001 23 31 000 2004 00939 01 (40069) de 2016

LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DERIVA EN EL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE. Revisada la demanda en su integridad, encuentra la Sala que la demandante se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el Hospital Regional de San Juan de Dios, circunstancia que se acreditó con la Resolución número 00573 del 6 de marzo de 2003, expedida por el Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander. Así pues, de conformidad con las pruebas recaudadas se reconocerá a favor de la afectada la suma de diez millones trescientos treinta y nueve mil ciento veinte pesos por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante. Revoca. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Temas: Desempeño. Recaudo. Reconocimiento.

Expediente 70001 23 31 000 2001 01128 01 (39432) de 2016

LAS AMENAZAS Y DEMÁS SITUACIONES, EXTERNAS A LA INVESTIGACIÓN PENAL, NO FUERON DEMOSTRADAS Y TAMPOCO GUARDABAN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA. En el presente caso las inconsistencias del dictamen son de orden fáctico y jurídico, por no tener en cuenta el término de duración de las medidas de aseguramiento impuestas a los hoy actores, sin embargo, la imprecisión no es de tal entidad que implique la materialización de un error grave con la virtualidad de llevar a la Sala a conclusiones igualmente erradas, entre otras razones, porque la prueba pericial supone la aplicación de conocimientos específicos en distintas áreas del conocimiento, en esta oportunidad en asuntos contables, que en este caso no resultaron necesarios por cuanto en sede judicial se evidenció que los perjuicios materiales reclamados carecían de sustento probatorio. Revoca. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.  Temas: Inconsistencias. Investigación. Actuaciones.

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2012 00002 00 (19230) de 2016.

LA OMISIÓN DE CUMPLIR CON LA PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO AFECTA LA VALIDEZ DEL MISMO. En reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado ha manifestado que si un acto administrativo concede un derecho al particular, este puede reclamarlo aunque dicho acto no haya sido publicado, y en el caso de que imponga una obligación esta no puede exigirse hasta tanto se realice la publicación, lo cual tiene como consecuencia que la publicación extemporánea no invalide el acto acusado sino que afecte la eficacia o cumplimiento del mismo; de modo que el juez no puede decretar la nulidad de un acto administrativo cuando el demandante argumente una publicación extemporánea, a menos que se demuestren aspectos que afectan directamente la validez del acto demandado. Niega. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Temas: Acto administrativo. Validez. Eficacia. Publicación.

Expediente 76001 23 31 000 2010 01444 01 de 2016.

LOS DEBATES FINALIZADOS MEDIANTE SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA NO PUEDEN SER CONSIDERADOS NUEVAMENTE POR OTRO JUEZ. Los argumentos expresados por la parte apelante en su recurso no tienen justificación para ser fallados favorablemente, ya que las pruebas demostraron que sí fueron demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa e inclusive la decisión de primera instancia fue revocada por el Tribunal competente, de manera que no es posible para la actora tratar de enmendar su error generando una nueva actuación de la entidad demandada con el objetivo de demandar nuevamente el mismo asunto, ya que este fue decidido de manera previa y la sentencia que dio fin a la controversia se encuentra ejecutoriada. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Debates. Sentencia. Ejecutoriada. Actuación.

Expediente 05001 23 31 000 2011 00505 01 de 2016.

EL COBRO COACTIVO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES NO PUEDE SER INICIADO SIN TENER UN TÍTULO EJECUTIVO PLENAMENTE EXIGIBLE. En relación con el litigio surgido entre las partes por el cobro de cuotas partes pensionales, el Consejo de Estado señala que el acto administrativo que reconoce la pensión, aquel en donde se exprese el objeto de la obligación en forma clara y exacta, las partes vinculadas por la obligación que deben ser claras también, la certidumbre respecto del plazo y la cuantía adeudada, es el que se constituye en título ejecutivo y será la base del procedimiento administrativo de cobro (cobro coactivo), es decir que el acto que por sí solo liquida el crédito no es suficiente, ya que se requiere de las otras características mencionadas anteriormente. Confirma. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

Expediente 05001 23 31 000 2005 00703 01 de 2016.

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOLO PUEDEN EFECTUAR EL COBRO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, A LAS ACTIVIDADES QUE HAYAN SIDO GRAVADAS DE MANERA EXPRESA POR LAS NORMAS. No le asiste razón al municipio demandando al manifestar que los servicios de salud prestados por la entidad requerida, sí podían ser gravados con el impuesto de industria y comercio, ya que como lo han establecido tanto la Ley 100 de 1993 como las demás normas relacionadas en materia de salud y tributaria, la salud al ser parte del Sistema General de Seguridad Social no puede ser objeto de gravámenes; por lo tanto solo había lugar al cobro del impuesto de industria y comercio para los ingresos, que no hicieran parte de la actividad de prestar servicios de salud de la empresa demandante. Modifica. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. . Temas: Servicios de salud. Ingresos. Cobro.

Expediente 11001 03 15 000 2016 01027 00 de 2016.

AL NEGAR LAS COPIAS DEL EXPEDIENTE AL INTERESADO EN EL PROCESO, LA AUTORIDAD JUDICIAL IMPIDE DE MANERA INJUSTIFICADA SU DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El derecho de petición no puede ser usado para forzar a los servidores públicos a cumplir con las funciones de su cargo ya que hay leyes que regulan tal clase de situaciones, no obstante sí puede efectuar solicitudes respetuosas como sucedió en el caso objeto de estudio, dado que al solicitar copia de un oficio donde se remitió el expediente a otro despacho la entidad judicial demandada no ha dado una respuesta de fondo a la petición efectuada, lo cual además de impedir el uso del derecho de petición también implica negar el acceso a la administración de justicia del demandante. Ampara. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Derecho de petición. Copias. Expediente. Interesado.

Expediente 05001 23 31 000 2005 03450 01 (19775) de 2016.

SOLO CUANDO LA SENTENCIA ORDENE UN PLAZO PARA EL PAGO DE LA CONDENA, SE PUEDE EFECTUAR EL PAGO DE INTERESES COMERCIALES A FAVOR DEL BENEFICIARIO.El Consejo de Estado señala que la parte demandante era beneficiaria del régimen de estabilidad jurídica debido al contrato suscrito con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y por lo tanto no había lugar al cobro del gravamen a los movimientos financieros siendo procedente solicitar su pago o devolución; pero la solicitud de aclaración de sentencia solicitada por la empresa contribuyente no es procedente ya que lo que busca es que se analice nuevamente la sentencia que ordenó el pago de intereses civiles a favor suyo, y las normas son claras al definir que en materia contencioso administrativa no hay lugar al pago de intereses comerciales (como pretende la demandante), a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago de la misma. Niega. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. . Temas: Intereses comerciales. Intereses civiles. Pago. Plazo.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 25000 23 41 000 2015 02309 01 de 2016

SÓLO CON LA COMPETENCIA QUE EXPONE LA LEY SE PODRÁ ACREDITAR LA LEGITIMIDAD DEL RETIRO FORZOSO. Al ser el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, el nominador del cargo de Director Administrativo de Administración Judicial, es el competente para pronunciarse respecto de la circunstancia expuesta por el peticionario relacionada con la aplicación de la causal de retiro forzoso para el mentado cargo y, segundo, en razón de que su respuesta bien podría ser pasible del control jurisdiccional, con el ánimo de que sea el juez ordinario quien resuelva la problemática jurídica planteada. Confirma. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Temas: Control Jurisdiccional. Problemática. Petición.

Expediente 41001 23 31 000 2016 00064 01 de 2016.

LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEBEN BRINDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL EFECTIVO DISFRUTE DEL DERECHO A LA SALUD DE LA CIUDADANÍA. Dentro de las funciones designadas por la Ley 352 de 1997 a las Fuerzas Militares se encuentra la prestación de servicios de salud en todos los niveles de atención a afiliados y beneficiarios del Subsistema de salud de las Fuerzas Militares, tal prestación debe realizarse a través de las unidades propias de cada una de las Fuerzas Militares aunque también pueden hacerlo por intermediación, la cual consiste en contratación de entidades prestadoras de servicios de salud y profesionales habilitados; de manera que al ser clara la norma sobre tal obligación, es necesario que se brinden todos los servicios necesarios a afiliados y beneficiarios ya que en caso de negarse de manera injustificada, es posible reclamar la protección de derechos mediante la acción de tutela. Modifica. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Temas: Derecho a la salud. Condiciones. Fuerzas Militares.

Expediente 11001 03 28 000 2016 00009 00 de 2016.

CUANDO SE ESTABLECEN MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA ESCOGER SERVIDORES PÚBLICOS, LA ENTIDAD QUE ABRIÓ LA CONVOCATORIA NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS. La demanda de nulidad electoral presentada por el ciudadano no se encuentra llamada a prosperar, ya que a pesar de manifestar su desacuerdo con la elección del director de la corporación autónoma regional y al ser dicha entidad la que abrió la convocatoria para proveer tal cargo, lo hizo de acuerdo con las normas colombianas que regulan la designación de servidores públicos y por lo tanto la entidad se encontraba facultada para definir los requisitos que debían cumplir los aspirantes al cargo, sin la obligación de tener que recurrir al sistema de concurso público de méritos ya que gozaba de la autonomía administrativa para fijar el proceso de selección de los interesados para acceder al cargo vacante. Niega. C.P. Alberto Yepes Barreiro. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

Expediente 11001 03 15 000 2016 01243 00 de 2016

LA ALEGACIÓN DE DEFENSA PRESENTADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDE A UNA CUESTIÓN QUE DEBIÓ SER PROPUESTA ANTE LOS JUECES ORDINARIOS. Teniendo en cuenta que el juez constitucional no puede reemplazar al ordinario, le ordenará al Tribunal Administrativo de Córdoba que profiera una decisión de reemplazo en la que se observen los lineamientos de esta providencia. Esto es, que analice si conforme con las normas aplicables al caso, el actor cumplió con los requisitos para acceder al régimen de transición previsto para el reconocimiento de la prima técnica de los empleados del nivel profesional de la Contraloría General de la República o si, por el contrario, no le asiste tal derecho a percibir la prestación. Ampara. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Temas: Alegaciones. Acceso. Régimen.

 

 

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 22 04 000 2016 00194 00 de 2016.

LA DESAPARICIÓN DE LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES TIENE COMO CONSECUENCIA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PARTE DEL JUEZ. Si bien es posible la existencia de sucesos que afectaron derechos fundamentales de la parte demandante, también es necesario analizar si tales hechos aún permanecen en el tiempo y siguen generando la vulneración de garantías constitucionalmente protegidas, ya que en el caso de que hayan sido subsanadas o compensadas por parte de la entidad accionada no hay lugar a continuar con el trámite de tutela. Niega. M.P. Jairo José Agudelo Parra. Temas: Derechos fundamentales. Terminación. Hechos. Desaparición.

Expediente 11001 22 04 000 2016 00235 00 de 2016.

LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN OTORGAR LAS OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO DEL CIUDADANO. Aunque una de las entidades accionadas ha contestado en debida forma y de fondo los derechos de petición impetrados por la parte demandante, otra de las entidades requeridas no ha dado el trámite legal a las solicitudes de la parte demandante respecto a la solicitud de retiro voluntario presentada, negando los espacios para que pueda controvertir los actos administrativos que puedan ser contrarios a su intereses, e implica un impedimento injustificado para que ejerza sus derechos a la defensa y el debido proceso. Tutelar. M.P. Jairo José Agudelo Parra. Temas: Defensa. Debido proceso. Entidades públicas.

Expediente 11001 22 04 000 2016 00052 00 de 2016

COMO EL ESCRITO DE TUTELA SE LIMITA A SEÑALAR COMO PERJUICIO IRREMEDIABLE HABER SIDO RETIRADO DE LA ARMADA NACIONAL DESDE EL 2011, SIN EVIDENCIARSE LA GRAVEDAD DEL PERJUICIO NO PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA. Tomar las acciones penales o disciplinarias contra los accionados, teniendo en cuenta los dos posibles fraudes procesales que existen a lo largo de este proceso por acoso laboral puede hacerse procedente por la vía ordinaria. Lo anterior, teniendo en cuenta que el actor no demostró la necesidad de precaverlo a la luz de los lineamientos fijados en la jurisprudencia constitucional. Rechaza. M.P. Jairo José Agudelo Parra. Temas: Perjuicios. Acoso Laboral. Procesos.

Expediente 11001 22 04 000 2016 00031 00 de 2016

COMO LA RESPUESTA NO HA SIDO PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL PETICIONARIO LA CORTE DEBE PROTEGER LOS DERECHOS DEL ACCIONANTE. Si bien es cierto se brindó respuesta a la profesional de la Defensoría del Pueblo que asesoró al quejoso, la entidad omitió dar a conocer la respuesta al verdaderamente interesado, pese a que en el derecho de petición presentado por intermedio del Centro de Atención Ciudadana – Regional Bogotá de la Defensoría, de manera clara se indicó que la contestación debía suministrarse directamente al usuario a la dirección suministrada, enviando, en todo caso, copia de la misma a ese Centro de Atención. Niega. M.P. Jairo José Agudelo Parra. . Temas: Conocimiento.Protección. Suministro.

Expediente 11001 22 04 000 2015 03132 00 de 2016

EN VIRTUD DEL ÁMBITO FORMAL QUE ABARCA EL REGISTRO DE LAS ANOTACIONES SOBRE TÍTULOS TRANSLATICIOS DE DOMINIO, LAS AUTORIDADES COMPETENTES PROCEDERÁN A CANCELAR LA ANOTACIÓN PROVENIENTE DE LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR POR VÍA DE IGUAL MECANISMO. No solo se materializa la hipótesis temporal descrita en el precepto en comento, de tal manera que no haya confusión alguna acerca de su carácter transitorio, sino que también se evita someter a la ciudadanía a trámites burocráticos dispendiosos que van en contravía de la eficacia que debe rodear el ejercicio de la función pública. En ese orden de ideas, se impone amparar el derecho fundamental al debido proceso en favor de la accionante y, en consecuencia, ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Zona Norte proceda de conformidad con lo mandado. Ampara. M.P. Jairo José Agudelo Parra. Temas: Anotaciones. Registro. Prohibiciones.

 

 

Congreso de la República

 

Proyecto de Ley 117 del 2016.

PROYECTO DE LEY PRETENDE IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS PARA PROTEGER A USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL. En el Congreso de la República fue presentado el proyecto de Ley No. 117 de 2016, el cual busca crear instrumentos destinados a proteger a los usuarios de telecomunicaciones móviles, incentivar la competencia en el sector y promover el acceso y expansión de las tecnologías de información y comunicaciones; lo anterior obedece a la necesidad de aumentar la oferta a los usuarios e incentivar el crecimiento del sector de telecomunicaciones, el cual ha promovido el crecimiento económico nacional. Temas: Telefonía móvil. Usuarios. Instrumentos. Proteger.

Informe Proyectos de Ley 91 de 2016

INFORME DE LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE PRETENDE AUMENTAR LA COBERTURA EN EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. La iniciativa consta de seis artículos que tienen por objeto proteger a aquellas personas que no cumplen con la totalidad de los requisitos para tener el derecho a la pensión. Se establece además el alcance del mecanismo de financiación para acceder a la Garantía de Pensión Mínima de Vejez con el propósito que los afiliados que cumplan la edad para pensionarse y tengan como mínimo 800 semanas cotizadas, no tengan que esperar para su pensión mínima de vejez hasta completar las 1.150 semanas requeridas, sino que se les pueda anticipar, descontándoles de sus respectivas mesadas el valor de las cotizaciones que hicieron falta para alcanzar el número de semanas mencionadas. De igual manera la creación de una fuente adicional de recursos para el Fondo de Solidaridad Pensional en la Subcuenta de Solidaridad, que correspondería al 100% del exceso de los recursos del Fonpet provenientes de los dineros del Orden Nacional de los municipios que sobrepasan los topes establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (125% del pasivo pensional), lo que quiere decir que no se estarían afectando los recursos para el pago de los pasivos pensionales a cargo de las entidades territoriales. : Cobertura. Sistema pensional. Pensión mínima. Recursos. Fondo de solidaridad pensional.

Ministerio de Salud y Protección Social

Boletín de Prensa 170 de 2016

20,000 COLOMBIANOS YA TIENEN “CLICSALUD”, LA APLICACIÓN PARA COMPARAR PRECIOS DE MEDICAMENTOS, CONOCER LAS MEJORES EPS E IPS, PRESENTAR QUEJAS Y OBTENER INFORMACIÓN DE SALUD. Del total de descargas en los primeros tres meses, 3.803 fueron realizadas por la tienda virtual de Apple y 16.549 por la de Android. ClicSalud forma parte de una iniciativa del Gobierno Nacional orientada promover la transparencia en el sector la salud y generar mayor confianza entre los ciudadanos y el sistema. El menú principal de la aplicación consta de tres componentes: “Elijo saber”, que contiene información sobre los precios de las distintas marcas de un mismo medicamento, así como la calidad de las EPS e IPS del país; “Tu voz en el sistema”, que permite calificar las atenciones en salud, solicitar información, y radicar peticiones, quejas y reclamos; y “¿Sabías que…?”, donde se ofrecen noticias sobre el sistema; información sobre los derechos y deberes de las personas en el marco de la seguridad social, y recomendaciones relacionadas con enfermedades. Temas: Sistema de salud. Aplicación. Clicsalud. Precios. Medicamentos. EPS. IPS. Quejas. Información.

 

Ministerio de Trabajo

Decreto 1376 de 2016

FINANCIACIÓN DE PRÁCTICA LABORAL, JUDICATURA, Y RELACIÓN DOCENCIA DE SERVICIO EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA LABORAL. Se adiciona la Sección 7 al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072 de 2015). Dicha financiación se hará con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), administrado por las Cajas de Compensación Familiar, en el marco de lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016, quienes realizarán, en los eventos y condiciones que determine el Ministerio del Trabajo, el pago de los aportes a los subsistemas de seguridad social de estas personas. Sin embargo la práctica de judicatura del programa de derecho y las prácticas de la relación docencia de servicio en el área de la salud continuarán rigiéndose en sus generalidades según lo establece la normatividad especial vigente. Documento disponible al público en agosto de 2016 Temas: Financiación. Práctica laboral. Judicatura. Docencia. Área de la salud. Experiencia. Aportes. Sistema de seguridad social.